La Democracia Neoliberal en Chile

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2002

En la primera parte de este artículo se describen las principales características del actual sistema político chileno a nivel constitucional, de su sistema electoral, los principales rasgos de la clase política chilena y de sus actores políticos, la participación electoral, y la articulación que se produce entre política y mercado. Se plantea la pregunta si estas características pueden explicarse sólo por la constitución fáctica de un consenso de las elites, o bien si también dicho consenso se fortalece o se funda en una concepción o modelo de democracia.

 

La respuesta es afirmativa. Existe una profunda concordancia entre las características centrales de este sistema político y el modelo neoliberal de democracia, formulado por Hayek y otros autores.

Esta similitud permite calificar a dicho sistema político como una democracia neoliberal. Finalmente, se ofrece una breve reflexión sobre el carácter experimental del sistema político y económico neoliberal en Chile, y las consecuencias inesperadas y negativas de su aplicación.

El sistema político chileno

El sistema político chileno se basa en la Constitución de 1980. Esta fue el resultado de una larga elaboración que realizaron comisiones designadas por la Junta Militar. Finalmente, durante el período dictatorial, el proyecto fue aprobado, en 1980, en un plebiscito que careció de las garantías mínimas jurídicas, electorales y políticas. Es el único caso contemporáneo, en América Latina y Europa, en que una dictadura haya logrado que su constitución y legislación continuaran vigentes, durante el período democrático postautoritario.

El modelo jurídico político establecido por este texto es regresivo respecto a las principales tendencias del constitucionalismo contemporáneo. En primer lugar, el texto establece que “la soberanía reside en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de elecciones periódicas y, también por las autoridades que esta constitución establece” (Honorable Junta de Gobierno de Chile 1980: 8, (Art. 5)).

Esta norma se basa en las posturas políticas de Pinochet y sus asesores:

“El sufragio no tiene por sí mismo la virtud de ser el único medio válido de expresión de la voluntad de la Nación y de constituir la fórmula que, necesaria y mecánicamente, dé origen a la autoridad” (Pinochet 1979: 29). El origen de esta doctrina se encuentra en el liberalismo conservador del siglo XIX, para el cual existían instituciones, referidas al sistema de poder capitalista, y derechos especialmente el de propiedad , que no podían ser afectados por las decisiones los gobernantes y legisladores elegidos democráticamente.

Benjamín Constant sostenía, contra Rousseau, que la soberanía del pueblo debe ser limitada, pues existe una esfera de derechos individuales preestatales, el principal de los cuales es el de propiedad, que no pueden ser afectados (Constant 1815: 1103-1112).

En esta constitución se establece que el ejercicio de la soberanía no pertenece sólo a los representantes políticos elegidos, sino que es ejercido y compartido con los directivos de los principales organismos burocráticos del Estado: los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y la policía, y los jueces de la Corte Suprema, los cuales protegerán dichos derechos e instituciones. Dicha doctrina que limita y condiciona la voluntad política de los representantes políticos elegidos se opone a las concepciones actuales sobre al democracia representativa, las cuales buscan potenciar los mecanismos participativos.

Consiguientemente, esta Carta establece el rol tutelar y suprapolítico al instituir que: “las Fuerzas Armadas garantizan el orden institucional de la República” (Ibid: 72, (Art. 90)). Este “poder de seguridad” (Pinochet) se ejerce, en primer lugar, mediante la participación de los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el Director General de Carabineros en el Consejo de Seguridad Nacional.

Dichos funcionarios uniformados no pueden ser depuestos por el Presidente de la República, como se estipula en casi todas las constituciones. Dichos funcionarios, junto a la Corte Suprema, designan a cinco de los siete miembros del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes, y, también, nombran a siete senadores designados, en un senado que cuenta con sólo 38 senadores elegidos (Ibid: 37, (art. 45)). Los senadores designados casi siempre han votado con los sectores conservadores, lo que distorsiona gravemente la expresión de la voluntad política de la mayoría.

Segundo, su concepción de los derechos humanos es insuficiente y unilateral. Excluye derechos fundamentales y privilegia el derecho de propiedad como el fundamental, incluso respecto al derecho a la vida. Por ello, la mayor parte del texto está dedicado prolijamente a la consagración de las libertades económicas empresariales: de crear empresas, adquirir toda clase de bienes, la concesión de explotaciones mineras, los derechos de autor, y las únicas limitaciones provienen de la seguridad nacional y las expropiaciones por utilidad pública.

Se limita el derecho a la salud y la educación, al no garantizar la calidad de estos servicios (Ibid: 14-15 (Art. 19, 9 y 10)). Se excluye el derecho a la propiedad, a la vivienda familiar, al trabajo, a recibir asistencia del Estado en casos de pobreza extrema, a no ser discriminado, a acceder a un sistema previsional que ofrezca pensiones decorosas, y otros importantes derechos económicos sociales contenidos en los Pactos de Naciones Unidas suscritos por Chile (Ibid: 20-23 (art. 19, 21, 22, 23, 24 y 25).

Tercero, esta Carta es ideológica, pues otorga rango constitucional al modelo económico neoliberal. A la vez, que favorece la libertad empresarial y de acumulación, minimiza la acción del Estado al prohibirle crear o participar en empresas, salvo que lo autorice una ley de quorom calificado; obstaculiza la función reguladora del Estado frente al mercado; establece la autonomía del Banco Central. Por ello, la política monetaria depende de un organismo cuyos directivos son nombrados de acuerdo al senado, justamente concebido como una cámara que limita las atribuciones del presidente y de la cámara de diputados.

De este modo, el gobierno pierde la posibilidad de dirigir la política monetaria de acuerdo a su programa político, y debe negociarla con la oposición.

Cuarto, se establece un presidencialismo extremo que convierte al Presidente de la República en una especie de dictador legal, minimizando el poder del parlamento, y con ello de los partidos políticos que representan las corrientes de opinión ciudadana.

Quinto, es una constitución extremadamente rígida, cuya reforma exige “el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio”, y en las materias principales “de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio”, además del acuerdo del Presidente de la República (Ibid: 82, (Art. 117)).

A comienzos de octubre del 2004, se logró un acuerdo en el senado que permitirá, si la Cámara de Diputados lo aprueba, la eliminación de los senadores no elegidos; reestablecer la facultad del Presidente de la República para remover los comandantes en Jefe de las fuerzas armadas; la transformación del Consejo de Seguridad Nacional en un órgano asesor, sin capacidad resolutiva; el reforzamiento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Si esta reforma se realiza constituirá un avance importante en la democratización del sistema político chileno, aunque esto no significa que deje de ser una democracia neoliberal.

El régimen militar estableció por decreto un sistema electoral binominal, único en el mundo para la elección de los parlamentarios, cuyo único precedente se encuentra en la legislación electoral de la república parlamentaria, promulgada en 1912 (Rivas 1930: 245-246). Los partidos de derecha han rechazado hasta ahora la modificación de este sistema. El cientista político francés Oliver Ihl señala:

“No existe en ninguna parte del mundo. Es una anomalía en las clasificaciones jurídicas” (2004: 57). En cada circunscripción se eligen dos candidatos de las dos listas con mayor votación. Si una de ellas obtuviera más de los dos tercios de los votos, válidamente emitidos, elige los dos parlamentarios. Si así no fuera, la segunda lista elige su candidato con más votos. Este extraño y regresivo sistema electoral exige crear coaliciones de partidos, y otorga al sistema una gobernabilidad que se basa en las limitaciones de la voluntad política de la mayoría, y obliga a la mayoría a cogobernar con la minoría electoral.

En el caso chileno, sus efectos negativos han sido considerables:

(a) establece una absurda desproporción entre número de votantes por región y representantes elegidos: “le permite a una pequeña región como Aysén de 60 mil habitantes, contar con dos diputados y dos senadores y a la Región Metropolitana con más de cinco millones obtener cuatro senadores y 32 diputados” (Ihl 2004, ibid);

(b) otorga una sobrerepresentación a la coalición minoritaria, distorsionando la voluntad popular y el principio de mayoría;

(c) la exigencia de crear coaliciones permanentes de partidos ha debilitado la identidad de éstos, y los ha obligado a potenciar sus acuerdos, en detrimento de sus legítimas diferencias, creando un amplio espacio de luchas de poder y hegemonía dentro de cada coalición; esto hace que, en gran medida, la actividad política en Chile consista en conflictos entre los partidos que forman cada bloque, y éstos carecen de mecanismos para ser resueltos;

(d) empobrece el debate público, pues dentro de cada coalición debe limitarse, y cada una de ellas debe realizar una oferta política amplia y ambigua -generalmente al nivel de eslóganes imprecisos-, para atraer la mayoría heterogénea de votantes;

(e) restringe el pluralismo político puesto que excluye a los partidos que no pertenecen a las coaliciones, bloquea la creación de nuevos partidos, que muy difícilmente pueden elegir representantes, se produce así un congelamiento del cuadro partidario, y con ello disminuye las posibilidades de representación en una sociedad como la chilena de crecientemente diferenciada;

(f) asegura la elección de al menos un candidato para la coalición mayoritaria en cada circunscripción, por ello se asemeja más a un sistema de designación de parlamentarios que de elección de representantes. Este sistema es, en gran medida, el responsable del creciente desencanto de la democracia, y el aumento de la apatía política, especialmente en los jóvenes.

A nivel de las prácticas, el sistema político chileno presenta un alto grado de elitización de su autodenominada “clase política”, la que corresponde a la descripción clásica de Mosca: “la clase de los gobernantes es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él” (1896: 106, subr. nuestro).

Esta constitución establece un sistema en el cual el poder político está concentrado en un pequeño grupo de dirigentes partidarios, tecnócratas, comandantes de las fuerzas armadas y jueces de la Corte Suprema. Paralelamente, en los partidos políticos chilenos se ha producido un proceso de burocratización, similar al descrito por Weber, y de “oligarquización organizacional”, por el cual cada partido está dirigido, permanentemente, por un pequeño grupo de dirigentes profesionales que se alternan en los cargos principales.

Touraine ha dicho que los partidos políticos latinoamericanos no están asumiendo los problemas sociales; tienen directivas y aparatos administrativos, pero ya no tienen militantes; y su relación a la sociedad se realiza, básicamente, mediante el marketing intensivo de los períodos eleccionarios.

En Chile, sólo un pequeño porcentaje de los ciudadanos está inscrito en los partidos políticos, de los cuales muy pocos tienen actividad partidaria, y, en general, su relación a la organización asume formas clientelísticas, especialmente ligadas al empleo y cargos público. Un dirigente de la Democracia Cristiana señaló que era necesario hacer esfuerzos para que su partido fuera algo más que una agencia de empleos.

La elitización se expresa, asimismo, en la identificación de la clase política con los sectores de mayor ingreso. A diferencia de los dirigentes políticos del período democrático anterior a la dictadura que provenían en gran medida de la clase media, e incluso una parte pequeña de sectores populares, la mayoría de los parlamentarios actuales son miembros de la elite social, económica y profesional, y provienen de algunos exclusivos colegios privados de Santiago.

Asimismo, la mayor parte de los dirigentes políticos, parlamentarios y tecnócratas comparten el estilo de vida de los empresarios, frecuentan los mismos lugares y ambientes sociales, y se ubican en el primer quintil de ingresos y propiedad.

Parte de los dirigentes, no sólo de los partidos conservadores, sino de la centroizquierda en el gobierno, incluyendo el ex presidente Frei, son empresarios profesionales que a la vez se dedican, paralelamente, a la política. A diferencia de otros países, en Chile no hay legislación que limite la actividad empresarial de los representantes políticos.

A la vez, muchos dirigentes políticos se han hecho empresarios o poseen importantes intereses comerciales, como sucede con los hermanos Zaldívar, de los cuales uno fue  presidente del Senado y el otro de la Democracia Cristiana. Gran parte de los senadores posee sociedades comerciales o son miembros del directorio de importantes empresas privadas.

El financiamiento de las campañas electorales favorece las conexiones e interdependencias entre dirigentes políticos y empresarios. Como se ha dicho, todos los partidos son financiados, por los grupos económicos y empresas. Situación que, probablemente, empezará a variar con la aplicación de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Un empresario ha dicho: “nosotros contribuimos con todos los partidos para que no nos coloquen en listas negras y para tener buena llegada”.

Esta situación crea compromisos espurios entre los parlamentarios y alcaldes con los empresarios, lo que ha conducido a muchos casos de corrupción, como lo han mostrado un estudio reciente (Orellana 2004).

Asimismo, los principales empresarios se han convertidos en relevantes actores políticos, especialmente los dirigentes de las mayores asociaciones empresariales. Ellos son consultados por el gobierno frente a cualquier tema que pudiera interesarles, y en muchos casos las decisiones, especialmente de política económica, son previamente consensuadas con ellos.

Más aún, han desarrollado un influyente discurso sobre los principales problemas de la sociedad chilena, incluido derechos humanos, educación, salud, seguridad ciudadana, desempleo, etc., que se difunde, cotidianamente, por los diversos medios de comunicación (Vergara 2002).

Otra modalidad de articulación entre dirigentes políticos y mercado lo constituye la circulación de los primeros entre el sector público y privado. Muchos ministros y funcionarios políticos de alto nivel pasan del sector público a cargos gerenciales en el área empresarial, y también empresarios y directivos de empresas son designados en importantes cargos públicos. En el gobierno actual, se produce incluso la anómala situación por la cual más de ochenta gerentes de empresas públicas son, simultáneamente, miembros del directorio de empresas privadas.

Esta modalidad de “circulación de las elites” es una exacerbación de la que se produce en el sistema político norteamericano, conceptualizada y analizada hace treinta años por Maurice Duverger como “tecnodemocracia”. Dice este autor: “se forma una tecnoestructura política que se parece a la tecnoestructura económica.

En ambas encontramos la misma asociación de expertos, técnicos, administradores, organizadores, y de quienes poseen el poder de zanjar las cuestiones: propietarios del capital, presidentes elegido, ministros y jefes de los partidos” (1973: 210).

Esta relación se refuerza, en el caso chileno, por la presencia de empresas de lobby creadas por ex dirigentes políticos que emplean -casi siempre, exitosamente-, sus influencias y contactos sobre el gobierno, sus ministros y partidos para favorecer a las grandes empresas que desean impedir o inducir decisiones gubernativas.

Su papel es similar al Dios relojero de Newton que cada cierto tiempo ajustaba el funcionamiento de la leyes naturales del universo. Lo sorprendente es que varios de estos lobbistas sean, a la vez, asesores del gobierno.

En conclusión, se ha producido una profunda articulación entre políticos y empresarios que asegura que las principales orientaciones y decisiones políticas se adecuen al desarrollo del mercado.

El modelo neoliberal de democracia

Los principales análisis críticos del sistema político chileno atribuyen sus principales características a la aceptación de las elites de la Concertación del modelo económico, social y político heredado del período autoritario.

Dice, por ejemplo, Tomás Moulián: “el consenso es el acto fundador del Chile Actual. La Constitución, la producción de ese Chile venía de lejos (…). Todas las elites, con la notoria excepción de “algunas cabezas calientes”, habrían actuado en estado de gracia, inspirados por la razón. Se ubicaron -se dice-, en la “realidad”, en la aceptación de las restricciones históricas” (1997: 37-38).

Por su parte, Felipe Portales escribe: “en la Concertación ha calado muy fuerte el acomodamiento a la democracia tutelada, al modelo económico neoliberal y a la cultura autoritaria e individualista predominante” (2000: 476, subr. nuestro). Durante sus gobiernos esta coalición ha criticado lo que llama “los enclaves autoritarios” de la Constitución y el sistema electoral binominal, pero se ha producido una aceptación del orden político y económico heredado de la dictadura.

Sin embargo, podría decirse que el consenso de las elites no se refiere sólo en la aceptación del modelo económico, el orden constitucional y electoral, y la cultura individualista heredada del régimen militar, como dice Portales, sino también de la teoría de la política y de la democracia que la informa. Esta otorga a la vez un “cemento ideológico” (Gramsci) que cohesiona las elites sociales y políticas, les proporciona un fundamento teórico, y un coherente proyecto de futuro que orienta las decisiones y prácticas políticas.

Puede decirse, que el papel de esta teoría es similar al de los paradigmas en las ciencias naturales, los cuales permiten constituir una comunidad de científicos que comparten una manera de ver la realidad, teorías, métodos y prácticas (Kuhn 1962).

Esta teoría política es el modelo neoliberal de democracia. Esto no significa que ésta sea la única teoría que “sustenta” este sistema político. En la descripción de la constitución se mostró que ésta tiene un importante componente militarista y de doctrina de seguridad nacional, y también hay rasgos de clericalismo, por el papel político que juega la jerarquía católica en el sistema político chileno. Estos componentes son compatibles con el modelo neoliberal de democracia.

La notable influencia de la concepción neoliberal de la democracia no significa que dicho sistema corresponda plenamente a dicha concepción. Es así por ejemplo, que el Estado conserva algunas importantes empresas productivas, de cobre y petróleo; la mayor parte de la educación hasta el nivel secundario es pública, y el sistema de salud estatal atiende al 70 % de la población.

Tampoco este sistema es la completa realización de la utopía política neoliberal, puesto que Las utopías políticas están compuestas de enunciados “trascendentales”, en el preciso sentido de conceptos, de “entes de razón”, situaciones de plena y permanente armonía que son imposibles de realizar, que sólo pueden ser pensados, pero nunca plenamente realizados empíricamente (Hinkelammert 1984). Sin embargo, es el sistema político chileno es el que más se aproxima a esta teoría y su utopía, a nivel mundial.

El neoliberalismo aparece, básicamente, como una teoría económica, aunque sus fundadores lo describieron como “un programa político” (Mises 1927), y una “filosofía política” (Hayek 1946). Esta identificación del neoliberalismo con su teoría económica explica que importantes teóricos políticos no hayan analizado dicha concepción de la democracia y la política (Bobbio 1976, Macpherson 1977, Sartori 1987 y Dhal 1989).

sta situación ha ido modificándose en los últimos años con la publicación de diversos estudios sobre dicha concepción(Gamble 1996, Gray 1986, Lessnof 1996, y Vergara 1999). David Held en su investigación sobre Modelos de democracia, incluyó la teoría política neoliberal como un componente importante en lo que denomina “El modelo de la democracia legal” elaborado por “la Nueva Derecha” (Held 1987 y Vergara 2000).

Sin embargo, aunque Held destaca el aporte de Hayek y Nozick, junto a autores de otras corrientes, no reconoce la especificidad de los teóricos neoliberales (1987: 251 a 254).

El neoliberalismo posee un modelo propio de democracia que se funda en dos principios, (Vergara 1999). El primero sostiene la primacía del “ideal liberal” sobre el “ideal democrático” (Hayek 1959: 103 y 104). Lo que definiría a los verdaderos liberales es la adhesión a un conjunto de principios de libertad individual, entendida básicamente como libertad negativa y económica, y no su compromiso con la democracia.

Los neoliberales hacen suya la tesis de José Ortega y Gasset y de Gerhard Ritter de la diferencia y separatividad entre el liberalismo y la democracia, rechazando la tesis más difundida de que un sistema liberal sólo puede existir en una democracia y, consiguientemente, un sistema liberal no puede ser autoritario.

Argumentan que el liberalismo responde a la pregunta sobre los límites del poder público, cualquiera sea el régimen, la democracia, en cambio, responde a la interrogante sobre quien debe ejercer dicho poder (Ortega y Gasset 1937 y Ritter 1948: 111 a 144).

El segundo principio, subordinado al anterior, es que la democracia es un medio, un método, y no un fin en sí misma. Esta tesis es de origen schumpeteriano y rechaza que la democracia sea valiosa en sí misma, y la reduce a un método para elegir pacíficamente a los gobernantes (Schumpeter 1942: 342 a 360, Popper 1954, y Hayek 1959). Según los neoliberales, la verdadera democracia es la que carece de todo contenido, y se reduce estrictamente a lo político electoral.

Dice Popper que “la democracia no suministra más que un armazón dentro del cual los ciudadanos pueden actuar de una manera más o menos organizada y coherente” (1954: 420). Por tanto, carecen de sentido los conceptos de democracia social, económica y cultural. Tampoco la democracia puede ampliarse a las principales organizaciones económicas, administrativas y educacionales, pues por su naturaleza éstas son jerárquicas, y su democratización es imposible (Hayek 1959).

 Todo sistema democrático que no se adecué a estas exigencias se opone a un orden liberal, y se convierte en un “camino de servidumbre” a un sistema totalitario (Hayek 1944), o en una “democracia totalitaria” (Talmon 1951); y es legítimo luchar contra ella y derrocarla (Hayek 1945 y 1980). Los neoliberales hacen suya la crítica de Carl Schmitt al parlamentarismo.

Este no sería un verdadero orden político, sino una forma de estado de naturaleza, de lucha de todos contra todos, donde una coalición de grupos políticos y de poder corporativos impone una legislación que sólo favorece sus intereses inmediatos (Hayek 1980 y Cristi 1993).

Es preferible un autoritarismo inspirado en los verdaderos principios liberales que una democracia ilimitada, basada en atavismos primitivos como la búsqueda de la justicia social, la disminución de las desigualdades socioeconómicas, y la distribución democrática del producto (Hayek 1978). Por esto es que Hayek, Friedman y otros neoliberales apoyaron activamente la dictadura neoliberal de Pinochet.

La democracia liberal se manifiesta en la plena libertad económica y en un mercado libre de restricciones estatales (Friedman 1962).

En el modelo neoliberal, la democracia debe ser limitada, restringida y protegida. Existen principios e instituciones que no pueden ser modificados por la voluntad política mayoritaria de los ciudadanos, si la elite, o las minorías de poder, se opusieran a su modificación.

Es decir, se niega el principio de mayoría y se otorga a la minoría un poder de veto. El pluralismo político debe ser restringido, excluyendo o limitando a los sectores políticos antisistémicos; por lo tanto, es legítimo intervenir en “el mercado político”. Friedman dice que uno de los signos de una “sociedad libre” es que se permita que una persona pueda abogar por el “socialismo”, pero “si hacemos que la defensa de causas radicales sea suficientemente remunerativa, la oferta de defensores será ilimitada” (1962: 18).

Propone, entonces, lo que podría denominarse un esbozo de “una teoría económica de la represión”, cuyo principio central es que: “ninguna sociedad podría ser estable si la defensa del cambio radical no costara nada, y mucho menos si estuviera subsidiado.

Es completamente apropiado que las personas hagan sacrificios por abogar por causas en las que creen profundamente” (Ibid), por tanto hay que controlar dicha oferta de modo que “el costo de abogar por causas impopulares sea tolerable y no prohibitivo” (Ibid).

El modelo neoliberal contiene, explícitamente, una “utopía política” (Hayek 1978). Es decir, este modelo no sólo plantea una teoría radicalmente economicista y conservadora de la democracia, desde la cual realiza una crítica radical de las democracias parlamentarias, sino que ofrece un diseño político institucional irrealizable que pretende hacer real su modelo teórico. La utopía de democracia de Hayek es simple.

Habría un sistema bicameral, en el cual una de las cámaras se asemejaría a los actuales parlamentos en los sistemas parlamentarios. Esta estaría formada por representantes políticos elegidos por todos los ciudadanos. Esta cámara nombraría un Primer Ministro que con su gabinete ejercería el poder ejecutivo gobernando y haciendo cumplir las leyes. Sin embargo, estos parlamentarios no tendrían ninguna función legislativa.

Esta sería tarea exclusiva de la otra cámara. Sus miembros no podrían pertenecer a un partido político, sino que serían “una muestra representativa del pueblo, si fuera posible hombres y mujeres particularmente respetados por su propiedad y sabiduría, pero no delegados que buscan cuidar los intereses de sus electores” (1978: 92). Para asegurar su independencia no serían reelegibles, y ejercerían su cargo por un largo período, por ejemplo, quince años.

Todos podrían elegir mediante su voto a estos legisladores, pero sólo serían elegibles, mediante un censo, los que pertenecen a la categoría de “el hombre más exitoso de su clase” (Ibid). Este sistema podría ser considerado una modalidad de democracia censataria (Vergara 1999). Hayek está conciente que este diseño institucional difiere de lo que se llama democracia: “sugiero que deberíamos llamar a dicho sistema demarquía, un sistema en que el demos no tendría poder bruto” (Ibid: 92).

Su autor cree que sólo los que han sido exitosos “en los asuntos ordinarios de la vida” poseen el saber necesario para legislar. Esta creencia se funda en su teoría de las masas y las elites.

Los neoliberales rechazan el principio de la igualdad de los seres humanos. Creen que la mayoría está movida por atavismos primitivos y, por ello, es incapaz de comprender “las leyes abstractas que rigen la vida social”, especialmente el respeto a los contratos y al derecho de propiedad, y la capacidad de competir eficientemente. Debido a esto, “son insuficientemente civilizados”, y su capacidad de adaptación al mercado es limitada (Hayek 1978).

Constituyen la mayoría de los perdedores o semiperdedores en la competencia. En contraste, las elites están constituidas por la minoría que posee en plenitud las capacidades intelectuales y de carácter de que carecen las masas, y por ello manifiestan una excelente capacidad de adaptación al mercado que se manifiesta en su éxito económico (Hayek 1978 y Vergara 1984). En una sociedad de mercado libre las desigualdades socioeconómicas son de origen natural.

Como puede verse, el saber político par excellance es el económico (Vergara 1999). Hayek cree que esta propuesta institucional aseguraría la plena realización del estado de derecho, pues la legislación que se dicte satisfaría los requisitos señalados y estimularía la competencia económica, la que producirá, necesariamente, el bienestar de todos. Asimismo, produciría la concordancia o subordinación de la política al mercado, evitando el riesgo del intervencionismo económico y de la democracia ilimitada.

La influencia del modelo democrático neoliberal, se manifiesta, indudablemente, en la Constitución de 1980. Es evidente no sólo en el rechazo de la teoría de la soberanía popular, sino en la concepción de los derechos humanos; en el rango constitucional otorgado al modelo económico neoliberal; en la concepción del Estado y del Banco Central inspirados en la teoría monetarista de Milton Friedman, para el cual el control monetario es fundamental para el desarrollo del mercado.

El rol político permanente que esta Carta atribuye a las fuerzas armadas y la Corte Suprema, busca impedir la dictación de leyes que pudieran alterar el orden neoliberal y sus estructuras de poder político. La extrema rigidez de la constitución busca asegurar un orden estable de “reglas del juego” que estimule el desarrollo del mercado. Asimismo, el sistema binominal asegura que los sectores políticos neoliberales, aunque no obtengan más de un tercio de los votos, obtendrán el mismo número de representantes que los sectores mayoritarios.

Reflexiones finales

Hegel en sus lecciones sobre filosofía del derecho y de filosofía de la historia, realizó una aguda crítica a la Revolución Francesa (1821). Decía que sus contemporáneos habían presenciado el espectáculo, a la vez, terrible y fascinante por el cual las categorías del entendimiento se habían realizado, sin mediación, en la sociedad. Holderlin, en la mismo siglo XIX, expresó, genialmente, la intuición, que funda la crítica contemporánea de las utopías de Popper y Hinkelammert, de que el intento de realizar el paraíso en la tierra produce el infierno.

Una experiencia, en alguna medida similar, hemos vivido en Chile en los últimos treinta años. Esta ha sido descrita como un experimento social, en el cual se controlan las conductas, sin necesidad de asentimiento activo, una “hegemonía fáctica” (Lechner 1981); como una “revolución capitalista” (Moulián 1997); como una modernización paradojal, en la cual los procesos de modernización, se efectúan vulnerando la subjetividad de los ciudadanos (PNUD 1998).

Sus resultados han sido exactamente los opuestos de los de la Revolución Francesa. Hoy tenemos menos libertad efectiva para actuar, aunque haya más libertad económica. Las desigualdades económicas y sociales se han acrecentado, la fraternidad y sociabilidad se han debilitado, y la infelicidad y malestar social ha crecido sin precedentes.

Por una ironía de la historia, el modelo neoliberal de la democracia, diseñado para las grandes naciones del norte, ha alcanzado alto nivel de realización en un pequeño país periférico, finis terræ, como lo denominaron los conquistadores españoles. Sin embargo, en el actual debate europeo sobre la desregulación, la flexibilización laboral, el Estado de Bienestar y temas análogos, pocas veces se menciona el caso de Chile. La razón es comprensible.

Esta sociedad muestra algunos logros, pero también las consecuencias negativas e indeseables de la aplicación de este modelo de democracia, de economía y sociedad. Los neoliberales mediante su “revolución desde arriba” (Gramsci) lograron reformar completamente el sistema político chileno y adecuarlo a sus modelos teóricos, expectativas e intereses, creando “un nuevo orden” político económico y social, el cual se ha desarrollado y legitimado en los gobiernos democráticos postautoritarios.

En ese sentido han sido exitosos.

Sin embargo, la consolidación de este “cambio de poder”, en el período postautoritario, ha estado acompañada por el inmovilismo político, la pérdida de sentido de la democracia, la apatía y desconfianza profunda frente a los políticos, el parlamento y los empresarios, la que es especialmente intensa en los jóvenes. La desesperanza generalizada de la población, el arraigado sentimiento de impotencia y, en suma, el profundo malestar frente a esta forma de hacer política y de organización de la sociedad aparecen nítidamente en los estudios de opinión pública y en los análisis sobre el desarrollo humano en Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1998).

Si la adhesión a la democracia superaba en Chile el 90 por ciento a fines del período autoritario, hoy solamente alcanza al 50 por ciento, y un tercio de los consultados dicen que le daría igual vivir en un régimen autoritario que en democracia. La apatía política crece, y en la última elección parlamentaria sólo un 60 % de los ciudadanos con derecho a voto ejerció este derecho; el 40 % corresponde a la suma de los no inscritos, y los votos en blanco o nulos.

Asimismo, el cuerpo electoral se envejece año a año, porque sólo un 5 por ciento de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad se inscriben en los registros electorales, el resto renuncia a la ciudadanía política básica.

La fuerza y la habilidad de una minoría consistente, formada por la asociación de elites políticas y sociales, ha podido imponer y hacer realidad un modelo político y social basado en las ilusiones de un entendimiento economicista, pero ha sido incapaz de evitar las consecuencias terribles de su aplicación (PNUD 1998, Moulián 1997, Arribas y Vergara 2000). Karl Polanyi, el gran historiador de la economía, aseveraba que “la acción del mercado autorregulado” aniquila las sociedades, y si éstas no ponen límites al mercado terminan por destruirse (1944: 247-257).

En el caso chileno, esto implicaría superar la concepción neoliberal de la política; recuperar nuestra tradición republicana y realizar una refundación del sistema político, elaborando en una asamblea constitucional una nueva constitución y legislación electoral; creando una democracia participativa; ampliando la ciudadanía, y fortaleciendo la sociedad frente al mercado, para llegar a ser protagonistas y no sólo objeto del proceso social modernizador (Vergara 1997 y Portales 2000).

En su último libro, Pensar la política (2004), Marcos García de la Huerta elabora una propuesta de refundación nacional o nuevo contrato social, que requiere:

(a) del “resurgimiento de una derecha liberal, de una democracia sin apellidos, sin protectores y sin recortes a la soberanía popular” (2003: 274-275);

(b) de una nueva Carta Fundamental, no “impuesta bajo chantaje” como la actual, en la que “la igualdad cívica proclamada en su texto, no sea conculcada de facto en el acto constitucional mismo” (Ibid: 275);

c) “Se requiere, asimismo, de Fuerzas Armadas comprometidas institucionalmente con la democracia” (Ibid);

d) se precisa, igualmente, de una combinatoria de Estado y mercado más acorde con la matriz estadocéntrica que ha caracterizado la historia y la cultura chilena y latinoamericana.

El libremercado, convertido en culto e idolatría hoy “se erige en principio rector de la existencia y convierte la sociedad misma en sociedad de mercado. Subordina también a la política: la somete y reorienta en su propio beneficio.

Como indica su nombre, el mercado soberano suplanta soberanía y tiende a invadir el espacio público: a permearlo con la fuerza de los intereses privados” (p. 276); e) es menester “de todos modos, de una globalización jurídica, de un derecho internacional que regule tanto las relaciones entre los Estados como las relaciones de los individuos y los Estados, con miras a un concepto de ciudadanía ampliado.

La globalización, desde cierto ángulo es, precisamente, un vacío de regulación” (Ibid: 276).

(*) Licenciado en filosofía de la Universidad de Chile, Diplomado en Estudios Avanzados de Filosofía y Doctor © en Filosofía Política en la Universidad de París 8. Profesor de la Universidad de Chile, y editor de la Revista Polis de la Universidad Bolivariana: www.revistapolis.cl. Sus estudios y artículos sobre teoría política y cultura se han publicado en libros y revistas europeas y latinoamericanos.

Fuente: Laberinto

Bibliografía

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