Más de 200 ex alumnos de la Universidad del Mar presentaron una demanda civil contra el Estado, medida con la que exigen que se establezcan responsabilidades y se les indemnice por los perjuicios sufridos. La acción judicial fue interpuesta este viernes ante el Juzgado Civil de Santiago por la abogada Valeska Concha.  

 

«Esperamos que se sumen muchos más porque hay algunos que no hemos tenido reubicación, hay universidades que no cumplieron con lo comprometido al recibir a los ex alumnos y nos están cobrando los pagarés pese a que la universidad no nos prestó el servicio», indicó la vocera de los ex estudiantes, Susana Giacaman.

La acción judicial fue interpuesta este viernes ante el Juzgado Civil de Santiago por la abogada Valeska Concha quien representa a los centenares de ex alumnos que hace tres años fueron perjudicados por la casa de estudio, informó La Tercera.

«La demanda en contra del Estado interpuesta por los estudiantes de la Universidad del Mar de diversas regiones, busca la responsabilidad civil del Fisco en toda la catástrofe», explicó la abogada junto con añadir que además se solicita «una indemnización para cada demandante».

Entre los argumentos expuestos en la demanda se encuentra el hecho de que en 2002, cuando se le otorgó la autonomía a la casa de estudio, la universidad «creció explosiva e irresponsablemente» y que, incluso, «28 meses después la universidad creció sobre un 2.600 por ciento».

Sin embargo, «un informe emanado por el Consejo Superior de Educación del Mineduc, a cargo de Pilar Armanet, ya en el año 2004, daba cuenta que la universidad no contaba con las condiciones básicas para extender docencia y mucho menos tenían campos clínicos».

«Nadie hizo nada. Al año 2010, mediante el delito de cohecho la U. del Mar es acreditada por CNA. Aún sabiendo lo anterior, el Estado el año 2012, decide liberar los fondos CAE los que hoy, son cobrados a los estudiantes. Una estafa con aval del Estado», enfatizó la abogada.

Explicación de Divesup

Entre los reclamos de los estudiantes se encuentra que los planteles en los que se reubicarían los alumnos no acogieron a la cantidad acordada.

Respecto a esta molestia, el jefe de Educación Superior de Mineduc (Divesup), Francisco Martínez, explicó que «el convenio se concibió para recibir a gran cantidad de alumnos, pero dicho ingreso fue voluntario, con lo que el número de alumnos que se presentó y postuló fue bastante menor».

Además aclaró que la Coordinación de Reubicación y Cierre de la Universidad del Mar es la encargada de la supervisión del proceso de inserción de estudiantes «en instituciones de educación superior, ya sea a través de la celebración de acuerdos de intenciones, Planes de nivelación académica o convenios de movilidad estudiantil».

En ese sentido, «se ha mantenido una coordinación directa con las autoridades de las distintas instituciones para abordar las dificultades administrativas y académicas de la reubicación, el funcionamiento de los convenios, los procesos de titulación, la recepción de expedientes académicos y el seguimiento para la entrega de títulos».

Respecto de la política de cobranzas adoptada por la Junta de Acreedores de la Universidad del Mar, el jefe de Divesup explicó que se solicitó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que instruyera al Síndico de Quiebras para acordar «prorrogar la política de cobranzas extrajudicial nacional e incentivo de pago y que informe un detalle cierto de los documentos de crédito, ya que a la fecha se desconoce si aquellos documentos de crédito son susceptibles o no de cobro».

«Se ha solicitado que se acuerde proceder a la devolución de documentos de crédito por servicios educacionales no prestados», concluyó.

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