Campaña del Terror y Nueva Constitución

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La necesidad de una nueva Constitución y se ha visto reflejada en las demandas de los movimientos sociales. Negar el problema es insostenible y apelar a la campaña del terror es inconducente, solo demuestra esfuerzos desesperados de la derecha por mantener un sistema político que les da poder de veto y sobrerrepresentación, permitiéndoles mantener su modelo económico. Necesitamos una Constitución que sea de todos y no de algunos, que dé espacio a la discusión y deliberación, para así reflejar las demandas sociales en cambios y que no se queden solo en marchas.

“Pocos recuerdan hoy que la derecha reclamó enardecidamente cuando el primer gobierno de la Concertación decidió elevar el salario mínimo desde los cerca de 60 dólares mensuales en que estaba estancado en 1990, hasta los 120 dólares mensuales en 1994.

Reaccionando contra esa política, los economistas neoliberales pronosticaron el aumento del desempleo y la caída de la inversión y del ahorro, entre otros escenarios catastróficos. El resultado, sin embargo, fue que más de un millón de chilenos vieron sus ingresos sustancialmente incrementados, al tiempo que el desempleo disminuyó y el ahorro y la inversión se elevaron significativamente” (El otro Modelo, pág. 59).

Han pasado casi dos décadas y el panorama sigue más o menos igual: el Ministro de Hacienda Luis Larraín dijo que era “indudable” que las medidas propuestas por la Nueva Mayoría desestimulaban la inversión; el Ministro Larroulet señaló que “la debilidad que se ve en la inversión se debe a las propuestas de Bachelet”. En el debate de ANATEL, ad portas de la segunda vuelta, Matthei señaló que la baja en la inversión se debe “en parte” al programa de Bachelet, ya que, su propuesta de una Nueva Constitución parece ser demasiado “revolucionaria”.

La campaña del terror está desatada y la propuesta de una Nueva Constitución o de una Asamblea Constituyente son los flancos favoritos. Hay opiniones tan radicales que parecieran insinuar que un nuevo gobierno de Bachelet nos llevará a una especie de URSS sudamericana o algo parecido. La pregunta es, ¿de verdad creen lo que dicen y están preocupados por lo que pueda ocurrir o solo buscan defender desesperadamente el status quo?

El día lunes 9 diciembre hubo un debate organizado por Libertades Públicas sobre “El estado actual de la discusión Constitucional chilena” en el que fueron invitados como expositores los profesores Fernando Atria, Jorge Sandrock, José Francisco García y Rodrigo Correa.

La conversación en general fue muy interesante, pero me gustaría recordar particularmente dos posiciones. Por un lado, José Francisco García destacó por mostrar una apertura inusual dentro de su sector. Considera excesivos los mecanismos contramayoritarios y está dispuesto a avanzar hacia cambios constitucionales, sin embargo, considera que estos deben hacerse de manera paulatina, por lo que, rechaza una Asamblea Constituyente o una nueva Constitución.

Por otro lado el profesor Sandrock, representando la posición más común dentro de la derecha, se opone a casi toda reforma substancial. Argumenta que debe separarse el medio del fin, siendo el medio la Constitución y el fin el bien común. Señala que Chile se encuentra en su mejor momento histórico de desarrollo, por lo que está bien encaminado hacia el fin, lo cual, se ha dado en el marco de la Constitución de 1980’.

Entonces, concluye que se hace innecesario obtener una nueva Constitución, pues, no hay razón de modificar el medio si es que el fin, dentro de lo posible, se está alcanzando. Agregó que el ejercicio del Poder Constituyente y la Asamblea Constituyente son situaciones que se dan en circunstancias de crisis institucional grave, siendo innecesaria en el momento actual. De que el país haya crecido, la pobreza haya bajado, el desempleo disminuido, etc., no se sigue que no sea necesaria una nueva Constitución, pues la razón para cambiarla no atiende al mayor o menor desarrollo del país.

Creer que una nueva Constitución atentaría con el desarrollo del país no es más que sembrar el terror. Además, no tiene sentido esperar una crisis grave para generar cambios que se estiman necesarios. Lo anterior recuerda la (descontextualizada y) criticada frase de Atria:

“El problema constitucional tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”. En ese contexto, esperar la crisis que requiere Sandrock para recién pensar en cambios sería esperar resolver el problema “por las malas”; adelantarnos a problemas mayores y hacerlo antes de que la crisis explote sería “por las buenas”. Por desgracia, la candidata a la presidencia Evelyn Matthei no lo entiende así.

Es evidente que el problema constitucional va más allá de circunstancias particulares y de cifras económicas. Sin embargo, esto no es claro para todos. En el debate presidencial de ANATEL, Matthei, por una parte, catalogó como “revolucionaria” la reforma constitucional propuesta por su contrincante, achacándole “en parte” a ésta la baja en la inversión.

Además, señaló: “No estoy de acuerdo a hablar de una nueva Constitución mientras falten nuevos médicos especialistas”.

La frase, repetida por la candidata en varías ocasiones, llama la atención por dos razones:

Primero, ¿cree que la necesidad de una nueva Constitución es un problema de segunda categoría? De ser así, o la candidata no entiende el problema constitucional, o bien busca defender de manera implícita los beneficios que otorga a su sector la Constitución de 1980.

Las diferentes trampas o cerrojos de la Constitución impiden un cierto modo de existencia de la comunidad política, imposibilitando que ésta pueda autodeterminarse y que las demandas sociales se vean reflejadas en cambios concretos. La encuesta de septiembre de 2013 de la Universidad Diego Portales muestra que la segunda reforma política más importante para la gente es la reforma para establecer una nueva Constitución con un 5.5 de importancia en escala 1-7, mientras que la tercera más importante es la reforma del sistema binominal con un 5.4.

El problema constitucional puede ser a veces engorroso, aún así, es un tema relevante para la gente. La candidata insiste en negarlo. Parece conforme con la sobrerrepresentación que da el sistema a su coalición y con los mecanismos contramayoritarios que impiden reformar el modelo neoliberal impuesto en dictadura. Sería más honesto decirlo abiertamente en lugar de señalar que para la sociedad no es un asunto relevante o recurrir a la necesidad de “nuevos especialistas”.

Segundo: si es que distingue entre necesidades, ¿solo se puede atender a una necesidad de menor urgencia cuando una de primera urgencia está satisfecha? Si es que la respuesta fuera afirmativa no podría construirse una cancha de fútbol o una plaza mientras exista pobreza, toda vez que el deporte y las áreas verdes tienen una importancia menor que la pobreza. Lo anterior no es correcto dado que hay diversas necesidades sociales que deben ser atendidas, dentro de lo posible, de manera simultánea. La candidata lo sabe y no hace más que adornar su falta de argumentos con recursos populistas.

Este tipo de afirmaciones no son poco usuales. En el mismo debate la candidata Matthei dijo: “No estoy dispuesta a dar educación gratuita al 10% más rico mientras haya campamentos”. Hace tiempo en la discusión se ha demostrado que no hay injusticia en un sistema de educación gratuita para todos mientras se financie con una reforma tributaria donde ricos paguen más que los pobres y reciban igual educación, de modo tal que la política sería progresiva, al disminuir la brecha entre ambos.

La derecha se ha limitado a repetir que “es injusto”, sin argumentar qué funda la supuesta injusticia.

La necesidad de una nueva Constitución se ha visto reflejada en las demandas de los movimientos sociales. Negar el problema es insostenible y apelar a la campaña del terror es inconducente, solo demuestra esfuerzos desesperados de la derecha por mantener un sistema político que les da poder de veto y sobrerrepresentación, permitiéndoles mantener su modelo económico.

Necesitamos una Constitución que sea de todos y no de algunos, que dé espacio a la discusión y deliberación, para así reflejar las demandas sociales  en cambios y que no se queden solo en marchas. Esto en ningún sentido significará una crisis institucional que nos llevará al apocalipsis político. La nueva Constitución es un problema relevante, tanto o más que la necesidad de médicos especialistas, y se debe solucionar lo antes posible.

(*) Abogado Universidad Adolfo Ibáñez..

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