Tres altos ejecutivos de SQM, un ex diplomático de la DC , un junior de la UDI y otras nueve personas, entre las que se cuentan algunas allegadas a la firma y otras al mundo político, figuran en la nómina de personas ligadas a SQM, que ayer fueron inluidas en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos ante la Fiscalía. A ese listado se agregan 13 personas, que si bien no se accionó penalmente en contra de ellas, están siendo indagadas porque aunque no existe una reiteración y los montos no son significativos, presentarían un patrón común.

 

Una denuncia penal -que amplía la investigación por delitos tributarios en la arista SQM- presentó ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII). Incluye 73 boletas, que se presumen «falsas», o por servicios no prestados, por más de $1.360 millones.

Al igual que la querella del lunes recién pasado, la acción penal está dirigida contra el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac; quien lo antecedió en el cargo, Patricio Contesse G., y el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos. Todos por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la empresa al haber registrado e incorporado documentos «falsos» en la contabilidad de la misma, entre los años tributarios 2006 y 2014.

Pero en esta oportunidad se suman otras nueve personas denunciadas, entre las que se cuentan algunas allegadas a la firma y otras al mundo político.

En la nómina aparecen el abogado Roberto Guzmán Lyon, cercano al presidente del directorio de SQM, Julio Ponce Lerou, e inversionista en las sociedades cascada.

Según la denuncia del SII, solicitó a Osvaldo Opazo Lira, quien se desempeñaba como su contador hace más de 40 años, y este último a su mujer, Marisol Toro González, la emisión de boletas a nombre de SQM, a pesar de que el matrimonio no prestaba realmente servicios a la empresa, lo que ellos mismos reconocieron en declaraciones juradas ante el organismo fiscalizador.

En la acción penal, Impuestos Internos puntualiza que en el caso de Guzmán y de esta pareja «durante los años comerciales 2005 a 2012 -salvo los años 2010 y 2011- (…) facilitaron boletas de honorarios ‘falsas’, por servicios que jamás se prestaron, a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A., las que fueron registradas como gasto en su contabilidad (…), rebajando la renta líquida imponible declarada en sus Formularios 22, sobre impuestos anuales a la renta, enterando un impuesto menor al que legalmente correspondía, y evadiendo el Impuesto Único establecido en el art . 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta».

Una «maniobra similar» -advierte la denuncia del organismo- «se presume» en relación con distintos contribuyentes, respecto de quienes también se ha determinado ejercer acción penal, «atendido el número de documentos y los montos involucrados».

Es el caso de Marcelo Rozas López, militante DC y ex embajador de Chile en República Checa, quien aparece emitiendo cinco boletas, y lo mismo su esposa, Michelle Reymond Larraín, y el hijo de ambos, Daniel Rozas Reymond.

Las otras tres personas en calidad de denunciadas son Carlos Sepúlveda Espinoza, Mónica Gajardo Córdova y José Tomás Hormazábal.

Al listado de denunciados, Impuestos Internos agrega 13 personas. Si bien no se accionó penalmente en contra de ellas, están siendo indagadas porque aunque no existe una reiteración y los montos no son significativos, presentarían un patrón común.

Entre ellas se cuenta el subsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier, con una boleta por más de $6 millones correspondiente al año tributario 2014, esto es, emitida en el ejercicio comercial 2013.

Sobre este grupo de boletas, el SII precisa que «las boletas de honorarios indicadas son presuntamente falsas, considerando las circunstancias anómalas de su fecha de emisión, que cada año es la misma respecto de todos los emisores de los documentos, esto es, 10 de mayo de 2010, 23 de marzo de 2011, 23 de marzo de 2012, 24 de junio de 2013 y 11 de abril de 2014, la existencia de vínculos de parentesco en algunos casos, la pertenencia de varios emisores a una misma institución donde laboran en otros».

Además, agrega la denuncia, está también «el modo de operar de la empresa receptora de los documentos tributarios (SQM), respecto de otras situaciones en que se ha comprobado el uso de procedimientos dolosos sobre las que este servicio ha deducido acción penal. La irregularidad de las boletas señaladas se confirma además con la reciente presentación de borradores de declaraciones rectificatorias por parte de Soquimich, que las incluyen como parte de la base imponible del impuesto único del art.21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (…)».

En tanto, entre las diligencias solicitadas por el organismo en la acción solicita a la fiscalía que pida a la PDI citar e interrogar a las personas no denunciadas.

Los doce acusados

Tres ejecutivos de SQM. Patricio de Solminihac, gerente general; Patricio Contesse G., ex gerente general, y Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas. Son o eran representantes legales de la empresa y se los denuncia por incorporar boletas presuntamente falsas como gastos en la contabilidad de SQM.

Facilitación de boletas ideológicamente falsas. Según la denuncia, el abogado Roberto Guzmán Lyon, cercano al controlador de SQM Julio Ponce, y sancionado en 2014 por SVS por infracción a la ley de mercado de valores en el caso Cascadas, solicitó boletas al contador Osvaldo Opazo Lira, con quien tiene vínculos comerciales, como una forma de pago de parte de sus honorarios en la minera. Opazo le entregó nueve boletas, por un total de 18.175.150 pesos en 2008 y 2009. Además, el contador le pidió boletas con el mismo fin a su cónyuge, Marisol Toro González, quien emitió 17 boletas por 97.926.851 pesos, entre 2005 y 2013. Los tres están denunciados.

Ex embajador DC. También por facilitación de boletas presuntamente falsas, están Marcelo Rozas López, DC, ex embajador de Chile en la República Checa; su ex cónyuge Michelle Reymond Larraín y su hijo, el periodista y escritor Daniel Rozas Reymond. De ellos se indagan documentos por un total de 670 millones de pesos desde 2009 a 2013.

Los tres últimos. Carlos Sepúlveda Espinoza; Mónica Gajardo Córdova, secretaria, y José Tomás Hormazábal Cavieres, presentaban el mismo patrón que el resto, según el SII, pero se desconocía su vínculo. Sepúlveda registra cinco retenciones por boletas que suman casi 100 millones de pesos, en cinco años. Gajardo Córdova con retenciones correspondientes a unos 76 millones de pesos en cinco años. Hormazábal contabiliza documentos por 75 millones de pesos en cuatro años.

No denunciados, pero indagados

Entre los 21 emisores de las boletas cuestionadas, hay trece que no fueron denunciados, pero a quienes la fiscalía les indagará boletas.

Rodolfo Baier: El subsecretario general de Gobierno figura con una retención de honorarios de $682.667, con fecha 4 de abril de 2014, por una boleta emitida en enero de 2013.

René Madariaga Caronna: Ex asesor comunicacional de Fulvio Rossi, con boletas de 2009 por un monto de $17.777.766.

Mariela Molina Aguilera: Ex asesora de Rossi, por $44 millones (de los años 2009 y 2012).

María Valentina Martínez Zaror: Ex cuñada de una hermana del senador socialista, por $22 millones (en 2009).

El parlamentario ha negado vínculos con los dineros relativos a Madariaga, Molina y Martínez.

Matías Hormazábal Cavieres: Figuran $4 millones del año tributario 2010. Participó en la campaña de Sebastián Piñera y fue funcionario de Subdere en 2011. Es hermano del denunciado José Tomás Hormazábal Cavieres.

Marisol Cavieres Romero: Hay boletas, de 2010, 2011 y 2012, por $24 millones.

Álex Cañete Valenzuela: Ex candidato a concejal en 2008 por San Pedro de La Paz, con boletas por $40 millones.

Ninfa Gatica Espinoza: Aparece con boletas por $22 millones. Al igual que Cañete, figura en 2011 como funcionaria de la Junji en la VIII Región.

También hay boletas de:

José Rigoberto Hormazábal López : Por $20 millones.

Luisa Figueroa Rebolledo: Por $40 millones.

Jorge Daza Aránguiz: Por $40 millones.

María Pilar Torres Machuca: Por $20 millones.

Christián Fuentes Castillo: Por 40 millones en dos años.

Boletas desde la UDI

Impuestos Internos también entregó a la Fiscalía información sobre un junior de la UDI que declarará hoy en la Fiscalía. Se trata de Carlos Sepúlveda Espinoza y su esposa, Mónica Gajardo Córdova. Además, se menciona al hijo de una de las secretarias de la UDI, José Hormazábal, señaló La Tercera. Las boletas de Sepúlveda suman casi 100 millones de pesos, las de Gajardo 76 millones y las de Hormazábal 75 millones de pesos, consigna El Mercurio.

«Fuentes de la investigación aseguran que el dinero recibido mediante las supuestas boletas emitidas a SQM habrían servido para financiar a la UDI, lo cual comprometería a los ex presidentes gremialistas y sus administraciones», advierte La Tercera.

El Mercurio consignó que junto a la lista de denunciados Impuestos Internos agregó una lista de otras 13 personas, que están igualmente siendo indagados por haber presentado boletas «presuntamente falsas». Dentro de ellas se incluye el nombre del subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier.

La Tercera indicó que durante las últimas semanas el SII citó a declarar a «un extenso grupo de contribuyentes que emitieron boletas a SQM entre 2009 y 2014».

A los requeridos se les pide que acudan «con el respaldo de su servicio prestado a la minera, en caso de que lo posean».

Fundaciones y centros de estudios aclaran emisión de boletas a SQM

Varias fundaciones y centros de estudios ligados a partidos y personajes políticos han aparecido mencionados en medios de prensa en las últimas horas a propósito de la emisión de boletas a SQM.

Representantes de estas organizaciones salieron a aclarar el origen de los pagos y a descartar que correspondan a financiamiento irregular de campañas políticas mediante facturas falsas, hechos como los que se investigan en el marco del caso Penta.

Fuentes judiciales han admitido que la Fiscalía tiene facturas del instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI; de Imaginacción Consultores, propiedad del ex ministro y lobista Enrique Correa, que asesora comunicacionalmente a SQM y Penta; y de la Fundación Chile 21, cuyo presidente ejecutivo es el ex ministro Carlos Ominami.
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El directorio de Chile 21 publicó ayer una declaración en la que indicó que «la Fundación se financia sobre la base de un sistema de suscripciones que están regidas por un contrato que establece con precisión las obligaciones de las partes».

«En el caso de la Fundación, esta se obliga a: presentar un informe mensual sobre política nacional, economía y coyuntura social, ambiental e internacional; los resúmenes de los trabajos de los distintos talleres; monografías sobre temas específicos; estudios de opinión pública e invitar a los distintos eventos que organiza la Fundación», señala el texto.

El directorio, presidido por Enrique Dávila, afirmó que «Chile 21 no participa como institución de campañas políticas y no ejerce ninguna actividad de lobby o gestión de intereses privados. Las opiniones institucionales de la fundación, así como de sus miembros, son completamente autónomas y bajo ningún concepto responden a los intereses específicos de sus suscriptores».

En conversación con Cooperativa el ex ministro Francisco Vidal (PPD), ex miembro del directorio de la Fundación, descartó también hechos irregulares: «Éstas no son ni boletas truchas ni facturas truchas. Ésa es la diferencia. Éste es un contrato de prestación de servicios desde el año 2007 y, ojo, así se financian casi o si no, todas las fundaciones de este tipo», comentó.

«Son facturas desde el año 2007. La Fundación Chile 21 la forma que tiene (de financiarse) -al igual que todos los centros de estudios o casi todos- es la venta de servicios a empresas. Nosotros tenemos una relación con Soqumich desde el año 2007 a través de un contrato y se pagan esos servicios a través de facturas por todo lo que hace la Fundación Chile 21 en el año. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 120 actividades en el año: foros, seminarios, libros, documentos, y ésa es la forma en que las más importantes fundaciones en Chile se financian», insistió el ex ministro vocero.

Francisco Vidal descartó además que parte de dichos fondos se hayan destinado a financiar alguna de las campañas presidenciales de Marco Enríquez-Ominami a propósito del rol que juega su padre, el ex senador Carlos Ominami.
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Desde Libertad y Desarrollo señalaron, en tanto, a Canal 13, que su política de financiamiento está publicada en su portal web y que ella establece que «para garantizar una real independencia, LyD no recibe fondos del gobierno»

«Su política de financiamiento procura la diversificación de sus fuentes, las cuales provienen de la suscripción a nuestras publicaciones, eventos y charlas», agregó el organismo.

«Todas las materias de financiamiento están radicadas en el Presidente del Consejo Asesor, el Director Ejecutivo y el Gerente General. Es así como al año 2014 contó con aproximadamente 650 suscriptores, empresas y personas, sin que ninguno de ellos representara más de un 8% de su presupuesto. Para proyectos específicos LyD ha recibido apoyo de instituciones internacionales tales como The Tinker Foundation, Atlas Economic Research Foundation, Center for International Private Enterprise, Fundación Hans Seidel, entre otras», agregó el instituto dirigido por Luis Larraín, según la publicación de Canal 13.
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En declaraciones publicadas ayer por el diario La Segunda, Enrique Correa afirmó no saber si SQM –empresa a la que asesora- ha efectuado pagos a políticos.

«Esa materia la tiene que ver el Ministerio Público, los propios abogados, la compañía y sus gerentes cuando sean interrogados por el fiscal (…) Ya se logró lo que la Fiscalía quería, que era tener todos los antecedentes para investigar, y él es el que tiene la palabra», señaló.

«Lo que distingue a Chile es que todos estos temas pueden ser investigados sin que nadie ponga cortapisas. Ése es el valor de este país», agregó el ex ministro secretario general del Gobierno de Patricio Aylwin.

Cegades

Según publicó este miércoles el diario La Tercera, la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en el caso Penta representada por los abogados Mauricio Daza, Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo, pidió interrogar a representantes de un think tank ligado a la DC, por boletas o facturas de servicios emitidas a SQM entre 2009 a 2014.

Se trata del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), cuya directora ejecutiva es Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta de la mesa nacional de la DC.

Cegades respondió al diario señalando que ha «realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, (…) publicado variados libros sobre estos temas y (…) realizado múltiples asesorías».

«Entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios (..) la cual se financia y distribuye sólo por medio de suscripciones (…) Por cada suscripción se emite la factura correspondiente en la fecha respectiva y mensualmente se remite la publicación suscrita. La relación entre las partes se limita exactamente a lo ya expresado», señaló el centro.

Consultado por Cooperativa, el secretario general de la DC, Víctor Maldonado, consideró suficientes las explicaciones entregadas por el centro de estudios.

«Me parece que la rápida respuesta de Cegades demuestra que no hay ninguna irregularidad, que se trata de servicios prestados, de información que existe, de suscripciones que han hecho ellos desde hace bastante tiempo, donde tienen prestigio, publicaciones periódicas y también temáticas, así que desde el punto de vista nuestro no vemos ninguna dificultad en lo aclarado por Cegades», dijo Maldonado.

Ex vicepresidente RN

Otro nombre que salió a flote durante la pasada jornada fue el del ex vicepresidente de Renovación Nacional Claudio Eguiluz, histórico dirigente del partido en el Biobío, quien emitió boletas a SQM entre 2011 y 2014.

A él, además, se le asigna un rol a favor de que el partido dejara como candidato al Senado a Daniel Contesse, un rival que dejó el camino expedito para su compañera de lista, Jacqueline van Rysselberghe. Daniel Contesse es hermano del hasta hace dos semanas gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Claudio Eguiluz, actual consejero regional (core) en el Biobío, dijo al diario La Segunda que efectivamente recibió pagos de SQM, pero negó que éstos los hubiera destinado a financiar campañas.

«Asesoro a SQM desde el 2011 y hasta comienzos del 2014, pero no tiene nada que ver con platas de campañas políticas (…) Fui candidato a diputado el 2009, pero no tiene nada que ver con eso», dijo.

Eguiluz explicó que las asesorías se relacionan con «el rubro agrícola y de maquinarias» y los dineros no cubrieron deudas de su aventura electoral de 2009, «porque ninguna campaña deja deudas tan caras».

Accionistas minoritarios estudian querella

En medio del revuelo que afecta a Soquimich, según información de Bloomberg citada por La Tercera, los accionistas minoritarios de la empresa están «impacientes ante el actual escenario», en medio de una caída de la confianza de sus bonistas, y están acudiendo a la abogada Bárbara Salinas para ver la opción de presentar acciones legales.

Salinas –que ha representado también a los accionistas minoritarios en el caso La Polar- dijo que esta semana se determinará «si efectivamente se presentará una querella», pues aún están recabando información.

Codelco audita contrato con Banmédica

En tanto, Codelco informó ayer mediante un comunicado que está «en curso» una «auditoría especializada al proceso de licitación y adjudicación» de un contrato con la isapre Banmédica, perteneciente al grupo Penta, que fue adjudicado en enero de 2012. Asimismo, pidió «un informe en derecho» que ya «fue evacuado».

Estos procesos obedecen a que la administración de Codelco consideró «insuficiente» un «informe sobre los resultados de siniestralidad del contrato para el período enero 2013 – junio 2014» que emitió Banmédica hacia fines de 2014, por lo cual éste no fue pagado.

«En marzo del presente año, Codelco inició conversaciones con isapre Banmédica para la revisión del contrato vigente. Este proceso tiene por objeto cautelar los intereses de la empresa así como el bienestar de sus trabajadores y sus familias», indica el comunicado.

TC revisa recurso de ex gerente de SQM

Para las 16:00 horas de hoy está previsto que el Tribunal Constitucional revise el recurso presentado por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, a través del abogado PPD Samuel Donoso, que buscaba frenar la investigación de la Fiscalía.

En la sesión serán escuchados los alegatos del Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

El recurso impide a la Fiscalía realizar incautaciones en oficinas de SQM.

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