Mañana entra en vigencia el nuevo valor de los pasaportes, con un incremento de un 83%. Dicho aumento, en rigor un escándalo de marca mayor, es el ejemplo arquétipico de chapuceras políticas públicas originadas por la chifladura neoliberal que aqueja a buena parte del alto funcionariado del país, donde conviven en despreocupada promiscuidad innecesarios traspasos de «nuevos mercados» al sector privado, provenientes de la gestión del sector público; licitaciones de dudosa transparencia; abusos y arbitrariedades de los licitantes, casi seguras coimas, y una tasa de ganancia excesiva y asegurada, que desmiente el pretexto del «ahorro» con el que se justificó esa política pública.

 

En el caso del alza de pasaportes, todos esos elementos están presentes, y otros también, como la opacidad de las instituciones públicas contratantes para entregar dosificada la información del alza a los usuarios, a quienes, en el extremo de la cadena, y sin capacidad de respuesta, se les transfiere el costo.   

Actualmente, Chile tiene el tercer pasaporte más caro de Latinoamérica. Con el alza que entra en vigencia a partir del 1 de octubre, adelantará un lugar en el dudoso podio. E documento de 32 páginas, que actualmente cuesta al usuario $ 48.900, pasará a valer $ 89.660, es decir, un alza de 83%). El pasaporte de 64 páginas, que hoy cuesta $ 60.720, subirá a $ 89.740, o sea, un 48% de incremento.

Además del alza en los precios de los pasaportes, las cédulas de identidad también tendrán un aumento en su valor de $ 220, pasando de $ 3.600 a $ 3.820, y en el caso de las cédulas para extranjeros, de $ 4.050 a $ 4.270.

Así lo informó el Gobierno el 11 de agosto pasado. De acuerdo al Servicio de Registro Civil, este aumento responde a la decisión del gobierno de terminar con el subsidio a la confección de estos documentos de identificación.

«Desde 2013 y hasta la fecha le ha significado al Fisco el desembolso de alrededor de $ 30 mil millones. Esta decisión de terminar con el subsidio a los documentos de identificación se basa en un criterio de justicia, en orden a que no sean todos los ciudadanos quienes financien a través de sus impuestos, los pasaportes de quienes viajan», manifestó el Registro Civil.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, justificó las prioridades de subsidio:

«Antes de estar subsidiando pasaportes tenemos prioridades que tienen que ver con temas de educación. Además del 100% de a las personas que viajan en Chile el 85% lo hace a países donde sólo se necesita carnet de identidad».

El Ministro vocero del Gobierno Marcelo Díaz, explicó que el alza en el valor de los pasaportes  se debe a un error del Gobierno de Piñera, que estableció el subsidio  estatal en 2011, como parte del convenio con la empresa que se adjudicó la licitación para la emisión de dicho documento, por un plazo de 10 años.

Díaz  explicó que el error del Gobierno anterior en el elevado subsidio de este documento, implica al Estado un costo de 30 mil millones de pesos, equivalente a 42 millones de dólares a la paridad de hoy, dinero que perfectamente puede ser ocupado en otras prioridades nacionales.

Y así, como de refilón -con rehue, como se decía en el tiempo de las bolitas- la ciudadanía se enteró de que el Gobierno de Piñera había privatizado la confección de pasaportes y cédulas de identidad, que hasta entonces hacía sin problemas y sin fines de lucro, la Casa de Moneda.

Es una historia que merece ser conocida, porque desmiente en términos categóricos la supuesta eficiencia del sector privado predicada por el dogma neoliberal, que en rigor encubre un nuevo mercado creado a partir de funciones que cubría el sector público, por su insaciable sed de ganancias.   

El enunciado de la historia dice que en  2011, durante el Gobierno empresarial de Sebastián Piñera, la empresa francesa Morpho se adjudicó la licitación para la fabricación del nuevo pasaporte y la cédula de identidad electrónica por 10 años.

En su momento, se justificó esa decisión con el pretexto de la mejoría tecnológica, que permitiría a Chile ingresar al Programa de exención Visa Waiver con Estados Unidos y Canadá, reduciendo los costos para los usuarios. Lo de la reducción de costos, a esta altura es un mal chiste.

El proceso de licitación fue tortuoso y poco transparente.

En el 2008, el primer gobierno de Bachelet hizo un llamado a licitación para desarrollar los pasaportes y cédulas de identidad de los chilenos. El 2009 se comenzaron a recibir las propuestas y en julio del 2010, tras varios meses de retraso en la evaluación de la licitación, el concurso público fue asignado a la empresa española Indra. Pero dicha adjudicación fue objetada por el Tribunal de Contratación Pública en junio del 2011 y se ordena reevaluar.

Ahí es cuando la empresa francesa Morpho -que había competido desde el principio para adjudicarse la licitación- entra en acción. Versiones periodísticas indicaron que Piñera intervino personalmente para bloquear la licitación a Sonda, la otra empresa en competencia, y adjudicarsela a Morpho, pese a que la oferta de ésta última era la más cara de las que aún quedaban en carrera.

Morpho -perteneciente al grupo Safran- es una multinacional que hace un par de años ha enfrentado situaciones polémicas. El 2012, por ejemplo, estuvo en el ojo del huracán en Nigeria luego de ser llevada a la justicia por un supuesto pago de sobornos para la obtención de una millonaria licitación. Licitación que, al igual que en Chile, era para la elaboración de los documentos de identidad de ese país.

El Servicio de Registro Civil empezó a experimentar dificultades en la entrega del servicio, debidas a fallas en el sistema, problemas en la operación de software y demoras en el servicio, lo que desencadenó la realización de auditorías por parte de la Contraloría General de la República a la empresa.

La puesta en marcha de la implementación de Morpho fue desastrosa: no sólo tuvo que enfrentar un paro de funcionarios del Registro Civil, sino también la negligencia de la pérdida de cerca de 400 carnets, el dato de 900 pasaportes y constantes caídas de su sistema informático. A raíz de dicho incidente, que comenzó un 30 de septiembre de 2013, se le habría “quitado” la licitación a la firma francesa, puesto que las fallas en la nueva plataforma del Registro Civil complicaban al gobierno del empresario: aparecían huellas dactilares repetidas, superpuestas sobre las de otras personas o duplicadas o había confusión en la verificación de identidad a través del sistema fotográfico.

Tras ese escándalo, aparece en escena el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, quien acoge parcialmente la demanda interpuesta por Sonda S.A. en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación. Según la entidad, este último infringió el inciso primero del artículo 3º del D.L. Nº 211, al ejecutar actos de autoridad que restringieron la libre competencia en la licitación Nº 594-56-LP08, relativa al “Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación”.

El Tribunal impuso al Registro Civil una multa de 200 Unidades Tributarias Anuales, pero en el aspecto medular, desestimó la solicitud de la demandante de dejar sin efecto, o bien ordenar dejar sin efecto, la adjudicación de la Licitación a favor de Morpho y el contrato celebrado en virtud de dicha adjudicación entre Morpho y el Registro Civil.

Pero eso no es todo. En paralelo se supo que la Casa de Moneda invirtió U$ 800 mil  en maquinaria para fabricar los nuevos pasaportes. De nada sirvió, porque a última hora el Registro Civil delegó ese trabajo en Morpho, la misma empresa que se adjudicó la licitación por el nuevo sistema de pasaportes y cédulas de identidad y que ha sido incapaz de responder adecuadamente por los problemas que presenta su plataforma.

También se supo que la licitación tuvo un valor de US$400 millones.

La puesta en marcha del nuevo sistema de cédulas de identidad y pasaportes del Registro Civil generó numerosos problemas que han puesto el foco de las críticas sobre Morpho, la empresa que ganó una licitación por casi U$400 millones y no ha sido capaz de implementar la tecnología ofrecida de manera óptima.

Las largas filas de los usuarios por los problemas en el funcionamiento que presenta la nueva plataforma han significado, en la práctica, obviar los cuestionamientos a la licitación que ganó Morpho, incluyendo el hecho de que esta empresa facturará US$ 18 millones más que lo establecido inicialmente. Y ello porque una vez adjudicada la licitación, el Registro Civil le asignó además la fabricación de los cuadernillos de pasaportes, tarea que originalmente había sido encomendada a la Casa de Moneda.

El cambio de fabricante generó un fuerte impasse entre el Registro Civil y la Casa de Moneda. Recién el 5 de julio pasado el Registro Civil oficializó la decisión de entregar a Morpho el contrato para la fabricación de los cuadernillos, luego de que en diciembre la empresa francesa asegurara al organismo público que Casa de Moneda no estaría en condiciones de cumplir los plazos establecidos. Según el contrato, el 2 de septiembre Morpho debía hacerse cargo de la operación de los documentos de identidad, que hasta entonces estaba en manos de Sonda. Durante la gestión de Sonda era la empresa inglesa DeLaRue la responsable de fabricar los documentos, pero delegaba en la Casa de Moneda la elaboración de los cuadernillos.

Según argumentan representantes de Casa de Moneda, en ningún momento ellos informaron que la producción de pasaportes pudiera sufrir un retraso. Y reclaman que se invirtieron 600 mil Euros (unos U$ 800 mil) en la compra de las máquinas necesarias para hacer frente a la nueva tecnología. Casa de Moneda no se quedó de brazos cruzados, el 19 de julio presentó un recurso extraordinario de revisión ante el Registro Civil, en busca de revertir la decisión que lo desplaza como proveedor de los cuadernillos, un rol que históricamente ha cumplido.

El escrito acusa a Morpho de haber entregado al Registro Civil “antecedentes errados o derechamente falsos”, y de haber generado las condiciones que luego justificarían la exclusión de Casa de Moneda y le permitirían quedarse con el contrato.

“Que se nos haya excluido del contrato, sin base, en un procedimiento administrativo racional y justo, y conforme a hechos que no eran verdaderos o, al menos, que eran erróneos, ha irrogado a Casa de Moneda de Chile S.A. un perjuicio patrimonial evidente”, argumenta el Casa de Moneda en el escrito. .

Descontando las coimas, la única explicación de tanto despropósito en perjuicio del erario público es la obsesión neoliberal que padece la mayor parte del sector de la alta administración pública; y con bastante probabilidad, ambas.  

Vilviendo a esta historia, el nuevo contrato fue asignado a Morpho el 5 de julio de 2013, y de acuerdo a las cotizaciones incluidas en el documento, la facturación anual de la empresa por producir 300 mil pasaportes será de $1.128 millones, lo que en un periodo de ocho años equivale a unos US$ 18 millones. Dos meses antes de esta resolución oficial, en mayo, el entonces director del Registro Civil, Rodrigo Durán, y el jefe informático del organismo, Bruno Opazo, viajaron a Francia y Holanda con una delegación de prensa, donde les mostraron las instalaciones en que ya se estaban fabricando las cédulas y los pasaportes.

No fue hasta el 2 de septiembre de ese año, el mismo día en que Morpho puso en marcha la emisión de los nuevos documentos de identidad, que el entonces director del Registro Civil firmó la resolución que rechazaba el reclamo de Casa de Moneda. Durán argumentó que Casa de Moneda “sólo tenía una mera expectativa” de proveer los documentos pues Morpho nunca firmó el contrato y tampoco hubo un acto administrativo que les encomendara la tarea. Agregó que, “de conformidad con el diseño del pasaporte electrónico definido por el servicio en febrero de 2013, Casa de Moneda no contaba con la tecnología para implementar este diseño antes de junio de 2013, de acuerdo al plan del proyecto. Además, la alternativa de Casa de Moneda representaba un mayor costo de aproximadamente $80 millones al año”.

La operación de Morpho para los pasaportes y cédulas de identidad ha estado marcada por los problemas desde su inicio el 2 de septiembre de 2013. Dado que esa puesta en marcha coincidió con el paro de los funcionarios del Registro Civil, la críticas del público se desviaron de las fallas que presentaba el nuevo sistema, pero éstas quedaron en evidencia apenas los funcionarios depusieron el paro. Había múltiples funcionalidades que no estaban operando, las que provocaron largas filas de usuarios que querían renovar u obtener por primera vez sus documentos de identidad. Las situaciones más críticas se vivieron las dos mañanas de octubre en que el sistema simplemente se cayó, imposibilitando la atención de público.

La culpa directa de la caída del sistema no fue de Morpho, sino de Adexus, que provee la plataforma tecnológica y comunicacional. Se trata de una falla que ocurre con cierta frecuencia, pero de la que normalmente el público no se entera.

Antes de Morpho, el sistema lo operaba Sonda y cuando se producía la falla, seguía funcionando fuera de línea aunque no hubiera comunicaciones. Así también debió ocurrir con Morpho. De acuerdo a las bases de licitación, Morpho está obligada a “asegurar un servicio permanente y transparente”, para los cual se requiere un sistema de “almacenamiento local de las solicitudes e información capturada”. Esa es precisamente la información que debió ser enviada cuando las comunicaciones se restablecieron. Sin embargo, se demostró que sin conectividad las estaciones de captura simplemente no funcionan.

La adjudicación de Morpho tampoco estuvo exenta de polémica. Incluso ahora que la empresa ya se encuentra operando, existen procesos pendientes en que se reclama su anulación. Si por esa vía se llegara a determinar que la licitación fue irregular, el escenario siguiente es incierto. Lo único claro es que el Registro Civil arriesga pagar un alto costo, tanto en dinero como en imagen.

El concepto –con distintas variables- se repite en la industria tecnológica y entre los funcionarios del Registro Civil: Morpho corrió sola, no sabemos si era la mejor oferta, pero sí era la más cara de las que se hicieron públicas. La afirmación es el resultado no sólo de las fallas actuales, sino  de los numerosos cuestionamientos de los que ha sido objeto la licitación que comenzó en 2008.

Como una parábola simbólica, la entrada en vigencia de los nuevos valores para los pasaportes y cédulas de identidad, coincide con un nuevo paro de funcionarios. Y de ahí, surge el último elemento que termina de cuadrar el círculo.

Respecto al alza de los pasaportes que desde este jueves costarán 89.660 y 89.740 pesos, la presidenta de la Asociación Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, señaló:

«Esa es otra de las razones por la cual nosotros estamos en paro. De los 89.660 pesos que cuesta un pasaporte, 7.480 van al Estado, y los otros 81 mil y fracción a una empresa. O sea, el Registro Civil está quedando en la bancarrota».

Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, remachó

“Este es otro de los abusos del Estado. No se sabe cuáles son los costos reales y cuánta es la utilidad que generan a costa de las personas”.

La organización anunció que recurirrá a la Ley de Transparencia para requerir al Registro Civil la información que respalde dicho aumento.

Y ese es, estimados lectores, el corolario de esta historia: mucha oscuridad, nada de transparencia, licitaciones brujas, coimas, enormes pérdidas en el sector público,  ganancias tan exhorbitantes como garantizadas para las empresas privadas, y transferencia de costos a los sufridos usuarios. En otras palabras, el modelo neoliberal.

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