A Krassnoff se le Ahumó el Asado

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El almuerzo de camaradería convocado para este miércoles, en las dependencias del Penal Cordillera, con el fin de homenajear al brigadier en retiro del Ejército, Miguel Krassnoff Martchenko, finalmente fue cancelado luego de que Gendarmería prohibiera todas las actividades programadas para la jornada. Llegaron como dos despistados, que fueron abucheados por contramanifestantes.

Tras la polémica que se generó en la pasada jornada y ante el rechazo del propio Gobierno, los amigos del represor no tuvieron autorización para ingresar al recinto esta mañana.

Dijeron «que estaban suspendidas las visitas», contó uno de los ex uniformados que llegó hoy al lugar y que se declaró «sorprendido» con la prohibición, «porque era una actividad abierta, programada».

«Los días miércoles vengo yo a visitar a mis amigos que están injustamente detenidos», explicó el hombre.

En las afueras del cuestionado recinto penitenciario -que está en la mira del Presidente Piñera, que estudia su cierre- se produjeron intercambios verbales entre los amigos de Krassnoff y una decena de personas llegó a protestar por las condiciones de privilegio que gozan los internos

El almuerzo era organizado por compañeros de armas de Krassnoff, quien cumple más de 100 años de condena por delitos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura.

La cancelación de la totalidad de actividades sorprendió a los demás internos del penal Cordillera, a quienes se les informó que las visitas para el día de hoy fueron suspendidas por una decisión de Gendarmería, producto del riesgo que podría generar actos de protesta que pueda generar este homenaje.

Por otra parte, durante este miércoles los diputados Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez visitaron el penal con el objetivo de conocer las reales condiciones en las permanecen los 10 condenados por violaciones a los derechos humanos.

Tras la visita señalaron que las condiciones son similares a las de un hotel, por lo cual declararán ante la Comisión de Derechos Humanos para solicitar el traslado de los reclusos hasta otro recinto penal, manejándose como alternativa el centro de alta seguridad penitenciaria.

El Gobierno chileno respondió al homenaje con asado incluído que se le ofrecería este miércoles al ex brigadier Miguel Krassnoff, condenado a 144 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.

La ministra portavoz de Gobierno, Cecilia Pérez, dijo a los periodistas que no se ha ingresado ninguna petición para este presunto «asado de camaradería», que se efectuaría en el Penal Cordillera, un recinto especial donde se encuentran purgando condena varios oficiales del Ejército chileno.

El almuerzo sería en honor del ex brigadier Miguel Krassnoff, una invitación que sólo ha circulado en Internet, entre los mismos camaradas de armas del militar, pertenecientes a la generación de 1967 del Ejército.

Krassnoff estuvo a cargo de una de las brigadas de la temible Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA), el primer aparato represor de la dictadura, que según los informes de organizaciones de derechos humanos, torturaron a más de 28.000 chilenos, asesinaron a 2.500 presos políticos e hicieron desaparecer a más un millar de opositores.

En tanto, la ministra chilena de Justicia, Patricia Pérez, indicó anoche que «no se autorizará la comida» y que tampoco se ha ingresado la solicitud en Gendarmería de Chile.

En esta misma línea, el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, confirmó que no hubo ninguna solicitud formal para llevar a cabo este evento:

«Hay que dejar en claro que no hay autorización porque no ha habido ninguna solicitud formal, y no habiendo solicitud formal no cabe que se realicen este tipo de eventos. Si hubiera existido este tipo de solicitud tampoco sería procedente una celebración de esa naturaleza».

Hace dos años, un acto de homenaje por Krassnoff realizado en el municipio capitalino de Providencia fue repudiado por más de mil personas, víctimas de la dictadura.

Varios de los invitados que llegaron a la reunión convocada por el entonces alcalde de ese municipio, Cristián Labbé, ex guardaespaldas del dictador Augusto Pinochet, en un club situado en la parte oriente de la capital chilena, recibieron una lluvia de escupitajos y fueron insultados duramente por los manifestantes.

En la ceremonia, en la que se suponía se iban a reunir unas 200 personas vinculadas a la derecha conservadora, se presentó la cuarta edición del libro «Miguel Krassnoff, Prisionero por servir a Chile», de Gisela Silva.

Ministerio de Justicia rechaza asado de camaradería a Miguel Krassnoff

El “asado de camaradería” que pretende realizarse en el penal Cordillera, donde 10 personas cumplen condena por violaciones a los derechos humanos, no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado.

Así lo confirmó la ministra de justicia, Patricia Pérez, quien afirmó que, de recibirse una solicitud en las próximas horas, “es una situación que tiene que evaluar Gendarmería”.

“Claramente estamos hablando de un recinto penal, no estamos hablando de un hotel o un lugar en el que las personas puedan hacer lo que quieran. Por lo tanto, obviamente es una situación que, si se llega a plantear, hay que ingresarla a Gendarmería, que es lo que ocurre conforme al régimen interno, pero la normativa es tremendamente clara en torno a que solamente se pueden realizar aquellas acciones que estén de acuerdo con el régimen penitenciario”, explicó la ministra.

“Sin prejuicio de que es algo que tiene que analizar Gendarmería como servicio responsable, a mí me parece que claramente escapa de lo que es propio del régimen penitenciario y no corresponde”, agregó.

La celebración organizada por un grupo de adherentes aspira festejar al brigadier Miguel Krassnoff, ex agente de la DINA condenado a más de 120 años de presidio por las innumerables detenciones, interrogatorios, torturas, ejecuciones y desapariciones de los detenidos en el cuartel Simón Bolívar y Villa Grimaldi durante la dictadura.

“En contraste con el resto de las unidades penales, donde hay alrededor de 50 mil personas recluidas, ellos jamás van a tener la posibilidad de acceder a beneficios de ese tipo, lo cual a nosotros nos parece aberrante y evidentemente es una abierta discriminación con el resto de la población penal, con lo cual no estamos de acuerdo”, expresa Joe González, Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG).

En ese mismo sentido, el diputado DC Gabriel Asencio califica esta pretensión como “una afrenta a los chilenos, a todo el resto de las personas que están privadas de libertad y también una burla al propio Presidente de la República”.

“Es el Presidente Sebastián Piñera quien ha puesto el acento en que no es posible mantener los privilegios que tienen allí en el Penal Cordillera. Entonces, no es posible que estos ex militares ostenten todavía un cierto poder”, critica el parlamentario.

Cabe recordar que el Presidente está evaluando el cierre del Penal Cordillera y el traslado de los diez internos a Punta Peuco, debido a los altos costos en la mantención de ambas cárceles exclusivas para condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero para Joe González es necesario también el cierre de Punta Peuco, donde cumplen condena otros 25 violadores de los derechos humanos. “Entendemos y sabemos que existen otras unidades penales que reúnen las suficientes condiciones tanto de seguridad como de segregación de la población penal para albergar a este tipo de personas. Aquí en Chile no tiene por qué haber presos de primera o segunda clase, acá hay una igualdad ante la ley”, asegura.

Óscar Benavides, vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, se declaró abiertamente a favor del cierre tanto de Cordillera como de Punta Peuco.

Dijo que el objetivo de estos recintos era garantizar los procesos penales en contra de los violadores de derechos humanos, pero esos procesos ya se han ido cerrando.

«En la Penitenciaría de Santiago el día de hoy había dos funcionarios para custodiar alrededor de 300 internos en una de sus calles. Ellos tienen para su atención cinco funcionarios por cada interno», dijo Benavides.

El dirigente apuntó además que mantener a un preso de Cordillera cuesta más del triple que a un reo normal y que Manuel Contreras incluso tiene un servidor «personal», que es un funcionario del Ejército.

«Yo debo traer a la memoria fresca los hechos tristes de San Miguel, donde cada interno tenía menos de un metro cuadrado para poder sobrevivir en el sistema penitenciario. En cambio, estos internos cuentan con una cabaña individual con acceso a Internet, acceso a televisión, canchas recreativas, quincho», criticó.

La Anfup defiende, en consecuencia, «no solamente el cierre de la Unidad Cordillera, sino que también el cierre de la Unidad Punta Peuco, porque los procesos judiciales ya terminaron. Por lo tanto, es necesario que ellos ya vayan a cumplir su condena en un establecimiento normal, como lo hace el resto de la población penal chilena».

A esta solicitud se suma el diputado PPD Tucapel Jiménez, quien solicitó al Presidente Piñera estudiar la posibilidad de que “el penal de Punta Peuco termine con sus privilegios y se transforme en una cárcel pública, debido a que es por todos conocido el hacinamiento que existe en las cárceles chilenas. Sería la mejor opción para que de una vez por todas en nuestro país exista igualdad ante la ley y se utilicen las dependencias de ese recinto carcelario en beneficio del mejoramiento del sistema penal chileno”.

El ministro de defensa, Rodrigo Hinzpeter, manifestó estar a la espera de la decisión del Presidente, la que podría conocerse durante los próximos días. Respecto de la solicitud de degradar a los militares que cumplen condenas por derechos humanos, el secretario de Estado descartó esa posibilidad, ya que hacerlo no se encuentra en nuestra legislación.

“Cuando se pide que se degrade a quienes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, uno está expresando un sentir respecto del repudio que generan estos delitos y en eso compartimos el rechazo a las violaciones a los derechos humanos. Pero no está dentro de las facultades ni de las Fuerzas Armadas ni del Ministerio de Defensa ni de nadie aplicar la sanción de degradación , porque no existe como fórmula en nuestro ordenamiento jurídico”, aseveró.

El penal Cordillera es el que tiene mayor cantidad de gendarmes por interno y el gasto público por cada uno de ellos es diez veces mayor al costo de un reo en cualquier otro centro penitenciario del país.

Polémica por un festín en honor a un torturador en cárcel de Chile

La noticia de un festín para agasajar en plena cárcel al brigadier en retiro Miguel Krassnoff, preso por más de una veintena de crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), desató hoy polémica en Chile.

Según versiones de prensa, el almuerzo con carne asada en honor del exoficial de la otrora Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) es organizado por sus compañeros de armas del Ejército, quienes prevén realizarlo hoy miércoles en el penal Cordillera, donde guarda prisión Krassnoff.

La convocatoria para visitar al reo fue circulada por mensajes electrónicos, de acuerdo con un reporte del periódico El Mostrador, replicado por numerosos medios de prensa locales.

El diputado Gabriel Ascendio, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, envió una carta a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, en la cual le solicita que la dirección de Gendarmería prohíba el «asado de camaradería» para el represor.

«Lo que están haciendo estos violadores a los derechos humanos es reírse del Presidente (Sebastián) Piñera, reírse a través de esta fiesta», exclamó Ascencio.

La vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que si bien no se ha recibido una solicitud de autorización para el festejo, como Ejecutivo considera que es improcedente y no corresponde efectuar un acto de esta naturaleza.

«Estas personas no están en un hotel, están en una cárcel», exclamó la portavoz, al ser preguntada al respecto por reporteros en el Palacio de La Moneda. Los preparativos del festín salen a la luz luego de que el presidente Piñera anunciara su decisión de cerrar el penal Cordillera, donde solo están recluidos 10 de los pocos más de 50 exmilitares sancionados por los crímenes de la dictadura de Pinochet.

La prisión, en la cual también se encuentra el exgeneral Manuel Contreras, exjefe de la DINA, se ubica en la comuna capitalina de Peñalolén y dispone de condiciones exclusivas con piscina, cancha de tenis, televisión por cable y otras facilidades para los privilegiados reos.

De cerrarse este penal, los presos serían trasladados a otra exclusiva cárcel, Punta Peuco, donde se encuentran 44 exmilitares también condenados por violaciones a los derechos humanos.

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