Hay fechas que marcan el paso de una época a otra. Tal fue el 11 de Septiembre de 1973,  el día en que se consumó el más sangriento Golpe de Estado de nuestra historia. Si bien, la dictadura militar-oligárquica que le siguió comenzó a ser desmantelada luego del Plebiscito de 1988, hasta hoy sigue en pie buena parte de la institucionalidad impuesta por los golpistas, con cierta complicidad de los gobiernos de la Concertación. Pero Chile ha cambiado en los últimos años. Hay un consenso transversal de que el país ha entrado en un nuevo ciclo histórico. Dos meses después de que se cumpla el 40º aniversario, tendrán lugar elecciones presidenciales y parlamentarias que se perfilan como otro hito decisivo para poner fin a la herencia del pinochetismo.

Los nuevos vientos están soplando desde hace un tiempo. Desde luego, en el ámbito internacional. Hoy como ayer, lo que sucede en Chile, no es un caso aislado. En nuestro continente llevamos más de una década de grandes cambios políticos y sociales. Fueron desalojados en medio de profundas crisis los regímenes neoliberales de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

El nuevo siglo se inició con el surgimiento de gobiernos progresistas  que reivindican independencia internacional, unidad latinoamericana, reducción de la pobreza y las desigualdades y soberanía de sus recursos naturales. Pocos años más tarde explota en EE.UU la Gran Recesión que golpea hasta hoy a los países capitalistas más ricos y genera inéditos movimientos como Ocupemos Wall Street, Los Indignados españoles, la Primavera Árabe, huelgas obreras, y protestas masivas en las calles de centenares de ciudades.

La irrupción de las grandes economías emergentes y particularmente China,convertida en segunda potencia económica mundial, han abierto inmensos mercados, mejores precios para nuestros productos y nuevas fuentes de financiamiento. Nos ha permitido sobrepasar la crisis económica internacional y contrarrestar el poder hegemónico de EE.UU y sus aliados.

En Chile, hace años tuvimos la sonada Rebelión de los Pinguinos. En el 2010, Roberto Méndez, el director de Adimark, conocida empresa de encuestas, admitió que Chile se había convertido en un país conflictivo, no sólo político, sino entre ricos y pobres, trabajadores y empresarios, Santiago y las regiones, hombres y mujeres, los gobiernos y las minorías étnicas.

En efecto, al año siguiente y hasta hoy, continúan manifestándose inmensas multitudes en las calles de las grandes ciudades y en pequeños centros urbanos, protagonizadas por estudiantes, trabajadores, vecinos y comunidades; se mantienen las demandas insistentes por educación pública gratuita y de calidad, como derecho social y no como mercancía sujeta al lucro; una reforma tributaria equitativa para financiar las urgentes necesidades públicas, sin trucos para evadirla y según la magnitud del enriquecimiento de una minoría; por los derechos de los pueblos originarios, de las minorías sexuales; por la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales.

Aumenta la exasperación contra las AFP por sus ganancias escandalosas en contraste con las miserables pensiones que pagan; decenas de miles firman requerimientos judiciales para que se anulen los reajustes inconsultos de las Isapres; los usuarios de la salud pública se rebelan contra las carencias de medios y el deterioro de postas y hospitales; se reclama por los abusos de los grupos monopólicos como las cadenas de farmacias, las grandes tiendas y los bancos que se coluden para esquilmar a los consumidores, mientras a sus dueños y ejecutivos se les perdona sus delitos o se les condona multas e intereses penales.

El modelo económico y social, la confianza en el libre mercado y en las grandes empresas privadas, está severamente dañada, según lo reconocen dirigentes de los gremios empresariales. Las respuestas de más de dos tercios de los consultados reflejan la convicción generalizada de que el estado debe intervenir más activamente en la economía, establecer controles efectivos, hacerse cargo de la educación, los hospitales, los recursos naturales, la previsión y hasta del comercio de medicamentos.

Las encuestas internacionales de opinión revelan hace ya tiempo una mirada muy negativa a los partidos y políticos que gobiernan. En muchos países del mundo una proporción de electores cercana al 50% se abstienen de ir a las urnas como forma de desencanto o de protesta. Los partidos políticos, socialdemócratas, socialcristianos y de derecha, antaño con gran soporte electoral,hoy están en decadencia.

Se les reprocha que, aunque se disputen el poder, comparten políticas similares, se enriquecen ilícitamente, no les importa el sentir ciudadano y legislan según los dictados de los grandes intereses. En Chile se escuchan las mismas críticas.  Ahora se comprende mejor que el sistema electoral binominal y las llamadas leyes orgánicas otorgan a la minoría derechista en el Congreso un poder de veto para impedir los cambios.

La desconfianza alcanza al sistema judicial, por la impunidad que gozan los delincuentes de cuello y corbata;a la administración pública, incluso militar, por la proliferación de fraudes y sobornos; llega hasta la alta jerarquía de la Iglesia Católica por el encubrimiento de delitos sexuales y a personeros de otras iglesias por su oposición a los demandas femeninas y de los homosexuales.

Por todo eso, no sólo el modelo económico social, sino toda la institucionalidad  que nos rige están severamente cuestionados. La constitución pinochetista que se nos impuso hace 33 años debe ser reemplazada, según lo manifiestan grandes mayorías de chilenos. Un creciente apoyo va encontrando la Asamblea Constituyente y el Plebiscito, entre otros medios democráticos, para  que se ejerza la soberanía popular.

Similitudes y diferencias con la época previa al derrocamiento de Allende

Hay una visión apocalíptica que los privilegiados de siempre atribuyen a los procesos de crisis y cambio. Hoy vuelve a asomar ante su propio temor de que los chilenos tomen en sus manos las riendas de su destino. Es la carta que luego convierten en “campaña del terror”.

Ya desde mediados de los sesenta la empezaron a utilizar contra las movilizaciones campesinas que exigían tierras y el derecho a la sindicalización. Era la época de los pobladores y de la masiva toma de terrenos urbanos para levantar ellos mismos sus modestas viviendas;de los centros de madres por la salud y alimentación desus hijos;de los estudiantes por la Reforma Universitaria; de los obreros y empleados por empleos y participación justa en las decisiones y resultados de las empresas.

Chile no era el único país en ebullición en el continente. Había triunfado la Revolución Cubana, caían los últimos dictadores, proliferaban luchas armadas en Centro y Sudaméricay surgían gobiernos progresistas militares y civiles inéditos en Perú, Bolivia, Ecuador, Jamaica, Panamá. En África se desmoronaban los regímenes coloniales.

En 1970, Chile parecía dividido en tres bloques políticos. Se hablaba de los tres tercios como si fuera una característica permanente de la política chilena. En verdad,  una mayoría de dos tercios de los chilenos –a través de las candidaturas presidenciales de Allende y Tomic- se pronunciaba por reformas sustantivas a la economía, a la propiedad de las grandes industrias y los bancos, por la nacionalización del cobre, la reforma agraria, la ampliación de los derechos sociales.

El otro tercio era la derecha, con sus odios y prejuicios, enemiga de los cambios, aferrada a sus privilegios, dispuesta a utilizar hasta la violencia extrema para conservarlos.

Triunfante en La Moneda, Salvador Allende, con el apoyo de los comunistas y una parte de la Unidad Popular, se propuso llevar a la práctica esa mayoría de dos tercios que asegurara un indispensable respaldo parlamentario, en las calles, en los servicios y empresas vitales y en las instituciones armadas, en defensa de la democracia y de las reformas estructurales en las que concordaban los programas de la Democracia Cristiana y la Unidad Popular.

Que la estrategia allendista era posible, lo demostraron hechos importantes de aquellos días, como la mayoría UP-DC que ratificó a Allende en el Congreso Nacional, el repudio a las tempranas maniobras derechistas tales como, los intentos de soborno para desconocer el triunfo de Allende y la conspiración golpista mediante el secuestro y asesinato del general Schneider. Pronto se concretó el apoyo DC a la nacionalización del cobre, a la aceleración de la reforma agraria, a la cancelación del monopolio telefónico de la ITT,y otras leyes de beneficio social.

La DC aceptó la socialización de la banca, aunque en vez de la estatización proponía la cooperativización. Concordó con la UP en impulsar la expansión de los jardines infantiles, los mejoramientos de las pensiones, del salario mínimo y de las asignaciones familiares. Asintió con el Gobierno Popular en fortalecer la CUT, la organización sindical, las  negociaciones colectivas tripartitas y la administración de las Cajas de Previsión por sus imponentes.

El primer año de Allende, 1971, sin la oposición desestabilizadora que vino más tarde, el PIB tuvo un aumento espectacular del 8%, y la cesantía fue reducida al 3%.

Pero las capas medias son heterogéneaspor su ubicación social, con visiones ideológicas diversas y notorias diferencias en la escala de ingresos. Carecen de una misión unificadora propia de “clase para sí” y son objeto de intensa disputa entre la burguesía y el proletariado, los dos polos antagónicos permanentes en la lucha de clases dentro del capitalismo.Son, por su naturaleza, oscilantes, tan pronto atraídos por uno y luego por el otro bando, según las circunstancias políticas.

La estrategia de Allende no fue comprendida por una parte de sus partidarios. Éstos caían en lo que Lenin llamó el infantilismo revolucionario que desestima la verdadera correlación entre las fuerzas políticas y sus cambios. Sectores minoritarios dentro de la UP, influenciados desde fuera por, el aún más reducido MIR, creían que obtendríamos rápidamente el apoyo de la mayoría, “avanzando”, mediante un ilusorio y divisionista poder popular contrapuesto al Gobierno Popular; o mediante expropiaciones a capitalistas medios y pequeños causando su paso a la oposición, pese a que tal medida nunca estuvo planteada en el  programa de la UP, sino al contrario, se proponía el apoyo a su labor.

Los ultras amenazaban a viva voz emplear la lucha armada, causando resquemores en los militares constitucionalistas. Pretendían que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y que bastaba tener “la voluntad” para llevarlo a la práctica. Subestimaban al enemigo de clase y se negaban a acuerdos necesarios con los partidos representativos de los estratos medios (en esos años, principalmente demócratas cristianos y radicales).

Por su parte, la derecha aprendió de sus errores y cambió de táctica. Después de haber sido hasta violenta  opositora a las reformas progresistas de Frei Montalva y haber combatido la candidatura de Tomic, se volcó al objetivo principal de atraer a los partidos centristas para formar una mayoría opositora destinada a paralizar al Gobierno Popular y desestabilizarlo hasta su  derrocamiento.

Pero Allende y sus colaboradores leales, incluidos la gran mayoría de los obreros sindicalizados, vastos sectores campesinos, una gran parte de la juventud y de las poblaciones populares, no se amilanaron. Se atuvieron a los compromisos programáticos contraídos. En menos de tres años ya se habían cumplido un buen número de ellos, pero había que afianzarlos, sobre todo el control popular de la producción y la distribución y la materialización de los nuevos beneficios sociales.

Si no lo hubieran hecho así, si se hubieran doblegado a las presiones y amenazas de la Derecha, es probable que no hubiera ocurrido el Golpe. La única culpa que los allendistas podría aceptar es haber sido consecuentes hasta el final, sabiendo los riesgos que corrían, pero convencidos que era posible alcanzar esa mayoría nacional necesaria para consolidar los cambios en la estructura social.

Los resultados de las elecciones municipales de 1971 donde el allendismo obtuvo más del 50% y luego las legislativas de Marzo de 1973 demostraron que el Gobierno Popular no perdía sino que aumentaba su apoyo en las urnas en comparación con la votación presidencial. Más valor tenía ese resultado, pues se conseguía en medio de una virulenta ofensiva opositora que estaba logrando desestabilizar la economía y el orden público, mediante el sabotaje, el acaparamiento y los atentados criminales.

La Unidad Popular continuaba siendo el más numeroso de los tres tercios. Al elevarse ese respaldo electoral desde el 36% hasta el 43,4% en menos de tres años, no era descabellado concluir que para las presidenciales del 76, había favorables posibilidades deganar una mayoría electoral para un segundo Gobierno Popular. La condición clave era el compromiso de la UP y la DC en defensa de la continuidad democrática y de la preservación de la Constitución, cualquiera fuera el resultado electoral.

Conclusiones similares sacaron los políticos reaccionarios y sus padrinos del imperio. De allí que, ante la imposibilidad de la destitución constitucional por el Congreso, se intensificaron los conciliábulos para apurar el golpe militar.

Existen abundantes pruebas de los ajetreos realizados en Washington y Chile por sus agentes públicos y encubiertos, chilenos y extranjeros, civiles, grandes empresarios y generales. Desde el mismo 4 de Septiembre de 1970, bajo las órdenes de Nixon y Kissinger y con la complicidad directa de Agustín Edwards.

No se escatimaron dinero, armas, penetración en los medios militares, publicidad falsa, intrigas, crímenes políticos. El asesinato de Pérez Zujovic  dejó muchos rastros de una provocación urdida para provocar un viraje en la Democracia Cristiana. Así, ésta pasó de una colaboración reticente con el Gobierno Popular a una oposición cerrada, hasta ceder a una alianza electoral y política con la Derecha cuyos fines golpistas eran inocultables.

Era un siniestro contubernio, donde confluyeron generales muy cercanos a la DC, almirantes en íntima connivencia con políticos millonarios de la derecha, altos jefes de la Aviación y Carabineros, dirigentes de los gremios patronales. Pinochet con su estrecho y secreto grupo vinculado a la CIA, asumió el rol de Judas traicionando las lealtades que había aparentado.

Los líderes de la DC creyeron que los militares reestablecerían rápidamente los derechos civiles y que la derecha reconocería su mejor derecho para volver a La Moneda. Pero los golpistas, en total acuerdo con Washington, querían no sólo derribar a Allende, sino destruir la democracia hasta sus cimientos. Una vez más se cumplió el vaticinio de Tomic: “cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana”.

Como es sabido, un sector respetable de la DC propició una salida democrática a la crisis, contaba con el Cardenal Silva Henríquez, confiaba en los militares leales a la Constitución y condenó públicamente el Golpe. Pero, las diferencias políticas en la DC eran tan profundas que mientras unos dirigentes como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Renán Fuentealba y muchos más se opusieron desde el primer día a la dictadura, y por eso fueron perseguidos;otros, en cambio, contribuyeron activamente a la conspiración como Juan De Dios Carmona, Luis Thayer Ojeda, Sergio Ossa Pretot, Jorge Cauas y Alvaro Bardon.

Hay quienes todavía afirman que el fracaso de Allende se debió a las divergencias políticas al interior del gobierno; señalan diferencias entre Allende y los partidos de la UP, y particularmente entre socialistas y comunistas. La historia política enseña que, especialmente en los procesos de  cambio siempre se presentan desacuerdos y puntos de vista diversos en las coaliciones; son inevitables, juegan su papel negativo, pero no es lo decisivo.

Lo importante es ver quiénes son los oponentes principales, cuál es el enfrentamiento principal y cómo se lo aborda. Fue Washington y su incondicional aliada en Chile la oligarquía o burguesía monopolista los que se impusieron por la violencia extrema, con el apoyo más o menos activo de capas medias, quienes derrotaron a las aún insuficientes fuerzas políticas democráticas del pueblo chileno, incluidos los militares constitucionalistas, víctimas de la deslealtad y las intrigas.

Desde el punto de vista de las clases, tales fueron los culpables del genocidio mientras volvían a adueñarse del poder y de las fuentes de riqueza del país.En cuanto al contenido mismo de las divergencias dentro del campo popular, lo importante es ahora ver quien tenía la razón y quien estaba equivocado. La estrategia de Allende para avanzar al socialismo mediante profundas transformaciones democráticas, la soberanía económica sobre nuestros recursos nacionales y la dignificación material y espiritual de los trabajadores,en el marco de la Constitución, sin confrontaciones armadas, sin guerra civil, tenía toda la razón.

Así es reconocido en todo el mundo. Los cambios, progresistas y estructurales,  que se han producido por esta “vía allendista” en diversas naciones de América Latina han agrandado su figura y su pensamiento.

El rol de las Fuerzas Armadas, actor decisivo en la ejecución del Golpe, es un tema que no puede dejarse en la sombra. En varios de los nuevos gobiernos progresistas del continente, el liderazgo civil ha logrado que ellas se mantengan subordinadas a los poderes constitucionales. En algunos casos esto se ha logrado en parte con profundas reorganizaciones o el enjuiciamiento a los golpistas; en otros casos, los ejércitos han acatado de buen grado las políticas nacionalistas sobre los recursos naturales y de independencia ante las grandes potencias.

También hay casos en los que se mantiene el olvido y la impunidad. Pero no han faltado nuevos intentos de golpes militares, como en Venezuela, Honduras, Ecuador y Paraguay, cada uno con sus propias características. El golpe de abril en Caracas fue ejemplarmente derrotado por la acción masiva del pueblo que rodeó los cuarteles y el rechazo de parte de la mayoría del ejército, soldados y oficiales. Chávez aprendió la lección, depuró las Fuerzas Armadas, intensificó la educación democrática y la doctrina bolivariana y organizó las fuerzas reservistas en defensa de la nueva Constitución.

Algo parecido ocurrió en Ecuador, donde el Presidente Correa, con el apoyo popular activo y de una parte del ejército, derrotó el intento.

En Chile se ha avanzado lentamente. Se logró enjuiciar y condenar a una parte de los criminales, pero otros siguen en libertad. Fueron reivindicados los generales Prats y Bachelet, pero aún falta una profunda y sincera autocrítica del papel de las instituciones armadas en la dictadura. Fueron eliminados los poderes supra constitucionales para las FF.AA que Pinochet estableció en su Constitución, pero aún falta una norma que condene a los ejecutores y a los intentos de usar las armas contra el pueblo.

Poco se sabe de lo que se piensa al interior de los cuarteles. No hay constancia sobre cuál es la formación ideológica de tropas y oficiales y la versión que se les entrega sobre la historia reciente. No está claro si se ha avanzado en cortar los lazos de dependencia y la injerencia del Pentágono en temas sensibles para la soberanía nacional.

Hay diferencias importantes entre el período alrededor del 11 de septiembre de 1973 y los tiempos que estamos viviendo.

Los cambios que hoy están a la orden día difieren de los que estaban en ese entonces. El Programa de la Unidad Popular planteaba cambios de fondo en la propiedad de los recursos naturales, minerales, tierra, bancos y grandes empresas monopólicas. Hoy se trata de recuperar, y parcialmente, algunos de esos recursos básicos, reducir las enormes desigualdades entre los chilenos, reestablecer el carácter público de la educación, la salud y la previsión que ya en esa época eran controlados y administrados por el estado.

La fuerza política e ideológica de la Unidad Popular estaba arraigada en buena parte de la ciudadanía, pero no tenía la mayoría electoral y parlamentaria para llevar a cabo integralmente su programa. Aun así cumplió buena parte del mismo. Hoy, la Izquierda se encuentra dispersa, no cuenta con una base ideológica concordante; la mayoría de los trabajadores continúa desorganizados, o atomizados en sindicatos paralelos; no existe launidad socialista-comunista basada en los postulados de Marx y Lenin.

Sin embargo, tenemos terreno favorable para que nuestro pueblo recupere posiciones y avance. La creación de una nueva coalición, la Nueva Mayoría, con claras perspectivas de ganar la Presidencia de la República y una amplia supremacía en el Congreso para refrendar legalmente los cambios que hoy se demandan es un paso de gran trascendencia.

La Nueva Mayoría es diferente de la Concertación, aunque no pocos de sus personeros y partidos  son los mismos. Lo que hace la diferencia es la participación en ella del Partido Comunista y de los nuevos partidos, el M.A.S y la Izquierda Ciudadana y el acercamiento con otras corrientes de izquierda. Además, dirigentes del Partido Radical, del PPD y de algunos de los otros componentes han avanzado en la autocrítica de los gobiernos concertacionistas y asumido reiteradamente los cambios estructurales que se necesitan.

La propia candidata presidencial, con el asentimiento de su Partido Socialista, se ha pronunciado claramente a favor de algunos importantes lineamientos programáticos de contenido progresista. Al hacerlo antes de las primarias y haber obtenido el 72% de respaldo, (más de 77%  al agregar los planteamientos del candidato del PR) es una clara ratificación del respaldo popular que ellos concitan.

La Nueva Mayoría y la Democracia Cristiana

La Democracia Cristiana en su posición frente a los comunistas ha tenido vuelcos profundos, en un sentido y en el contrario. Después de haber comprobado su grave error al haber propiciado el Golpe de Estado, al poco tiempo, buscó el acercamiento con los comunistas, para oponerse a la dictadura. Hubo numerosas acciones comunes concordadas con todas las fuerzas democráticas y surgió una gran movilización de masas que en 1986 amenazaba con derribar al tirano.

Desgraciadamente, la Asamblea de la Civilidad, tal vez el más potente y unitario conglomerado político-social formado hasta entonces, fue desahuciado por la DC, según la recordada declaración pública de uno de sus dirigentes, Gutenberg Martínez. Fue evidente, una vez más la injerencia de Washington, su veto a la participación de los comunistas y su oposición al derrocamiento de Pinochet.

El pretexto fue la lucha armada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de otras agrupaciones que contribuyeron con sus vidas a erosionar el poder dictatorial.

La decisiva intervención norteamericana, en acuerdo con una parte de la Derecha, consiguió sus finalidades: desplazar a Pinochet, antes que fuera derribado; constituir un frente político integrado por derechistas moderados, la DC y sectores socialistas partidarios de una “transición pactada” con el dictador;y aislar al PC y a la izquierda.

Durante los primeros gobiernos de la Concertación, los demócratas cristianos volvieron a constituirse como el partido con mayor fuerza electoral del país. Pero ahora su utopía estaba lejos del comunitarismoque habían propiciado en los años sesenta, una vía no capitalista de desarrollo, y de la llamada “revolución en libertad”. Con todo el proyecto que elaboraron en vísperas del Plebiscito, era todavía crítico del modelo neoliberal implantado por los pinochetistas.Y luego, el programa presidencial de Aylwin contenía no pocas propuestas de cambios en diversos ámbitos, entremezclado con concesiones a la derecha pinochetista y a las demandas norteamericanas.

Pero ese fue el programa “abandonado”, por el temor a Pinochet, de no agitar las aguas y de cumplir en la “medida de lo posible”. Su sucesor, Frei Ruiz Tagle impuso una línea que lo llevó a profundizar el neoliberalismo. Al poco tiempo la DC comprobó que perdía apoyo en su electorado. Cedió su primer lugar a la UDI, como el partido más votado.

El PS, el PPD, y el PR sumados, sobrepasaron la precandidatura del DC, Andrés Zaldívar en las primarias donde triunfó Lagos. Luego en las primarias siguientes, Michelle Bachelet habría triunfado, si no es porque la precandidata DC Soledad Alvear prefirió retirarse antes que ser derrotada. La tendencia descendente volvió a confirmarse en las primarias de este año, donde Claudio Orrego el candidato de la DC obtuvo apenas el 8%.

Pero, más allá de los resultados electorales hay otros fenómenos que confirman esa decadencia: la pérdida notoria de su influencia en la CUT, en numerosos e importantes sindicatos, en las federaciones estudiantiles, incluida la Universidad Católica, en regiones y en municipios donde su influencia se ha deteriorado. Además ha sufrido la renuncia de parlamentarios que han formado tienda aparte.

En resumen, si en 1990 la DC podía contar con un 25% del electorado, en las municipales de 2012 había bajado al 15%. 

En el debate político e ideológico interno, el PDC ha mostrado un cierto equilibrio de fuerzas. Los críticos a la actual presidencia disienten de su discurso reiterativo en añejos prejuicios anticomunistas y reprobaron el carácter conservador del proyecto voceado por Claudio Orrego. Este no ha negado que su Partido debe ser un elemento moderador de las reformas adelantadas por Bachelet.

Los críticos aspiran a una puesta al día de la visión de su partido, especialmente en materia cultural y económica. Entretanto, lo más importante es que la DC -por primera vez en su historia- ha aceptado compartir una alianza electoral nacional y un programa común y analiza un posible gobierno conjunto con el Partido Comunista.

De hecho ha terminado por aceptar que ya no existe más la Concertación y que la Nueva Mayoría de la cual se siente partícipe es la sustituta para gobernar el próximo cuatrienio.

Se percibe, entretanto que las bases de uno y otro partido, como también de los demás integrantes, se sienten cómodos por la lucha común que han iniciado.

Salvador Allende también estaría contento de ver que la historia le está dando la razón.

(*) Ex diputado, ex Ministro de Economía del Presidente Salvador Allende

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