En una nueva audiencia de formalización. el Octavo Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para  Edgardo Mauricio Pinto Meneses, imputado por el Ministerio Público como autor de delitos tributarios, en el denominado caso Penta. Con arraigo nacional y firma mensual quedaron otros doce imputados, ente ellos Santiago Valdés, ex administrador electoral de Piñera; María Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner;  Isabel Marinovic Merino, pareja de Iván Moreira,  y Carmen de Castro, administradora electoral del ex lcalde Pablo Zalaquett.

 

La magistrada  Alicia Rosende Silva dejó sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual a los siguientes coimputados en la causa:

Óscar Ramón Buzeta Undurraga, Hernán Carlos Concha Vial, Marcos Comparini Fontecilla, María Carolina de la Cerda Íñiguez, Carmen Luz de Castro Blanco, Eduardo Antonio Montalva Pérez, Isabel Margarita Marinovic Merino, Andrea Teresa Shultz Figueroa, Verónica Eugenia Nieto Infante, Rodrigo Antonio Molina Requena, Antonio Marcelo Espinoza Pizarro y Santiago José Valdés Gutiérrez, como autores de delitos tributarios reiterados y consumados, perpetrados en diversos periodos entre 2008 y 2014, en Santiago.

Los formalizados fueron Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner; la administradora electoral del ex edil Pablo Zalaquett, Carmen de Castro; Santiago Valdés, ex gerente de Bancard, empresa relacionada con Sebastián Piñera. Además, la pareja de Iván Moreira, Isabel Marinovic, de quien fue rechazado un recurso de amparo; y también el chofer del parlamentario, Rodrigo Molina; su secretaria Andrea Schultz, su ex asesor Eduardo Montalva y la secretaria de la UDI Verónica Nieto.

También se formalizó al ex vicepresidente de Banco Penta, Marcos Comparini, al gerente de Desarrollo del holding Óscar Buzeta, el asesor Hernán Concha; y a Antonio Espinoza y Edgard Pinto, ejecutivos relacionados con el grupo Cruzat.

Tras la audiencia, el fiscal Carlos Gajardo señaló que ésta «se desarrolló con tranquilidad y de acuerdo a lo que habíamos planificado, quedamos bastante conformes. Las medidas que se establecieron fueron las que pidió la fiscalía».

Acerca de la medida especial solicitada para Edgard Pinto, el fiscal Gajardo explicó que, dadas las características de los ilícitos imputados en su contra, correspondía una cautelar de este tipo. “Los mayores montos y reiteración entre los imputados corresponden a él, a su respecto se le imputaron cargos que provocaron una defraudación fiscal por más de 2 mil millones de pesos y, por lo tanto, creímos que merecía una medida cautelar más intensa”, explicó.

Quien también quiso ser parte de esta audiencia fue el Servicio de Impuestos Internos (SII), que presentó una querella en contra de ocho de las trece personas que fueron formalizadas.

Sin embargo, Gajardo aseguró que si bien es “oportuna, no hay un aporte mayor para profundizar en la causa”.

Dentro de los cargos presentados destaca el que se imputó contra Santiago Valdés, administrador de la campaña política de Sebastián Piñera, quien fue formalizado por un contrato forward. En lo procesal, se espera que el Ministerio Público profundice esta investigación con la acción del SII.

La querella del ente fiscalizador no incluye la frase “contra quienes resulten responsables” y es absolutamente nominativa respecto de las personas que aparecen, es decir, Santiago Valdés, Marco Comparini, Carmen Luz Castro y cinco boleteros del senador Iván Moreira, con lo que se repite lo ocurrido en el caso de SQM Salar, limitando el accionar del Ministerio Público.

El abogado de Santiago Valdés, ex administrador de la campaña electoral de Sebastián Piñera, Rodrigo Zegers, descartó que el ex Mandatario haya tenido alguna responsabilidad en los contratos firmados por Bancorp con Penta:

«Estamos absolutamente convencidos de que nuestro cliente es inocente y que se trata siempre de servicios efectivamente prestados, cancelados, debidamente contabilizados y a partir de ahora tenemos la oportunidad de poder probar su absoluta inocencia».

Al ser consultado sobre una posible participación de Piñera en estos hechos, Zegers señaló:

 «No tiene absolutamente nada que ver. Don Sebastián Piñera no tiene ninguna participación en estos hechos». Era que no.

En tanto, el fiscal Carlos Gajardo también se refirió al tema, señalando que «la Fiscalía no ha hecho esa indagación aún, no han habido levantamientos de secreto bancario y será una decisión que se tomará en su momento».

«Lo que se le ha imputado al señor Santiago Valdés tiene que ver con la confección de un forward por aproximadamente 50 millones de pesos que la Fiscalía indica que no es real y la facilitación que se hizo de facturas de diversas empresas, de la empresa Vox Populi, Bancorp y de Inversiones La Música, en favor de Soquimich, por facturas que no son reales, que no dan cuenta de servicios reales y ésa es la imputación que se ha hecho», añadió.

Tribunal fijó para noviembre audiencia de formalización de personas jurídicas

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 18 de noviembre la audiencia de formalización contra cinco personas jurídicas de las sociedades del grupo Penta, luego que el fiscal nacional Sabas Chahuán solicitara formular cargos por soborno en contra de dichas empresas, en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas que persigue el Ministerio Público.

Se trata de Penta Sociedad Anónima, Inversiones Penta 3, BanPenta, Administraciones SantaSarella Limitada e Inversiones Challico Limitadas.

Estas dos últimas, de propiedad del ex gerente del holding, Hugo Bravo, quien será imputado en representación de las mismas.

En el caso de Inversiones BanPenta e Inversiones Penta 3, quienes serán formalizados son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, mientras que por Penta Sociedad Anónima, enfrentará cargos Manuel Antonio Tocornal, Sergio Rojas y Oscar Buzeta.

De acuerdo al Ministerio Público, todas estarían vinculadas a pagos emitidos a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez y Juan Martínez, quienes se encuentran formalizados en la causa.

Las condenas que arriesgan dichas sociedades, en tanto, van desde multas hasta la disolución de la empresa.
 
SQM: Los argumentos de la fiscalía para obtener acceso a aportes reservados del Servel

Con el fin de lograr una autorización para que el Servicio Electoral (Servel) entregue los datos de los aportes reservados para el financiamiento de las campañas de 32 personas en las elecciones de 2012, para las que el senador PS Fulvio Rossi habría pedido aportes irregulares al ex gerente de Soquimich (SQM), Patricio Contesse, la fiscalía finalmente envió un oficio con antecedentes adicionales al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En el documento, además de mencionar nuevamente el correo entre Rossi y Contesse, se señala como argumento una boleta a SQM de la ex asesora comunicacional del senador PS, Mariela Molina por un monto de $ 3.333.333, «emitida con fecha 28 de agosto de 2012, mismo mes y año en que el IL. senador Fulvio Rossi mantuvo intercambio de correos electrónicos con el aludido ejecutivo de la empresa SQM, para el financiamiento de campañas electorales. La mencionada boleta fue incorporada por SQM en la declaración rectificatoria presentada ante el SII en marzo de este año por falta de respaldo».

También se agrega que la ley electoral establece un secreto respecto del donante, no de su contraparte, por lo que indican que «tratándose de una persona jurídica, en este caso la sociedad anónima Soquimich, creemos que no se afectan garantías de intimidad o similares, ya que dicho ente carece de ellas».

Finalmente, la fiscalía solicita mantener el secreto de los documentos entregados y acompaña como antecedente la denuncia presentada el pasado 1 de septiembre contra Fulvio Rossi por ocho de los 32 candidatos, la que fue encabezada por el alcalde de Huara, Carlos Solva y la concejala de Iquique Danissa Astudillo.

El pasado 3 de septiembre el tribunal había considerado como «escasos» los argumentos entregados por el Ministerio Público para tener acceso a los aportes reservados del Servel, por lo que solicitó la entrega de más antecedentes.

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