La conmemoración de los 42 años del golpe de Estado en contra del gobierno de la Unidad Popular que encabezó el Presidente Salvador Allende Gossens, estuvo marcada por la reiteración de exigencias en materia de derechos humanos. Cierre de penal Punta Peuco, degradar a ex uniformados represores y avanzar en procesamientos e información, exigieron organizaciones de derechos humanos.
Desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pasando por legisladores y partidos políticos, hasta organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, se volvió a plantear este 11 de septiembre que debe cerrarse el penal de Punta Peuco, construido para tener en reclusión a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; que deben ser degradados todos los ex uniformados investigados, procesados y condenados como represores; se debe eliminar el secreto del Informe Valech establecido por 50 años, para conocer antecedentes de represores, cuidando la privacidad de las víctimas; y el Ejércitos y demás ramas de las FFAA, junto a Carabineros, deben terminar con “pactos de silencio” y entregar información sobre actos represivos que produjeron detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Desde varios sectores de los derechos humanos y de organismos políticos y sociales se cuestionó que ni el gobierno ni los militares responden a estas demandas.
Hubo también algunos cuestionamientos al atraso en la concreción de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estará en el organigrama del Ministerio de Justicia, pero ante eso la Presidenta Michelle Bachelet indicó que “esta entidad le dará coherencia y persistencia a nuestras acciones en la materia. Su ley está pronta a aprobarse en el Congreso, y cuando se ponga en marcha, liderará las tareas de verdad, justicia y reparación. E impulsará también una tarea de futuro: defender los derechos humanos de nuevas amenazas y hacer de ellos una cultura que impregne todas nuestras relaciones”.
También, implícitamente, la jefa de Estado se refirió a algunas de las reivindicaciones en esta materia. En una ceremonia recordatoria de quienes murieron defendiendo el gobierno constitucional el martes 11 de septiembre en La Moneda, Bachelet expresó que “aún hay privilegios que el Chile nuestro de hoy en día no tolera” y aseveró que “me encargaré que el cumplimiento de la justicia sea igual para todos, es un compromiso ineludible que asumo personalmente”.
En La Moneda, la Mandataria rindió un homenaje al Presidente Salvador Allende. Lo mismo hicieron organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, políticas al colocar ofrendas florales en la puerta de calle Morandé 80, en el palacio presidencial, y en actos junto al monumento a Allende frente a La Moneda.
Bachelet manifestó que “al conmemorar 42 años de una tragedia que desgarró el alma de Chile, lo hacemos sabiendo que un país de todos sólo se construye si es capaz de reconocer su propia historia y de tener un juicio moral compartido. Y ese juicio es uno solo: ¡nunca más el poder de la muerte, sólo el de la vida!”.
Sobre las palabras de la jefa de Estado, Viviana Díaz, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo que “no puedo concebir que han transcurrido tantos años que terminó la dictadura militar y continuemos con los privilegios”. Añadió que “ojalá que en su mandato pueda terminar con esta cárcel (Punta Peuco) que nunca debió haberse construido, porque aquí los que cometen crímenes van a la cárcel y no tiene por qué haber diferencias, más aún cuando aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables”.
Viviana Díaz apuntó que “los violadores de los derechos humanos tienen que estar en una cárcel común y corriente y no con privilegios como gozan hasta el día de hoy. Uno espera que eso sea pronto”.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, reiteró la demanda de “la degradación a militares violadores de derechos humanos y que civiles involucrados en dichos actos no puedan asumir cargos de representación pública”.
Anotó que las autoridades y los mandos de las FFAA “tienen que cumplir con tratados internacionales y con la democracia. El desarrollo del país no se puede basar en la impunidad”.
Fuente: El Siglo
