El 11 de septiembre de 2023 se cumplieron cincuenta años del golpe de estado que derrocó al gobierno popular constitucional de Salvador Allende. En todo el mundo partidos políticos, organizaciones sociales, universidades, personalidades y gobiernos, realizaron múltiples actividades conmemorativas antes, durante y después del 11.
En Chile la conmemoración cursó en el ciclo político generado por el estallido social del 18 de octubre de 2019, que inició un proceso constituyente y conquistó un gobierno de cambios. Proceso complejo, con problemas y desafíos similares a los de la Unidad Popular, entre ellos el crecimiento de la ultraderecha y su intento de imponer una Constitución aun más regresiva que la del 80 después del rechazo del texto de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
La experiencia de la Unidad Popular instaló interrogantes que tienen mucha actualidad. ¿Fue demasiado radical la estrategia política de la UP. ¿Es posible volver a impulsar un proceso de esas características? ¿Cómo superar los obstáculos y derrotar a los enemigos y adversarios de las transformaciones, el sabotaje y obstruccionismo de la derecha al programa de gobierno conducirán a repetir el desenlace trágico del 73? ¿Se podrá avanzar en satisfacer las urgencias de los sectores populares en el dinámico y contradictorio cuadro político actual?
Por lo pronto, enunciamos 10 afirmaciones que luego argumentaremos.
1.- En este 50º aniversario, sigue más vigente que nunca el proyecto de la Unidad Popular de transformaciones anticapitalistas con vistas al socialismo, que quedó inconcluso solo debido al golpe de estado y el terrorismo desencadenado contra el pueblo chileno.
2.- La Unidad Popular triunfó en 1970 con un programa que se proponía avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política. Este hecho inédito puso en jaque la hegemonía global de Estados Unidos al constituirse en ejemplo para otros países, como Italia y Francia, en los que cursaban procesos políticos similares a Chile. De allí que el gobierno de Estados Unidos decidió acabar con el gobierno de Allende a través del golpe de estado.
3.- El proyecto de la Unidad Popular era viable, su radicalidad tenía sintonía con su tiempo y con las necesidades del desarrollo nacional, coincidía con las tendencias ideológicas y políticas predominantes en el mundo y con las peculiaridades históricas del movimiento popular.
4.- Una tragedia como la del 73 es hoy evitable si se asumen las lecciones del proceso de la Unidad Popular, primeramente la necesidad de defender las transformaciones y avanzar desde la conquista del gobierno -que es sólo una parte del Estado- a hegemonizar el conjunto de las instituciones estatales.
5.- El gobierno de Estados Unidos y la derecha fueron los principales protagonistas del golpe de estado, pero éste no hubiera ocurrido sin la participación democratacristiana. Tal como afirma Renán Fuentealba, el acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 que declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Allende, significó dar “luz verde” al golpe.
6.- El golpe de estado pudo evitarse. A pesar que la Unidad Popular cometió errores, su accionar respetó la legalidad e institucionalidad existente, y se jugó por realizar su programa en acuerdos y entendimientos con la Democracia Cristiana, alcanzando notables resultados cuando ese partido era encabezado por una directiva progresista.
7.- Aunque hubo quienes abogaron por una alianza estratégica de la Unidad Popular con la Democracia Cristiana, bastaba dar continuidad a los entendimientos UP-DC existentes para el éxito de la vía institucional al socialismo. Pero esa posibilidad fue bloqueada por el sectarismo de un sector de la UP, por el rechazo del sector conservador de la DC y por la conspiración del gobierno de Estados Unidos.
8.- La Unidad Popular precisaba encontrar las formas de avanzar en la conquista de mayores posiciones de poder estatal en el marco de la vía institucional, pero no se agotó la exploración de esas posibilidades. La historia de estos 50 años enseña que no basta ganar el gobierno para llevar adelante transformaciones revolucionarias, es imprescindible avanzar en la conquista del poder global del Estado.
9.- Después del fin de la dictadura, la conquista de una democracia real se frustró debido a la transición pactada con Pinochet bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, que impuso la mantención de la Constitución pinochetista, la exclusión del PCCh y la impunidad para Pinochet y sus secuaces, lo cual fue aceptado por democratacristianos y socialistas a partir de 1984 y 1985.
10.- En este nuevo tiempo pueden contribuir a un desenlace positivo el crecimiento de la izquierda, la unidad de los sectores democráticos y progresistas, el cuestionamiento de los pilares del modelo neoliberal incluida la constitución pinochetista, y los avances del multipolarismo en el mundo. Pero lo determinante es el ascenso de la movilización popular, que fue decisiva para terminar con la exclusión de los comunistas en el Parlamento y para la convergencia democrática que culminó en la victoria de la Nueva Mayoría en las elecciones presidenciales de 2013. Igualmente, el estallido popular de octubre de 2019 estuvo en el origen del actual proceso constituyente y de la victoria presidencial de Gabriel Boric.
1. LA UNIDAD POPULAR.
1.1. En sintonía con su época y con la historia del movimiento popular.
El intelectual de izquierda Tomás Moulian afirma que el proyecto de la Unidad Popular era inviable porque se propuso un programa demasiado avanzado, cuya realización necesitaba de una alianza estratégica con la Democracia Cristiana, contra la cual conspiraba la radicalización política de la época. A nuestro juicio, la Unidad Popular estuvo en sintonía con su tiempo, con las necesidades de desarrollo del país, con las tendencias ideológicas y políticas predominantes en el mundo, y con las peculiaridades históricas del movimiento popular.
Fue resultado de una poderosa corriente anticapitalista que se propagó a vastos sectores y creó hegemonía en torno a sus concepciones. Irradió a sectores medios; a cristianos que compartían la aspiración a la justicia social; a sectores “constitucionalistas” de las Fuerzas Armadas, que respetaron la voluntad popular y reivindicaron la soberanía “geoeconómica” del país; al Partido Demócrata Cristiano, donde se expresó como socialismo comunitario y vía no capitalista de desarrollo. Creció en la lucha social de décadas, en las huelgas y paros nacionales, las tomas de terrenos de pobladores sin casa, las luchas campesinas, las movilizaciones juveniles y estudiantiles, y se potenció con el desencanto ante las promesas incumplidas de la “revolución en libertad” del gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva.
Electoralmente, el 4 de septiembre de 1970 una amplia mayoría popular respaldó las transformaciones, ello se expresó en la suma del 36% de los votos por Allende y el 28% de Tomic -abanderado de la “vía no capitalista de desarrollo”-, muy por encima del 34,9% obtenido por el candidato derechista Jorge Alessandri, y esa mayoría condujo a la ratificación del triunfo por el Congreso Pleno.
El caudal electoral de la UP creció a más del 50% en las elecciones municipales de abril de 1971, y alcanzó un 44% en las parlamentarias de marzo de 1973, en plena escalada de desestabilización y conspiración golpista. El aumento de la votación de la Unidad Popular contrasta con la disminución electoral anterior de la DC, desde el exitoso 43,6% de los votos y 55,8% de los escaños en el Parlamento en 1965, a un 29,8% en 1969, a pesar que el gobierno de Frei Montalva tuvo el total respaldo político, económico y financiero de Estados Unidos y de países europeos.
El carácter avanzado de la Unidad Popular se explica por las particularidades del movimiento popular chileno, con gran incidencia del movimiento obrero y del Partido Comunista. Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista en 1912, y jugó un papel determinante en el crecimiento de la Federación Obrera de Chile, FOCH, y en la afirmación de su orientación anticapitalista, que como el POS proclamaba el socialismo como objetivo estratégico. La vocación de poder de la izquierda se plasmó tempranamente en la institucionalidad estatal.
Tan solo 13 años después de la fundación del Partido Obrero Socialista, la Convención Nacional de Asalariados -“una especie de Frente Popular (…) precursor del Frente Popular y la Unidad Popular”-, obtuvo un 28,46% en las elecciones presidenciales. En los años 30 ocurrieron acontecimientos trascendentales para el desarrollo del movimiento popular. En 1931 fue derrocada la dictadura de Ibañez y se sublevó la marinería, en 1932 surgió la República Socialista, y en 1933 se fundó el Partido Socialista de Chile, que se sumó a las fuerzas que luchaban por el socialismo. Luego emergió el Frente Popular, que triunfó en las elecciones presidenciales de 1938 con Pedro Aguirre Cerda.
El impacto en Chile de la Gran Depresión de 1929, con la consiguiente inestabilidad política y las protestas populares de los estudiantes, médicos, profesores y otros gremios, obligaron a Ibañez a dejar el poder en julio de 1931. Entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre del mismo año se sublevó la Escuadra Naval, en protesta por la disminución del 25% de los salarios de los suboficiales y de la marinería, pero su petitorio además incluía dividir las tierras productivas, suspender el pago de la deuda externa, redistribuir parte de los capitales de las Cajas de Crédito, las Agencias Fiscales, las Mutuales de la Armada y del Ejército, para invertirlos en industrias productivas y así dar trabajo a los desocupados, y manifestaba el deseo que el movimiento adquiriera características de revolución social.
En el turbulento proceso político posterior a la caída de Ibáñez, se produjo el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero y la instauración de la República Socialista el 4 de junio de 1932, que duró 12 días. La Junta de gobierno, encabezada por Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Matte, que tenía como líder militar a Marmaduque Grove, clausuró el Congreso Termal instalado por Ibañez, suspendió los lanzamientos de los deudores habitacionales, devolvió los dineros prestados por la Caja de Crédito Popular –la “Tía Rica”-, amnistió a los procesados y condenados por delitos políticos y sociales. Su manifiesto anunciaba que se proponían “organizar técnicamente la fuerza productora bajo el control del Estado, establecer ampliamente la justicia social y asegurar a todos los chilenos el derecho a la vida y al trabajo (…) iniciar la construcción de una sociedad mejor que la actual (…) para evitar la injusticia que significa la desigual repartición de la riqueza, se modificará el sistema tributario, gravando las grandes rentas”. Uno de sus decretos dio vida al Comisariato de Subsistencias y Precios, que permitiría 40 años después el funcionamiento de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) durante el gobierno de la Unidad Popular.
Jorge Arrate y Eduardo Rojas establecen que el Partido Socialista nació como alternativa popular al PCCh, en oposición a su “rigidez doctrinaria y estrategia internacionalista”, y al sectarismo de la política «de clase contra clase» orientada por la Internacional Comunista a los partidos comunistas en el mundo. Confluyeron pequeñas organizaciones de inspiración socialista; algunos oficiales jóvenes del Ejército insatisfechos con la situación del país, cuya figura descollante era el coronel Marmaduke Grove, principal protagonista de la República Socialista en 1932; y segmentos de la masonería que comenzaban a identificarse con las ideas socialistas y seguían atentamente los acontecimientos derivados de la revolución rusa.
El hecho más significativo de este periodo histórico fue la fundación del Frente Popular el 26 de marzo de 1936, integrado por representantes de los Partidos Socialista, Comunista y Radical Socialista. Luego se incorporó el Partido Radical y la Confederación de Trabajadores de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano, y sumaron también a intelectuales, artistas y escritores como Gabriela Mistral y Pablo Neruda, entre otros.
En 1938 el Frente Popular eligió como presidente al radical Pedro Aguirre Cerda, cuyo programa se basaba en el fomento estatal a la industrialización, la protección de los trabajadores y la extensión de la cobertura educacional bajo el lema «Gobernar es Educar». El gobierno creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que impulsó la producción industrial y la modernización del sector agrícola, construyó infraestructura y la generación de energía eléctrica, el refinado de combustibles derivados del petróleo y la producción de acero. Asimismo, llevó a cabo un ambicioso programa educacional dirigido a construir más de 1.000 escuelas básicas y abrir 3.000 plazas para nuevos maestros. El gobierno del Frente Popular fue el intento más audaz de modernización económica y social que ningún gobierno burgués había llevado a cabo hasta ese momento, paradojalmente realizado por una coalición que integró a la izquierda y a los comunistas, aunque éstos últimos no se incorporaron al gobierno.
Es importante valorar la participación de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y otras en las coaliciones políticas de la izquierda en este periodo, como la Convención Nacional de Asalariados en 1925 y el Frente Popular en 1938. Ello también se expresó, con nuevas formas, durante la Unidad Popular y en la lucha antidictatorial después del golpe de estado.
En las décadas del 40 y 50 continuó creciendo la izquierda, en un contradictorio proceso preñado de disputas entre comunistas y socialistas, pero siempre con avances. En las elecciones parlamentarias de marzo de 1945 el PC obtuvo cinco senadores y quince diputados, y en las elecciones municipales de 1947 obtuvo un 17% de los votos, lo cual fue una de las razones de su expulsión del gobierno de Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952) y de su proscripción, que duró hasta 1958 cuando el Bloque de Saneamiento Democrático derogó la mal llamada “Ley de Defensa de la Democracia”.
Antes de las elecciones presidenciales de 1952, el Partido Socialista Popular -surgido de la división socialista generada por el apoyo de algunos de sus dirigentes a la “Ley de Defensa de la Democracia”- acordó la candidatura presidencial de Ibañez, pero el sector al que pertenecían Salvador Allende y José Tohá rechazó el acuerdo y renunció al partido, aliándose con el PCCh para constituir el Frente del Pueblo, cuyo candidato en las elecciones presidenciales de 1952 fue Salvador Allende. Luego surgió el Frente de Acción Popular (FRAP), que en 1958 postuló por segunda vez a Allende ganando casi la presidencia. Después de la derrota en 1964 frente a Eduardo Frei Montalva, la izquierda continuó fortaleciéndose y en 1969 dio vida a la Unidad Popular, que ganó las elecciones presidenciales de 1970.
1.2. Realizaciones del gobierno de la Unidad Popular.
El gobierno de la Unidad Popular fue el más realizador de la historia de Chile. Ejecutó las principales transformaciones de su programa, incorporando como valor político y ético el cumplimiento de lo prometido a la ciudadanía, a diferencia de la habitual demagogia, engaño y posibilismo de políticos y gobiernos anteriores y posteriores a la UP.
En medio de la desestabilización promovida por la reacción y el imperialismo, se llevaron a cabo profundos cambios para convertir a Chile en una nación soberana, superar el atraso y la injusticia social y avanzar en la perspectiva del socialismo, varios de los cuales contribuyeron decisivamente al desarrollo futuro del país y permanecen plenamente vigentes.
La nacionalización del cobre permitió controlar inmensos recursos financieros y destinarlos al desarrollo nacional, y desde ese momento todos los gobiernos dispusieron de ellos.
La “chilenización” del gobierno de Eduardo Frei M. había sido muy insuficiente, perjudicando el interés nacional en beneficio de las empresas norteamericanas. A la empresa Anaconda se le pagó 175 millones de dólares por el 51% de las acciones, aunque el valor de toda la empresa era 181 millones de dólares. La administración continuó siendo de los norteamericanos a pesar del 51% del Estado chileno, y para aumentar su rentabilidad, las empresas explotaron irracionalmente los yacimientos, obteniendo entre 1965-1970 más utilidades que antes de la chilenización.
El programa de la UP establecía que “El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la gran minería del cobre, hierro, salitre y otras, que están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos”. La idea era recuperar para el Estado la propiedad de la riqueza minera que solo se entregaría en concesión, y convertir el cobre en elemento articulador de la economía chilena y factor principal en la generación de divisas y en la construcción y funcionamiento de un gran polo de desarrollo que incluyera refinación, industrialización, utilización de subproductos, tecnología aplicada, investigación, e industrias asociadas.
El 11 de julio de 1971, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización del cobre. Ese día, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente Salvador Allende señaló: «Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas».
A pesar que la propiedad estatal de los yacimientos mineros se mantuvo en la actual Constitución (“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles…”); Pinochet entregó en “concesión plena” nuestras reservas al capital transnacional, convirtiéndolas en su virtual propiedad, que pueden comprar y vender, exigir al Estado el pago total del valor comercial de las reservas en caso de renacionalización, explotar sin límite y pagando casi nada en renta e impuestos, además del 10% de las ventas a favor de las FF.AA., que sólo grava a Codelco.
Usando estas normas inmodificadas por los gobiernos de la Concertación, las transnacionales se apoderaron de los nuevos yacimientos que debieron ser de reposición de Codelco, y pasaron a controlar 2/3 de la producción de cobre, exportando mineral concentrado. Durante años, la caída del precio del cobre tuvo origen en la sobreproducción mundial creada desde Chile por las transnacionales, a las que no afectaba el bajo precio por su pertenencia a conglomerados internacionales que refinan e industrializan el cobre fuera de Chile, siendo su tributación casi nula y el pago por la concesión de la explotación prácticamente inexistente.
La profundización de la reforma agraria terminó con el latifundio, sentando las bases del desarrollo intensivo de la producción frutícola y vitivinícola.
Frei Montalva había expropiado 220.000 hectáreas, y el gobierno de la UP -en menos tiempo- expropió 439.480 hectáreas. Se creó la Empresa Nacional de Semillas para la venta y distribución de semillas, y se establecieron poderes compradores del Estado para evitar estafas a los productores y asegurar precio justo, a través de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), CORFO y Sociedad Comercializadora del Agro (SOCOAGRO).
Con la legislación existente pasaron al área social alrededor de 91 empresas monopólicas estratégicas; 16 de los 18 bancos privados existentes, con lo cual se democratizó el crédito y se llegó a controlar el 90% del comercio exterior y el 60% del comercio de importación.
Por primera vez en la historia se redistribuyeron radicalmente los ingresos, aumentando los sueldos, salarios y pensiones. Entre 1970 y 1973, más del 60% del ingreso nacional lo percibían los asalariados; en 1971 y 1972 los ingresos mínimos aumentaron 74,41% por encima del valor de la canasta básica. El Mercurio reconoció que el salario mínimo real de 1973 “fue 3 veces superior al de 1988” , esta mayor capacidad adquisitiva del pueblo amplió el mercado interno haciendo crecer la industria nacional. En contraste, “para 2011 el 10,1% del ingreso total de Chile se lo estaba apropiando el 0,01% de la población -1.200 personas-, mientras el 0,1% y 1% de la población lo hacía, respectivamente, del 17,6% y del 30,5% del total del ingreso”. Se limitó a un máximo de 20% de las remuneraciones los pagos de dividendos de la deuda hipotecaria.
Uno de cada tres consultorios de salud atendía día y noche, para lo cual se contrató a todos los médicos recién egresados y a los alumnos del último año de las escuelas de medicina. La Escuela de Medicina de la Universidad de Chile abrió carreras vespertinas de médicos y enfermeras universitarias. Un Tren de la Salud recorrió todo Chile dando atención médica y dental a campesinos, mapuches y pobladores de lugares apartados. La educación era gratuita en la enseñanza básica, media y superior. Más de 2.500 trabajadores con enseñanza media se incorporaron a diversas carreras de la educación superior a través del convenio firmado entre la Universidad Técnica del Estado y la Central Unica de Trabajadores. Se otorgó la beca René Schneider a hijos de campesinos, obreros, mapuches, soldados. El Gobierno Popular recogió las inquietudes y clamores del pueblo mapuche, aprobando una Ley indígena centrada en la defensa y recuperación de la tierra, y el desarrollo de la cultura y el gobierno de sus asuntos por los propios mapuches.
Las 40 medidas del Gobierno Popular estuvieron dirigidas a mejorar las bajas pensiones y dar previsión a los que no la tenían, a proteger a la familia y al niño creando el Ministerio de la Familia, igualando las asignaciones familiares, desarrollando un programa de emergencia de vivienda, agua y luz eléctrica, otorgando matrícula, útiles escolares, desayunos y almuerzos gratuitos a los niños de la educación básica, atendiendo los problemas de seguridad en las poblaciones frente a la delincuencia y generando instancias que permitieran a los más pobres tener un mejor acceso a la justicia, elevando la probidad de las autoridades y la honestidad administrativa para hacer de la gestión pública un verdadero servicio a la comunidad.
Se suministró gratuitamente medicamentos y exámenes, se creó centros materno-infantiles en cada población. El gobierno de la Unidad Popular entregó medio litro de leche diario para cada niño, para lo cual se invirtió el 10% del presupuesto de salud y 1,6% del presupuesto nacional, completando 1.500 millones de litros de leche distribuidos en los 3 años de gobierno. Surgieron campamentos de verano y muchas otras iniciativas de descanso y recreación para los sectores populares. Hubo acceso masivo a diversas expresiones de la cultura, un ejemplo destacado fueron las ediciones baratas de millones de libros de la Editorial Quimantú.
La política exterior fue independiente y soberana y enfatizó la integración con América Latina y el Caribe. Se amplió como nunca la democracia y la participación del pueblo. La sindicalización aumentó en 1971 a un millón de trabajadores, y éstos participaron en la dirección de las empresas estratégicas a través de los Consejos de Administración y los Comités de Vigilancia de la producción. Se crearon los Consejos Campesinos para que participaran los trabajadores del campo en el proceso de Reforma Agraria, y las Juntas de Abastecimiento y Precios para combatir la especulación y el acaparamiento de los productos. Se amplió la organización y participación de los pobladores a través de las Juntas de Vecinos, Centros de Madres y organismos culturales. La juventud y otros sectores se integraron al Movimiento Nacional de Trabajos Voluntarios, participando en la batalla por la producción, en la alfabetización, en el Movimiento Nacional de los Innovadores.
1.3. La vía chilena al socialismo.
Durante décadas la izquierda chilena siguió una vía político-institucional para ganar el gobierno, lo que respondía a la historia y características del movimiento popular chileno: un movimiento obrero clasista desde principios del siglo XX, alto nivel de unidad y conciencia política del pueblo, influyentes partidos marxistas, amplias libertades y derechos ciudadanos y gran participación popular. El sistema electoral era proporcional, y la legislación incorporaba avances significativos en los derechos de los trabajadores, de las mujeres, y del pueblo en general, el Estado tenía tuición sobre importantes empresas, hizo gratuitas la salud y la educación, avanzó en la previsión. Estos rasgos le permitieron a la izquierda tener representación en los Municipios, en el Parlamento y en algunos gobiernos.
La Unidad Popular era una coalición plural, que al constituirse en 1969 integró al Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento de Acción Popular Unitario (Mapu), Partido Radical, Partido Socialdemócrata, Acción Popular Independiente, y en 1971 incorporó a la Izquierda Cristiana (IC) y al Partido de Izquierda Radical (PIR).
Desde que asumió, el gobierno de Salvador Allende buscó el entendimiento con la DC para realizar su programa. La mayoría de los militantes y simpatizantes democratacristianos habían salido a la calle a defender la victoria de Allende y respaldaban la posición de Radomiro Tomic, quien proclamaba que el capitalismo era incapaz de resolver los problemas del país y de los países latinoamericanos.
Que ese entendimiento era posible lo demostró la mayoría UP-DC que ratificó a Allende en el Congreso Nacional, el apoyo DC a la nacionalización del cobre, a la aceleración de la reforma agraria, al fin del monopolio telefónico de la ITT. La DC aceptó la socialización de la banca, aunque en vez de la estatización proponía la cooperativización. Concordó en expandir los jardines infantiles, mejorar las pensiones, el salario mínimo y las asignaciones familiares. También en fortalecer la CUT y la organización sindical, las negociaciones colectivas tripartitas y la administración de las Cajas de Previsión por sus imponentes.
Antes del triunfo de 1970 hubo quienes sostuvieron, incluyendo la mayoría progresista de la DC, que era posible lograr una alianza formal UP-DC para asegurar la viabilidad del proyecto de transformaciones. Pero se interponían obstáculos no menores para tal alianza.
Al interior de la DC las definiciones anticomunistas venían desde su fundación (1957), y se hicieron más patentes a medida que ese partido crecía, mezcladas con la tesis del camino propio. En 1958, Patricio Aylwin afirmó la “absoluta incompatibilidad y contradictoria relación de los fines de la DC con los de la derecha y el marxismo”. La “guerra fría” impuesta por el gobierno de Estados Unidos después de la II Guerra Mundial agudizó el anticomunismo, al igual que la Alianza para el Progreso, estrategia yanqui en América Latina para contener el comunismo después de la Revolución Cubana. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, aunque tuvo algunas medidas positivas, estuvo marcado por políticas procapitalistas, antipopulares y represivas. Durante la UP, la DC dejó de lado el camino propio y se alió con la derecha para derrocar al gobierno de Salvador Allende, y posteriormente, en la segunda mitad de los años 80, integró la Concertación bajo el diseño de exclusión del PCCh.
La incidencia del anticomunismo está vinculada a la intervención del gobierno de Estados Unidos en la política chilena, agudizada a partir de los años 60.
A mediados de 1971 se produjo el asesinato de Edmundo Perez Zujovic, acontecimiento que favoreció el distanciamiento democratacristiano con la UP buscado por la derecha. Crimen parecido al de Aldo Moro, dirigente DC italiano partidario del “compromiso histórico” con los comunistas , respecto del cual “hoy sabemos (…) que detrás del asesinato de Aldo Moro en 1976 aparecen tentáculos que conducen hacia un compañero de partido –Giulio Andreotti-, contrario a un acuerdo con el PC de Italia” , tentáculos que también conducían a los servicios de inteligencia norteamericanos.
Durante las negociaciones UP-DC acerca de las áreas de propiedad de la economía, la Unidad Popular estuvo dispuesta a conceder prácticamente la totalidad de las exigencias de la DC, pero el acuerdo fracasó por el veto de Frei y los yanquis.
Joan Garcés, asesor del presidente Allende, afirma categóricamente que “el problema es que en octubre de 1970 la dirección del Partido Demócrata Cristiano que firma un acuerdo con Allende, y le vota Presidente en el Congreso, es una Dirección Nacional que responde a los intereses nacionales, y tres años después la dirección DC está en manos de personas que responden a (…) intereses estratégicos ajenos a los chilenos (…) los intereses de un sector de la DC italiana integrado en el sistema de poder norteamericano en Europa, que era común al sistema de poder sobre América Latina.
“La decisión de acabar con el gobierno de Allende en 1973 es una decisión que afectaba a los chilenos, pero que buscaba hacer un escarmiento con efectos mucho más allá de Chile, para que fuera leído por aquellos que en Europa y América Latina pensaban entonces que tenían la libertad para elegir libremente su forma de gobierno”. Un acuerdo en Chile hubiera tenido efectos en todo el mundo, en primer lugar en Francia e Italia. Francois Mitterand había estado en Chile en diciembre de 1971 para estudiar el proceso de la Unidad Popular, y el Partido Socialista que él fundó en Francia a comienzos de 1971 estaba en parte inspirado en la experiencia unitaria chilena.
No obstante el peso del sector conservador y anticomunista, la DC siempre albergó sectores progresistas. Su tronco histórico, la Falange, firmó en 1939 “un apoyo parlamentario al programa de reconstrucción del Frente Popular después del terremoto de ese año y apoyó al asediado gobierno de Pedro Aguirre Cerda, entrando a un pacto parlamentario con el Frente Popular el que no perduró”. En 1946, su presidente, Pedro Rodriguez, ponía de ejemplos a Bélgica, Italia, Austria, y Alemania, donde “partidos católicos integran gobiernos con partidos comunistas, sin mengua de su doctrina”, y en 1948, se opuso a la proscripción del PC.
Pero lo más relevante es la fuerza que cobró en los años sesenta dentro de la DC la “vía no capitalista de desarrollo”. La Junta Nacional del 2 de mayo de 1969 discutió que decisión adoptar en las elecciones presidenciales de 1970, ganando por estrecho margen la tesis del camino propio después que el propio Frei se vio obligado a intervenir para derrotar la posición favorable a la alianza electoral con la izquierda, y “se impuso la tesis de pronunciarse por un candidato propio y un programa netamente democratacristiano para la elección presidencial de 1970. La posición de la mesa directiva que presidía Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de izquierda, con un abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer al partido. Tomic no aceptó ser nominado de inmediato como candidato, pese al clamor de la asamblea, que se lo pedía. Indicó, apasionadamente, que si aceptaba en ese momento una candidatura, estaría ofendiendo a los partidos populares, ya que significaría imponerse como cabeza de una posible unidad popular”.
Conspiraban también contra la posibilidad de una alianza estratégica DC-UP las diferencias existentes entre socialistas y comunistas sobre los entendimientos con sectores de centro.
El PS en el Congreso de Chillán en 1967 ratificó su oposición a toda alianza “con sectores burgueses”, y durante el gobierno de la Unidad Popular mantuvo ese rechazo, bloqueando los acuerdos en más de una oportunidad.
Cuando Radomiro Tomic propuso el apoyo de la Unidad Popular a un candidato DC en una elección complementaria para dar “mayoría institucional” al gobierno, “no para transar el programa” de la UP, sino para “facilitar su cumplimiento en términos aceptables para ambos“ (UP y DC) , Allende estuvo de acuerdo, pero la Unidad Popular decidió levantar la candidatura del socialista Hernán del Canto, que fue derrotada por estrecho margen al enfrentar al centro y la derecha unidos.
En lo que sí concordaban Allende, el PS y el PC, era en prevenir el peligro reformista después de las malas experiencias históricas con el ibañismo y con Gonzalez Videla. Entonces, para garantizar dentro de la Unidad Popular la hegemonía de los partidarios de transformaciones revolucionarias, apostaron al éxito de la coalición tal como quedó conformada en 1969, y la victoria alcanzada en 1970 les dio la razón.
En concordancia con ello, cuando en 1969 se buscaba el candidato común de la Unidad Popular y se rumoreó que el candidato que los comunistas preferían era Radomiro Tomic, Luis Corvalán declaró públicamente: “Con Tomic ni a misa”, formulación que explicó de la siguiente manera: “Lo cierto y lo concreto es que se habían ahondado las diferencias y desacuerdos con el gobierno de Frei Montalva y su Partido, se había radicalizado el pensamiento político del pueblo, la Unidad Popular había crecido y las condiciones le eran a ella de tal manera favorables que habría sido absurdo que levantara o apoyara un candidato que no fuera de sus filas”.
2. EL GOLPE DE ESTADO Y SUS PROTAGONISTAS
Los organizadores del golpe de estado alegan que salvaron a Chile del caos y de una dictadura marxista, y que la UP también fue responsable del golpe. La verdad es que la Unidad Popular respetó la diversidad de ideas y creencias políticas y religiosas, tuvo una relación cordial con la Iglesia, y reconoció a la oposición política. Hubo oficiales de todas las ramas de las FF.AA. que participaron en las tareas de gobierno, incluso como ministros. Existió libertad de expresión, no hubo ningún detenido desaparecido, torturado, ejecutado. Funcionó libremente el Parlamento y el Poder Judicial, y las organizaciones sociales tuvieron plenos derechos.
El informe Church del Senado norteamericano prueba que el desabastecimiento, los atentados y sabotajes terroristas, la guerra psicológica y la violencia, fueron ejecutados por organizaciones de derecha financiadas por los norteamericanos con el objetivo de crear caos interno, inestabilidad, desorden e impotencia del gobierno, de manera que se justificara el golpe. Uno de sus párrafos establece que “El compromiso encubierto de los Estados Unidos en Chile, en la década entre 1963 y 1973, fue extenso y continuo.
La Agencia Central de Inteligencia gastó tres millones de dólares para influenciar los resultados de las elecciones presidenciales de 1964. Ocho millones de dólares fueron gastados, encubiertamente, en los tres años entre 1970 y el golpe militar de septiembre de 1973”. Los norteamericanos contaban con la influencia alcanzada en las FF.AA. chilenas mediante la existencia de un Pacto de Ayuda Militar, tenían una misión que funcionaba en el propio Ministerio de Defensa con acceso a todas las unidades militares, y la instrucción a la oficialidad estaba basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional que se enseñaba en escuelas en los EE.UU. y en el Canal de Panamá.
Bajo la dirección de la CIA se creó Patria y Libertad, organización fascista-terrorista fundada en septiembre de 1970 por el abogado Pablo Rodríguez, que participó en el asesinato del general Schneider; y los Comandos Rolando Matus, integrados por militantes de la juventud del Partido Nacional y que dirigía el presidente de esa organización, el abogado Juan Luis Ossa Bulnes. Esos grupos paramilitares atentaron contra militantes y dirigentes de la UP, atacaron a la policía, sabotearon con bombas el tendido eléctrico, vías ferroviarias, oleoductos, con el objetivo de crear una situación de ingobernabilidad. Patria y Libertad logró cierta influencia en oficiales medios del Ejército y de la Aviación, fueron los organizadores del alzamiento del Regimiento de Blindados en junio de 1973. La actividad de estos grupos aumentó luego de las elecciones de marzo de 1973, en agosto de ese año se realizaron en Santiago un promedio de 60 atentados diarios con bombas.
Los hitos principales de la desestabilización fueron:
a) El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic. Para ello, la CIA intrumentalizó a la VOP (Vanguardia Obrera Popular), un grupo de ultraizquierda sin influencia de masas ni significación política que asaltaba supermercados y pequeños comercios. En septiembre de 1970, cuando se negociaba entre la UP y la DC la votación del Congreso Pleno, asaltaron un banco dejando a un policía muerto y a un cliente herido. La VOP entró en contacto con un grupo de exiliados panameños opositores a Torrijos encabezados por un médico de apellido Rola, llegados a Chile en 1969 después de ser expulsados de su país. Reclutados por la CIA, ésta indujo en junio de 1971 al jefe de la VOP, Ronald Rivera, a asesinar a Pérez Zujovic, ex Ministro del Interior de Frei. La derecha y el sector anticomunista de la DC acusaron al gobierno del crimen, cayó la mesa de la Cámara de Diputados, compartida por la UP y la DC, y ésta inició el acercamiento a la derecha.
b) La marcha de las cacerolas en noviembre de 1971, organizada en el barrio alto de Santiago, fue la primera manifestación de masas de la gran burguesía y arrastró a algunos sectores medios. Se caracterizó por su violencia y agresividad, y por la actitud contemplativa del gobierno al permitirla impidiendo a sus partidarios manifestarse en las calles para boycotearla.
c) Paro patronal de octubre de 1972. Con recursos económicos proporcionados por la CIA, se logró arrastrar al paro a la mayor parte de las organizaciones que agrupaban a camioneros, transporte urbano, pequeño y mediano comercio, colegios profesionales de médicos, ingenieros y abogados. Fracasaron en paralizar el país porque los trabajadores se hicieron cargo de las empresas, mantuvieron la producción y el abastecimiento. Se constituyó un gabinete ministerial que en la práctica implicaba una alianza entre el gobierno de la UP y las FF.AA. dirigidas por el general Prats, quién asumió como Ministro del Interior. El intento sedicioso de la reacción fue, en ese momento, derrotado.
d) El imperialismo y la reacción, derrotados en octubre, se orientaron a ganar los dos tercios del Parlamento en la elección de marzo de 1973 para destituir al Presidente Allende, pero la UP obtuvo el 44% de los sufragios y la maniobra fracasó. Entonces de ahí en adelante, coordinados por la CIA, sin más variantes, la oposición se encaminó a crear las condiciones que posibilitaran el golpe de estado.
e) El 29 de junio de 1973 se alzó el Regimiento Blindados N° 2. Luego, esposas de oficiales organizaran una manifestación contra el general Prats, obligándolo a renunciar el 23 de agosto. El 26 de julio un comando terrorista protegido por los servicios de inteligencia de la Armada asesinó al Edecán Naval, Comandante Araya, todos los participantes fueron identificados, y algunos que estaban detenidos antes del 11 de septiembre fueron liberados por la dictadura. En agosto se desencadenó un nuevo paro patronal financiado por la CIA.
Las violaciones a los derechos humanos fueron investigadas y reconocidas por la Comisión Rettig, integrada por personalidades que no eran de izquierda. Previamente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Asamblea General de ese organismo, en todos sus periodos de sesiones durante la dictadura, habían constatado y condenado estos crímenes, entre ellos el del general Carlos Prats, ex Comandante en Jefe del Ejército, cuyo asesinato en Buenos Aires fue ordenado por Pinochet y ejecutado por la DINA. Recientemente, un grupo de expertos internacionales ha ratificado que el poeta y Premio Nobel Pablo Neruda fue asesinado por la dictadura de Pinochet.
2.1. El gobierno de Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos ha sido un actor principal de la intervención golpista en Chile y en otros países, aunque normalmente su injerencia no es reconocida. Luis Corvalán Marquez consigna que la historiografía local le presta escasa atención a los documentos desclasificados que revelan esa intervención, sobre los cuales “ha caído un sospechoso silencio”.
La intervención norteamericana fue determinante en la fascistización de la derecha. La creación de Patria y Libertad y sus acciones, entre ellas el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, no hubieran sido posibles sin la dirección y apoyo operativo del gobierno norteamericano y su entramado de relaciones con las Fuerzas Armadas.
La derecha chilena se había alineado desde el comienzo de la guerra fría con Estados Unidos, y las FF.AA. asimilaron desde la década de 1940, y con renovado rigor tras la Revolución Cubana, la doctrina de seguridad nacional y de contrainsurgencia inculcada en el continente por el establishment militar estadounidense.
Entre marzo y mayo de 1947, Estados Unidos había accionado para echar abajo los gobiernos de coalición nacional establecidos en Italia, Francia, Bélgica, expulsando de ellos a los comunistas, que habían sido una fuerza determinante en la resistencia al fascismo, y reaccionando violentamente contra los gobiernos de unidad nacional que tenían presencia de comunistas en Grecia, Checoslovaquia y Chile.
Al cumplirse 200 años de la formulación de la Doctrina Monroe por el gobierno de Estados Unidos, son incontables las anexiones, invasiones militares, golpes de estado, control sobre las FF.AA. de los países latinoamericanos, operaciones de intoxicación comunicacional y guerra psicológica, dictaduras terroristas, mecanismos represivos continentales como la Operación Cóndor, el Plan Colombia, etc.
No hace mucho, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump y embajador de USA en la ONU con George W. Bush, confesó públicamente haber estado involucrado en los golpes de estado en varios países. En varias ocasiones, la injerencia norteamericana se desplegó contra gobiernos y políticos que no eran de izquierda, como lo revelan el asesinato en 1948 del candidato liberal favorito a las elecciones presidenciales de Colombia, Jorge Eliecer Gaetán; el derrocamiento en 1954 del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala; los golpes de estado contra Joao Goulart en Brasil en 1964 y contra el gobierno de Juan Bosch en República Dominicana en 1963, y la subsiguiente invasión militar norteamericana a ese país en 1965.
Garcés indica sobre la intervención norteamericana previa a los años 60: “En 1947 (Chile fue) (…) enrolado (…) en la Coalición contra la Unión Soviética (…) mediante el control de hecho sobre el jefe del Estado”. El presidente Juan Antonio Ríos se reunió con el presidente Truman en octubre de 1945, y “aceptó someter Chile a la estrategia político-militar de Washington en un tratado multilateral”, y además, mediante un tratado militar bilateral, se inició la penetración de las FF.AA. de EE.UU. dentro de las FF.AA. chilenas.
Las comunicaciones de la embajada norteamericana entregaban detallada información acerca de militantes comunistas. Estados Unidos actuaba así porque se sentía amenazado por el crecimiento electoral de los comunistas. “En las elecciones de diputados de 1941 (…) obtuvo “el mayor crecimiento de votos en relación con los otros partidos, tanto en términos cuantitativos como porcentuales”, aumentó “en un 210% respecto a las parlamentarias anteriores”.
En las elecciones de diputados de 1945, la derecha recuperó el terreno perdido en 1941, sin embargo “el PCCh será uno de los menos afectados (…) al retener parte importante de su votación de 1941, incluso crecer más de los esperado en las áreas urbanas”. Luego, en “las elecciones municipales de 1947 (…) obtiene uno de los resultados más importantes de su trayectoria electoral, el 16,5% de los votos nacionales, y un incremento de sus fuerzas del 110% respecto de las municipales de 1944”.
La “traición” de Gabriel Gonzalez Videla marcó fuertemente a la izquierda y al PCCh. Elegido presidente en 1946 gracias al aporte de los comunistas, a poco de asumir archivó el programa electoral y persiguió e ilegalizó a los comunistas. Para justificar la proscripción, Gonzalez Videla inventó en 1948 que la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia fraguaban una revolución en Chile y rompió relaciones con esos países, fabulación anticipatoria del Plan Zeta de Pinochet.
“De la campaña de intoxicación se responsabilizó, como en todas las operaciones contra la izquierda anteriores y posteriores, la empresa editora del diario El Mercurio”, que publicó un “Manifiesto” que “pedía que el PCCh fuera declarado fuera de la ley”. En este esquema encajó bien la creación de “una organización secreta para combatir el comunismo en Chile (…) la llamada Acción Chilena Anticomunista, que usó la “desinformación” y “propaganda negra” propias de las “campañas de terror psicológico”, con ayuda estadounidense.
En sus memorias, el embajador de Estados Unidos en Chile entre 1967 y 1971, Edward Korry, relata que la Casa Blanca siguió el guion aplicado en Italia en las elecciones de 1948, cuando el Frente Democrático Popular, integrado por el PCI y el PSI, obtuvo un 31% de la votación y fue derrotado por el DC Alcide De Gasperi, que obtuvo un 48%.
Respecto del anticomunismo de la DC y de Frei Montalva, el dirigente socialista Ricardo Nuñez dice: “La matriz identitaria de la Democracia Cristiana estaba en el legado de la Falange Nacional, es decir, de la lucha que esta desplegó en contra de las fuerzas conservadoras de la época y, además, del aporte de sus parientes extranjeros, especialmente de dos experiencias demócrata cristianas europeas que, a mi juicio, poco tenían que ver con Chile. Me refiero a la Democracia Cristiana alemana e italiana. Las democracias cristianas de esos países eran organizaciones que estaban en disputa abierta y declarada con la izquierda, comunista y no comunista. Esas experiencias, creo yo, influyeron demasiado en Frei”.
La Comisión Church reveló las reuniones realizadas en Estados Unidos después del 4 de septiembre de 1970 entre Nixon, Kissinger, la CIA, directivos de ITT y otras empresas, en que se planificó y decidió el golpe de estado, la asistencia financiera para medios de comunicación, partidos y dirigentes políticos, la organización de actividades terroristas, el respaldo al paro de transportistas, las represalias económicas, el bloqueo de créditos, etc. En la reunión realizada el 14 de septiembre participó Agustín Edwards -propietario de la cadena El Mercurio y amigo personal de Donald Kendall, presidente de Pepsicola y financista de las campañas de Nixon- quien viajó especialmente para reclamar el golpe.
En la Junta Nacional del PDC de mayo de 1969, Renán Fuentealba comentó que Edward Korry opinaba que el PDC debía ceder el paso en las elecciones de 1970 a la candidatura de Jorge Alessandri, quien gobernaría un corto periodo para que luego la DC retornara al gobierno. A fines de noviembre, Fuentealba denunciaba en el Senado que el gobierno norteamericano y la CIA preparaban un golpe de estado.
El juez Juan Guzmán, que investigó las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y la conexión entre ésta y la Operación Cóndor, afirma que: “Los estadounidenses no solo prepararon todo -formaron, entrenaron y equiparon a nuestros militares- sino que, además, introdujeron en nuestros soldados el odio al socialismo. Un odio visceral que fue el origen de todas las crueldades. Estados Unidos introdujo en nuestras mentes una auténtica paranoia. Fíjese en cómo reaccionó la Junta Militar: con método y empeño. Como si hubiera que erradicar un mal. Como si hubieran eliminado una enfermedad, un peligro que amenazaba a nuestras familias. Nunca se dirá lo suficiente sobre la responsabilidad de Estados Unidos en aquella carnicería, en todos los niveles del golpe de estado y la represión posterior (…) De hecho, Kissinger está citado para declarar en varios de mis expedientes, sobre todo el relativo a la Operación Cóndor, pero Washington nos ha contestado que no vendrá”.
2.2. El gobierno de Estados Unidos y la transición pactada.
La transición pactada a la democracia está estrechamente vinculada a los orígenes del golpe y el carácter de la salida a la dictadura. Políticos derechistas y concertacionistas alaban su índole “ejemplar”. Para Enrique Correa, ex ministro socialista del Presidente Patricio Aylwin, es “una de las transiciones más exitosas del mundo”, y la equipara con la de Sudáfrica pasando por alto que en ese país, después de terminar con el régimen del apartheid, una Asamblea Constituyente aprobó una nueva Constitución en 1996.
A partir de 1984 y 1985, esta alabada “transición” fue negociada y pactada con Pinochet bajo el control del gobierno de Estados Unidos. Al cardenal Francisco Fresno de la Iglesia Católica se le encargó la coordinación de las reuniones bilaterales y colectivas que se realizaron, a través de delegados designados por él. A Pinochet y a la derecha se les hizo todo tipo de concesiones, mientras que a los comunistas y a la izquierda se les continuó excluyendo por 20 años más, aunque fueron una fuerza decisiva para echar abajo la dictadura.
La transición frustró el advenimiento de la democracia al mantener los cimientos del régimen institucional diseñado por Jaime Guzmán, entre ellos la Constitución pinochetista, y el antidemocrático sistema electoral binominal, con el cual recién se terminó en 2015. La Constitución de 1980, antidemocrática por su origen y por el contenido de sus disposiciones fundamentales, la elaboró un reducido grupo derechista designado por el dictador, y fue aprobada en una consulta fraudulenta, sin discusión ni libre participación.
Su sistema de quórum calificado constituye un derecho a veto de la derecha ante cualquier iniciativa de cambio. Concede amplia autonomía a las Fuerzas Armadas, al Banco Central y al Tribunal Constitucional. No garantiza el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales, a la educación, a la salud, a la vivienda, a pensiones justas y dignas, a un medio ambiente sano. Consagra un régimen laboral que anula, en la práctica, los derechos a huelga, a sindicalización, a negociación colectiva. No establece la soberanía, la propiedad, el usufructo, ni la administración común de los recursos naturales, al servicio del país.
Se debió avanzar en desmantelar la institucionalidad dictatorial con el empuje del movimiento de masas, pero en lugar de ello los gobiernos de la Concertación se ciñeron a los compromisos contraídos con la dictadura y los norteamericanos, blanqueando a la derecha y cogobernando con ella, lo que posibilitó a la larga que ésta reasumiera el gobierno en 2010.
El 5 de octubre de 2011 la Concertación reconoció parcialmente su responsabilidad política en la frustrada transición pactada a la democracia, al declarar que hay cambios pendientes tras 20 años de gobiernos de la Concertación, porque “nuestra acción política no se opuso con suficiente determinación al veto de los poderes fácticos y de una parte importante de la derecha”. Al mismo tiempo se pronunció por un proyecto de futuro que debe contener “una nueva Constitución para Chile (…) un acuerdo social para terminar con las desigualdades y los abusos de la sociedad chilena”, y eso requiere “la conformación de una nueva mayoría social y política”, por lo que “los partidos de la Concertación declaramos nuestra voluntad de concurrir a la conformación de una nueva mayoría para cambiar Chile junto a otros actores sociales y políticos del centro y la izquierda con quiénes lleguemos a concordar un proyecto de país”.
El dirigente democratacristiano Edgardo Boeninger, uno de los “artífices” de la transición pactada, en una carta enviada a los dirigentes de su partido, señalaba que la transición a la democracia exigía la exclusión del PC, argumentando que los comunistas eran partidarios de la lucha armada, y añadía que “aunque renunciara explícita y formalmente a dichas posiciones al PC no se le puede dar cabida en los acuerdos políticos de sustentación democrática o de gobierno futuro ni en la mesa de negociaciones con las FF.AA. Su presencia es absolutamente inaceptable para éstas, lo que constituye un factor decisivo en la política chilena actual. La credibilidad de la alternativa democrática entre los sectores militares no continuistas y el grueso sector de orden y pasivo de la ciudadanía, está directamente vinculada a la nítida separación entre las fuerzas democráticas y el Partido Comunista”.
El inicio de las protestas nacionales en 1983 agudizó la preocupación de los norteamericanos, la cual comenzó a manifestarse desde los años 1984 y 1985 a través de variadas formas de presión y declaraciones públicas.
Carlos Portales , un estudioso de las relaciones entre Estados Unidos y Chile, consigna que el 30 de octubre de 1984 el Departamento de Estado anunció que estaban revisando “como los acontecimientos recientes (en Chile) podrían afectar los intereses norteamericanos” después de las protestas de 1983. Ya al día siguiente de la declaración de estado de sitio en Chile, el 7 de noviembre de 1984, el Departamento de Estado criticó “el creciente ciclo de violencia por parte de la extrema izquierda y las medidas represivas del gobierno” e instó “tanto al gobierno como a las fuerzas democráticas fuera del gobierno, a que superen sus diferencias y avancen hacia un consenso sobre la transición hacia la democracia”.
El 26 de noviembre, el vocero de la Casa Blanca Larry Speakes dijo que los Estados Unidos habían expresado al gobierno militar que “quisiéramos verlos moverse hacia un ordenado retorno a la democracia”.
El 28 de noviembre, el vocero del Departamento de Estado John Hughes hizo un llamado a “las fuerzas que favorecen el retorno a la democracia a renovar esfuerzos para abrir discusiones sobre calendario y procedimientos para devolver la democracia a Chile”. El 30 de noviembre visitó Chile el Secretario Asistente Alterno para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, James Michel, para explorar las posibilidades de acuerdo entre gobierno y oposición, reuniéndose con el ministro Jarpa y con varios dirigentes de la oposición. Luego viajó a Chile Langhorne Motley, Secretario de Estado Adjunto del gobierno de EE.UU., reuniéndose también con el cardenal Juan Francisco Fresno, y al salir de Santiago, declaró que “el destino de Chile está en manos de los chilenos, y está en buenas manos”. Tanto Harry Barnes, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile designado en octubre de 1985 , como Eliott Abrams, coincidían en apurar el diálogo entre las “fuerzas democráticas”, para evitar que “prospere la izquierda radical, no democrática”.
Luis Corvalán L. recuerda que a mediados de 1985 se realizaron por iniciativa del cardenal Fresno varias reuniones con la presencia del Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista de Briones, Partido Radical, Partido Radical Social Demócrata, Unión Nacional (Andrés Allamand), Partido Liberal, Partido Republicano, Renovación Nacional de Carmen Saenz, para buscar una salida pactada a la dictadura, al término de las cuales suscribieron el “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia”, cuyo texto fue enviado a Pinochet y publicado en La Segunda el 26 de agosto de 1985. Diez años después, el vespertino La Segunda publicó una separata en la que José Zabala, uno de los 3 coordinadores del acuerdo -los otros 2 eran Sergio Molina y Fernando Leniz- describe en detalle como éste se fraguó.
El 19 de febrero de 1985, el cardenal Fresno, acompañado del obispo Valech y del vicario Precht, recibió en su casa a Langhorne Motley, junto a James Theberge, Embajador de EE.UU. en Chile, y el Encargado de la Oficina de Chile del Departamento de Estado. Zabala cuenta que Motley le dijo a Fresno que “quizás la Constitución del 80 no sea perfecta, pero que no se podía iniciar el diálogo dudando de la legitimidad de la persona que estaba en La Moneda”, que “también era necesario que se fijara una clara línea frente al comunismo, lo cual no solo tranquilizaría a Pinochet, sino también a muchos otros en Chile, ya que se había comprobado que cuando se jugaba con fuego, al desaparecer la humareda, sólo quedaban dominando los comunistas”.
Posteriormente los 3 asesores del Cardenal se reunieron, a partir del 15 de marzo, primero separadamente, con Patricio Aylwin, Carlos Briones, Francisco Bulnes, Enrique Silva Cimma, Pedro Correa, Andrés Allamand y René Abeliuk, y más tarde con Hugo Zepeda “para cubrir un sector de derecha no considerado”, y luego con Luis Maira, “por sugerencia de Briones, quien sentía la necesidad de verse acompañado por alguien tanto o más de izquierda que él”. El 22 de julio se hizo la primera reunión de conjunto, y Zabala resumió las “opiniones que habían resultado coincidentes o similares en las reuniones tenidas con cada uno de ellos por separado”. Todos coincidían en buscar y sellar un “indispensable acuerdo con las Fuerzas Armadas –con o a pesar de Pinochet-, siendo básico para ello: 1. la exclusión, aunque no la proscripción, del Partido Comunista, a pesar de que renuncie a la vía violenta”, 2. la búsqueda de “reformas básicas a la Constitución de 1980, más que su repudio”, y 3. “asegurar que, respetando la justicia no habrá venganza, ni tribunales especiales para los delitos cometidos”.
El 26 de diciembre de 1985, un grupo de personalidades, entre las que se encontraban Ricardo Lagos, Sergio Bitar, Fernando Castillo Velasco, Andrés Palma, Osvaldo Puccio, Enrique Correa, Manfred Max Neef, Moy de Tohá, Nemesio Antunez y Tomás Moulián, en una carta al Coordinador del Acuerdo Nacional, Sergio Molina, plantearon la “inclusión de todos los sectores relevantes del país. Todo intento de exclusión debilita a las fuerzas democráticas y crea condiciones que favorecen la perpetuación de la dictadura”. Renán Fuentealba planteó por su parte “entendámonos ahora con las fuerzas políticas de todos los sectores, incluyendo a los derechistas que quieran estar. Pero privilegiemos a las fuerzas populares, a las organizaciones sociales y a los partidos políticos que representan a los partidos populares”.
Al preguntarle si eso incluía al Partido Comunista y al MIR, su respuesta fue: “Con todos hay que concertarse (…) puedo hacer gobierno con el PC para un programa completo de realizaciones políticas, económicas y sociales. Puedo hacerlo por determinado número de años”.
Al realizarse el Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986, las conversaciones habían avanzado y la presión norteamericana se había hecho más fuerte. Tal magnitud tuvo ese paro que la DC, temiendo una salida popular de masas a la dictadura, se apartó de la movilización y junto a la derecha y a los norteamericanos, aceleraron las negociaciones para la salida pactada con la dictadura.
El 4 de julio de 1986, menos de 24 horas después del Paro, llegó a Santiago el Subsecretario Adjunto para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Robert Gelbard, quien conversó “con un amplio espectro de chilenos influyentes de diversos campos”, incluidos ministros y altos funcionarios del régimen y dirigentes de la oposición. A los líderes de la oposición los llamó a retirarse de la Asamblea Nacional de la Civilidad y a desistir de todo acuerdo con los comunistas. “El gobierno de los Estados Unidos –dijo al terminar su visita de inspección- apoya los esfuerzos de los verdaderos demócratas de Chile para edificar un amplio consenso y entablar un diálogo significativo”, y agregó: “No puede esperarse que grupos tales como el Partido Comunista, que hoy favorecen los medios violentos para lograr sus fines políticos, vayan a someterse mañana a las reglas democráticas. Aquellos que otorgan legitimidad a los comunistas y a otros extremistas, no están contribuyendo a un Chile estable y democrático”.
En la oposición, los principales voceros de la tendencia conciliadora eran Edgardo Boeninger y José Joaquín Brunner, que instaban a la “oposición democrática” a separarse del MDP y a buscar “una salida negociada con las Fuerzas Armadas”, reconociendo explícitamente que tal salida “no puede encontrarse al margen de la Constitución de 1980”. Mientras tanto, amplios sectores pedían la acción unida de todos los opositores. Surgió el “Manifiesto del Movimiento Democracia y Liberación”, firmada por 215 personas, entre ellas sacerdotes, religiosas, profesionales, artistas, y los dirigentes democratacristianos Radomiro Tomic, Fernando Castillo Velasco y Renán Fuentealba.
Antes de regresar a su país el 26 de noviembre de 1988, el embajador de EE.UU. Harry Barnes habló con la prensa, y le preguntaron si consideraba que los comunistas debían quedar fuera de una alianza de oposición. Respondió: “Es lo lógico si la oposición quiere ganar las próximas elecciones. Otra cosa es el derecho de cualquier ciudadano a participar en la vida de su país». Pregunta: Embajador, antes de partir, ¿por qué no revela de dónde sacó el rumor que transmitió el (o al) Departamento de Estado respecto de que el plebiscito no se iba a efectuar? Respuesta: “Fue más que un rumor. Los antecedentes llegaron a la embajada y a nuestros funcionarios en Washington una semana o diez días antes del plebiscito”. Pregunta: ¿Se trata de antecedentes confiables? Respuesta: “Sí. Pero son reservados”.
2.3. La derecha.
En los años sesenta culminó un proceso de crisis y reformulación de la derecha, después que sus partidos, Liberal y Conservador, disminuyeron su votación desde el 40% que tuvieron en 1941, al 12,9% obtenido en 1965. Esta derecha oligárquica “parió” la nueva derecha política, emergiendo simultáneamente en 1966 el Partido Nacional y el Movimiento Gremial de la Universidad Católica.
“La derecha política que existió hasta 1965 … era la heredera de los partidos oligárquicos del siglo XIX, los cuales mantuvieron lo esencial de sus principios en el siglo XX. La inexistencia de un proyecto modernizador en ella, por ende, no era una carencia, sino un producto inevitable del tipo de derecha (…) La derecha de los sesenta (…) era una derecha moderna (…) que se nutría de varios proyectos alternativos a los existentes (…) ninguno de ellos logró para 1973 articular un proyecto global, compartido por todos los segmentos a los que miraba y esperaba representar, pero se lograron algunos consensos fundamentales”.
El Partido Nacional fusionó los dos antiguos partidos, sumando a grupos nacionalistas, y al mismo tiempo “representó un intento de renovación política e ideológica, tratando de dar respuesta a las inquietudes de los grupos sociales que pretendía representar, mediante una mixtura entre corporativismo y liberalismo”. En 1967 levantó la idea de un “gobierno fuerte, impersonal y nacional”; en 1969 apoyó subrepticiamente el tacnazo; y en 1970 respaldó la candidatura presidencial de Jorge Alessandri, difundiendo durante la campaña su documento “La Nueva República”, que calificaba el orden institucional vigente como “peligrosamente inadecuado para la época actual” y hacía recaer en las FF.AA. la responsabilidad de salvar el Estado.
El Movimiento Gremial de la Universidad Católica nació en esa universidad, con rasgos de catolicismo integrista, un acendrado anticomunismo y defendiendo ardorosamente la propiedad privada. Su líder, Jaime Guzmán, había sido miembro de Fiducia, movimiento católico-integrista y antimarxista nacido en 1963 y acérrimo enemigo de la Reforma Agraria. Gran admirador de Franco y del franquismo –“régimen nuevo y magnífico (…) he palpado que el Generalísimo es el salvador de España”-, participó activamente de la lucha contra la Unidad Popular escribiendo artículos que alimentaban la “campaña del terror”. Movimiento contradictorio, pues a la par que esta anacrónica influencia, un sector de los gremialistas se empapó del neoliberalismo en la Universidad de Chicago mediante el intercambio académico iniciado en los años 50 entre esa universidad norteamericana y la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Santiago, constituyendo el núcleo de los Chicago Boys. A juicio de Verónica Valdivia, al Movimiento Gremial se le podría aplicar la categoría de “modernismo reaccionario” que en su momento fue creada para referirse al nazismo.
Cuando el movimiento popular se perfiló con posibilidades de ganar el gobierno, la derecha agudizó su anticomunismo y su fascistización, estimulados por la intervención de Estados Unidos entre 1962 y 1973.
Durante la dictadura, a mediados de los años setenta, los sectores neoliberales alcanzaron la hegemonía en el ámbito económico y las ideologías gremialista y neoliberal se fusionaron progresivamente. Luego, la reactivación del movimiento de masas antidictatorial a partir de 1983, obligó a la derecha a reorganizarse. En 1979 se había formado el grupo “Nueva Democracia”, y el 25 de septiembre de 1983 se constituyó la UDI.
La UDI “nació bajo el alero del régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet, convirtiéndose en el heredero del proyecto de modernización puesto en vigencia bajo su égida”. Las limitaciones que imponía la dictadura al accionar político de los partidos de la izquierda entre las masas, fue convenientemente aprovechado por la UDI para irradiar y crecer en su influencia.
En noviembre de 1983 también nace el Movimiento de Unión Nacional (MUN), compuesto por ex militantes del Partido Nacional, algunos de cuyos dirigentes fueron Andrés Allamand, Juan Luis Ossa y Fernando Maturana. El crecimiento de la lucha antidictatorial entre 1983 y 1986 aceleró la salida pactada con la dictadura y también desató una crisis al interior de la derecha. En febrero de 1987 el MUN llamó a la unificación de las organizaciones políticas de la derecha, y se constituyó el partido Renovación Nacional, con Ricardo Rivadeneira como presidente.
El Partido Nacional liderado por Carmen Saenz desechó la propuesta cuestionando a la UDI como responsable de “los más graves errores cometidos por el gobierno militar”. Al interior de RN se configuraron dos tendencias, la que sostenía una crítica a la dictadura y postulaba la independencia del partido respecto de ella, y la otra liderada por Jaime Guzmán, imbuida de fuerte autoritarismo y reivindicando el liderazgo de Pinochet. Rivadeneira era uno de los más críticos al régimen, se pronunciaba a favor de elecciones libres y de un plebiscito con candidato distinto a Pinochet. Ocho meses después del nacimiento de RN, el 9 de diciembre de 1987, Rivadeneira renunció y se desató una crisis que culminó en el quiebre del partido en abril de 1988.
2.4. La Democracia Cristiana.
El golpe de estado podía haberse evitado si la Democracia Cristiana no se hubiera sumado a la derecha en la escalada desestabilizadora y golpista. Radomiro Tomic afirmó después del golpe que: “la DC no puede pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o deja de hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional, el 30% del electorado nacional, el 32% de los trabajadores organizados en la CUT, el 40% del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas, diarios, radios y TV, 5 de las 8 universidades del país, la gravitación –digo- de una fuerza de tal envergadura, tiene efectos positivos por sus acciones o por sus omisiones”.
La directiva y un sector del Partido Demócrata Cristiano apoyaron el golpe de estado pensando que vendría una “restauración democrática cuasi inmediata” en la que retomarían el gobierno. Coherentes con esta idea son la declaración oficial de la directiva democratacristiana y la carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, presidente de la Democracia Cristiana Internacional, avalando las fabulaciones de un supuesto “Plan Zeta”, un “ejército paralelo” y la preparación de una “dictadura comunista”. Ambos documentos afirman que la Unidad Popular fue un gobierno minoritario y estuvo cerrado al diálogo, mientras que la DC estuvo siempre abierta a llegar a acuerdos. Nada más lejos de la verdad como ya ha sido señalado.
La UP y Allende buscaban resolver el conflicto político por la vía democrática, en ese marco se insertaba la idea del plebiscito que se iba a proponer el 11 de septiembre. Mientras la directiva progresista democratacristiana tuvo respaldo en su partido, se pudo conversar y llegar a acuerdos. Bernardo Leighton recuerda la solución del conflicto del canal 9 de TV, el reintegro al trabajo de los empleados y obreros de El Teniente, el término del impasse entre la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de las designaciones del personal en las representaciones en el extranjero; la resolución de las dificultades en la distribución de alimentos, adelantado por conversaciones entre el Ministro de Economía y dirigentes DC; las concordancias entre los diputados de la DC y de la UP para despachar los proyectos de ley sobre creación del Ministerio de la Familia y de reajuste de las rentas del profesorado. Leighton concluía que “Todo podrá alegarse, en consecuencia, menos que el Presidente Allende permanecía cerrado al intento de procurar caminos pacíficos y parlamentarios para salvar la situación del país”.
Hubo grandes esfuerzos por llegar a un acuerdo en torno a que áreas de propiedad existirían y que empresas importantes deberían pasar a cada una. De hecho, el Congreso sancionó una Reforma Constitucional que estableció que por ley se determinarán “las empresas de producción de bienes y servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía”, y “las empresas cuya administración corresponderá únicamente a los trabajadores que laboren en ellas en forma permanente, cualquiera que sea el área que integren dichas empresas”. Finalmente, a mediados de 1972 se había llegado a un acuerdo sobre el Area de Propiedad Social, incluyendo el traspaso a ella o al área mixta de 80 empresas nacionales y extranjeras.
“Pero ese acuerdo entre el gobierno de Allende y la dirección del PDC, en el día que se reunía el Senado para ratificarlo, fue saboteado mediante una llamada telefónica que Eduardo Frei hizo desde Europa, donde se encontraba, ordenando a los senadores Rafael Moreno y Juan Hamilton romper la disciplina del PDC e impedir que hubiera quorum en el Senado para votar el acuerdo suscrito (…) Frei y la Internacional DC lo desahuciaron, y el PDC se negó a proseguir las conversaciones”.
El 8 de septiembre de 1970, cuando todavía era Presidente de la República, Frei convocó a los comandantes de las 3 ramas de las FF.AA., al Director General de Carabineros y al general Carlos Prats, para relatarles su versión del encuentro realizado con Allende y señalarles que se implantaría un régimen marxista en el país. El general Prats en sus memorias consigna que Frei dibujó un cuadro de caos económico, indicando como síntomas que el día anterior se habían retirado de los bancos 200 millones de escudos y otros 500 millones de las sociedades de ahorro y préstamo, y la Bolsa de Santiago había caído un 60%. Expresó su temor a la congelación de las inversiones, la suspensión de la venta de bienes de consumo, la paralización de las siembras agrícolas y la caída de la producción industrial. El 23 de septiembre, su ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, repitió lo mismo en un discurso transmitido por cadena de radio y televisión.
Frei se reunió además en Viña del Mar con John Richardson, Secretario de Estado Adjunto para Educación y Cultura de EE.UU. y el Embajador Korry, y pidió transmitir a Nixon que “las probabilidades son de cincuenta a uno de que la presidencia de Allende significará en Chile un gobierno como el que hay en Cuba”. Korry, que hacía de traductor y tomaba notas de la reunión, le preguntó si estaba solicitando que se hiciera “algún tipo de acción”. Frei respondió que tan sólo “propaganda”, pero Korry concluyó que quería que “hiciéramos el trabajo sucio”.
El general Prats cuenta que una semana después de las elecciones recibió insistentes presiones de militares en retiro para encabezar un golpe de estado, y el 25 de septiembre un destacado dirigente del PDC le planteó sin rodeos que, ante la actitud legalista del general Schneider, el presidente Frei aceptaría que él encabezara un movimiento militar que derrocara y enviara al extranjero a Allende para impedir el acceso de “los comunistas” al poder político y, una vez “normalizada” la situación, volverían a convocarse elecciones.
En esa época, Bernardo Leighton le envió una carta a Frei en esa época en que le reprocha su intransigencia frente a la Unidad Popular señalando que a la DC no le correspondía ser una “alternativa al marxismo” sino una “alternativa al capitalismo”, palabras similares a las que pronunció más tarde Mariano Ruiz-Esquide: “la DC no es un partido de centro, ni fu ni fa, sino un partido de avanzada social, de centroizquierda, que quiere cambiar el sistema económico chileno a como dé lugar”.
Un mes después del golpe, Patricio Aylwin se reunió con la Junta Militar, transmitiéndole: “reconocimiento de la aptitud de la Junta; disposición de los demócratas cristianos a cooperar individualmente en la tarea de la Junta; interpretación del pronunciamiento militar del 11 de septiembre como de legítima defensa; interés en que la Junta de Gobierno tenga éxito”. La DC actuaba así de acuerdo al requerimiento hecho por el gobierno de Estados Unidos de apoyar a la dictadura y ayudar a limpiar su imagen en el exterior. Así asumieron cargos en la dictadura muchos de sus profesionales, entre ellos los juristas Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans de la Cuadra, que participaron hasta 1977 de la Comisión Ortuzar que elaboró el anteproyecto de la Constitución del 80. En octubre de 1973 varios dirigentes realizaron giras al exterior, que según Jack Kubich, miembro del Comité 40 (comité gubernamental que visaba las operaciones encubiertas de Estados Unidos), fueron financiadas por la CIA. Esta colaboración continuó hasta fines de 1976, a pesar de la clausura de Radio Balmaceda –de propiedad del PDC-, de las detenciones y expulsiones posteriores del país de Claudio Huepe, Renán Fuentealba, Jaime Castillo, el intento de asesinato de Bernardo Leighton en Roma, la clausura de la revista teórica Política y Espíritu, el simulacro de atentado contra Frei.
El documento de los militantes democratacristianos Waldo Chacón y Juan Miguel Jara, afirma que después de la caída de la directiva progresista de la DC presidida por Renán Fuentealba, “el peso de la elaboración intelectual y programática demócrata cristiana recayó en los sectores más centristas o menos radicales (…) escuchamos con fuerza voces que sostenían las ventajas de un modelo económico “moderadamente” liberal, se oyeron tesis que respaldaban “en principio” las privatizaciones masivas de empresas públicas que implementó el Régimen Militar, y tantos otros argumentos que diferían solamente en grado de los planteados por los economistas y burócratas de la Dictadura (…) Las negociaciones para la Reforma a la Constitución en 1989 significaron una serie de concesiones mutuas entre el Régimen de Pinochet y sus opositores representados por la Concertación de Partidos por la Democracia (…) [La transición chilena] “se caracterizó por la opción consciente de desmovilizar a los grupos sociales organizados que desestabilizaron a la Dictadura (…) se adoptó, por parte del Gobierno del camarada Patricio Aylwin Azócar, una serie de acciones que se dieron en llamar ‘Política de los Acuerdos’ (…) se llamaba a no agudizar los conflictos con quienes respaldaron y sustentaron el Régimen Militar (el empresariado y las Fuerzas Armadas), y a no fomentar las demandas sociales”.
Aylwin en sus memorias calificó la declaración de 1973 de la directiva DC como “pecado de ingenuidad”. El 9 de septiembre de 2013, su hermano, Andrés Aylwin, dijo: “Patricio equivocadamente aceptó el golpe”. Andrés Zaldívar declaró que la declaración de los 13 tenía más sentido político que la oficial. Renán Fuentealba señaló que “los militares no querían dar el golpe si la democracia cristiana no les daba luz verde y la luz verde fue el acuerdo de la Cámara de Diputados (…) [la sesión de agosto de 1973 que declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Allende] (…) estaba la frase de Aylwin (Patricio) que dijo que hay que pasar de las palabras a los hechos y no hay que dejarles pasar ninguna más. Yo me pregunté esa vez, si nosotros habíamos hecho todo, que significa eso de pasar de las palabras a los hechos. Era bastante claro el asunto, había que pasar al golpe militar y al derrocamiento de Allende”.
Coincidiendo con el Cardenal Silva Henríquez, un sector de la DC propició una salida democrática a la crisis, confiando en los militares leales a la Constitución, y más tarde condenó públicamente el golpe. Pero, las diferencias políticas en la DC eran tan profundas que mientras unos dirigentes como Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Renán Fuentealba y otros se opusieron desde el primer día a la dictadura, y por eso fueron perseguidos; otros, en cambio, contribuyeron activamente a la conspiración como Juan de Dios Carmona, Luis Thayer Ojeda, Sergio Ossa Pretot, Jorge Cauas y Alvaro Bardon.
En la Junta Nacional de agosto de 2013 de la DC, la llamada “declaración de los 13” fue incluida en el voto político, e inspirada en ella apareció públicamente la declaración “Lecciones de la historia y desafíos para un tiempo fecundo. La Democracia Cristiana a 40 años del golpe de estado en Chile”. Entre las ideas principales del documento se plantea la necesidad de una nueva Constitución que surja de una Asamblea Constituyente, “que es lo que la mayoría del país desea”; que se avance al reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos y a una sociedad más justa e igualitaria priorizando la salud, la educación y la previsión social; que se redistribuya el ingreso mediante reformas tributarias progresivas, se restablezca la potestad de Chile sobre sus riquezas y recursos nacionales, se fortalezca la capacidad negociadora de los sindicatos y se impulse la participación ciudadana. Para llevar a cabo estos desafíos se relevaba el papel del próximo gobierno de Nueva Mayoría, “que debe trascender y prolongarse más allá del año 2020”, y se llamaba al debate de cara al Sexto Congreso de la Democracia Cristiana que se realizará el año 2014.
2.5. El golpe de estado podía evitarse.
Al cumplirse 40 años del golpe de estado, en el PDC hubo quienes pidieron que la “declaración de los 13” que condenó el golpe de estado se adoptara como la posición oficial de la DC, pero los firmantes de la declaración lo rechazaron. Belisario Velasco dijo: “Hubo un antes, un durante y un después. En el antes hubo una directiva que presidía Renán Fuentealba, el vicepresidente Bernardo Leighton y yo era secretario nacional. Esa directiva perdió la junta nacional y por ende la conducción del partido, en mayo de 1973, con un 45%. Entonces, éramos muchos más que los 13, representábamos a muchos (…) La historia no se puede reescribir: la posición mayoritaria de la DC fue la de apoyar el golpe. Ni con el acuerdo de las partes se puede cambiar la historia”.
Los golpistas aducen que la UP quebrantó la legalidad y violó los derechos humanos. Si bien hubo sectores que intentaron sobrepasar la via institucional, el accionar de la Unidad Popular y de las autoridades del gobierno se ciñó al programa y a la estrategia de la UP, y respetó la legalidad e institucionalidad existente, sin que hubiera violaciones a los derechos humanos. La prensa tampoco tuvo limitaciones, por el contrario, la mayoría de los medios de comunicación, que eran de propiedad de los grandes monopolios, se comprometieron con la conspiración golpista y recibieron financiamiento para ello del gobierno de Estados Unidos y otras entidades, en primer lugar, el diario El Mercurio. Por ello es que ha sido de toda justicia la resolución del Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Periodistas, de expulsar de la orden a Agustín Edwards Eastman.
Ya dijimos que para Tomás Moulian, una de las causas del golpe de estado fue la “radicalización política” global de los años 60, que impidió las alianzas y entendimientos con el centro. Del “reformismo antioligárquico global” de Frei se pasó al proyecto de “tránsito institucional al socialismo”. Desaparecieron los partidos Liberal y Conservador y emergió una derecha agresiva y golpista con el Partido Nacional y el Movimiento Gremialista, que dió a luz a los “Chicago Boys”. En la izquierda, el Partido Socialista había adoptado en 1957 su tesis del Frente de Trabajadores, y en los años 60 reivindicó la combinación de formas de lucha. La Unidad Popular señalaba que se proponía iniciar el tránsito institucional al socialismo.
La conclusión de Moulián es que en 1964 ya no había condiciones para la colaboración entre el centro y la izquierda: existía una izquierda maximalista, partidaria del socialismo o, por lo menos, del aceleramiento de la “revolución democrática”, y un centro antialiancista que se esforzaba por desplazar a la izquierda. En vez de que se moderara el programa inicial de la izquierda; sucedió por el contrario que la UP aplicó una “estrategia de reformas no negociadas”, hubo un progresivo “vaciamiento” del centro, se fortaleció la línea del “polo revolucionario” dentro de la UP, y se produjo el triunfo electoral de la izquierda en marzo de 1973, todo lo cual favoreció la polarización.
Lo cierto es que en Chile y en el mundo cursaba un intenso proceso de politización de las masas populares; crecían su organización, su unidad y sus luchas, y eso se reflejaba en altos niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos. La aspiración a desarrollar un proceso revolucionario antiimperialista y antioligárquico con vistas al socialismo se correspondía con el avance de la izquierda en Chile y de las fuerzas progresistas en el mundo. Gran parte de la humanidad simpatizaba con el socialismo, existía un bloque de países en torno a la URSS que contribuía a contener los afanes agresivos del imperialismo, en América Latina había triunfado la Revolución Cubana, se desarrollaba un movimiento internacional de solidaridad con el pueblo de Vietnam en su lucha contra la agresión norteamericana, en 1968 París era conmocionada por la revuelta estudiantil y obrera, Martín Luther King encabezaba grandes combates contra el racismo en Estados Unidos, procesos de liberación nacional desintegraban el colonialismo y entraba a incidir en los destinos del mundo el Movimiento de los Países No Alineados, la Iglesia Católica impulsaba procesos renovadores que habían sido resueltos por el histórico Concilio Vaticano II.
El Chile de los 60 era atravesado por grandes movilizaciones obreras, campesinas, de pobladores, estudiantes, académicos, intelectuales y trabajadores de la cultura, que habían alcanzado un alto grado de organización y unidad, y la bandera de cambios estructurales había irradiado a vastos sectores como resultado del accionar de las fuerzas de izquierda a lo largo de muchos años.
En mayo de 1972 Chile fue sede del primer congreso del Movimiento Latinoamericano Cristianos por el Socialismo, cuyas resoluciones perseguían “impactar la conciencia latinoamericana y mundial, contribuyendo a destruir la aparente legitimidad del capitalismo a que están acostumbrados la mayoría de los países del Tercer Mundo”. Al mismo tiempo, la jerarquía de la Iglesia Católica y el cardenal Raúl Silva Henríquez mostraban una posición amistosa y de simpatía hacia el gobierno de Allende y sus transformaciones.
En los años previos a la conformación de la Unidad Popular, se habían fortalecido las posiciones de izquierda en el Partido Radical, partido que continuaba siendo influyente en los sectores medios, como lo probaban sus votaciones.
En 1961, el PR había elegido 39 diputados; en 1965 eligió 20; y en 1969, en pleno auge democratacristiano, eligió 24. Dirigentes radicales como Alberto Baltra, Hugo Miranda, Anselmo Sule, Carlos Morales, Orlando Cantuarias y Aníbal Palma, se esforzaban para que su partido se integrara a la izquierda, y algunos, como su precandidato presidencial, Alberto Baltra, manifestaban sus simpatías por el socialismo.
En su libro “Tres países del mundo socialista”, Alberto Baltra afirmaba que: “el mundo marcha inevitablemente hacia el socialismo (…) es perfectamente concebible una alternativa viable lo suficientemente socializada como para permitir una planificación eficaz, preparar el cambio del sistema capitalista, extirpar los monopolios, debilitar la influencia imperialista y facilitar la acumulación y movilización de los cuantiosos recursos que se necesitan para acrecentar la capitalización nacional y, por ende, el ritmo de desarrollo en Chile”.
En los años previos, el gobierno de Frei debió recoger parcialmente algunas demandas. Avanzó en la reforma agraria y la sindicalización campesina, chilenizó el cobre, impulsó la organización poblacional, creó el impuesto patrimonial a las grandes fortunas, condenó la intervención militar norteamericana en Santo Domingo. La Juventud Demócrata Cristiana participó de conjunto con las de izquierda en la marcha en solidaridad con el pueblo de Vietnam, en la lucha por la reforma universitaria, y en otras iniciativas. Hubo una corriente democratacristiana que levantó la bandera de cambios estructurales denominado socialismo comunitario, el cual se expresó en 1970 en la candidatura presidencial de Radomiro Tomic.
Entonces, es más preciso decir que el clima político obligó a la DC y otros sectores a diferenciarse de los planteamientos conservadores, que afirmar que la izquierda estuvo obligada a diferenciarse del centro político. En vez de una “estrategia de reformas no negociadas”, el gobierno de la Unidad Popular puso en práctica una estrategia permanente de entendimientos con la Democracia Cristiana, como lo prueban los acuerdos alcanzados.
Simultáneamente, para superar los obstáculos que ponía la derecha al avance del programa, se recurrió también a algunas normas de la legislación chilena promulgadas en épocas históricas anteriores en materias como las intervenciones estatales de empresas, que también fueron parte de las conversaciones con la DC sobre la legislación respecto de las áreas de propiedad en la economía, llegándose a acuerdos que lamentablemente luego fueron abortados por el sector conservador de ese partido.
Si no se avanzó más en los entendimientos con la DC fue porque tal estrategia tuvo la férrea oposición de un sector del PS, del freismo democratacristiano, la DC internacional y el gobierno de Estados Unidos.
3. INSUFICIENCIAS DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD POPULAR.
El golpe de estado y la dictadura, y luego la salida pactada, dañaron profundamente y por largo tiempo el futuro democrático del país; sus protagonistas tienen la responsabilidad principal de lo que sucedió. Sin embargo, también incidieron los errores e insuficiencias en la estrategia de poder de la Unidad Popular. Esta no aquilató en toda su dimensión el peso de la intervención norteamericana en el cuadro político, y el carácter de la movilización popular que era necesario desplegar frente al asedio de una potencia extranjera.
Faltó también un análisis más riguroso del creciente distanciamiento del Partido Socialista de las posiciones de izquierda, que terminó por influir al sector más cercano al PCCh, el Partido Socialista de Almeyda. En cuanto a la DC, es sabido que ésta rechazó sistemáticamente los llamados unitarios del PCCh hechos entre 1973 y 1978 para constituir un frente antifascista que terminara con la dictadura, tal como lo subraya Augusto Varas . Luis Corvalán L. recuerda que las propuestas comunistas en 1979 contemplaban la posibilidad de no participar directamente en el gobierno de unidad al que se accediera, pero no fueron acogidas por los democratacristianos.
Recién en octubre de 1977 el PDC dio a conocer el documento “Una patria para todos”, que planteó la oposición a la dictadura y la unidad de todo el pueblo para crear “un movimiento nacional de restauración democrática”. El rechazo al entendimiento con los comunistas se mantuvo hasta el pacto de omisión PC-Concertación de 2008, y el pacto general del 2009 que reincorporó a los comunistas al Parlamento. Tiempo después, en un nuevo retroceso histórico, la DC rechazó una sola lista de las fuerzas no derechistas para el proceso constituyente.
Otro aspecto deficitario fueron los atrasos e insuficiencias en la comunicación de masas, que la izquierda no ha sido capaz de remontar hasta hoy a pesar que el poderío mediático es un sostén principal del dominio oligárquico y neoliberal, provisto por el férreo control del gran capital sobre el 95% de los principales holdings comunicacionales. Las elites del poder desinforman y tergiversan la realidad, fabrican encuestas y montajes mediáticos, inventan falsas acusaciones, magnifican las acciones de grupos opositores, canalizan grandes cantidades de dinero hacia la actividad política, roban dineros públicos en municipios gobernados por la derecha. Ignacio Ramonet señala que también recurren a las redes sociales, que tienen gran influencia en la población, como nunca antes la tuvieron la prensa escrita, radio, cine o TV. El universo de los memes y la posverdad dificulta la distinción entre la realidad y la ficción, lo auténtico de lo manipulado, lo seguro de lo probable, lo objetivo de lo subjetivo.
Asimismo, Chile fue pionero de la contrarrevolución neoliberal al erigir una institucionalidad antidemocrática y de exclusión en base a la Constitución pinochetista de 1980. Se instaló la flexibilización laboral extrema, elevando el ritmo, intensidad y duración de la jornada de trabajo, y la desprotección e incertidumbre laboral, lo cual condujo a una drástica disminución de los trabajadores sindicalizados. Emergió un tipo de representación política de baja intensidad clasista, una de cuyas expresiones es la desafiliación política izquierdista del PS, y la derechización del PDC.
Francisco Herreros demostró la creciente concentración de propiedad y la degradación de los contenidos ocurridas en los medios de comunicación desde el golpe de estado. El bando N°11 de la dictadura, dictado el mismo 11 de septiembre de 1973, dispuso la inmediata clausura de los diarios El Siglo, El Clarín, Noticias de Ultima Hora y Puro Chile; las revistas Mayoría, Paloma, Hechos Mundiales, Onda, Saber Para Todos, El Manque, Chile Hoy, Ramona y Punto Final; las agencias informativas Prensa Latina de Cuba y CTK de Checoslovaquia; las radios Magallanes, Corporación, Luis Emilio Recabarren, Nacional y Candelaria, cuyas antenas de transmisión fueron además bombardeadas; e impuso la censura previa al diario La Prensa, a las revistas Ercilla y Mensaje y a la radio Balmaceda. Quedó el campo libre para que dos empresas periodísticas, El Mercurio SAP y el Consorcio Copesa, se constituyeran en oligopolios de la comunicación y en dueños exclusivos de la información y la opinión, mientras que simultáneamente la dictadura ejercía un férreo control de la televisión.
Al intensificarse la lucha antidictatorial, surgieron revistas opositoras como Hoy, APSI, Análisis, Cauce y La Bicicleta, seguidas después por los diarios Fortín Mapocho y La Época, publicaciones todas vinculadas directa o indirectamente a partidos que integraron la Concertación; y en las postrimerías de la dictadura, los semanarios o quincenarios Pluma y Pincel y El Siglo, pertenecientes al Partido Comunista; y Página Abierta y Punto Final, vinculados a distintas fracciones del MIR. Pero entonces Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno del Presidente Patricio Aylwin, y Eugenio Tironi, desde la Secretaría de Comunicación y Cultura, proclamaron que la mejor política de comunicaciones consiste en no tenerla, pues para eso está la mano invisible del mercado. El resultado fue la desaparición de casi todos esos medios, y el incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en una proporción que supera a los estándares de la dictadura.
Sin embargo, la experiencia de los últimos años en la organización y la lucha del pueblo, en particular la revuelta popular de octubre de 2019 y las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe, muestran avances en la recuperación y fortalecimiento de la conciencia transformadora del pueblo, ratificando que la condición para que los avances tengan lugar es la lucha social, que genera la disposición a “escuchar” ideas nuevas, y los momentos de intensa actividad social y política de las masas crean las condiciones para “adoptar” esas ideas.
3.1. Acerca del poder estatal y el gobierno.
El problema principal en la estrategia de la Unidad Popular fueron las limitaciones de su concepción acerca del gobierno y el poder estatal, aunque su programa planteaba la necesidad que el pueblo tomara en sus manos el poder estatal.
El programa señalaba que «las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente (…) las fuerzas populares no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un Partido por otros en el gobierno, sino para llevar cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo (…) Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal». Los Comités de Unidad Popular «deben ir convirtiéndose en el curso de la campaña en expresiones germinales del poder popular (…) serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas, y sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular (…) Las organizaciones sindicales y sociales (…) serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder”. Se afirmaba el «afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, y el rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extranjeras (…) la policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo».
Sin embargo, las propuestas de cambios institucionales no tuvieron suficiente tiempo para ser asimilados por los sectores populares, y la dinámica política y la falta de voluntad y decisión de la UP impidió que varias de estas medidas se llevaran a la práctica.
En los años 70, el gobierno era el núcleo hegemónico y más dinámico del Estado. Asumir la Presidencia de la República permitía capacidad de intervención económica, de dirección y gestión administrativa, de definición política y de uso del aparato coercitivo. De aquí arrancaba la Unidad Popular para aplicar su programa dentro de los límites del sistema institucional vigente, que esperaba transformar gradualmente apoyándose en los entendimientos con la DC y en la movilización de los sectores populares para ir construyendo nuevas instituciones de poder como los organismos de participación de los trabajadores en las empresas, las JAP, etc.
En algunos ámbitos se avanzó, como en la participación de los trabajadores en las empresas y en las JAP. Patricio Palma, Director de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) durante el gobierno del presidente Allende, recuerda que cuando a fines de 1971 se agudizó el problema del desabastecimiento de alimentos, surgió la propuesta de utilizar algunas facultades legales que tenía la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) para organizar a los consumidores en las Juntas de Abastecimiento y Precios, que provenían del Decreto Ley Nº 520.
La idea se anunció en una reunión con miles de pobladores y trabajadores en el Estadio Chile, y fue acogida con gran entusiasmo. El gobierno hacía uso del control que tenía de la producción y el comercio exterior para hacer llegar el abastecimiento al comercio, y había que asegurar que los almacenes de barrio estuvieran vinculados a las JAP y el comerciante vendiera a precio justo, cuidando de no lesionar sus intereses pues en esa época prácticamente todo el comercio estaba a cargo de distribuidores minoristas y medianos.
Lo inédito es que las JAP surgían no para requerir a la autoridad la solución de un problema, sino como una organización popular con atribuciones para resolver el desabastecimiento, constituyéndose así en un organismo naciente de poder popular que contribuiría a cambiar el carácter del Estado, concitando por lo mismo el fuerte odio de la derecha.
Esta calidad de la participación popular le permitió a la UP enfrentar los 26 días del paro de octubre de 1972, periodo en el que el gobierno requisó camiones y los hizo circular junto a los camioneros organizados en el “Movimiento Patriótico de Recuperación Gremial” (MOPARE), y los trabajadores asumieron el control de la mayor parte de las empresas paralizadas, mientras miles de voluntarios actuaban para normalizar el comercio y hacer funcionar el país. En ese momento se vislumbró el embrión de un poder popular alternativo, y se logró una gran victoria.
No era fácil comprender la dialéctica de las transformaciones institucionales impulsadas por la UP. Mientras Estados Unidos y la derecha seguían una vía insurreccional orientada al golpe y a la guerra civil, provocando hechos de violencia para arrastrar al gobierno a acciones de fuerza; la Unidad Popular necesitaba evitar la confrontación, y su fortaleza disuasiva dependía de la cohesión del movimiento popular y de su capacidad para desarrollar la movilización y mantener los entendimientos con la Democracia Cristiana.
Pero iba quedando de manifiesto que el gobierno no resolvía los obstáculos que el estado burgués oponía al proceso: su estructura burocrática no estaba adecuada para satisfacer las necesidades más apremiantes del pueblo, el aparato represivo no aseguraba protección al proceso productivo permanentemente saboteado por el enemigo, y la legislación vigente no permitía combatir con eficacia el mercado negro y el acaparamiento. En esas condiciones era difícil mantener una línea político-institucional.
Amoldarse a los cauces legales ponía freno a la acción y movilización de las masas y a la elevación de su conciencia política, ya que exigía respeto por una institucionalidad y legalidad que había que eliminar y reemplazar. En la reunión de los partidos de la Unidad Popular en febrero de 1972, una de las principales preocupaciones fue la desmovilización existente y la falta de protagonismo de las masas en el proceso de cambios. En el seno de la Unidad Popular hubo diferencias respecto de estos temas, y no se logró estructurar una concepción vertebrada y coherente que ganara la conducción del proceso.
Se precisaba destruir la herencia dictatorial, democratizar la justicia, los medios de comunicación de masas, desplegar la participación popular, elaborar una nueva Constitución. En su primer mensaje presidencial, Allende había dicho que “la Constitución Política de Chile franquea la posibilidad de dictar una nueva Constitución distinta a la actual, y este es un camino que también utilizaremos”.
El gobierno ni siquiera hizo uso de todas las posibilidades que ofrecía el marco institucional. Se pudo haber utilizado mecanismos existentes en el orden jurídico y legal para defender al gobierno popular de la embestida reaccionaria, como la Ley de Defensa Civil de 1945, que contemplaba la posibilidad que accionaran conjuntamente las FF.AA. y organismos civiles, organizaciones sociales y sindicales, para prevenir y actuar en situaciones de emergencia o que encerraran peligro para la nación.
Dado que existió un sector constitucionalista en el Alto Mando de las FF.AA., que tenía expresión en los demás escalafones de las instituciones armadas, se pudo haber desarrollado una movilización popular más coordinada con el sector militar constitucionalista y más decisiva en defensa del proceso, aumentando la disuasión contra las acciones insurreccionales del imperialismo y la derecha, que si no se evitaban, podrían, en la dinámica de la lucha, haber facilitado la reconversión del movimiento popular. O sea, aceptar que la vía institucional podía desembocar, aún contra la voluntad de la UP, en un enfrentamiento armado, y estar preparados para resistirlo.
Los partidos de la UP desconocían “la política militar antiinsurreccional (…) y antigolpe de estado”, y había confusión en relación a la “táctica político-institucional” y la “táctica insurreccional”.
Había un sector que no aquilataba la importancia de que la DC continuara bajo la dirección del sector partidario de los entendimientos con la UP. Nunca se resolvió ni discutió en la UP si el proceso debía orientarse hacia una insurrección popular o a prevenir la insurrección burguesa, y la razón principal eran las distintas estrategias que coexistían en la UP.
Las fuerzas políticas dominantes dentro de la UP pensaban en evitar o retrasar un enfrentamiento armado, pero no tenían claro cómo hacerle frente; la concepción predominante en los partidos de la UP y las organizaciones obreras para hacer frente a un golpe de estado era la huelga general con toma de industrias, que se había demostrado impotente para atajar el camino a las dictaduras de corte fascista, en Italia en los años 20, y en Alemania y España en los años 30.
En marzo de 1973, minimizando el papel de las FFAA constitucionalistas, un sector de la coalición de gobierno exigió al Presidente prescindir de ellas en los Ministerios, y como resultado, hubo un cambio de Gabinete que reemplazó los oficiales que habían ingresado en noviembre del 72, entre ellos el propio General Prats.
Luego que se frustró el “tancazo” del 29 de junio de 1973, gracias al accionar del sector constitucionalista de las FF.AA. y a la movilización popular, era el momento para haber destituido a los golpistas, que estaban identificados, pero la decisión fue negociar con la DC y llamar al plebiscito.
Otro hubiera sido el desenlace si se hubiese construido un poder político y militar que, en los momentos decisivos, articulara pueblo, gobierno y militares constitucionalistas, y defendiera el proceso. La historia muestra que los golpes de estado no son infalibles. En Venezuela se derrotó el intento de golpe de estado en abril de 2002, que duró cuatro días y secuestró al presidente Hugo Chavez. El golpe fracasó gracias a la movilización popular, que liberó al presidente y lo repuso en el gobierno. En Brasil y Bolivia, poco después de los golpes de estado se restablecieron gobiernos de izquierda.
En la concepción de poder de la izquierda incidía, y lo sigue haciendo, la engañosa percepción de que la alternancia en el gobierno entre distintas fuerzas políticas insertas en el sistema constituye la panacea de la democracia, ignorando que un cambio de gobierno no altera necesariamente los “poderes fácticos” del regimen, es decir, el poder del gran empresariado, el sistema comunicacional a su servicio, las instituciones de justicia y las propias FF.AA.
Ello ha conducido a que en la mayoría de los países en que la izquierda asumió electoralmente el gobierno, o bien no logró acumular fuerzas para mantenerse en el gobierno, o abandonó su programa, o fue derribada por golpes de estado impulsados por el gobierno de Estados Unidos.
Sin ningún pudor, los neoliberales presentan como totalitario el legítimo objetivo de la izquierda de avanzar en la conquista del poder, mientras usualmente ellos detentan el control del gobierno, del Parlamento, de los órganos de justicia, de las FF.AA. y de los medios de comunicación. Avanzar en la conquista de todo el poder del Estado significa en rigor la consecución de un objetivo absolutamente democrático: que el pueblo dirija el gobierno, sea mayoría en el Parlamento y esté presente en la generación, composición y funcionamiento de todos los organismos e instituciones del Estado, comprendidos los tribunales de justicia y las fuerzas armadas y policiales.
3.2. La Política de Rebelión Popular.
La formulación del PC de la Política de Rebelión Popular de Masas fue decisiva para abrir los caminos de una lucha antidictatorial más amplia, multitudinaria y decidida, y significó enriquecer la concepción de poder de la izquierda al naturalizar el componente militar como parte integrante de una política revolucionaria.
Un proceso transformador anticapitalista debe estar preparado para defenderse, y los acontecimientos hacían prever que llegaría el momento de enfrentamientos más decisivos con la burguesía, que estaba empeñada a fondo en la desestabilización, por más que las fuerzas revolucionarias respetaran la legalidad. Y era claro que estas confrontaciones incorporarían cada vez más el componente militar.
La Política de Rebelión Popular de Masas fue hecha suya por millones de chilenos, traducida y asumida de diversas maneras por distintos sectores políticos y sociales, como desobediencia civil, rebelión popular, protestas y paros nacionales, sabotaje de masas, no violencia activa, etc. Se necesitaba sobrepasar el marco impuesto por la dictadura, y agregar nuevos métodos y formas de lucha. No bastaba más organización y lucha de masas, más llamados unitarios que no tenían el respaldo de la lucha para imponerse.
La PRP revolucionó la conciencia popular, que viró desde el temor y conformismo producto del terrorismo de estado a una actitud nueva de rebeldía, protesta y disposición de combate. Se impulsaron primero acciones audaces sencillas, volanteos de altura, chapazos, fogatas, barricadas, la planchaton, los caceroleos, el trabajo lento, el sabotaje masivo, la propagación de rumores y chistes antidictatoriales, rayados con plumones en las micros, el no pago de las deudas de luz y agua. Se hizo muy popular un folletito titulado: «Tu también puedes», que buscaba que cada chileno que estuviera contra la dictadura pudiera aportar con algo a la lucha.
La Marcha del Hambre del 19 de agosto de 1982 marcó el inicio de la ofensiva histórica en el combate del pueblo contra la tiranía. También las huelgas de Panal, IRT, El Teniente, el Carbón, Celulosa Arauco, la toma de la Maestranza Maipú, el Paro del 21 de julio en la zona Oriente convocado por la Coordinadora Nacional Sindical. Luego las Protestas Nacionales cambiaron todo. Se creó el Comando Nacional de Trabajadores, los comandos provinciales. Se rompió el receso político, surgió la AD y el MDP y se desarrolló la acción común entre ellos.
El periodo de lucha popular entre 1980 y 1986 es uno de los más intensos de la historia del movimiento popular. Posibilitó que las masas populares volvieran a ocupar un lugar protagónico en la política y en la vida nacional, y generó en el país una ofensiva popular a partir de 1983.
La formulación de la PRP recogió e integró la experiencia de lucha de otras latitudes, y el derecho a rebelión frente a las tiranías, que está contenido en la Doctrina de la Iglesia, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y en más de una Constitución Política. También enriqueció la concepción sobre las alianzas y el trabajo unitario, pues impulsó un movimiento de masas fuerte y combativo que creó condiciones para un proceso de entendimientos que culminó en la Asamblea de la Civilidad, instancia de caracter nacional que agrupó a organizaciones sociales y políticas y se puso a la cabeza de la Protestas y del Paro Nacional contra la dictadura.
En la medida que crecía la lucha popular, se hizo más evidente la pugna con el proyecto de salida propugnado por la Alianza Democrática y apoyado por el gobierno de Estados Unidos, y se produjo la deserción de sectores de la actual Concertación, preocupados por la fuerza que adquiría una salida popular.
3.3. La vía institucional y el marxismo: conquista y transformación del Estado.
En el centenario de la muerte de Lenin se publicaron artículos que llaman a rescatar su pensamiento y su práctica política, por muchos dejado de lado cuando se derrumbó la URSS y advino la arrolladora marea neoliberal, y reivindican un marxismo con cabeza propia, capaz de pensar para hoy las cuestiones de la estrategia y táctica revolucionaria, apartándose de las concepciones socialdemócratas y de las interpretaciones dogmáticas y manualísticas. Así lo hicieron Marx y Engels, Lenin, Gramsci, György Lukacs, Nicos Poulantzas, Mariategui, Fidel, el Che, entre otros. Así lo hizo en nuestro país Luis Emilio Recabarren.
La vía institucional sintoniza con el marxismo, y como parte de esa conexión, algunos planteamientos de Nicos Poulantzas son muy atingentes porque, además de sus referencias explícitas a la Unidad Popular, se funden con la concepción de socialismo de la izquierda chilena que reivindica la ampliación y desarrollo creciente de la democracia participativa, tal como Marx lo anticipara al hablar de la extinción del Estado. Al mismo tiempo expresan la exigencia de conquistar el conjunto del poder del Estado como condición para el éxito de la vía institucional.
Poulantzas, al igual que Gramsci, subraya que el Estado capitalista no se limita al ejercicio de la represión, sino también organiza la ideología dominante mediante los aparatos ideológicos del Estado, que elaboran, inculcan y reproducen esa ideología: la Iglesia (aparato religioso), elsistema educativo, el entramado comunicacional dominante, el aparato cultural, y por cierto, los aparatos en los que recae principalmente el ejercicio de la violencia física legítima (ejército, policía, justicia-prisiones, administración). Por tanto, el acceso al poder de las masas populares y sus organizaciones políticas, en una perspectiva de transición al socialismo, no puede limitarse a la mera conquista de los aparatos del Estado. sino que debe incluir necesariamente su transformación.
Para Poulantzas ocupar el gobierno no significa, ni forzosa ni automáticamente, que la izquierda controle los aparatos estatales, y ni siquiera algunos de ellos, pues el dominio de la organización institucional del Estado permite a la burguesía, en el caso que las masas populares lleguen al poder, permutar los lugares del poder real y del poder formal, y permutar el papel dominante de un aparato a otro si la izquierda llega a controlar el aparato que hasta ese momento desempeñaba el papel dominante. Repentinamente aparatos-instituciones cuya función hasta ese momento había sido secundaria comienzan a jugar un papel principal, como los tribunales de justicia que de pronto se transforman en cómplices de golpes blandos u otras formas de defensa del statu quo, como sucedió en la Unidad Popular, en Argentina, Brasil y otras experiencias.
Las conductas políticas de las diversas fracciones del capital frente a las clases populares no siempre son idénticas. Las diferencias de táctica, o incluso de estrategia política, en una coyuntura dada o a más largo plazo, constituyen uno de los factores primordiales de división en el seno del propio bloque en el poder. Si bien existe un acuerdo de fondo entre las clases y fracciones dominantes en cuanto al mantenimiento y la reproducción de la dominación y de la explotación de clase, no es un acuerdo sobre una política unívoca, en todo momento, frente a las masas populares.
Las contradicciones en el bloque en el poder conciernen tanto a los problemas relativamente secundarios como a las grandes opciones políticas, incluidas las formas mismas del Estado que hay que instaurar frente a las masas populares: formas de Estado de excepción (de guerra abierta contra las masas populares: fascismos, dictaduras militares, bonapartismos), y formas de “democracia parlamentaria”, o entre estas últimas (regímenes clásicos de derecha o regímenes socialdemócratas).
Este punto es relevante en las condiciones actuales de crecimiento de la ultraderecha en Chile y el mundo. Las dictaduras fascistas surgen como una forma de estado de excepción para salvar la dominación de clase de la burguesía cuando ésta se encuentra amenazada por una crisis política y por el auge de la lucha popular.
Viene al caso lo que decía el filósofo húngaro György Lukacs: “el poder militar del fascismo ha sido aniquilado en la guerra. Sin embargo (…) su destrucción política, organizativa y, sobre todo, ideológica, es mucho más lenta y difícil de lo que muchos pensaban. Políticamente, porque algunos hombres de Estado, que acostumbran llamarse enfáticamente democráticos, consideran a los fascistas como una reserva, los cuidan y hasta los apoyan”. El apoyo explícito de gobiernos europeos y de Estados Unidos al resurgimiento de agrupaciones políticas neonazis en Ucrania, que son partícipes protagónicos del regimen de Kiev, y que en Estados Unidos y países europeos desarrollan libremente manifestaciones con sus símbolos, incluyendo homenajes a criminales nazis como en el Parlamento de Canadá, actualiza lo señalado por Lukacs.
En Chile es evidente el crecimiento de la ultraderecha, como reacción al estallido social de octubre de 2019, que dio origen al proceso constituyente y al gobierno de Boric. Esta actúa violentamente contra las movilizaciones populares, recurre al espionaje y las provocaciones, el amedrentamiento, los llamados a las FF.AA. a que salven a Chile, el control mediático y la defensa a toda costa de la Constitución pinochetista. Ello se expresó en los resultados del plebiscito de septiembre de 2022 y en la votación del Partido Republicano y su liderazgo sobre la derecha. El rechazo en el plebiscito de 2023 a la imposición del regresivo texto constitucional de los republicanos fue un golpe a esas posiciones, pero no ha terminado con ultraderecha neofascista y el anticomunismo.
La muerte de Piñera ha dejado más espacio a esa tendencia. Carlos Peña señala que Piñera “fracasó en configurar una derecha liberal”. Aunque su declaración de guerra contra el pueblo durante el estallido social, su viaje a Cucuta para ayudar a un golpe de estado contra el gobierno bolivariano en Venezuela y su involucramiento como presidente en hechos de corrupción, ponen en duda que fuera un derechista “dialogante y liberal”, lo cierto es que hoy existe una disputa al interior de la derecha cuyo desenlace aún no está claro. En los años 60 y 70 el proceso de reconfiguración de la derecha resultó en la conformación de una derecha que se matriculó decididamente con la conspiración golpista, y más tarde fue sostén principal de la dictadura de Pinochet. Lo que la historia enseña es que la lucha del pueblo es la que finalmente determinará el actual desenlace.
Poulantzas enfatiza que el problema esencial para una transformación radical del Estado en una vía democrática al socialismo pasa por articular la ampliación y la profundización de las instituciones de la democracia representativa con el despliegue de las formas de democracia directa de base. Tomar el poder significa desarrollar una lucha de masas tal que modifique la relación de fuerzas interna en los aparatos del Estado, desarrollando y reforzando los centros de resistencias difusos de que las masas siempre disponen en el seno de las redes estatales, creando y desarrollando otros nuevos, de tal forma que estos centros se conviertan en los centros efectivos del poder real.
Reafirmando ésto, Alvaro García Linera señala que las relaciones de dominación tienen espacios de incertidumbre, intersticios que escapan a la reproducción de la dominación y por las cuales emergen las esperanzas, los “enunciados” portadores de un nuevo orden social, es lo que deja abierta la posibilidad de la innovación, la ruptura y el quiebre, o, en otras palabras, de las revoluciones. De pronto algo salta, una memoria de organización se gatilla, las tolerancias morales hacia los gobernantes estallan, los viejos discursos de orden ya no convocan, y nuevos idearios e ideas (anteriormente marginales) comienzan a seducir y convocar cada vez a más personas. La dominación se quiebra desde el interior mismo del proceso de dominación.
Frente al desarrollo y extensión de las libertades y de la democracia representativa y de las experiencias democráticas de base, surge el peligro que la burguesía reaccione boycoteando o interviniendo brutalmente a fin de ponerle término. No se puede afrontar este peligro más que apoyándose activamente en el movimiento popular de masas y en amplias alianzas populares, que constituyen una garantía frente a la reacción del adversario, aun cuando no sea suficiente y deba ir siempre unido a transformaciones radicales del Estado.
Esta es la doble lección que podemos sacar de Chile, dice Poulantzas: el fin de la experiencia de Allende no se debió solamente a la ausencia de estas transformaciones, sino también a que la reacción de la burguesía fue posible por la ruptura de las alianzas entre clases populares (clase obrera-pequeña burguesía principalmente), lo que había previamente roto el impulso a favor del gobierno de la Unidad Popular.
4. EL PROCESO GLOBAL DE RECONFIGURACIÓN GEOPOLÍTICA.
La inédita experiencia de la Unidad Popular mostró que era factible que una coalición política con un programa de transformaciones antiimperialistas y antioligárquicas que proclamaba el socialismo como su objetivo, accediera al gobierno a través de las elecciones. Pero también evidenció que la burguesía y el imperialismo no trepidan en recurrir al terrorismo de estado, al genocidio y a la destrucción de la institucionalidad democrática para detener los procesos de cambios. El proceso de la Unidad Popular y la lucha posterior del pueblo chileno contra la dictadura, también dejaron claro que las correlaciones de fuerzas en el plano internacional son muy incidentes en la fuerza y dinamismo que adquieren los procesos revolucionarios.
Luego de la avasalladora marea neoliberal que subsumió a una parte de la izquierda después del derrumbe de la URSS, el capitalismo neoliberal, en un breve lapso histórico, agotó sus posibilidades de desarrollo y vive la mayor crisis sistémica desde la Gran Depresión. Analistas de diverso signo indican la existencia de un proceso de reconfiguración global de la correlación de fuerzas en el mundo. Transcurren grandes cambios geopolíticos, tecnológicos y en el sistema de relaciones internacionales, que incluyen nuevos centros económicos, con sus propias instituciones políticas y modelos de crecimiento.
China y Rusia desempeñan hoy un rol importante en la lucha por un mundo “multipolar”. Tal como lo anticipó Fidel “hoy es posible la sólida alianza entre los pueblos de la Federación Rusa y el Estado de más rápido avance económico del mundo: la República Popular China; ambos países con su estrecha cooperación, su avanzada ciencia y sus poderosos ejércitos y valientes soldados constituyen un escudo poderoso de la paz y la seguridad mundial, a fin de que la vida de nuestra especie pueda preservarse”.
Se desarrolla un fuerte movimiento hacia un orden económico más justo, en el cual se insertan los BRICS, (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) que representan el 42% de la población del planeta, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional, crea instituciones financieras nuevas, y suscita interés de numerosos Estados para unirse al bloque.
Simultáneamente, cobra fuerza la configuración de un polo euroasiático como eje de la economía planetaria, del que forman parte la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), integrada actualmente por ocho Estados miembros (China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán), cuatro Estados observadores interesados en adherirse como miembros de pleno derecho (Afganistán, Belarús, Irán y Mongolia) y seis “Asociados en el Diálogo” (Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía).
Se desarrollan importantes avances económicos y tecnológicos de China que colocan al gigante asiático a la par con Estados Unidos. Crece la presencia de China y Rusia en México, Argentina, Chile, Brasil y otros países latinoamericanos, contrarrestando el hegemonismo norteamericano.
Uno de los hechos más trascendentes, que produce un giro radical en la geopolítica mundial, es la guerra ruso-ucraniana iniciada hace un año, en rigor, la guerra entre la OTAN y Rusia. Definida por Rusia como una “operación militar especial” en defensa y protección de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk que se autonomizaron de Ucrania y que han sido sometidas a un genocidio de años por el gobierno ucraniano después de un golpe de estado en 2014, tiene también como causa el corrimiento creciente de las fuerzas militares de la OTAN y del gobierno de Estados Unidos hacia las fronteras con Rusia, utilizando como punta de lanza a Ucrania, cuyo gobierno y FF.AA. están controlados por fuerzas políticas y militares declaradamente nazis.
Como parte de los cambios internacionales, todo indica que la era del mundo unipolar llegó a su fin, realidad que las élites occidentales subordinadas al gobierno de Estados Unidos se niegan a reconocer y tratan de revertir. La economía de la Unión Europea se debilita cada vez más como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia, encareciendo los precios de los alimentos, la electricidad y la gasolina. Rusia ha salido victoriosa de las sanciones económicas desatadas por el bloque occidental liderado por Estados Unidos, y del intento de infligirle una «derrota estratégica». La «desnazificación» y el desarme de Ucrania son inevitables.
Que el avance al multipolarismo es un proceso objetivo e irreversible, lo reconocen políticos neoliberales. Henry Kissinger no ocultó su percepción de que los tiempos están cambiando, y que «estamos entrando en un periodo muy difícil». Ahora Europa y Estados Unidos se enfrentan a «grandes problemas» en sus relaciones con Oriente Medio y Asia. “Una guerra contra Rusia” podría alterar el equilibrio de poderes en Europa.
El ex primer ministro laborista de Gran Bretaña (1997-2007), Tony Blair, quien fue en su momento uno de los impulsores de la fracasada Tercera Via (Anthony Giddens, “La Tercera Vía. La renovación de la socialdemocracia”, 1998), dice que “estamos llegando al final del dominio político y económico de Occidente. El mundo va a ser al menos bipolar y posiblemente multipolar (…) el mayor cambio geopolítico de este siglo vendrá de China, no de Rusia (…) ya es la segunda superpotencia del mundo (…) primera vez en la historia moderna que Oriente puede estar en igualdad de condiciones con Occidente”.
El gobierno de Estados Unidos, con todo su poderío militar y financiero, ya no tiene la fuerza política para imponer su dominio en América Latina. Los pueblos latinoamericanos se levantan contra la política neoliberal instalada por las dictaduras en Chile y otros países. La consolidación de un bloque progresista junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, con gobiernos de izquierda y progresistas en México, Bolivia, Honduras, Chile, Colombia y Brasil, marcan la región con un sello de independencia del gobierno de Estados Unidos.
Actualmente diversos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, recorren nuevamente la vía institucional para llevar a cabo reformas progresistas, por tanto, resultan relevantes las reconfiguraciones geopolíticas que están ocurriendo en el mundo.
5. VIGENCIA DEL PROYECTO DE LA UNIDAD POPULAR.
A 50 años del golpe de estado, el proyecto de la Unidad Popular de transformaciones revolucionarias en dirección al socialismo mantiene plena vigencia, en primer lugar, porque al igual que en la época de la UP, Chile necesita imperiosamente avanzar en una senda de desarrollo nacional que resuelva las urgentes demandas de igualdad y justicia social que hoy siguen sin resolver, entre ellas enfrentar la pobreza y el alza del costo de la vida, mediante el aumento de salarios, pensiones y vivienda dignas, educación y salud al alcance de todos. El país dispone de los recursos para ello si se llevan a cabo las reformas tributaria, de pensiones y otras, si se constituye la Empresa Nacional del Litio, y se fortalece el rol del Estado en el desarrollo económico y social de Chile.
La UP fue la máxima creación histórica del movimiento popular chileno. En su tiempo hizo avanzar considerablemente al país, y dejó logros que aportaron al futuro económico y social de Chile. Había una sólida mayoría popular que respaldaba las transformaciones. Los entendimientos con amplios sectores políticos, sociales y militares que se desarrollaban mostraron que no era fatal el golpe de estado en una dinámica democrática. Solo fue posible derrotar el proceso mediante la desestabilización y conspiración golpista del gobierno de Estados Unidos y la derecha, usando la violencia y el terrorismo de estado.
Está plenamente vigente la concepción de la Unidad Popular de avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política, con respeto a la oposición política, distintas áreas de propiedad en la economía. La organización, la lucha y la unidad de la izquierda y los sectores progresistas, es la condición para el éxito. El estallido popular del 18-O del 2019 y el proceso constituyente y el gobierno actual que son logros de este nuevo ciclo, muestran que es posible reemprender un proceso de transformaciones revolucionarias con vistas al socialismo.
Es que las raíces profundas del nuevo tiempo político se vinculan a la lucha persistente del PCCh y otros sectores de izquierda por la revolución y el socialismo; a la crítica y oposición intransigente a la transición pactada y al posibilismo político; a la organización de la lucha social y a la búsqueda incesante de la unidad de la izquierda y los sectores democráticos. Ocupando la expresión de Marx, todo estos combates, pequeños y grandes, fueron parte del arduo y a veces silencioso trabajo del topo que abrió este nuevo ciclo.
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(*) Sociólogo
