En un tácito reconocimiento de responsabilidad, el Ejército dio de baja a  general vinculado al escándalo del robo a los Fondos Reservados del Cobre, que tanto el sistema mediático formal, como las autoridades sectoriales, se han empeñado en soslayar. Se trata del general Héctor Ureta Chinchón. De hecho, Ureta comandaba la Dirección de Mantenimiento del Ejército, unidad desde donde se desviaban los millones de dólares del desfalco.

Una investigación interna de 2011, a cargo de un coronel de inteligencia, muestra que el Ejército sabía desde entonces la existencia de un mecanismo fraudulento mediante el cual oficiales y suboficiales de la institución se apropiaron de fondos de la Ley Reservada del Cobre, por un monto que ya supera los diez millones de dólares. A pesar de que el informe recomendaba trasladar a los sargentos Millaray Simunovic, en la foto, y Claudio González de la División de Mantenimiento, eso no ocurrió, y ambos permanecieron en sus cargos hasta su detención, unos días atrás. Por el caso ya están detenidos un coronel, cuatro suboficiales y un empleado civil del Ejército.

Otros  tres uniformados serán sometidos a proceso por sus responsabilidades en el millonario robo del fondo reservado del cobre. Se trata de los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y de la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente. Los uniformados se encuentran detenidos en un recinto militar. Hasta ahora, permanecen detenidos el coronel Clovis Montero, el cabo Juan Carlos Cruz y el empleado civil Danilo Alarcón.

Recientemente se develó un millonario y sistemático robo de fondos secretos de la Ley Reservada del Cobre, perpetrado por funcionarios del Ejército, mediante facturas falsas y empresas de papel. Ante ese hecho, la Confederación de Trabajadores del cobre, el abogado Cristián Cruz y el diputado Hugo Gutiérrez interpusieron una demanda criminal en la Fiscalía militar. Un coronel y un cabo han sido identificados, pero los acusadores apuntan al alto mando.

Más de $57 millones costará la auditoría de las cuentas del Ejército, a consecuencia del millonario desfalco en los fondos reservados del cobre, que investiga la VI Fiscalía Militar, y que hasta la fecha tiene a cinco uniformados detenidos. Cabe señalar que es primera vez en su historia, que una empresa externa revisa las cuentas de los dineros públicos utilizados por el Ejército. En su confesión, el coronel Clovis Montero denuncia un enorme aparato de defraudación: “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza. Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas fraudulentas y son responsables de la ejecución de la Ley Reservada del Cobre”, insistió.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó hoy una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía contra el ex ministro Laurence Golborne por delitos tributarios, además de otras ocho personas más. El libelo agrega a Carlos Délano, Carlos Lavín, Manuel Antonio Tocornal, Hugo Bravo, Oscar Buzeta, Marcos Castro, Luis Esteban Calvo y Gabriele Geordia Lothholz, todos, salvo los dos últimos, ya sometidos a proceso en el caso Penta.

Otros dos políticos entraron en la lista de sospechosos de haber recibiro sobornos del grupo Angelini. Se trata del actual senador de Renovación Nacional, Alberto Espina y del ex diputado demócrata cristiano Zarko Luksic. En la contabilidad de Siemel S.A., aparecieron facturas del estudio jurídico en el que participa Espina, por $ 30 millones; de una consultora del ex diputado Zarki Lucsik, por $ 6 millones, y del Centro Democracia y Comunidad, por $ 36 millones.

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