Jadue en la ANFP: Viaje al Centro del Fraude

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Millones del CDF en manos de terceros; grandes cifras que la ANFP dejó de ganar por contratos publicitarios sin licitar; cheques extraviados y acuerdos informales millonarios son parte de la auditoría de más de 500 páginas que Deloitte realizó a la gestión de Sergio Jadue, que hasta ahora se había mantenido en reserva.

El informe revela, además, cómo el ex presidente de la asociación comenzó a urdir su plan de escape en el mismo momento en que estalló el escándalo de corrupción en la FIFA.
 
Dos subcomisarios de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos metropolitana (Brilac) de la PDI se presentan en las oficinas de Deloitte Advisory Ltda. en Rosario Norte, en Las Condes. Son las cinco de la tarde del pasado 6 de julio. Por mandato de los fiscales de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos, llegan a incautar el informe de auditoría forense encargado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para investigar en profundidad la gestión de su ex presidente Sergio Jadue.

Qué Pasa tuvo acceso íntegro al documento, del que hasta ahora sólo se conocía un resumen ejecutivo difundido por la propia ANFP.

El archivo, de 525 páginas, revela detalles inéditos de la trama de abusos, aprovechamiento e irregularidades financieras que terminó con Jadue procesado por la justicia norteamericana y el fútbol chileno en su peor crisis. Entre otros, 222 cheques extraviados, y distribución irregular de los dineros del CDF, de auspiciadores y de la Copa América.

Además, los pormenores de la estrategia de salida de Jadue de la ANFP y del país, que comenzó el 27 de mayo del 2015, el mismo día que estalló el escándalo de corrupción en la FIFA.

Deloitte accedió a los archivos más profundos de la ANFP, pero los vacíos contables y el desorden generalizado dejan innumerables dudas y líneas abiertas.

De momento, los fiscales comienzan a sumergirse en sus recovecos, mientras la ANFP prepara nuevas querellas (que se sumarán a las dos acciones ya interpuestas) por varios de los hechos que se conocerán a continuación.

El plan de escape

La reacción fue rápida. El 27 de mayo de 2015 aún era de madrugada en Chile cuando el entonces secretario ejecutivo de la ANFP, Óscar Fuentes, recibió instrucciones desde los Alpes suizos. Un par de horas más tarde figuraba sentado en un avión con destino a Nueva York, acompañado por el abogado José Pablo Forteza, del estudio jurídico Insunza Abogados.

Fue el primer movimiento de pizarrón. Varias horas antes, la madrugada europea había estado movida: Sergio Jadue y el resto del directorio de la ANFP fueron testigos directos de una espectacular redada de la justicia norteamericana  y el FBI contra el corazón de la FIFA por corrupción. Dirigentes de la Conmebol y la Concacaf figuraban entre los primeros detenidos y varios antecedentes apuntaban a las federaciones sudamericanas.

Jadue y compañía sabían de qué se trataba.

La investigación de Deloitte revela un dato clave: el plan de salida del ex presidente de la ANFP se ejecutó desde el minuto uno: la misión de Fuentes y Forteza era contactar abogados en Nueva York, donde estaba radicada la causa de la fiscal Loretta Lynch.

Se tomaron decisiones rápidas y en todos los frentes. Forteza jugó un rol clave: fue el que negoció con los dos estudios que posteriormente representarían a Jadue en Estados Unidos, con cargo a la ANFP.

Antes, aseguró sus honorarios: según concluye la auditoría, se le pagaron en total $71.932.130 a Amalfi, representada también por el abogado Matías Insunza, por concepto de “servicios y asesorías legales”, los que se formalizaron a través de tres contratos revisados por Deloitte.

El primero de ellos está fechado el 10 de junio de 2015 y dice relación con la “defensa de los intereses de la ANFP, de don Sergio Jadue Jadue, como así también cualquier otro funcionario o empleado de la ANFP que pudiera verse involucrado en relación a la investigación llevada a cabo en 2015 por la Fiscalía de Nueva York asociada a irregularidades cometidas al interior de la FIFA”.

Posteriormente aparece otro contrato, el 25 de junio de 2015, con las mismas características, pero con un detalle adicional: la representación alcanzaría a directivos, funcionarios o empleados de la ANFP y continuará “aunque en el futuro alguno de ellos deje de pertenecer o trabajar en la ANFP”.

Finalmente, ambas partes confeccionan un tercer contrato que no alcanza a ser firmado pero que buscaba justificar los servicios de asesoría jurídica a propósito de la causa que se abría entonces en la Fiscalía Regional Oriente por lavado de activos, indagatoria que finalmente fue desestimada por la Fiscalía Nacional.

En la revisión de la información contable de la ANFP, la auditora encontró un pago a Amalfi que no tiene relación con el caso FIFA y que revela que la relación con la firma de abogados es anterior al estallido del escándalo: el 13 de octubre de 2014 la ANFP le pagó a la oficina de Forteza e Insunza $17.434.534 por un informe en derecho sobre la ley que modifica el proyecto Estadio Seguro.

Según concluyó la auditoría, Forteza viajó en reiteradas ocasiones a Estados Unidos con Fuentes e incluso con Jadue. El profesional consiguió las propuestas de tres estudios de abogados: King & Spalding LLP; Shearman & Sterling LLP; y Chaffetz Lindsey LLP, que es la oficina con la que se cerró uno de los tratos.

Las gestiones tuvieron un rápido resultado: el 24 de junio se firmó en Nueva York un acuerdo entre Chaffetz Lindsey y la ANFP, en tanto persona jurídica, y Sergio Jadue como persona natural, ambos como clientes independientes.

El documento señala que el pago de los honorarios “no depende de su condición de presidente de la ANFP y, tendrá continuidad independientemente si el Sr. Jadue pierde el cargo”. Asimismo el contrato establece una cláusula de exclusividad: la firma no representaría a nadie, aunque fuere directivo, accionista o empleado de la ANFP, que no sea Jadue.

Se fijó una tarifa fija de US$ 250.000 por la realización de la primera fase de defensa en el caso FIFA , de los cuales US$ 125.000 debían ser pagados inicialmente y la otra mitad 30 días después. La investigación no encontró registros del segundo pago.

Esa misma información, obtenida por Deloitte en Contabilidad y Tesorería de la ANFP, revela que dicha unidad dispuso de los US$ 125.000 ($81.750.000) en efectivo, los que fueron pagados a través de Guiñazú Transfer, pero en dos operaciones.

Primero se enviaron US$ 20.000 ($12.990.000) como adelanto solicitado por la firma para costear los gastos de un viaje de un grupo de abogados del estudio a Chile, visita que no pudo ser acreditada por Deloitte.

El resto, US$ 105.000 ($71.400.000), fue justificados bajo el concepto de “Pago US$ 105.000 ASESORÍA LEGAL”, imputados al ítem “Gastos Generales Legales”. El documento explicita que la coordinación de la solicitud y entrega del monto fue liderada por Fuentes y Forteza (este último hizo retiros en efectivo previos a las transferencias), pero también participaron el gerente general de la ANFP, Rodrigo Grümberg, el propio Jadue, además del secretario general, Nibaldo Jaque, el director Mauricio Etcheverry y el contador general, Leonel Galaz.

La investigación revela que las gestiones realizadas por Forteza llevaron a un tercer estudio jurídico, Fox Horan & Camerini LLP, con el que se pactó un par de meses después, en octubre, fecha en que la participación de Jadue en el caso FIFA se mantenía lejos de la luz pública. En una operación similar a las anteriores, los directivos le pagaron a la firma US$ 50.000 ($34.377.000) a través de Guiñazú Transfer por concepto de pago anticipado. Jadue se quedó con este estudio de abogados, quienes lo defendieron durante su comparecencia, meses después, ante la justicia norteamericana.

El grupo que trabajaba estrechamente con Jadue en este plan de escape siguió operando días después de que se marchara misteriosamente del país, el 18 de noviembre de 2015, a la misma hora que la selección chilena caía frente a Uruguay en Montevideo.

De hecho, Deloitte consigna dos misivas enviadas por Óscar Fuentes a Martin J. Auerbach, representante de Chaffetz Lindsey. La primera es del 24 de noviembre y en ella pide poner término al contrato de representación y seis días después, sellando el término del acuerdo, solicita un informe final de las asesorías legales. La auditora no encontró evidencias del citado documento.

En este punto el informe consigna una operación que llamó la atención de los auditores: la ANFP aparecía comprándole a la misma casa de cambio, Guiñazú Transfer, la suma de US$ 70.000, de los cuales US$ 50.000 fueron entregados a Mauricio Etcheverry en efectivo en un sobre cerrado. Esta operación la realizó el tesorero de la ANFP, David Velásquez, quien dejó el sobre con el dinero en el escritorio de Etcheverry en la ANFP, según declaró a los auditores. Velásquez aseguró a Deloitte haber recibido la instrucción de Galaz y Grümberg.

Los dineros fueron imputados al ítem Gastos Legales y no a nombre del titular de pago. Galaz, a la sazón tesorero de la ANFP, presumió en su declaración que “Mauricio Etcheverry trasladó ese dinero a Estados Unidos” debido a que en esa fecha “viajó fuera de Chile”. Pese a esta declaración, la auditoría forense no consiguió determinar el destino de los dineros ya que Etcheverry efectivamente se encontraba de viaje, según el listado de pasajes pagados por la ANFP, pero a la fecha de los egresos se encontraba viajando desde Asunción a Santiago, con escalas en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Según el informe, del saldo de US$ 20.000 correspondiente a esta compra de dólares, se destinaron US$ 10.040 "a fondos por rendir y al pago de gastos de la Selección Sub-17, quedando una diferencia sin explicar"(sic) de US$ 9.960.

Se investigaron además todos los pasajes comprados durante el periodo por la ANFP a través de las agencias Giratur y Travel Security. A los viajes ya detectados de Fuentes, Forteza y Jadue a Nueva York, se agregaron pasajes a Miami, donde a la postre el ex presidente del fútbol chileno terminó refugiado, cumpliendo su régimen cautelar como imputado.

Deloitte consultó a Fuentes por estos viajes a Miami, pero este no quiso entregar antecedentes sobre el destino. Forteza, en tanto, reconoció que “hubo viajes a Miami”, sin entregar detalles de los mismos, invocando secreto profesional.

“Del mismo modo, el análisis de las fechas de salida de los vuelos (…) indicaría la presencia en fechas similares de Sergio Jadue en las mismas ciudades en que se habrían encontrado el Sr. Fuentes y el Sr. Forteza”, concluyen los auditores, quienes detectaron las compras de 35 pasajes por un monto de $184.264.129 entre el 27 de mayo de 2015 (el día D del caso FIFA) y el 9 de noviembre.

En el registro no consta el pasaje del 18 de noviembre, el de su salida definitiva del país. Sí se consigna un dato ya conocido: los pasajes comprados por la federación a la señora de Jadue, María Inés Facuse (cuatro pasajes), a su hijo Nicolás Jadue (tres pasajes) y a Maricarmen Larco (seis pasajes), “empleada doméstica” de la familia Jadue Facuse, como es mencionada en el informe.
Platas desviadas

El 13 de junio de 2013, la ANFP emitió cuatro cheques dirigidos a Naval de Talcahuano, Deportes Concepción, Deportes La Serena y Unión La Calera. Sus receptores, sin embargo, fueron personas naturales: Gilberto Araya, Pablo Tallarico, Mauricio Peyreblanque y John Silva, respectivamente.

Estos fueron los primeros cheques de 39 que la Asociación emitió entre 2013 y marzo de 2015, como préstamo a los clubes, pero que no obstante fueron cobrados por terceros distintos a los beneficiarios originales. El monto de esos documentos ascendió a $ 1.262,5 millones, a los que se sumaron $ 140 millones más desviados vía transferencia bancaria a personeros ligados a Naval, Antofagasta y La Serena. Es decir, de los $3.870,7 millones que la ANFP incorporó bajo el concepto de préstamo a equipos, un 36,2% derivó en terceras personas.
    
20 clubes se vieron beneficiados con los aportes. De ellos, Concepción y La Calera recibieron los mayores montos. El primero obtuvo $960 millones, de los cuales —según el catastro de Deloitte— $260 millones fueron cobrados por terceros. Incluso, la auditoría reflejó que si bien David Velásquez —de Concepción— cobró cuatro cheques, posteriormente ellos fueron depositados en la cuenta del ex presidente del club, Adolfo Sabando.

El caso de Unión La Calera es similar. Se le entregaron $698 millones, y de esos $455 millones fueron cobrados por otras personas. El tío de Sergio Jadue, Sabino Jadue, fue uno de los receptores.

La ANFP también repartió $13.706,9 millones derivados de ingresos por Copa América 2015 y anticipos de cuotas de contratos con Megasports (por $3.200 millones) y Nike ($ 2.026,9 millones).  Deloitte señala que $337.554.782 fueron depositados a terceros distintos de los clubes, sin que se conociera la justificación de dichos pagos ni se encontraran evidencias de que las platas hubieran llegado efectivamente a los clubes.

El Canal del Fútbol no estuvo ajeno a esta situación. Entre 2013 y 2015, el CDF distribuyó, por concepto de cuotas, $ 76.678,6 millones entre los equipos. Sin embargo, Deloitte reveló que de ese total, $80 millones fueron cobrados por personas naturales. El nombre de David Velásquez se repitió, pero ahora por Lota Schwager. A él se sumó Luis González por Santiago Morning, Jaime Díaz y Hugo Barrientos, por La Serena, y Alejandro Varas por Unión La Calera.

Pero el desparpajo financiero no quedó ahí.

La auditoría arrojó aportes desde el Comité Organizador Local (COL) 2015 a tres equipos: Santiago Morning, Unión San Felipe y Everton. El caso más llamativo dijo relación con este último equipo. Si en total, el COL transfirió $ 892,2 millones, $ 737,2 millones fueron a parar al club viñamarino. La razón:_la construcción del Complejo Deportivo Everton en Reñaca, donde el COL financió el 90%, dado que sería usado para la Copa América.

El cuadro de desprolijidad lo completan los fondos que aún no han sido rendidos. Más allá de los exacerbados aportes a clubes y favoritismo por alguno de ellos, la asociación acumuló una abultada mochila sin retornos. En total, fueron $640,9 millones plasmados en “fondos a rendir varios” que se sumaron entre 2013 y 2015. De ese total, a Mauricio Etcheverry se le asignaron $184 millones. Sólo se encontraron respaldos de gastos por $66,9 millones. Para el resto aún no hay justificación.

El ex gerente general Rodrigo Grümberg era quien autorizaba estas entregas sin una política de límites. De hecho, se permitieron aportes por hasta $60,5 millones. Deloitte señala que si bien en la práctica estos recursos son utilizados para actividades propias de la organización, en la ANFP se destinaron para asignar dinero en efectivo a distintos empleados, para que ellos realizaran el pago a los proveedores. Etcheverry, David Velásquez (tesorero), Jorge Tropa (subadministrador) y Alejandro Montoya (encargado de Administración) recibieron fondos por ese concepto. La auditoría, sin embargo, no pudo determinar si los pagos a abastecedores realmente se hicieron.
Fuerza, garra y corazón

“Esta pasión no se desafilia”. El lienzo es morado con letras blancas, los mismos colores que visten los más de 2.000 hinchas que marchan por el centro de Concepción para protestar contra la decisión del consejo de presidentes de sacar del profesionalismo a Deportes Concepción. “Llegamos a la conclusión de que no tienen viabilidad financiera”, dijo la ANFP a través de un comunicado entregado el mismo día que los hinchas apedreaban su edificio de la avenida Quilín. En ese momento, costaba encontrar las razones de la dura posición adoptada por la federación, pero la auditoría realizada por Deloitte da luces de los motivos de la dirigencia de Salah para insistir con la desafiliación de “los Lilas”.

A mediados de 2013, la administración de Jadue gestionó el préstamo con los bancos BBVA-Penta para ayudar a los clubes. La idea era entregar, máximo, US$ 1 millón a cada equipo. Si alguno necesitaba más, se discutía su caso en el consejo de presidentes. Pero hubo tres equipos que recibieron más: Unión La Calera, Ñublense y Deportes Concepción (todos con representantes en el directorio de Jadue) obtuvieron US$ 2 millones.

Ese no fue el único aporte irregular que recibió el club penquista.
 
En la revisión —que da cuenta de todas las transacciones asociadas al club entre el 1 de julio de 2013 al 31 de enero de 2016— se observó el pago de $310.775.183 por parte de la ANFP a Concepción, de los cuales el 52,8% corresponde al ítem de viajes y traslados ($181.045.041).

Siguiendo, en la revisión de egresos de efectivos a Fuerza, Garra y Corazón (S.A. que controla a Deportes Concepción) por concepto de préstamos, el club recibió otros $520 millones: 15 en cheques al portador a nombre del club, de los cuales 11 fueron cobrados por terceras personas (David Velásquez, Adolfo Sabando, César Sabando y Paulo Tallarico, conocido representante de jugadores).

Consultado por Deloitte, el ex presidente del club, Adolfo Sabando, dijo que las gestiones para los préstamos fueron realizadas por Luis Polnoroff (accionista mayoritario de la concesionaria) y Nibaldo Jaque, directivo de la ANFP, cercano a Jadue, con vínculos con el club penquista.

Asimismo, reconoció que la ANFP le había pagado un viaje personal al Mundial de Brasil, que posteriormente él habría reembolsado a la ANFP. El mismo Sabando aclaró que varios de los montos fueron depositados en su cuenta corriente personal, “para evitar la demora que implica un depósito con cheque en la cuenta de la concesionaria”.

Pero no sólo eso. El ex presidente reconoció un viaje con Jaque a Buenos Aires con el fin de “levantar capital para Fuerza Garra y Corazón”, todo pagado por la ANFP.

El derroche terminó, finalmente, con Deportes Concepción en el amateurismo producto de los más de $1.800 millones que los Lilas adeudan a sus acreedores, incluyendo a la ANFP.

Vacaciones en Brasil

Además de los dos aviones comerciales arrendados para el traslado de la delegación deportiva y de los invitados de la federación al Mundial de Brasil, un reportaje de Ciper de mayo de este año hizo público que Sergio Jadue y Nibaldo Jaque sumaron la contratación de otro avión, el Piper PA-31T, con capacidad para ocho personas. El informe de Deloitte entra en detalles: la propiedad de la aeronave era de Transportes Australis S.A., una empresa creada en noviembre de 2012 a nombre de las sociedades Tuberías y Metalúrgica Almet Limitada e Inversiones Australis S.A., donde participa Asesorías e Inversiones Los Espinos.

Esta última, constituida en 2007 con un 99% de participación por Alberto Eguiguren, ex presidente del CDF. No es la única mención a ese apellido: según otros antecedentes recabados, su hermano, José Ignacio, ex gerente general de Wanderers, aparece como proveedor de servicios para el COL 2015 por $8 millones.

El arriendo del avión, por supuesto, implicó transferencias muy superiores. Las tres facturas encontradas en el análisis de la información contable de la federación, fechadas el 8 de septiembre de 2014, presentan un cobro por casi $ 138 millones, y no fueron timbradas por la oficina de partes de la ANFP, ni se encontraron órdenes de solicitud ni de compra. En cambio, se registraron en los archivos de la institución dos pagos, por un total de $125.509.438. No fue posible encontrar documentación de los $12 millones restantes, correspondientes a “Gasto de Traslado”.

En base a las entrevistas y documentos recabados durante la investigación, el informe señala que la contratación de Trasportes Australis habría sido gestionada directamente por Mauricio Etcheverry, y no se encontró ningún proceso de licitación. En el contrato se detallan 12 vuelos entre las ciudades Foz de Iguazú, Bello Horizonte, Cuiaba, Sao Paulo, Cabo Frío y Río de Janeiro, destinados al “el equipo de avanzada”, que incluía personal de seguridad y cocina.

Pero aunque el personal de la ANFP encargado del transporte aéreo dijo desconocer las actividades del avión, otros entrevistados en la propia federación dieron cuenta de los usuarios del PIPER PA-31T: Sergio Jadue, Alfredo Asfura (asesor internacional de la asociación) y José Antonio Acosta, del equipo de prensa de la ANFP.

Más difícil de justificar aún resulta el viaje, detallado por miembros del COL 2015, de Nibaldo Jaque y su familia entre Cabo Frío y Sao Paulo el 22 de junio de 2014, a solicitud de Etcheverry, y sobre todo el uso que le dio al avión María Inés Facuse, pareja de Jadue.

Según el documento, “durante entrevista realizada a personal de gerencia de selecciones, se expresó que María Inés Facuse, cónyuge de Sergio Jadue, habría utilizado el avión de Australis para trasladarse a Búzios, entre partidos, durante la Copa del Mundo Brasil 2014”.

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Uno de los trabajos del arquitecto Leonidas Laoutari entre 2013 y 2014, fue la extensión de una casa en Huechuraba. El problema: era la casa de su empleador, Sergio Jadue Jadue, quien lo había contratado en 2011 como asesor de infraestructura de la ANFP. Y no sólo eso: para estos trabajos –que consistieron en la habilitación de un sector del segundo piso de la casa y de la extensión de un dormitorio y un salón-, utilizó a personal asociado a la federación, a los que les pidió “discreción al respecto”.

El arquitecto, cercano a la mujer del calerano, María Inés Facuse, recibió más de 235 millones por parte de la ANFP en los cuatro años que estuvo en el cargo, hasta que renunció en octubre de 2015.

Deloitte no logró evidenciar un contrato a honorarios o una carpeta personal correspondiente a Laoutari. En ese sentido, personal asociado a infraestructura de la ANFP señaló la precariedad de los informes de obras del arquitecto, que no contenían ni los montos gastados en mano de obra ni menos los materiales utilizados, como se estila en la industria.

Respecto del proceso de regularización de instalaciones de la ANFP, la misma federación informó a Deloitte de las siguientes observaciones al trabajo del ex asesor: instalaciones sin recepción final de obras, excesivo tiempo de tramitación del permiso de edificación en los mismos edificios y la emisión de una orden de clausura por parte del Juzgado Local de Policía Local de Macul que no se ha hecho efectiva del complejo Juan Pinto Durán, entre otras.

Pero Leonidas no fue el único Laoutari contratado: su hijo Rodrigo ofició de encargado de estudios y desarrollo de la asociación.  

Pero ellos no fueron los únicos cercanos a Jadue que trabajaron en Quilín. El estilo del calerano lo llevó a muchas veces obviar los procesos de licitación y a pedir servicios directamente a conocidos. Este fue el caso de Ingeniería y Servicios CyC Limitada, propiedad de Pedro Cisternas y Andrés Cisternas Nazar, contratados para “estudiar y presentar todas las solicitudes, formularios, antecedentes técnicos y legales en conformidad con la Ley General de Urbanismo y Construcción”, por un monto de 300.000 dólares, además de una asesorías de marketing y en la disputa judicial con Puma -demostrando el amplio giro de la empresa- por las que la ANFP pagó otros  48 millones de pesos. Según Deloitte: “en base a la revisión documental, no se logró evidenciar un entregable que refleje la rendición de estos servicios por parte de CyC”.

Pero ahí no terminan las asignaciones a dedo. Si bien para el merchandising de la Copa América se recibieron tres cotizaciones de distintos proveedores para las 30 mil bufandas, 50 mil gorros y 50 mil orejeras que estimó la ANFP que necesitaba sin estudios previos, finalmente la empresa de Nicolás Abusada, vinculado socialmente con Sergio Jadue según la auditoría, terminó imponiéndose a pesar de ser la más cara. Hoy en la sede de Quilín hay guardados un stock de estos productos avaluados en más de 128 millones de pesos.

Luego de la obtención de la Copa América se  realizó “la ruta de la copa”, que paseó el trofeo por todo Chile. Tres empresas postularon al proceso de cotización, ganando COOLMKT, de propiedad de Carlos Bustos, vinculado al gerente de marketing de la federación, Mirko Hamamé.  Deloitte no logró evidenciar matrices de evaluación financiera o técnicas que justificaran la selección de la empresa que se constituyó el 7 de agosto e inició actividades tan sólo 16 días antes del comienzo de la ruta de la copa. La empresa, por sus servicios, recibió más de 210 millones de pesos.

Finalmente, un amigo de un amigo: para la creación de una aplicación para el Mundial 2014 se eligió a la empresa Option, recomendada dos veces por Nibaldo Jaque, quien al ser consultado por el gerente general Rodrigo Grumberg por la posibilidad de cambiar de proveedor para desarrollar una nueva aplicación para la liga chilena, respondió según Deloitte: “Este ya te funciono en el mundial, el costo es después de tener verificado la capacidad técnica. No ganamos por inoperancia nuestra. Negócialo y no sigan haciendo pelotudeces”. Finalmente, por ambos servicios la ANFP terminó desembolsando 280.000.000 de pesos.

Socios argentinos

El programa de proveedor oficial fue la base de la relación entre la dirigencia de Sergio Jadue y la firma de marketing Santa Mónica, en la que participa el argentino Alejandro Burzaco, detenido por el FBI por el caso de corrupción de la FIFA. La ANFP firmó tres contratos con la empresa para gestionar proveedores oficiales y organizar los partidos amistosos de la selección. En total, SMAC pagaría UF 93.339 más IVA a la asociación, además de UF 5.000 anuales por el quinto proveedor suscrito. La vigencia del contrato llegaba hasta 2018.

Entre junio de 2012 y enero de 2015, Santa Mónica celebró ocho contratos con proveedores, ganando UF 232.494 más IVA. De hecho, con dos de ellos ya superaba con creces lo que debía cancelar a la ANFP. Pese a ello, el 5 de mayo de 2015 dejó de pagar las cuotas acordadas.

Deloitte, a su vez, no encontró registro acerca de los pagos que SMAC tendría que haber cancelado a la ANFP por la organización de partidos amistosos —el equivalente al 10% de la recaudación neta por encuentros No FIFA y un 15% por partidos FIFA—. Estimaciones de la nueva administración aportadas a la auditora hablan de $171,9 millones por los encuentros propiamente tal y $1.516,6 millones por gastos deducidos de esos partidos que debía asumir SMAC. De este último, la firma sólo pagó $1.396 millones, adeudando así entre la materialización de los encuentros y el delta de los gastos: $292 millones. A los que se suman cuotas pendientes por $720 millones. En total, son $1.012,8 millones, convirtiéndose en el principal deudor de la ANFP.

Durante la revisión, Deloitte observó, además, que la ANFP celebró un contrato para el mismo fin que SMAC con la empresa Full Play Group, firma argentina ligada a Hugo Jinkis y su hijo Mariano, imputados por evasión tributaria y asociación ilícita en el escándalo FIFA. Ambos eran socios de Burzaco —vía su empresa TYC— en Datisa (donde también participaba Traffic), sindicada como el vehículo a través del cual se pagaban sobornos a los directivos de Conmebol por derechos de transmisión.

Dentro de los $1.516,6 millones imputados como gastos de los partidos que debía pagar Santa Mónica, existen $449,9 millones bajo el concepto “Negociación con rivales para partidos amistosos con Full Play Group”. Se determinó que la asociación no incurrió en egresos por este concepto.

Entradas: un mal contrato

El 16 de enero de 2015 se abrió la segunda etapa de la venta de entradas en modalidad de abono para la Copa América. La efervescencia fue tal que en 72 horas se vendió casi el 70% del total de los abonos destinados para esa fase del campeonato. Y así fue en cada una de las etapas. Era tanta la demanda por boletos que para la final entre Chile y Argentina los valores de reventa alcanzaron, según registros de prensa, $15 millones por ticket. Era un negocio seguro que movió, sólo por concepto de la competición sudamericana, casi $ 19 mil millones y que tuvo a TicketPro como la comercializadora exclusiva.

El análisis forense de Deloitte también se enfoca en este proceso y detecta irregularidades. La primera de ellas apunta a que no existía proceso de licitación con la compañía ticketera. Así, en la página 21 del documento se lee: “Se tuvo a la vista dos contratos que la ANFP celebró con TicketPro y un contrato celebrado entre el COL 2015 y esta empresa, por medio de los cuales se le entregó mandato para que vendiera, recaudara y controlara accesos a partidos del campeonato nacional, en virtud de una modalidad en la que cada club era libre de adherirse, así como para proporcionar el mismo servicio respecto de algunos partidos de clasificatorias y todos los partidos de la Copa América 2015. Cabe destacar que no fue posible evidenciar proceso de licitación para efectos de contratar a TicketPro”.

En rigor se analizaron tres contratos entre la ANFP y la compañía. El primero de ellos de septiembre de 2012 para partidos de la selección adulta en las clasificatorias del Mundial de Brasil 2014. El segundo, de marzo de 2014 para los clubes que quisieran adherirse voluntariamente, enfocado en el campeonato nacional. Y el último, de noviembre de 2014, entre la empresa y el COL 2015 para la Copa América.

En el informe se detalla cómo operaba cada contrato. En ellos se estipulaba un cargo por servicio de recaudación que beneficiaba a la ticketera que correspondía a un porcentaje por sobre el valor unitario del boleto. En el primer contrato este porcentaje alcanzaba un 10%, en el segundo, un 12%, y en el de la Copa América vuelve a ser un 10%.

Pero más allá de los porcentajes de ganancia de la compañía, lo que llamó la atención de los analistas de Deloitte fue lo que dejó de recibir la ANFP por un concepto conocido como rebate. Este término, de acuerdo a lo que se detalla en el documento, se refiere a un pago de TicketPro a la ANFP que corresponderá a un porcentaje de lo recaudado por la compañía vendedora de entradas por el concepto del cargo por servicio.

En el primer contrato este cargo correspondía al 15%, en el segundo no se estipulaba y en el de la Copa América el porcentaje bajó a 10%. Los forenses consignan que en el actual contrato vigente —formalizado por la ANFP y Punto Ticket en septiembre de 2015—, luego de la Copa América, el concepto de rebate se eleva al 60% en beneficio de la corporación.

De haber negociado un porcentaje similar a este útimo, la ANFP habría incrementado sus ingresos por la Copa América en más de $ 800 millones.

El agitado sueldo de Sampaoli

Lo que reclamó Jorge Sampaoli, recién eliminada la selección del Mundial de Brasil –según declaró personal de la Gerencia de Selecciones a Deloitte–, fue la diferencia entre los premios que recibieron él y su cuerpo técnico, y los que consiguieron sus jugadores. Y no habría tardado en hacérselo saber a Sergio Jadue. El desembolso adicional que realizó la ANFP, en un anexo al contrato de derechos de imagen, firmado el 1 de julio de 2014, otorgó US$ 200 mil dólares para Alta Lake Investing Limited, empresa off-shore con base en las Islas Vírgenes representada por Sampaoli, y US$ 100.000 respectivamente para Greenboro Investors Limited y James Bay Investors Lts., representadas por Sebastián Beccacece y Jorge Desio. Y fue uno más en la larga lista de mejoras que el técnico de Casilda y sus ayudantes consiguieron en los tres años al mando de la selección nacional.

El informe los enumera: el primer salto monetario se efectuó en diciembre de 2013, cuando, conseguida la clasificación al mundial, Sampaoli aumentó su sueldo mensual de US$ 37.500 a US$ 52.500, aunque el más cuantioso fue en diciembre del año siguiente, tras ganar dos partidos en la cita planetaria, cuando triplicó su sueldo hasta US$ 145.833.

En tanto, las remuneraciones del cuerpo técnico ascendieron, en el mismo periodo, de US$ 18.750 a US$ 72.917. En noviembre de 2015 se firmó una última modificación –mientras la ANFP pagaba US$ 500.000 al SII por las irregularidades impositivas en el pago de premios al cuerpo técnico–, que estipuló que recibiría US$ 59.235 dólares y sus ayudantes la mitad.

Esos mismos aumentos progresivos logró el ex técnico de la U. de Chile en la otra mitad de su sueldo: los seis documentos de Comercialización y Licencia de Derechos de Imagen firmados entre los meses de diciembre de 2012 y 2015, a través de las tres sociedades off-shore, en que logró subir sus ingresos mensuales de US$ 37.500 a US$ 105.833, y su cuerpo técnico de US $18.50 a US$ 52.916.

Por último, el documento confirma otras informaciones que habían trascendido: que el anexo firmado una vez terminado el mundial incluía tres cláusulas obligatorias, según las cuales Sampaoli y sus ayudantes debían entregar en 2014 un análisis detallado de la carrera de director técnico impartida por la INAF, realizar una clase magistral al año de dos horas para técnicos y asistentes de Primera División y Primera B, y dictar charlas para empresas, cuyos ingresos serían para la ANFP. Según la información entregada a Deloitte por el ex Vicerrector del INAF, el cuerpo técnico nunca habría entregado un informe formal ni habría realizado las charlas para los entrenadores.

(*) Colaboración: N. Alonso, D. Muñoz, J. Rodríguez, M.J. Tapia.

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Fuente: Que Pasa