«Opositores» Aprueban Ley Antisaqueos: La Ley de la Traición

0
1144

por Francisco Herreros.

Cuando el movimiento popular aún lucha en la calle, sin que se haya avanzado en ninguna de sus justas y largamente postergadas demandas y reivindicaciones, la clase política, incluida buena parte de la oposición; con la excepción de un sector del Frente Amplio y el Partido Comunista, le propinó una cuchillada por la espalda, al aprobar en tiempo record la denominada «ley antisaqueo», cuyo fin último apunta a criminalizar la protesta social.

Al hacerlo, aquellos «opositores», de retórica encendida, pero de comportamiento equívoco, huidizo y pusilánime, engulleron hasta las heces la estratagema del gobierno, de reducir la protesta social mayoritaria, a actos particulares de «saqueos», «violencia» y «vandalismo», contra los cuales el Estado dispone de suficiente arsenal, siempre y cuando, claro, se decida utilizarlo, y no promover dichas conductas con el fin de manipular a la población por la desconfianza, la inseguridad y el terror, como hay suficiente evidencia. (1)

Por lo demás, ¿con qué moral, y a pretexto de qué, una de las derechas más violentas de Latinoamérica, solo por debajo de la de Colombia, tiene el descaro de invocar o sacar al pizarrón a medio mundo, a propósito de la «violencia»?

En seguida, le entrega un triunfo gratuito al peor gobierno de la historia de Chile -medido hasta en las encuestas que controla- a cambio de ningún avance en la legítima demanda ciudadana, y ni siquiera el reconocimiento de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de esta dictadura 2,0.

Por el contrario, esos pinches de cocina parecen no advertir que la «agenda social» no es sino un menú pasado de contrabando, que contiene todos los elementos de la agenda real del gobierno de Piñera, aquella que apunta a consolidar y profundizar el modelo neoliberal, sin tocar ni con el pétalo de una rosa los intereses de la arrogante plutocracia, contra la que se han alzado millones de chilenos dignos.

Apenas un botón de muestra. A pretexto de la «agenda de reactivación económica», el gobierno introduce por la ventana, nuevas disposiciones de flexibilidad laboral:

«Aquellas empresas que acrediten haber sido afectadas por la crisis, sus trabajadores afiliados al seguro de cesantía puedan pactar jornadas reducidas con su empleador y obtener un complemento de su renta desde el seguro de cesantía”.

A pesar de la pródiga evidencia histórica y empírica, la «oposición» de matriz social-cristiana y social-demócrata simula ignorar que cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana.

Se trata, por lo demás, de una legislación perfectamente inútil respecto a sus objetivos declarados.

Ninguno de los millones de chilenos que se han movilizado por sus derechos desde hace ya 48 días, ha salido con la regla de cálculo respecto a las penas que el sistema que impugnan, les pueda imponer.

Al contrario, le entrega un cheque en blanco a una policía autonomizada, descriteriada y fuera de control, y a instituciones de clase -Ministerio Público y Tribunales de Justicia- complacientes y serviles con el saqueo de alto coturno, e implacables con los delitos del pobre.

Por ende, reduce todavía más el legítimo derecho a la protesta social, y deja en la indefensión a aquellos casos no infrecuentes, de personas que tienen el infortunio de encontrarse en el lugar equivocado, en el momento inapropiado.

Peor aún, la aprobación de la moción ingresada el pasado 25 de noviembre por los diputados Gonzalo Fuenzalida y Marcela Sabat de Renovación Nacional, y los demócrata-cristianos Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker, es una traición sin concesiones ni excusas al movimiento social que se expresa en las calles desde el 18 de octubre pasado.

Cabe esperar que la memoria de los chilenos, históricamente frágil, no lo olvide esta vez, en el probable caso de que se presenten en las próximas elecciones parlamentarias.

Al arbitrio de la discreción

La iniciativa liberticida y antidemocrática, define en abstracto siete situaciones que serán consideradas como desorden público, al tiempo que se establece contra ellas penas que van desde los 541 días y a cinco años de presidio.

Tan solo se rechazó una de las situaciones constituyentes de desorden público: «impedir, mediante coacción, la realización de la manifestación o reunión pública».

Para efectos de esta sanción, se entenderá por desorden público, gracias a la Concertación y el Frente Amplio, las siguientes situaciones, la mayor parte de ellas, imputables -por lo genérico- a los chilenos que protestan desde el 18-O:

1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.

2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.

3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.

4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.

5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.

6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

Después de lo conocido hasta ahora, dejar la calificación de estas conductas a Carabineros, es de una irresponsabilidad criminal.

También en el Senado

Como no cabía esperar otra cosa de este fatal contubernio, el Senado aprobó en general, por 33 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones la “ley antisaqueos”, a la que se le podrán ingresar indicaciones hasta este viernes 6 de diciembre.

Como si esto fuera poco, en paralelo, las comisiones de Seguridad y Defensa del Senado aprobaron por unanimidad una indicación que permitirá a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) reclutar agentes encubiertos, en la tramitación del proyecto que «moderniza» el sistema de inteligencia del Estado.

El senador «socialista», Juan Pablo Letelier, opinó:

«Esto le dará una operatividad propia a la ANI, que hoy no tiene”.

Categórico rechazo de Unidad Social

Unidad Social rechazó la aprobación de la “Agenda Represiva del Gobierno”, aprobada en primer y segundo trámite constitcional por la Cámara de Diputados y el Senado, con una velocidad que no ha conocido ninguna legislación que apunte al reconocimiento, ni menos consagración, de derecho social alguno.

La declaración pública de Unidad Social sostiene que el proyecto penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación:

1) Paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos;

2) El derecho a la autodefensa frente a la represión policial;

3) La interrupción del tránsito de personas o vehículos;

4) Las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial,

5) Castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de ‘una agrupación y organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos’ ya señalados, criminalizando la agrupación y organización social en la lucha por nuestros derechos.

Agrega:

“Los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y siguen sin hacerse cargo del estallido y la demanda social. No se entiende que habiéndoseles dicho que rechazaran la agenda legislativa y los proyectos de un gobierno que tiene menos del 10% de aprobación, continúen votando y peor aún aprobando sus proyectos en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social. En los hechos le dan oxígeno a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”.

“Unidad Social agrupa a más de 200 organizaciones que durante años han luchado por transformar Chile, y por mejoras relevantes para quienes representan. Asimismo, hemos sido parte de la digna lucha de los pueblos que durante más de 40 días se ha movilizado en las calles, en cabildos, trawün y asambleas, por transformar las condiciones de precarización de nuestras vidas, condiciones de miseria y exclusión en que hemos estado por más de 30 años. En ese sentido, con fuerza señalamos que entendemos la aprobación de este proyecto como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos que hiciera Sebastián Piñera. Defendemos nuestro Derecho a la Protesta, a la desobediencia civil, y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la Huelga como Derecho Humano”.

Y concluye:

“Convocamos a rechazar esta agenda represiva y frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la ‘oposición’. Además llamamos a seguir movilizados, a no ceder a las políticas de terror del Gobierno y a impulsar la iniciativa popular de Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional y la Agenda Social de Transformaciones Urgentes que hemos puesto sobre la mesa. Nos organizamos contra la impunidad de los verdaderos criminales que son los responsables materiales y políticos de la violación sistemática a los DDHH, exigimos juicio y castigo, reparación a la víctimas y liberación inmediata de los más de mil presos y presas políticos del Chile que despertó”.

Repercusiones

El Frente Estudiantil de Revolución Democrática rechazó la votación de los diputados del partido a favor de esta iniciativa:

“Demuestra una desconexión entre las y los parlamentarios con la militancia en las calles, territorios, y frentes de movilización, quienes de ninguna manera apoyamos iniciativas de este contenido.

“Consideramos que, en estos momentos críticos para el país, lo que necesitamos es continuar apoyando enérgicamente la búsqueda de responsabilidades penales y políticas para quienes resulten responsables de violaciones a los Derechos Humanos; así también de impulsar y robustecer la agenda social que se haga cargo de las grandes demandas de la movilización”, agregan.

El frente estudiantil de RD interpela directamente al diputado y jefe de bancada Pablo Vidal, a quien exigen “explicaciones públicas de la votación y que asegure no votar a favor de esta agenda en iniciativas que emanen en un futuro y que vayan en la misma linea del populismo penal, con un contenido irresponsable y desproporcionado”.

“Situaciones como estas, nos alejan de las organizaciones sociales y de la movilización, lo que no debe ser un objetivo para Revolución Democrática, que de la misma manera debe ser un partido que legisle de manera responsable, en especial en materia penal, donde la derecha históricamente ha actuado en base a populismos”, concluyó.

JJCC: «la autodefensa frente a la violación de los DD.HH. no se puede encarcelar»

El presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, señalo:

«Para el gobierno el problema central es de orden público y parte importante de la oposición aún no se convence de otra cosa, olvidando además que las instituciones a las que dan más atribuciones violan los DD.HH.»

Respecto a la violencia en el marco de las manifestaciones, el dirigente juvenil del PC marca una diferencia:

«Yo rechazo a toda acción que tenga por finalidad causar daño fisico o material, como lo son las provocaciones o saqueos, pero lo diferencio del derecho que tiene el pueblo a contener la violencia policial cuando esta atenta contra los derechos humanos».

Agregó:

«Sin la primera línea de contención a la violencia desmedida de Carabineros, la manifestación pacífica de cientos de miles no sería posible. La autodefensa ante la violación sistemática de los DD.HH. no puede encarcelarse».

Respecto al Frente Amplio, señaló:

«Con el FA al menos logremos un mínimo de entendimiento en torno a priorizar las demandas del movimiento social y frenar la agenda criminalizadora del gobierno»

Autocrítica

La posición de los parlamentarios del Frente Amplio fue tan errónea y equívoca, que dos de sus líderes más caracterizados, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, no tardaron un día en desdecirse y deshacerse en excusas:


Al Igual que Bill Clinton, y la derecha chilena, creen que pedir disculpas públicas borra la falta, y les permite quedar cero kilómetros.

¿Qué fue de los jóvenes paladines que llegaron a la política con la promesa de renovarla y liberarla de compromisos espurios y negociaciones entre cuatro paredes, a espaldas del pueblo?

En política, no existe la equivocación, sólo el cálculo.

Deben saber, y asumir, que lo que votaron ayer, costará años -y sangre- reparar.

Encima, Boric se victimiza:

Parece no conocer la ley de la iniciativa en política: si se la cede a título gratuito al adversario, después no se saca nada con llorar.

La historia los juzgará

Anótese, téngase en cuenta y archívese.

Así votaron los diputados.

A Favor:

Ex Concertación

Partido Demócrata Cristiano:

Gabriel Ascencio Mansilla, Miguel Ángel Calisto Águila, Iván Flores García, Pablo Lorenzini Basso, José Miguel Ortiz Novoa, Joanna Pérez Olea, Jorge Sabag Villalobos, Gabriel Silber Romo, Víctor Torres Jeldes, Mario Venegas Cárdenas, Daniel Verdessi Belemmi, Matías Walker Prieto

Partido Por la Democracia:

Loreto Carvajal Ambiado, Ricardo Celis Araya, Rodrigo González Torres, Tucapel Jiménez Fuentes, Carolina Marzán Pinto, Andrea Parra Sauterel, Raúl Soto Mardones

Partido Radical Socialdemócrata- Independientes:

Marcela Hernando Pérez, Carlos Abel Jarpa Wevar, Fernando Meza Moncada, José Pérez Arriagada, Alexis Sepúlveda Soto, PepeAuth Stewart, (IND)

Partido Socialista:

Juan Luis Castro González, Daniella Cicardini Milla, Marcelo Díaz Díaz, Fidel Espinoza Sandoval; Maya Fernández Allende, Marcos Ilabaca Cerda, Raúl Leiva Carvajal, Jaime Naranjo Ortiz, Luis Rocafull López, Gastón Saavedra Chandía, Raúl Saldívar Auger, Marcelo Schilling Rodríguez, Leonardo Soto Ferrada, Jaime Tohá González.

Frente Amplio

Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes:

Alejandro Bernales Maldonado; Gabriel Boric Font, Diego Ibáñez Cotroneo , Vlado Mirosevic Verdugo, Gonzalo Winter Etcheberry, Gael Yeomans Araya.

Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes:

Renato Garín González

Revolución Democrática:

Jorge Brito Hasbún, Natalia Castillo Muñoz, Miguel Crispi Serrano , Giorgio Jackson Drago, Maite Orsini Pascal, Catalina Pérez Salinas, Patricio Rosas Barrientos, Pablo Vidal Rojas.

Federación Regionalista Verde Social-Independientes:

René Saffirio Espinoza, Alejandra Sepúlveda Orbenes.

En contra:

Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes:

Florcita Alarcón Rojas, Félix González Gatica, Pamela Jiles Moreno.

Federación Regionalista Verde Social-Independientes:

Esteban Velásquez Núñez

Partido Comunista:

Hugo Gutiérrez Gálvez, Amaro Labra Sepúlveda

Partido Socialista:

Emilia Nuyado Ancapichún

Abstención:

Partido Por la Democracia:

Cristina Girardi Lavín.

Partido Socialista:

Jenny Álvarez Vera, Juan Santana Castillo.

Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes:

Claudia Mix Jiménez, Camila Rojas Valderrama.

Federación Regionalista Verde Social-Independientes:

Jaime Mulet Martínez.

Partido Comunista:

Boris Barrera Moreno, Karol Cariola Oliva, Carmen Hertz Cádiz, Daniel Núñez Arancibia, Marisela Santibáñez Novoa, Guillermo Teillier Del Valle, Camila Vallejo Dowling.

En el Senado, los «opositores» que aprobaron esta ley liberticida fueron:

Independientes:

Carlos Bianchi Chelech

Independientes pro-concertación:

Pedro Araya Guerrero, Ximena Ordenes Neira.

Partido Demócrata Cristiano:

Carolina Goic B., Francisco Huenchumilla J., Jorge Pizarro S.

Partido Por la Democracia

Guido Girardi L., Felipe Harboe B., Ricardo Lagos W., Jaime Quintana L., Jorge Soria Q.

Partido Socialista

Alfonso De Urresti L., Alvaro Elizalde S., José Miguel Insulza S., Juan Pablo Letelier M.

Partido Progresista:

Alejandro Navarro B.

En contra

Independiente pro PRSD

Alejandro Guillier A.

Revolución Democrática:

Juan IgnacioLatorre R.

Abstensión

Partido Socialista

Isabel Allende Bussi

Partido por la Democracia

Adriana Muñoz D.

Vox pópuli

El juicio de los chilenos, a través de las redes sociales, ha sido inapelable:

Nota:

(1) Hasta ahora, se han conocido al menos tres casos en que concejales de derecha, o funcionarios municipales dependientes de ellos, han sido sorprendidos en saqueos, así como numerosos funcionarios de Carabineros. La legítima duda es: ¿son casos individuales o responden a algún tipo de orientación política?.

DEJA UNA RESPUESTA