Acuerdos de Utilería: Piñera al Borde del K.O.

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por Francisco Herreros.

Si alguna señal faltaba para ratificar la sensación de un Gobierno contra las cuerdas, en parálisis cataléptica y desbordado por la rebelión de Moya, la entregó la confusa, innecesaria y meliflua intervención de Piñera por cadena nacional de televisión, incoherente corolario de la potente huelga general del 12 de noviembre.

Pasadas las 19:00 hrs., mientras la televisión mostraba una y otra vez, imágenes de saqueos, incendios y violencia, en el despacho presidencial de La Moneda se sucedían frenéticas reuniones, telefonazos de urgencia, conciliábulos y consultas.

La incorporación del ministro de Defensa, Alberto Espina, a la reunión principal, hacia las 20:00 hrs., alentó especulaciones entre los periodistas de palacio y alimentó alarmados rumores en las redes sociales.

Al final del día, el alumbramiento de los montes parió un ratón.

Hacia las 22:30 hrs., con treinta minutos de retraso, Piñera tomó poco más de siete minutos para desgranar su retahila de lugares comunes, repetidos como un mantra, tales como «nueva jornada de violencia y destrucción»; «el orden público ha sido vulnerado y la seguridad ciudadana no ha sido respetada» y «grave situación de violencia y delincuencia que atenta severamente contra nuestra democracia», entre otros, lo cual significa un implícito reconocimiento de su fracaso en el control del orden público, relevado por él mismo a prioridad principal.

Créase o no, la única medida para enfrentar tan apocalíptico diagnóstico, se limitó a «abrir la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente».

Luego de una nueva capa de lugares comunes, en este caso, «estos son tiempos de unidad, son tiempos de grandeza»; «desde el primer día nuestro Gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles por escuchar a la gente con atención, con humildad, con comprensión; «la grave situación exige, con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces, dejar de lado todas las miserias, actuar con la grandeza, la generosidad y el patriotismo que las circunstancias nos exigen», y «esta situación tiene que terminar ahora, y tomar plena conciencia de que eso depende del esfuerzo y del compromiso que pongamos cada uno de nosotros», endosó un acuerdo de tres puntos, tan insuficiente e inútil como la «agenda social» y la «agenda de seguridad ciudadana»:

«Primero, un Acuerdo por la Paz y contra la Violencia que nos permita condenar en forma categórica y sin ninguna duda una violencia que nos ha causado tanto daño, y que también condene con la misma fuerza a todos quienes directa o indirectamente la impulsan, la avalan o la toleran.

Segundo, un Acuerdo para la Justicia para poder impulsar todos juntos una robusta Agenda Social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios.

Y tercero, un Acuerdo por una nueva Constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero con una clara y efectiva participación ciudadana, con un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos participen no solamente en la elaboración de esta nueva Constitución, sino que también tengan la última palabra en su aprobación y en la construcción del nuevo pacto social que Chile necesita».

No podía concluir sin una amenaza contra el movimiento popular organizado, que dicho sea de paso, ha resultado tan desbordado como toda la estructura política e institucional del país:

«Igual como no toleramos ninguna violación a los Derechos Humanos, tampoco toleramos ninguna impunidad frente a delitos que reflejan tanta maldad y que han causado tanto daño a tanta gente durante tanto tiempo. Por esa razón, he instruido al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que presente querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado, o que han promovido, o que han fomentado, o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada».

Otra vez tarde y mal

A título de primeros comentarios; respecto del primer punto uno, Piñera definitivamente no cae en cuenta que sus erráticas y tardías medidas, que buscan ganar tiempo en función del desgaste de la energía social de las mayorías movilizadas, así como las groseras violaciones de los derechos humanos perpetradas por Carabineros, a la vez amparadas y negadas por el gobierno, son los principales factores que alientan y retroalimentan la ira ciudadana y la violencia social.

Ya con la gigantesca marcha del 25 de octubre, el pueblo de Chile le dijo a Piñera lo que piensa de su esmirriada «agenda social»; de rídiculo monto, que sólo irroga gasto público y ninguna redistribución; lo cual no fue óbice para una nueva invocación del mantra, en el discurso del 12 de noviembre:

«Una robusta Agenda Social que nos permita avanzar rápidamente hacia un Chile más justo, un Chile con más equidad y con menos abusos, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos privilegios».

Y qué decir del tercer «acuerdo», sobre una nueva Constitución. De modo análogo que el punto anterior, el pueblo rechazó en la calle la propuesta constitucional del gobierno, así como también lo hizo una declaración conjunta de los catorce partidos de oposición, hecho inédito desde la instalación del segundo gobierno de Piñera.

Cuando Piñera propone un acuerdo «dentro del marco de nuestra institucionalidad», simula no percatarse que esa institucionalidad es la que está, precisamente, en el centro de la crisis.

Evidentemente lo sabe, pero apunta a pescar lábiles votos entre oportunistas y liberales tardíos, en la ex oposición.

Demasiado poco, demasiado tarde.

Ninguna componenda de la elite cuya avaricia e incompetencia generó la crisis, puede detenerla.

El único que puede hacerlo es el telúrico movimiento ciudadano, una vez cumplidas sus dos principales exigencias: renuncia de Piñera y Asamblea Constituyente

La amenaza implícita contra fuerzas políticas de izquierda y organizaciones de la Mesa de Unidad Social se dirimirá en el terreno que corresponde: la difusa, inconstante y tornadiza correlación de fuerzas de los múltiples intervinientes de la confrontación social.

Contra las cuerdas

La innecesaria exposición al ridículo del Presidente de la República, está rodeada de un cono de sombras que oculta el fracaso de la operación encaminada a reestablecer el estado de emergencia, mejor todavía, el estado de sitio, y en ambos casos, el despliegue las fuerzas armadas, para controlar el orden público.

El periódico electrónico de ultraderecha El Líbero, en la nota Presidente Piñera opta por no aplicar estado de excepción para abrir última oportunidad a un acuerdo nacional planteó:

«El Presidente Sebastián Piñera evaluó decretar un nuevo estado de excepción constitucional y convocar a las FFAA para hacerse cargo del orden público. Los militares, de hecho, se acuartelaron a la espera de ese llamado. Pero el Mandatario finalmente tomó la decisión de no sacar a los uniformados a la calle. La explicación desde La Moneda es que se envió una señal a la oposición, se le hizo un gesto implícito: renunciar al uso de la fuerza para dar una última oportunidad de llegar a un acuerdo transversal para salir de la crisis».

Resulta insólito que sus asesores no lo instruyan de que cualquier acuerdo con la oposición, particularmente con lo que huela a concertación, no sólo es inviable, sino también parte del problema.

El artículo FF.AA. se niegan a nuevo Estado de Emergencia, obligando a Piñera a recurrir a policías retirados para agenda de seguridad, del periódico digital Interferencia, aseveró:

«Los militares se negaron anoche a seguir la orden del Presidente de decretar un nuevo Estado de Emergencia. Una alta fuente ligada a la Defensa aseguró a este medio que las Fuerzas Armadas no volverían a salir a las calles, puesto que este problema es político y la solución debe ser política.

Varias otras fuentes consultadas por INTERFERENCIA, tanto militares como civiles, aseguran que efectivamente los militares se negaron a un nuevo Estado de Emergencia y volver salir a las calles. Esto a pesar de que, desde hace dos noches, existe información de que los militares estarían acuartelados en las noches.

Mientras tanto, en el gobierno cunde el pánico que Carabineros -fuertemente cuestionados por actuar, mayoritariamente, con una violencia extremada en contra de la población civil- pueda comenzar una suerte de huelga de brazos caídos. Ello, porque algunos sectores policiales se sienten desamparados frente a una arremetida judicial en su contra».

En ese contexto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que la institución no dará de baja a ninguno de los numerosos funcionarios imputados por diversas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos (seg 15′ del siguiente audio):

El periódico digital Ciper, en la columna de su ex directora Furia desatada en Carabineros: fuera de control y sin piloto añadió un nuevo ángulo a considerar:

«No ignoran en La Moneda que los efectivos de las Fuerzas Especiales están sin mando, sin cohesión, sin directrices de Inteligencia y sin control. Y corroídos por la rabia. Esa descomposición se origina, entre otras razones, en la explosión de corrupción y violencia que hizo pedazos su estructura de Inteligencia y su alto mando al provocar la salida intempestiva de más de 35 generales en los últimos dos años. Dos altos mandos completos, entre ellos, sus jefes».

En ese complejo cuadro gotearán, uno a uno, los encausamientos de policías y militares por flagrantes y públicas violaciones de los derechos humanos, además de muy probables instancias investigadoras del derecho internacional.

No menos corrosivas son las señales de disputas y divergencias entre los partidos principales del oficialismo, Renovación Nacional, RN, Unión Demócrata Independiente, UDI y Evópoli, en momentos cuando, como nunca antes, es necesaria la unidad, acerca del mecanismo para una nueva Constitución, y la manera de encarar la crisis política y social que vive el país.

Súmese a eso una crisis económica desatada e imparable, que la actual autoridad económica sólo se limita a constatar, y se obtiene la imagen de la tormenta perfecta.

Piñera demuestra estar incapacitado para conducir el país, en las actuales y dramáticas circunstancias.

Mientras no de un patriótico paso al costado, y no se convoque a una Asamblea Constituyente, el volcán tectónico de la sui genérisis revolución chilena no va a remitir.

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