La Reserva Moral de la Patria: La Red de Lavado de Activos del Comandante en Jefe del Ejército

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En una suerte de “bonus track”, la formalización del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba reveló el mecanismo utilizado por este dudoso representante de la última reserva moral de la Patria, para lavar activos por un monto que, hasta la fecha, la Fiscalía ha establecido en $660 millones de origen desconocido.

De acuerdo a la exposición del Fiscal de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en la audiencia de formalización, Fuente-Alba, que a esta altura debería estar degradado, desviaba dinero y bienes obtenidos ilegalmente, provenientes de los gastos reservados del Ejército, y los lavaba en el sistema financiero, a través de una serie de inversiones dudosas, tales como operaciones de compraventa y triangulación de activos.

Entre ellas, un circuito de compras y ventas de autos de alto precio y bienes raíces.

Esta triangulación le generaba ingresos aparentemente legales; con los cuales compraba nuevos activos, que luego volvía a vender.

Con la diferencia, invertía en fondos mutuos y depósitos a plazo.

Posteriormente, liquidaba esos papeles y re-invertía el producto en nuevos activos.

Y así, sucesivamente.

El viejo esquema Ponzi, que en el caso de Fuente-Alba, se trabó en abril de 2016, para luego colapsar, cuando salió a la luz pública que tenía un patrimonio personal de aproximadamente $1.300 millones, cifra muy lejana a sus ingresos durante su carrera militar; y que, además, era propietario de automóviles de lujo y de bienes raíces, con los cuales habría realizado sospechosas transacciones entre su núcleo familiar íntimo y de depósitos bancarios.

En la introducción de su alegato, el fiscal Morales aseguró:

“Con pleno conocimiento que los dineros provenían de la comisión de dicho delito, el ex comandante en jefe realizó distintas acciones tendientes a intentar ocultar o disimular su origen de aquellos, como depósitos sin fundamento o de origen desconocido a distintas cuentas, entre ellas algunas que mantenía con su esposa, efectuando pagos por distintos conceptos con cheques de las cuentas secundarias, o mediante tarjetas de créditos asociadas a estas cuentas, los cuales finalmente eran cubiertos con fondos de la cuenta principal o con dineros en efectivo provenientes de gastos reservados. Operaciones que le permitieron desvincular el dinero de su origen ilícito”.

Añadió:

“Dichas operaciones corresponden a reiteradas compras y ventas de vehículos motorizados y de bienes raíces, que le generen ingresos aparentemente legales y que luego son invertidos en fondos mutuos o depósitos a plazo, lugar del cual son rescatados y vueltos a reinvertir, situación que le permitió alejar considerablemente el origen de determinados fondos de origen desconocido”.

Morales calculó el perjuicio fiscal en $2.980 millones de pesos al año 2014.

Incremento patrimonial

En una audiencia sorprendentemente vacía, el ex-uniformado, que vestía chaqueta negra, se mantuvo serio y adusto, y en no pocas ocasiones bajó la mirada, con gesto contrariado.

Durante la vista, se dedicó a tomar notas con un lápiz azul, y dialogó con su abogado cuando el fiscal detallaba algún monto en particular.

La Fiscalía le imputa recursos de origen desconocido por un monto de más de $ 660 millones ($ 422.887.688 y US$ 341.796,38, equivalentes a cerca de $ 237 millones en moneda actual).

Según el Fiscal, existe “un notable incremento patrimonial de Fuente-Alba y su cónyuge, quienes al inicio de 2008 registraban un patrimonio de $ 409.718.979 el que se había incrementado a $1.425.821.614, al 31 de diciembre de 2015″.

Morales dijo que además del dinero obtenido ilícitamente, Fuente-Alba registra gastos, desembolsos e inversiones por un total de $7.324.926.511, entre 2010 y 2016:

“El imputado, durante el periodo investigado, realiza gastos por $ 7.324.926.511. Los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado en su calidad de funcionario público, los que ascienden a la suma de $155.452.000, durante el periodo enero de 2010 y mayo de 2014″.

Informó que mientras fue comandante en jefe del Ejército, entre marzo de 2010 y marzo de 2014, ganaba $2.993.000 mensuales.

Entre estos gastos se contabilizaron vehículos de alta gama, de marcas Porsche, Audi y Volkswagen, junto con propiedades con valores por sobre los $400 millones.

Gastos reservados

Como comandante en jefe, era responsable de que los gastos reservados del Ejército. Pero, en lugar de destinarlos a fines de seguridad interna y externa, el fiscal sostuvo que utilizó esos fondos para su beneficio y el de su familia.

De esos recursos, agregó Morales, se asignó un sobresueldo de $6 millones, además de que gastaba en promedio $ 200 mil en regalos a familiares, oficiales superiores y sus señoras, y matrimonios a los que era invitado.

Asimismo, relató el fiscal, con ese dinero pagó hoteles, pasajes aéreos y transporte terrestre para su esposa, cuando lo acompañaba a comisiones de servicio institucionales.

Además, habría usado fondos reservados para financiar el matrimonio de un hijo, en agosto de 2013, y el jardín de su casa en Chicureo, en 2014.

Desvío de fondos y lavado de activos

De acuerdo al Ministerio Público, individualmente o a través de su señora, Anita Pinochet, el ex militar mantuvo entre 2011 y 2016 ocho cuentas bancarias y usó 17 tarjetas de crédito de bancos nacionales, con cupos en pesos y dólares.

Estas, añadió el fiscal, fueron usadas “para estratificar o distribuir los fondos obtenidos ilícitamente, sin que exista razón de negocio que justifique la existencia de esta cantidad de productos y operaciones bancarias”.

Fuente-Alba triangulaba recursos, traspasándolos de una a otra cuenta, generalmente en efectivo, pero también a través de pagos con cheques o gastos imputados a las tarjetas de crédito.

Pagos que, según Morales, fueron cubiertos con fondos de la cuenta principal y con dinero en efectivo de gastos reservados.

Al respecto, añadió Morales, entre 2010 y 2014 Fuente-Alba depositó en sus cuentas $48.750.424 y US $ 60.868, provenientes de gastos reservados del Ejército.

Respecto del delito de lavado de activos, Morales acusó:

“El imputado tiene al rededor de siete dinámicas o modalidades distintas de lavado de dinero: adquisición de vehículos, pagos con tarjetas de crédito e inyección de depósito en efectivo, pagos con uso de testaferros para efecto de la compra y venta de vehículos, compra y venta de inmuebles, depósito en efectivo en cuentas, pago anticipado de créditos, con generación de inversiones con fondos mutuos”

Oscuras operaciones de compraventa

Entre 2010 y 2014, el ex-militar compró varios autos de alto precio, por los cuales pagó un total $ 90.534.279 con cargo a tarjetas de crédito.

Luego cancelaba las cuotas de esas tarjetas con gastos reservados.

No inscribió esos autos de autos de lujo el registro de vehículos motorizados del Registro Civil, a fin de ocultar la adquisición y reducir su incremento patrimonial.

Acto seguido, los volvía a vender, pero sorprendentemente, y en abierto desafío a las leyes del mercado, a un precio superior.

El fiscal detalló al menos siete operaciones de compra y venta de vehículos de alto valor con esa curiosa característica.

Entre ellas, la de un Audi, modelo RS6 5.0, del 2011, por $ 60 millones en septiembre de 2010 y en diciembre de 2010 la de un Porsche, modelo Cayenne, por $ 31 millones.

Este último lo vendió dos meses después, y del importe de la venta, invirtió $ 25 millones en fondos mutuos.

En otro caso, compró un auto que quedó a nombre de su hijo y que, siete meses después, fue vendido. El dinero fue depositado en un fondo mutuo a nombre del ex militar, por medio de un testaferro.

Créditos y tarjetas

El general obtuvo cinco créditos no hipotecarios, los cuales fueron abonados durante el periodo normal de pago. Sin embargo, quedó una diferencia de 51 millones de pesos que no fue cancelada mediante sus ingresos justificados, sino que con Gastos Reservados, ya que no existe morosidad.

“Fueron realizados para aumentar considerablemente su patrimonio…le permitieron contar con fondos para realizar nuevas inversiones”, sostuvo Morales.

Respecto de las 17 tarjetas de crédito analizadas, dos de ellas de su esposa, se detectó una facturación por 247 millones de pesos, de los que sólo 117 millones fueron pagados con fondos de su cuenta corriente.

El resto, 112 millones de pesos, correspondería a Gastos Reservados.

Además, se facturaron 242 mil dólares, de los que 224 mil fueron pagados por caja, es decir, sin un origen conocido.

Por ello, Morales explicó que esta fue la “modalidad de pago de forma habitual durante todo el tiempo analizado. No utilizaba efectivo, sino que luego pagaba por caja”.

“Los movimientos permitieron un importante incremento patrimonial”, concluyó el persecutor, añadiendo que se detectaron fondos sin justificación.

En detalle, se registraron gastos no justificados por más de 422 millones de pesos y 141 mil dólares.

“De uno de los análisis de las cuentas bancarias del imputado,en los años investigados, existen montos de $207.498.927 y US $72.241 que no registran justificación, es decir, que no tienen relación con los ingresos legalmente obtenidos por Juan Miguel Fuente-Alba y tampoco con las operaciones comerciales analizadas que pudiesen generar dichos abonos“, manifestó el fiscal.

Morales anadió que el valiente soldado utilizó a su señora, Anita Pinochet, en calidad de testaferra, toda vez que puso a su nombre varias compras de estos autos de elevado desempeño, y otras inversiones.

Entre ellos, en diciembre de 2013, un Mercedes Benz por $ 44.225.000.

Operaciones inmobiliarias

En la audiencia, Morales detalló que el general (r) Fuente-Alba compró propiedades en la región Metropolitana, los que posteriormente vendió a sus propios hijos para ocultar el origen de los recursos.

Expuso que en varios casos figuran como compradores y vendedores sus hijos:

“Durante el período 2010 a 2015, el imputado realiza una serie de operaciones de compra y venta de inmuebles con dineros de origen ilícito, y además realiza algunas operaciones de compra, venta y re-compra de inmuebles entre él y dos de sus hijos”.

Vea la intervención completa del fiscal José Morales:

El sagrado derecho a pataleo

Más de alguien podrá decir que se trata sólo de la acusación del fiscal, y que a Fuente-Alba se le está desconociendo el derecho constitucional de presunción de inocencia.

De hecho, su abogado, Maximiliano Murath, afirmó en declaración pública:

“Es evidente la debilidad del nivel de rigurosidad aplicado a los sucesivos informes elaborados por la PDI respecto del verdadero patrimonio del general (R) Fuente-Alba. Se han proporcionado antecedentes a la investigación que constituyen gruesos errores al ser ellos completamente contradictorios a los antecedentes aportados por esta defensa”.

Pero ¿cuál presunción de inocencia puede caber, si Fuente-Alba permanece en prisión preventiva desde el 14 de febrero, en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén, cuando la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, lo procesó por malversación de caudales públicos, por un monto de $ 3.500 millones?.

De acuerdo a la acusación de la magistrada, dicha suma se habría ocupado en distintos artículos, como regalos a personal y a esposas de oficiales, además de gastos personales y del funcionamiento de la casas del comandante en Jefe.

Murath invocó también el principio de la cosa juzgada:

“Básicamente se trata de la misma malversación de caudales públicos que la ministra Rutherford ya está investigando, y son hechos que dicen relación directamente con eso”.

Agregó el siguiente galimatías:

“La verdad de las cosas es que el único elemento de cargo serio que pudiese haber por parte de la fiscalía son los informes de la PDI. Informes que carecen de la rigurosidad científica que tienen que tener, que omiten información relevante para justificar el patrimonio y los activos. Por ejemplo hay errores tan grotescos como que en los mismos ítems se cambian los números, disminuyendo el patrimonio del general antes del periodo 2010-2014. Se omiten compraventas que se tuvieron antes de 2014 por montos cercanos a los 200, 300 millones de pesos. Se omiten créditos hipotecarios”.

Para Murath, su cliente es inocente. Era que no:

“Mi defendido lleva cuarenta y tantos años de servicio. Es una vida de trabajo. Lo que pasa es que hizo buenas inversiones, ha recibido herencias, en fin. Su patrimonio viene desde antes”.

Consultado sobre si el Ministerio Público competía con la la justicia militar en ensañarse contra su defendido, respondió:

“La Fiscalía Nacional tiene una presión mediática muy grande respecto a este caso, y eso lógicamente implica investigar”.

El magistrado Ponciano Sallés, del Séptimo Juzgado de Garantía, dictó la medida cautelar de arraigo nacional y estableció un plazo de 180 días de investigación.

Terminada la audiencia, el fiscal Morales fue consultado sobre la imputación de cargos a la esposa de Fuente-Alba.

Contestó con la fórmula de rigor:

“En este caso, por ahora, se ha formalizado al ex-comandante Fuente-Alba. Hay otras personas que tienen la calidad de imputado, entre los cuales está la persona señalada, y obviamente no se descarta ninguna de estas situaciones a futuro”.


Fiscal Morales revela el mecanismo para lavar dinero usado por Fuente-Alba que incluye a Ditec, la automotora ligada a asesor clave de Interior, Cristóbal Lira

Cristóbal Lira, Fuente-Alba y Sebastián de Cárcer.

Tras varias horas de formalización, en las que el Fiscal de Alta Complejidad detalló las maniobras utilizadas por el excomandante en Jefe del Ejército para lavar activos y aumentar considerablemente su patrimonio y el de su esposa, la compra y venta de vehículos de alta gama se reveló como un patrón para triangular dineros a sus cuentas y así concretar su lavado.

Entre las empresas mencionadas por Morales, figura la comercializadora Ditec, cuya propiedad es compartida por el empresario automotriz Sebastián de Cárcer y el actual asesor del Ministerio del Interior, Cristóbal Lira. Declaraciones reservadas que fueron obtenidas durante la indagatoria, apuntan a que Lira habría participado de los directorios y decisiones de Ditec cuando Fuente-Alba realizó las señaladas maniobras.

En esos momentos uno era comandante en Jefe del Ejército y el otro subsecretario de Prevención del Delito, durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera.

La cartilla es larga. Lujos, cuentas, viajes, hoteles y autos. Esto último ya es sabido que era de particular gusto del procesado excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, quien fue formalizado ayer por lavado de activos por el fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales.

En la ocasión, el persecutor detalló una serie de operaciones financieras que implicaron aumentar de forma considerable, y a su juicio inconsistente, el patrimonio, no solo de Fuente-Alba sino también de su esposa, Ana María Pinochet Ribeck, utilizando además a sus hijos para el traspaso de una serie de bienes, entre ellos, fondos de cuentas corrientes, compraventa de bienes raíces y la adquisición de vehículos de lujo.

En el esquema de lavado de dinero descrito por el Fiscal, la adquisición de vehículos de alta gama –a través de todo tipo de estrategias –constituye un elemento crucial en la investigación criminal, toda vez que involucra a actores relevantes del mercado automotriz chileno, dando cuenta de un patrón de negocios incompatible entre el mundo público, representado por el entonces comandante en Jefe del Ejército, y el sector privado, del rubro automotriz.

Dentro de estas empresas –que están bajo la lupa del Fiscal de Alta Complejidad, debido a que su infraestructura comercial y logística formó parte del mecanismo utilizado por el exjefe castrense para lavar dinero– figuran las concesionarias de autos de lujo Klassik Car y la Comercializadora Ditec, como fue adelantado en una serie de artículos de El Mostrador.

 

Ditec, ligada a la propiedad del empresario automotriz Sebastián de Cárcer y a Cristóbal Lira, actual asesor remunerado del Ministerio del Interior y exsubsecretario de Prevención del Delito en la primera administración del Presidente Piñera, fue mencionada por Morales como parte de las empresas con las que Fuente-Alba realizó maniobras a modo de «favores» para comprar y luego devolver autos al mismo o mayor precio al que fueron adquiridos, y así triangular dineros a sus múltiples cuentas.

El relato indica que el 24 de diciembre de 2010, Fuente-Alba compró a Comercializadora Ditec un Porsche, modelo Cayenne. El vehículo fue pagado con la tarjeta de crédito del Banco de Chile en 24 cuotas de $ 1.083.334 y la suma de $ 5.000.000, también en 24 cuotas, en una tarjeta de crédito no identificada.

Al poco tiempo, el formalizado excomandante en Jefe hizo una nueva jugada y se arrepintió de la compra, por lo que el 2 de febrero de 2011 Ditec pagó a Fuente-Alba 18.000 dólares y $ 31.000.000 por supuesta inconformidad con el automóvil anteriormente vendido. Este dinero fue pagado con cheque y depositado en su cuenta corriente del Banco de Chile, el 3 de febrero del 2011.

«Posteriormente, el imputado invirtió en fondos mutuos la suma de $25 millones de pesos. La devolución de dinero, en particular los $31 millones antes pagado, en parte a través de tarjeta de crédito ($26.000.000 más 5 millones), da cuenta de una maniobra de lavado de activos del imputado, dejando en su cuenta un disponible de $31 millones. Lo anterior, por cuanto posteriormente Fuente-Alba paga esas cuotas con dinero en efectivo proveniente de gastos reservados del Ejército de Chile, hechos respecto de los cuales se encuentra sometido a proceso y confirmado por la Corte Marcial«, dijo en la audiencia el fiscal en relación con la investigación paralela que instruye en contra de Fuente-Alba la ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford.

Morales detalló que el dinero recibido por el general (r) de parte de Ditec «le permitió depositar el efectivo en un fondo mutuo, disimulando el origen ilícito de los bienes, en la apariencia de una transacción con una empresa automotora y desvinculando ese monto de dinero de los dineros ilícitos con que posteriormente paga las cuotas de sus tarjetas de crédito«. La devolución de los 18.000 dólares –sostuvo– correspondía a depósitos realizados a Ditec por el propio Fuente-Alba.

La relación con Ditec, de acuerdo a lo publicado por el Mostrador, sería mas profunda, involucrando la compra de vehículos para el Ejército, sumando a la trama a controvertidos personajes como el comerciante de armas Virgilio Cartoni.

Según narró en su oportunidad este medio, Cartoni habría recibido una comisión por la venta de más de 100 vehículos de Land Rover de Ditec al Ejército, sellada en un reservada reunión entre Fuente-Alba y de Cárcer en París, Francia.

Pese a que la empresa ha negado cualquier irregularidad en el vínculo con Fuente-Alba –situación que en la audiencia pública fue descartada por el fiscal, tras exhibir los detalles de la maniobra por la que Fuente-Alba logró que Ditec le devolviera el dinero de la compra en condiciones que no se le aceptarían a ningún cliente–, altos ejecutivos de la firma Ditec ya han declarado durante estas últimas semanas en la Fiscalía en el marco de la investigación por lavado de dineros.

En efecto, unas semanas antes de la formalización, la PDI –por instrucciones del fiscal y con autorización judicial– allanó las oficinas de la empresa, recopilando antecedentes contables y computadores con información de la misma.

Las declaraciones ante la Fiscalía ponen el foco en un tema en particular sensible para el Gobierno: el rol de Cristóbal Lira, como socio de Ditec, cuando ejercía el cargo de subsecretario de Prevención del Delito y Fuente-Alba era comandante en Jefe del Ejército, y este realizaba –de acuerdo al fiscal– distintas maniobras para lavar dineros a través de la participación de la compañía de Lira.

Si bien se pensaba que el señalado exsubsecretario Lira se había mantenido alejado de la empresa mientras fue funcionario de Gobierno, lo cierto es que recientes declaraciones presentadas ante el fiscal Morales, apuntarían en sentido contrario. Según estos testimonios, Lira, mientras ejercía el cargo subsecretario de Prevención del Delito, habría participado en las reuniones de directorios y en las decisiones de la compañía en la época, y habría tenido cabal conocimiento de la cercana relación y negocios de Ditec con el procesado y ahora formalizado excomandante en Jefe.

Al interior del Gobierno, según lo dio a conocer El Mostrador, la intención siempre ha sido blindar a Lira, más aún cuando sonó como eventual reemplazo de Rodrigo Ubilla en la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública.

Klassik Car

En relación con las operaciones con esta concesionaria, ligada a los empresarios Gonzalo Martino y Jesús Diez, Morales señaló que se detectó la compra de un Audi, modelo RS6 5.0, año 2011, en la suma de $60.000.000, con fondos supuestamente provenientes del lavado de dineros.

«Ocho meses después de la adquisición, con fecha 07 de marzo de 2012, se hace devolución del dinero al imputado por parte de la automotora Klassik Car, cuya explicación jurídica es la resciliación del contrato de compraventa entre el imputado y la automotora. El dinero fue devuelto mediante cheque depositado en la cuenta corriente perteneciente al matrimonio del imputado por un total de $37.232.550», se detalló ayer durante la formalización.

Una de las operaciones que el fiscal detalló fue la realizada el 21 de septiembre de 2012, cuando el imputado realizó un pago (mediante cheque) por $45.581.000 a Klassik Car S.A., por la adquisición de un Audi A8. Siete meses después de la adquisición recién inscribió el auto a su nombre «para luego, con fecha 19 de abril de 2013, vender dicho automóvil a Maco Industrial por $41.581.600, monto similar al que fue adquirido).

El 25 de marzo de marzo de 2013, Fuentre-Alba compró un Audi, modelo S6, a la automotora Klassik Car, en la suma de US$ 86.245, que pagó mediante un cheque con fondos de una de sus cuentas del Banco de Chile en dólares. Tras solo cinco meses, vendió ese mismo auto a la misma automotora (Klassik Car) por $42 millones.

Fuente: El Mostrador

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