Informe Especial: El Derrumbe del Montaje que Tiene a Lula en la Cárcel y a Bolsonaro en la Presidencia

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Una serie de tres artículos del portal independiente Intercept, demuestra de modo irrefutable la trama entre el juez Sergio Moro y los fiscales de Lava Jato, para condenar sin pruebas a Lula, por supuestos cargos de corrupción, y de esa manera, encarcelarlo, montaje cuyas principales consecuencias consisten en a) que Jair Bolsonaro se transformó en Presidente de Brasil, y b) que Brasil está sumido en una crisis política, a estas alturas, de carácter terminal.

El encarcelamiento del ex-presidente brasileño Lula da Silva es el resultado de un complot. Es la conclusión de una investigación de la revista digital ‘The Intercept’, que pone en el punto de mira a Sergio Moro, ex-juez que lideró la operación Lava Jato.

Moro cooperó de manera ilegal con el fiscal Deltan Dallagnol en la operación anticorrupción para manipular las fases de la investigación.

The Intercept publicó este domingo tres reportajes exclusivos que revelan que el ex-juez del caso Lava Jato, y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se coordinó con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El informe del periodista Glenn Greenwald, reconocido por dar a conocer las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje norteamericano, obtuvo los chats de numerosas conversaciones a través de la aplicación Telegram entre fiscales y jueces que demuestran que el supuesto operativo anticorrupción estaba impulsado por el móvil político de atacar a Lula y al PT para evitar su segura victoria en los comicios presidenciales, como mostraban todas las encuestas.

De esa manera, Lava Jato no es más que una de las mayores intervenciones electorales de todos los tiempos, y así quedará para la historia.

Dentro de los mensajes hay, por ejemplo, una conversación entre el procurador en jefe de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, con otro fiscal donde avalaba que el objetivo principal era impedir el retorno del PT al poder, y que «rezaban» para que ésto no sucediera.

Las conversaciones privadas publicadas en ‘The Intercept’ revelan la parcialidad en el caso de Sergio Moro, actual ministro de Justicia del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, así como la inconsistencia de las pruebas presentadas durante el jucio.

En 2017 el exmagistrado condenó al expresidente Lula, del Partido de los Trabajadores, a 9 años y 6 meses de prisión por aceptar un apartemento de la constructora OAS a cambio de contratos con la estatal Petrobras.

The Intercept es un medio digital que se especializa en impactantes exclusivas obtenidas de filtraciones de documentos.

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La Trama Oculta: Los fiscales de la Lava Jato tramaron en secreto para impedir la entrevista de Lula antes de las elecciones por temor a que ayudara a “elegir a Haddad”

por Glenn Greenwald, Victor Pougy.

Un extenso lote de archivos secretos revela que los fiscales de Lava Jato, que pasaron años insistiendo que son apolíticos, tramaron para impedir que el Partido de los Trabajadores, el PT, ganara la elección presidencial de 2018, bloqueando o debilitando una entrevista preelectoral con Lula con el objetivo explícito de afectar el resultado de la elección.

Los archivos, a los que The Intercept tuvo acceso con exclusividad, contienen, entre otras cosas, mensajes privados y grupales de la fuerza de trabajo en la aplicación Telegram.

En ellos, los fiscales de la fuerza de trabajo en Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol, discutieron formas de inviabilizar una entrevista del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva a la columnista del Folha de S.Paulo Mônica Bergamo, autorizada por el ministro del Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski porque, en sus palabras, ella «puede elegir a Haddad» o permitir la «vuelta del PT» al poder.

Los fiscales, que por años aseguraron no tener motivaciones políticas o partidarias, manifestaron repetidamente en los chats la preocupación de que la entrevista, a realizarse a menos de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones, ayudaría al candidato a la presidencia por el PT, Fernando Haddad.

Por eso, articularon estrategias para derribar la decisión judicial de 28 de septiembre de 2018, que la liberó -o, si se realizara, para garantizar que se estructurara para reducir su impacto político y, así, los beneficios electorales al candidato del PT.

Estas discusiones ocurrieron el mismo día en que el STF acató la petición de entrevista de Folha de S.Paulo.

«En la decisión, el ministro [Ricardo Lewandowski] citó que el Pleno del STF garantizó ‘la’ plena ‘libertad de prensa como categoría jurídica prohibitiva de cualquier tipo de censura previa’.

Los diálogos demuestran que los fiscales no son actores apartidarios y apolíticos, pero sí, parecen motivados por convicciones ideológicas y preocupados por evitar el retorno del PT al poder.

Las conversaciones forman parte de un lote de archivos secretos enviados a The Intercept por una fuente anónima hace unas semanas (mucho antes de la noticia de la invasión del celular del ministro Moro, divulgada esta semana, en la que el ministro afirmó que no hubo «captación de contenido» ).

El único papel de The Intercept fue recibir el material de la fuente, que nos informó que ya había obtenido toda la información y estaba ansiosa por repasarlas a periodistas. La declaración conjunta de los editores de The Intercept y de Intercept Brasil explica los criterios editoriales usados para publicar estos materiales, incluyendo nuestro método para trabajar con la fuente anónima.

«Puede elegir a Haddad»

En aquel día, la conmoción comenzó a las 10 de la mañana, cuando el grupo supo de la decisión de Lewandowski. El ministro subrayó que los argumentos usados para impedir la entrevista de Lula en la cárcel eran claramente inválidos, ya que con frecuencia entrevistas son «concedidas por condenados por crímenes de tráfico, homicidio o criminales internacionales, siendo éste un argumento inicuo para fundamentar la denegación de la solicitud de entrevista».

Así, teniendo en cuenta que Lula «no [se encuentra] en establecimiento penitenciario, en que puede existir un eventual riesgo de rebelión» y tampoco «se encuentra bajo el régimen de incomunicación», el ministro decidió en favor de la entrevista.

Un clima de revuelta y pánico se extendió entre los fiscales. Creyendo que se trata de una conversación privada que jamás sería divulgada, dejaron explícitas sus motivaciones políticas.

La procuradora Laura Tessler exclamó: «¡Qué chistes! Asco !!! Allí va el chico a hacer palanca en la cárcel. Un verdadero circo. Y después de Mónica Bergamo, por la isonomía, deben venir tantos otros periodistas … y la gente aquí queda sólo haciendo papel de payaso con un Supremo como ese … «.

Otra procuradora, Isabel Groba, respondió con sólo una palabra y varias exclamaciones: «Mafiosos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!».

Después de una hora, Tessler dejó explícito lo que dejaba a los fiscales tan preocupados: «sé allá … pero una conferencia antes de la segunda vuelta puede elegir a Haddad».

Mientras esos mensajes eran intercambiados en el grupo de los fiscales de la Lava Jato, Dallagnol estaba conversando en paralelo con una amiga y confidente identificada en su Telegram apenas como ‘Carol PGR’ (cuya identidad no fue confirmada por The Intercept).

Lamentando la posibilidad de que Lula fuera entrevistado antes de las elecciones, los dos estaban expresamente de acuerdo en que el objetivo principal era impedir el retorno del PT a la presidencia y acordaron que rezaban para que eso no ocurriera.

No se trata de una confesión aislada. Toda la discusión, que se extendió por varias horas, parece más una reunión entre estrategas y operadores anti-PT que una conversación entre procuradores supuestamente imparciales.

Descartada la posibilidad de impedir una entrevista, ellos pasaron a debatir cuál formato traería menos beneficios políticos para Lula: una entrevista a sólas con Mônica Bergamo, o una conferencia de prensa colectiva con varios periodistas.

Januário Paludo, por ejemplo, propuso las siguientes medidas: «Plan A: intentar recurso en el propio STF: posibilidad Cero. Plan B: abrir la posibilidad para todos de hacer la entrevista el mismo día. «Va a ser una zona pero disminuye la posibilidad de que la entrevista sea dirigida.»

Otro procurador, Athayde Ribeiro Costa, sugirió expresamente que la Policía Federal maniobrara para que la entrevista fuera hecha después de las elecciones, ya que no había indicación explícita de la fecha en que ella debería ocurrir. De esa forma, sería posible evitar la entrevista sin incumplir la decisión.

Una rueda de prensa, además de diluir el foco de la entrevista, traía la ventaja de posiblemente inviabilizarla operacionalmente, como puntuó el procurador Julio Noronha horas después. También sugirió abrir la entrevista a otros presos para reducir la repercusión:

(Cuando la entrevista fue finalmente autorizada, en abril pasado, la Policía Federal, ahora bajo el mando del ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, el ex juez que había condenado a Lula a la cárcel, intentó transformarla en una rueda de prensa. Una petición de El País acatada por Lewandowski finalmente echó por tierra el plan.)

En ningún trecho de la conversación Dallagnol, que participó en forma activa de las discusiones, o cualquier otro procurador, indicó incomodidad con las motivaciones políticas explícitas de las estrategias de la acusación.

Más que eso, ese grupo de Telegram, activo por meses, sugiere que ese tipo de cálculo político era rutinario en las decisiones de la fuerza de trabajo.

En un momento, uno de los fiscales citó un artículo publicado en el sitio El Antagonista informando que la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, no pretendía recurrir la decisión autorizando la entrevista. Los fiscales especularon inmediatamente sobre las causas de la elección de Dodge:

Parte de las discusiones trataba de vaciar una eventual petición para medios de prensa.

Los fiscales de la fuerza de trabajo estaban tan alarmados con la posibilidad de que una entrevista de Lula llevara al PT a la victoria que compartieron un artículo irónico de Antagonista. En ese día, el texto sugería que, en un eventual gobierno Haddad, «Lula sale de la cárcel y los fiscales de la Lava Jato entran en su lugar».

Los temores de los fiscales, sin embargo, fueron luego calmados. A las 22h49 del mismo día, el procurador Julio Noronha compartió otro reportaje del Antagonista, esta vez con una buena noticia: «Partido Nuevo recurre al STF contra entrevista de Lula».

Una hora después, el clima era de conmemoración. El ministro del STF Luiz Fux concedió una liminar contra la entrevista, atendiendo a la petición del Partido Nuevo. En la decisión, el ministro dice que «se hace necesaria la relativización excepcional de la libertad de prensa». Januário Paludo fue taxativo: «Debemos agradecer a nuestra PGR: Partido Nuevo !!!».

Los fiscales no mostraron preocupación por el hecho de que un ministro del STF tuviera poder para suspender la libertad de prensa, o de que un partido que se dice liberal entró con una petición en ese sentido. Por el contrario, los fiscales conmemoraron la prohibición.

Por años, la Lava Jato fue acusada de operar con motivaciones políticas, partidistas e ideológicas, y no jurídicas.

La fuerza de trabajo viene negándolo de forma vehemente. Ahora que sus conversaciones se están haciendo públicas, la población tendrá la oportunidad de decidir por sí misma.

Las discusiones del 28 de septiembre traen indicios significativos de que la fuerza de tarea no es el grupo apolítico y apartidista de lucha anticorrupción que los fiscales y sus aliados en los medios intentan pintar.

Al contrario de lo que tiene como regla, Intercept no solicitó comentarios de fiscales y otros involucrados en los reportajes, para evitar que actuaran para impedir su publicación y porque los documentos hablan por sí mismos.

Entramos en contacto con las partes mencionadas inmediatamente después de publicar las materias, que actualizaremos con los comentarios tan pronto como sean recibidos.

Fuente: The Intercept Brasil

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“Hasta ahora tengo miedo”: Deltan Dallagnol dudaba de las pruebas contra Lula y de propina de Petrobras horas antes de la denuncia del triplex

por: Rafael Moro Martins, Leandro Demori, Glenn Greenwald.

Faltaban apenas cuatro días para que la denuncia que llevaría al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión fuera presentada; mas el coordinador de la Fuerza de Tarea del Lava Jato en Curitiba tenía dudas sobre la solidez de la historia que contaría al juez Sergio Moro.

La aprehensión de Deltan Dallagnol, que junto a otros 13 fiscales, rebuscaba en la vida del ex presidente hacía casi un año, no se debía a una cuestión banal. Él estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer a la contratista OAS en contratos con Petrobras.

El 9 de septiembre de 2016, precisamente a las 21:36 hrs. de aquel viernes, Deltan Dallagnol envió un mensaje a un grupo bautizado como Incendiarios ROJ, formado por los fiscales que trabajaban en el caso.

Él escribió:

«Hablan que estamos acusando con base en noticias de periódico e indicios frágiles … entonces es un ítem que es bueno que esté bien atado. En este punto, hasta ahora tengo miedo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron con recelo de la historia del apartamento … Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua.»

Las materias de periódicos a las que se refiere el fiscal son las decenas citadas en la pieza de acusación.

Dallagnol hacía su última lectura de la denuncia y debatió el texto con el grupo, analizando punto a punto cada ítem que sería ofrecido a la 13ª corte de Curitiba, donde Sergio Moro actuaba como juez.

Aquel día, nadie respondió a la duda de Dallagnol: si el apartamento triplex podría ser apuntado como propina para Lula en los casos de corrupción en Petrobras. El documento sería anunciado al público, con derecho a un hoy famoso PowerPoint, de allí a pocos días.

Sin ese vínculo, el caso no podría ser tocado en Curitiba, donde sólo acciones relacionadas con la empresa eran objeto de investigación. La conexión del apartamento con la corrupción en la petrolera había generado una guerra jurídica en los primeros meses de aquel 2016. Por un lado, el Ministerio Público del Estado de São Paulo. Del otro, la fuerza de trabajo de Curitiba.

En el caso de que el proceso se quedara en São Paulo, no sería juzgado por Sergio Moro, el actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y ex juez que ayudó a coordinar la operación cuando era el encargado por la 13ª Corte Federal de Curitiba, como muestran diálogos revelados por The Intercept.

El MPSP ya investigaba el caso Bancoop mucho antes de Curitiba. En una disputa que involucró incluso al Supremo Tribunal Federal, la Lava Jato intentaba sacar el caso de las manos de los paulistas para denunciar y juzgar a Lula en Curitiba. Para ello, el inmueble de Lula necesitaría obligatoriamente tener relación con la corrupción en Petrobras.

No era el entendimiento de los promotores de San Pablo.

En marzo de 2016, al recurrir una decisión judicial que dejaba el caso en manos de Dallagnol, ellos dijeron: «En 2009/2010 no se hablaba de escándalo en Petrobras.

En 2005 cuando la pareja presidencial, en tesis, empezó a pagar por la cuota-parte del inmueble, no había ninguna indicación del escándalo del ‘petrolón’.

Al contrario, estábamos en el período temporal referente al escándalo del ‘mensalão’. No es posible presumir genéricamente y sin conocer detenidamente las investigaciones que tramitan ante la 13ª Corte Criminal Federal de Curitiba que todo haya partido de corrupción en la estatal implicando desvío de recursos federales.

Pero la Lava Jato venció y, poco tiempo después, los fiscales lograron sacar el caso de San Pablo alegando que el caso del triplex tenía, sí, relación con Petrobras.

Ahora, con la revelación de las conversaciones secretas del grupo de la Lava Jato, se descubre que los fiscales se burlaron-ellos no estaban seguros de esa relación ni siquiera pocas horas antes de presentar la denuncia.

Y así, el caso se detuvo en el regazo del aliado Sergio Moro.

«Duro demasiado esa materia. Yo voy a dar un beso a quien encontró»

Alrededor de 24 horas después, el sábado, 10, cuando aparentemente llegó al punto 191 del documento (que tendría, en su redacción final, 274 ítems), Dallagnol vibró con lo que leyó. El escribió a las 22h45: » duro demasiado ese material de O´ GLOBO de 2010. Voy a dar un beso al que de ustedes lo halló.»

El reportaje a que se refería –Caso Bancoop: el triplex de la pareja Lula está atrasado– fue el primero en ocuparse del apartamento en Guarujá, mucho antes de la Lava Jato. Sin mencionar OAS o Petrobras, ella decía apenas que la quiebra de la cooperativa que construía el edificio podría perjudicar a la pareja Lula.

Siguió entonces una serie de mensajes de Dallagnol acerca del reportaje:

En el mismo minuto, Dallagnol fue a otro chat en el Telegram en que además de él estaban sólo los dos asesores de prensa de la operación en Curitiba. «¿Consiguen para mí el contacto del reportero que hizo este material?», Él tecleó. «Pide celular, por favor … necesitamos medio que urgente», insistió, a las 23.55, sin darse cuenta de que uno de los asesores ya había enviado el número de la periodista.

Incluso antes de tener el teléfono, Dallagnol ya parecía aliviado cuando regresó al grupo Incendiarios ROJ, en el que publicó a las 23h08:

«Vos no tienen más la misma preocupación que tenían en cuanto al inmueble, ¿verdad? Pero no se qué hacer. Creo que la diapositiva del apto tiene que ser didáctico tb. «Imagino lo mismo del calamar, globos alrededor del globo central, o sea, evidencias alrededor de la hipótesis de que él era el dueño», ya sugiriendo la idea para el PowerPoint que presentaría a los periodistas de allí a unos días.

Cuando volvió al grupo con los asesores y vio que el número de teléfono había sido enviado, él inmediatamente encaminó el contacto a los procuradores Roberson Pozzobon y Julio Noronha, junto con un pedido y algunas orientaciones:

Por el diálogo en el grupo Incendiarios ROJ, no es posible saber si Pozzobon o Noronha hicieron lo que se les pidió. Pero el reportaje sería mencionado otra vez en las conversaciones privadas, ahora a dos días de la entrevista en que la denuncia contra Lula sería presentada.

Al día siguiente, víspera de la denuncia, fue el turno del procurador Januário Paludo recordar la materia del Globo en otro chat, titulado Hijos de Januario 1:

«Hablé con la TATIANA FARAH DE MELLO, que hizo el reportaje en 2010 sobre el TRIPLEX. Ella realmente confirmó que fue a GUARUJÁ y allí recogió diversas informaciones sobre los emprendimientos de la BANCOOP. El material erar sobre el BANCOOP y el castigo dado en los prestatarios. En Guarujá conversando con funcionarios de la obra -que todavía estaba en el esqueleto, es que ella descubrió que el triplex sería de Lula. Ella mantuvo contacto con la Asesoría de comunicación del Palacio del Planalto que confirmó la información. Toda la parte documental, como e-mail y otros datos, fueron inutilizados cuando ella salió de ‘O Globo’. Creo que podemos tomar por término el testimonio. «Marco una video y listo», escribió el fiscal a las 17h40.

«¡Demasiado bueno Jan!», respondió inmediatamente Pozzobon. Pero otro procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, pidió prudencia: «Creo que tomar testimonio de periodista no es conveniente.»

Los problemas de la prueba que Moro llamó de «bastante relevante»

El reportaje de Globo no fue ítem trivial en ese caso: además de figurar en la denuncia como prueba de que el triplex era de hecho de la pareja Lula, fue usado en la sentencia firmada por Sergio Moro. Sobre ello, el juez escribió: «La materia en cuestión es bastante relevante desde el punto de vista probatorio.»

Pero el reportaje no golpea en al menos dos puntos de lo que se dice en la denuncia del MPF.

El texto de Globo atribuye el triplex a Lula y, para comprobarlo, utiliza la declaración del entonces candidato a la reelección presentada a la Justicia Electoral en 2006. Ella afirma lo siguiente:

«Participación Cooperativa Habitacional Piso en construcción en Guarujá – SP Mayo 2005 – R $ 47.695,38 ya pagados «. En tesis, la cuota podría ser usada para cualquier apartamento – la defensa de Lula alegaría más tarde que se trataba de una unidad simple. Lo que es cierto es que la palabra triplex no aparece en la lista de bienes del político usada por el Globo.

La segunda inconsistencia podría haber sido percibida por los fiscales con una lectura atenta del propio reportaje. El material de Globo atribuyó a Lula la propiedad de un triplex en la torre B, el edificio de los fondos del condominio. «La segunda torre (la torre A), si se construye como informa el proyecto del emprendimiento, lanzado a principios de los años 2000, puede acabar con parte de la alegría de Lula: el edificio quedará al frente del inmueble del presidente , obstaculizando la vista al mar de Guarujá, ciudad del litoral paulista «.

En la denuncia hecha por Lava Jato, sin embargo, los fiscales afirman que el triplex de Lula se encuentra en la torre A, que aún no existía cuando el reportaje fue publicado. Pero, en el punto 191 de la denuncia firmada por los 14 fiscales, hay el siguiente trecho (citando el reportaje de Globo): «Esa materia daba cuenta de que el entonces Presidente LULA y MARISA LETÍCIA serían contemplados con una cobertura triplex, con vistas al mar en el referido emprendimiento «.

Según el recuento del periódico, eso no es verdad. El reporte dice claramente que la pareja Lula da Silva perdería la vista al mar con la construcción de la torre A, que sería erigida al frente de la torre B, por lo tanto, frente al triplex que el Globo atribuyó a Lula.

La Lava Jato usó el reportaje como prueba de que el apartamento era, sí, una propiedad o una aspiración de la familia presidencial, pero indicó otro inmueble en la denuncia.

Una evidencia de que la investigación fue imprecisa en uno de los puntos más cruciales de la acusación: en la definición del inmueble que materializaría la propina que Lula habría recibido del contratista.

A lo largo de semanas, intentamos contactos con fuentes que podrían tener acceso al intercambio de e-mails entre la asesoría del petista y la reportera del periódico, pero no hemos tenido éxito.

Mientras el Globo alega que los e-mails fueron «inutilizados», la asesoría dice no haber guardado copia. Una tercera duda, por lo tanto, sigue siendo: el reportaje dice que Lula era dueño de un triplex en el edificio, pero dice que la asesoría de la Presidencia confirmó que el petista tenía un «inmueble» en el lugar.

Lo que es verdad: la cuota estaba declarada en su impuesto sobre la renta. Sin los correos electrónicos, no hay como saber si el Globo inquirió a Lula sobre el triplex o apenas sobre un inmueble, o si la asesoría del petista tomó una cosa por otra – y, sin querer, abasteció la denuncia que vendría contra Lula años después .

Aunque la localización del triplex en la torre A o B parece irrelevante para la acusación por lavado de dinero, debería al menos poner en duda el valor de prueba del reportaje, mencionada por Moro como uno de los argumentos para la condena de Lula.

«La denuncia está basada en mucha prueba indirecta de autoría, pero no cabría decir eso’

En la víspera de la DENUNCIA, Dallagnol volvió al celular y comentó una vez más sobre la pieza de acusación, analizando la calidad de las pruebas que tenían en sus manos. «La opinión pública es decisiva y es un caso construido con prueba indirecta y palabra de colaboradores contra un icono que pasó incólume por el mensalão», él tecleó en el grupo Hijos del Januario 1.

Al día siguiente, miércoles, 14, la Lava Jato mostraría su primera denuncia contra Lula, en una rueda de prensa en una sala de reuniones de un hotel de lujo en Curitiba. El triplex -según la Lava Jato, reformado por la OAS y donado al político como propuso en contratos de la empresa con Petrobras, era la pieza central de la denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Dallagnol volvería al asunto en una conversación privada con el entonces juez Sergio Moro, el 16 de septiembre, dos días después de la denuncia. El procurador estaba siendo duramente criticado por parte de la opinión pública, que alegaba fragilidad en la denuncia. Se había vuelto, también, blanco de chacotas y memes por el PowerPoint que presentó en la rueda de prensa.

El coordinador de Lava Jato escribió a Moro: «La denuncia se basa en mucha prueba indirecta de autoría, pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto.» Luego, entró en detalles técnicos: «No se comprendió que una larga exposición sobre el mando del esquema era necesaria para imputar de corrupción al ex presidente. Mucha gente no entendió por qué lo colocamos como líder para imperar (quizo decir imputar) 3,7MM de lavado, cuando no fue por eso, sino para entrar en 87MM de corrupción.

En privado, Dallagnol confirmaba a Moro que la expresión usada para referirse a Lula durante la presentación a la prensa («líder máximo» del esquema de corrupción) era una forma de vincular al político a los R $ 87 millones pagados en propina por OAS en contratos para obras en dos refinerías de Petrobras – una acusación sin pruebas, él mismo admitió, pero que era esencial para que el caso pudiera ser juzgado por Moro en Curitiba.

Preocupado por la repercusión pública de su trabajo -una obsesión del procurador, como demuestra la lectura de varias de sus conversaciones-, prosigue: «Aún, como la prueba es indirecta, ‘juristas’ como Lenio Streck y Reinaldo Azevedo hablan de falta de pruebas. Creo que eso va a pasar sólo cuando eventualmente la página vaya a la siguiente fase, con la eventual recepción de la denuncia, en la que tal vez caiga, si entiende pertinente en el contexto de la decisión, abordar esos puntos», escribió a Sergio Moro.

Dos días después, Moro aplacaría al procurador:

«Definitivamente, las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme.»

Menos de un año después, el juez condenaba a Lula a nueve años y seis meses de prisión.

Fuente: The Intercept Brasil

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Morogate: El escándalo de la mafia político-judicial al servicio de la ultraderecha

por Juraima Almeida (*)

Un tsunami político impactó en Brasil tras tres reportajes del portal The Intercept que evidenciaron, con contundentes pruebas documentales, que el entonces juez Sergio Moro, el fiscal Deltan Dallagnol y otros 13 fiscales de la operación “anticorrupción” Lava Jato, planificaron crímenes e ilícitos contra el orden político y social con el objeto de viabilizar un proyecto de poder de la extrema derecha en Brasil.

Brasilia, centro del poder político, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas por The Intercept, que rápidamente se viralizaron, impactando a la población, pero también a la Corte Suprema de Justicia, donde el magistrado y miembro del máximo tribunal Gilmar Méndes aseveró que los hechos imputados “al funcionario más notorio del gabinete son muy graves”.

La rama brasileña del portal The Intercept dijo haber recibido material desclasificado con escuchas que probarían el comportamiento ilegal de las autoridades judiciales en la Operación Lava Jato, que sirvió como coartada para el golpe de Michel Temer contra Dilma Rousseff en 2016, justificó la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 y creó las condiciones para el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y su asunción como presidente el 1ª de enero de 2019.

Moro, premiado por los servicios prestados al complot ultraderechista con el cargo de minisrtro de Justicia, huyó de la prensa y se refugió en la Amazonia, y en su defensa sólo atinó a acusar al portal de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones.

The Intercept recuerda que Lava Jato no fue solo una de las llaves de la demolición del Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma, sino también el argumento para que Bolsonaro fabricara para Moro un superministerio de Justicia con poderes de vigilancia y espionaje sin precedentes en la historia brasileña, confirmando que la imagen de imparcialidad política que se había construido el antiguo juez, era pura farsa.

Las conversaciones divulgadas por The Intercept, portal fundado por Glenn Greenwald, un columnista y experto en derecho constitucional norteamericano, fueron mantenidas por Moro, que entonces era el juez instructor contra Lula, con el fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la llamada fuerza de tareas de la Fiscalía. Estas se basan en chats digitales privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentación judicial provistos por lo que el portal definió como “una fuente anónima”.

Los reportajes detonan en medio de una profunda crisis política, económica y social. Desde hace años, diversos sectores de la sociedad han denunciado los desvíos, obstrucciones, abusos y acciones inconstitucionales cometidos por la llamada operación Lava Jato, que más de una lucha contra la corrupción, tuvo como meta sacar al centroizquierdista Partido de los Trabajadores (PT) del poder.

Uno de los reportajes demuestra que los fiscales hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria electoral del PT y tomaron acciones para alcanzar ese objetivo, para el cual el entonces juez Moro colaboró en forma secreta y totalmente antiética con los fiscales para ayudar a montar la acusación contra el expresidente Lula da Silva, quien finalmente fue condenado sin pruebas y sacado de la lid lectoral, en la cual era ampliamente favorito, pieza clave para facilitar la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro.

En los diálogos queda en evidencia que los fiscales no son actores apartidarios y apolíticos sino que más bien parecen motivados por convicciones ideológicas y originados en el deseo de que el PT no volviera al poder tras el golpe de 2016. Estas informaciones, ya devastadoras, son apenas parte pequeña de un libro de 1.700 páginas con revelaciones aún inéditas, que demuestran que la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro solo fue posible en este contexto de deliberadas interferencias subjetivas, ilegales, del llamado partido del Lava Jato.

Lo que deja en claro The Intercept es que Moro, Dallagnol y los fiscales del Lava Jato instrumentalizaron el discurso de combate a la corrupción para promover una escandalosa conspiración contra el Estado de Derecho para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y, así, interrumpir el ciclo de gobiernos populares y progresistas.

Algunos comentaristas hablaron de la inspiración italiana de la operación Lavo Jato, al estilo Mani Pulite (Manos Limpias), pero en realidad las prácticas y métodos usados por Moro y Dallagnol en la articulación y coordinación estratégica de la conspiración para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff y en la cacería de Lula, son más parecidas a las usadas por la Cosa Nostra, la mafia.

En la cúspide jerárquica de la conspiración, según las pruebas aportadas por el portal, siempre aparece el ex juez y hoy ministro Moro, el capomafia de un esquema criminal concebido en Washington y desarrollado por la oligarquía y el poder fáctico para encarcelar a Lula, implantar el régimen de excepción y colocar en la presidencia a la facción más entreguista de la extrema derecha. No es casual que en la visita a EEUU, acompañando a Bolsonaro, Moro visitara la CIA y el Comando Sur.

El entonces juez Moro se extralimitó en sus funciones al participar en la definición de estrategias jurídicas en la puesta en escena de la farsa jurídica para condenar al expresidente Lula, atentando contra el Código de procesamiento Penal. Dallagnol se prestó, en diálogos con otros fiscales, para inflar el globo del vergonzoso power point montado para denunciar a Lula con acusaciones falsas y elementos forjados.

Los archivos muestran discusiones internas y actitudes controversiales, politizadas e ilegales. Dallagnol y su grupo de tareas junto a otros13 fiscales con sede en Curitiba, donde Moro era juez, parecía tener dudas sobre la solidez de las pruebas que se manejaban. La gran duda era, justamente, si Lula había recibido como regalo el departamento en la playa para favorecer a la constructora OAS en sus contratos con Petrobrás.

La operación Lava Jato diseñó todos los pasos del régimen de facto presidido por Michel Temer, para asegurar el desarrollo del plan concebido en Washington. La censura de Lula y el secuestro de su derecho de opinión, con la prohibición de una entrevista propuesta por Folha de Sao Paulo durante el proceso electoral, fue un momento constitutivo de esa estrategia ante el temor de que la entrevista pudiese catapultar la victorial electoral de Fernando Haddad, el candidato del PT.

Un punto resaltante de las filtraciones es la inseguridad de Dallagnol en relación a la acusación que llevó a Lula a prisión en abril de 2018: “Estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá, tras favorecer a la empresa OAS en contratos con Petrobras” (la estatal petrolera), señala el reportaje.

En las conversaciones no aparece ninguna prueba concreta aportada por ninguno de ellos. Era importante fraguarlas porque, de otro modo, el caso no podría ser sustanciado en Curitiba, donde las acciones de la empresa OAS ya estaban bajo la lupa. Pero si la causa viajaba hasta San Pablo quedaría fuera de la órbita de Moro. Por eso era necesario relacionar a Lula con OAS y con los escándalos de Petrobras.

Asimismo, los fiscales llegaron a discutir formas de disminuir el impacto de una entrevista -que había sido autorizada por el ministro de la Corte Suprema (el Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski- porque esa entrevista podría “hacer que elijan a (Fernando) Haddad” y “permitir la vuelta del PT” al gobierno.

En paralelo, según The Intercept, Dallagnol hablaba con una amiga que en Telegram se identificaba como “Carol PGR”. Alarmada por la entrevista y la eventual rueda de prensa de Lula, Carol PGR (de la Fiscalía General) envió varios mensajes a Dallagnol: “Estamos en un tren sin mando y no sé qué nos espera”, “La única certeza es que estaremos juntos”, “Me preocupa mucho una vuelta del PT, pero le recé mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve”.

El magistrado Januário Paludo sugirió un plan:

“Abrir la posibilidad de que todos hagan una entrevista el mismo día disminuiría la chance de que sea direccionada”. Otro fiscal, Athayde Ribeiro Costa, sugirió que la Policía Federal actuase para que la entrevista se realizara después de las elecciones. La interpretación amañada sería que el permiso de la Corte Suprema se estaría cumpliendo de ese modo pero que a la Policía Federal le correspondía agendar la entrevista. “Que la agende para después”, dijo.

Convencida de que los diálogos entre los fiscales se mantendrían privados para siempre, la fiscal Laura Tessler dijo: “Parece un chiste. La entrevista se va a convertir en una cadena. Y después de Mónica Bergamo (la reportera de Folha) otros periodistas repetirán lo mismo. Y nosotros acá nos quedamos haciendo el papel de payasos”.

La defensa de Lula afirmó que las conversaciones entre el exjuez Sergio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato confirman una trama “con el objetivo preestabelecido y con clara motivación política de procesar, condenar y quitar la libertad del expresidente”.

Asimismo exigió la libertad plena de Lula, víctima de lawfare o sea la manipulación de las leyes con fines de persecución política.

¿Y ahora qué?

Varios analistas señalan que ante la gravedad de los indicios presentados, Moro, Dallagnol y los otros fiscales deben ser separados de sus cargos y apresados provisoriamente, para evitar que destruyan las pruebas esenciales a la investigación sobre la conjura del lawfare, y sus computadoras, laptops, celulares y todos los dispositivos deben ser inmediatamente incautados.

Los denunciados no desmintieron los hechos, lo que confirma que no se tratan de autoridades públicas, sino de mafiosos que usan prerrogativas de los cargos públicos para perpetrar crímenes contra la democracia y el estado de derecho, señala Jeferson Miola.

La única salida aceptable para restaurar la democracia e iniciar la reconstrucción económica y social del Brasil es con Moro y Dallagnol en prisión, Lula libre y nuevas elecciones presidenciales ya, añade.

“Los procesos judiciales viciados por el fraude en el Lava Jato deben implicar la libertad inmediata de Lula”, escribió Dilma Rousseff.

Paulo Pimenta, presidente del PT, señaló que “El objetivo era cambiar gobiernos populares en América Latina y cambiarlos por regímenes de derecha como el de Bolsonaro en Brasil y Macri en Argentina”, y las filtraciones publicadas ahora, añadió, muestran “la política de EEUU frente a los gobiernos populares de América Latina. “Hay una presencia muy fuerte de los intereses estadounidenses en esta investigación”, pero “no podíamos imaginar el grado de promiscuidad en estas relaciones entre el juez, los fiscales y los grandes medios”.

“Lo que queda claro es que lo que hizo Moro tenía objetivos políticos y electorales, a través de procedimientos ilegales”, lo que “provocó un verdadero terremoto en el país, dada la gravedad de la información. Estas revelaciones son esclarecedoras. Demuestran una relación totalmente ilegal entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato junto a los medios hegemónicos”, apuntó Pimenta.

The Intercept aclaró que no incluyó en la difusión cuestiones de la vida privada de los protagonistas sino solo las informaciones que tuvieran relación con el interés público. También explicaron que “no requerimos el comentario de las altas autoridades mencionadas antes de publicar porque no quisimos advertirles por anticipado sobre nuestra tarea y porque los documentos hablan por sí mismos”.

Los indicios sobre el complot recién empiezan, pero ya causaron un tsunami político.

La credibilidad de las denuncias

El reportaje, firmado por Greenwald y Victor Pougy, se convirtió en una bomba por el momento político que vive Brasil. Un presidente que hizo campaña con la cárcel de Lula y que premió a su carcelero con un ministerio hoy se encuentra en franco y rápido deterioro.

Y, a medida que se debilitan el gobierno, su ministro insigne y su imagen de cruzados contra la corrupción, la endeblez de las pruebas que señalaba el fiscal contra Lula se tornan más evidentes y por lo tanto más costosas, políticamente hablando.

El caso ya hacía ruido y por ello en abril, el Supremo Tribunal Federal le redujo la condena y luego la vicefiscal general de la República, Aurea Nogueira, pidió que Lula complete su sentencia bajo un régimen de libertad vigilada.

En un universo lleno de noticias falsas y documentos inventados, la reputación detrás de la firma y el sello hacen que un documento original, básico, como puede ser una grabación, un chat o un correo electrónico, sean creíbles y puedan viralizarse entre millones de personas.

Greenwald, radicado en Rio de Janeiro, es el mismo que publicó en el diario británico The Guardian las revelaciones del Edward Snowden sobre el espionaje masivo de EEUU a sus ciudadanos y a sus aliados a través de la interceptación de llamados a celulares y tráfico de internet.

El sitio es financiado por el magnate Pierre Omydyar fundador de eBay a quien le interesa un sitio de megafiltraciones para que el Pentágono y las agencias de espionaje no se metan con él, en momentos en que Julian Assange, Snowden y otros empezaron a denunciar cómo las agencias de inteligencia públicas y privadas habían infiltrado la industria de alta tecnología para echar sus redes de espionaje masivo e indiscriminado.

Hoy, un medio de comunicación con una nueva forma de contar (a través de filtraciones) dio la noticia, como en su momento lo hicieran Edward Snowden, Chelsea Manning, WikiLeaks cuando, de la mano de Assange, publicaron Cablegate o el consorcio ICIJ los Panamá Papers.

Snowden, Manning y Assange están presos: Washington no perdona.

(*) Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

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Caída de la máscara de Lava Jato

En una serie de artículos, el sitio de Intercept Brazil sacudió el núcleo del grupo de trabajo de la Operación Lava Jato, responsable de la condena del ex presidente Lula. Las conversaciones filtradas del fiscal Deltan Dallagnol y del ministro de Justicia Sergio Moro implosionaron el carácter supuestamente «imparcial» de las acciones cometidas por miembros del poder judicial. Esto demuestra la parcialidad de la operación y el sesgo político de la condena de Lula.

Bajo el manto de la lucha contra la corrupción, Deltan y Moro orquestaron contra la soberanía popular, interfiriendo directamente en los resultados de las elecciones brasileñas, y llevando al crecimiento del candidato de la extrema derecha y actual presidente, Bolsonaro.

1. No hubo ilación entre Triplex y Petrobras.

En conversaciones obtenidas de una fuente anónima, Deltan afirma no obtener evidencia directa del supuesto crimen de Lula. Además, no sabía cómo vincular la cuestión del apartamento con la empresa petrolera estatal.

La fragilidad del proceso fue tan grande que el fiscal estaba profundamente preocupado por la conexión presentada. El uso del famoso power point sería una forma de explicar la relación inexistente.

2. Sesgo político

En las conversaciones es posible ver el claro sesgo político de las acciones de Dallagnol, que veía con malos ojos el posible crecimiento de Haddad, y operaba para impedir una entrevista a Lula.

3. Moro y Dallagnol

El Ministro de Justicia de Brasil acusa las acciones de la operación, ayudando a construir argumentos legales. Funciona como juez de instrucción. La orgia entre los brazos del poder judicial -que no puede ocurrir, la figura del magistrado debe ser lo más neutral posible, para no interferir en la sentencia- evidencia el crimen contra la persona de Lula y contra la democracia brasileña.

En una nota, el Partido de los Trabajadores exigió la liberación inmediata de Lula:

«Lucharemos por la justicia en todos los frentes: en el Poder Judicial, en el Parlamento, en las instancias de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, en los organismos internacionales y especialmente en las calles y en los medios de comunicación independientes, para que se conozca la vergonzosa verdad dentro y fuera del país.

No descansaremos hasta que no haya nulidad de los actos de excepción promovidos por Moro y el debido castigo a los criminales de Lava Jato; hasta que se haga justicia a Lula y se restablezca la plenitud del estado de derecho democrático en nuestro país».

El Colegio de Abogados de Brasil solicitó la destitución de Moro y Deltan. Un consejo del Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso. Tanto el ministro como el fiscal no negaron la veracidad de las conversaciones y afirmaron que no actuaron en contra de la ley.

Desencadenada por los hermanos Bolsonaro, la milicia digital emerge de los desagües buscando calumniar la imagen de Glenn Greenwald. La red de noticias falsas movilizadas durante las elecciones actuará una vez más para deslegitimar la serie de reportajes..

El 7 de abril de 2018, Lula fue arrestado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, ABC São Paulo. Hace más de un año, el ex presidente perdió a sus seres queridos durante la prisión (un hermano y un nieto). Su tiempo de vida no puede ser reparado por la justicia brasileña, es imperativo su liberación inmediata.

Fuente: Pressenza

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Filtran archivos que prueban que Sergio Moro se coordinó con los fiscales para encarcelar a Lula da Silv

El portal de noticias The Intercept Brasil publicó el pasado domingo 9 de junio tres reportajes exclusivos que revelan que el exjuez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se coordinó con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dichos reportajes, que fueron preparados basándose en los archivos inéditos obtenidos por una fuente anónima, muestran «discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato», señala el portal.

Uno de los reportajes muestra que los fiscales hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria en las elecciones presidenciales del 2018 del Partido de los Trabajadores (PT) y tomaron medidas para alcanzar ese objetivo.

En particular, de los mensajes entre el equipo de trabajo de Lava Jato, enviados a través del servicio de mensajería Telegram, se desprende que los fiscales —liderados por el procurador del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol— discutieron formas de evitar a toda costa una entrevista de Lula da Silva a la columnista del periódico Folha de S.Paulo, Monica Bergamo, porque, de acuerdo con ellos, esta “puede elegir a [Fernando] Haddad” o permitir la “vuelta del PT” al poder.
Moro dio consejos y pistas

Otro punto denunciado por los reportajes revela la inseguridad del propio Dallagnol en relación con la acusación que llevó a Lula a prisión en abril del año pasado. “Él [Dallagnol] estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer a la contratista OAS en contratos con Petrobras”, se señala.

Asimismo, en varias ocasiones Moro iba más allá de sus funciones, sugiriendo al procurador que cambiara el orden de las fases de Lava Jato, así como dando consejos estratégicos y pistas informales de investigación y anticipando al menos una decisión.
Reacciones

Ante estas revelaciones, la defensa del expresidente declaró que es evidente que el proceso en su contra es corrupto y exigió su libertad inmediata. Distintas figuras políticas de Brasil, como la exmandataria Dilma Rouseff, aseguran que estas informaciones prueban que la operación Lava Jato urdió una trama en contra de Lula y del PT.

Por su parte, el integrante de la secretaria operativa de ALBA Movimientos, Manuel Bertoldi, opina que la publicación de dichos reportajes aumenta la presión sobre el actual gobierno para lograr la liberación de Lula da Silva.

Fuente: RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/317522-filtran-archivos-prueban-sergio-moro-coordino-fiscales-encarcelar-silva

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Brasil: Sergio Moro y el complot contra Lula

por Eduardo Andrade Bone.

En realidad no podía ser de otra manera, pues antes que el expresidente Lula fuera encarcelado, todas las encuestas señalaban que el favorito para ganar las elecciones era el candidato del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula Da Silva.

Ahora cuando la oligarquía brasileña, junto a los grupos políticos de centro y extrema derecha vieron que no tenían ninguna certeza de poder acceder a un nuevo gobierno, decidieron preparar el complot contra el exmandatario Lula da Silva, encabezado por el juez Sergio Moro y la mafiosa y corrupta justicia brasileña.

Para tales efectos, utilizaron el escándalo de Lava Jato, para involucrar a Lula en supuestas irregularidades ocurridas bajo su gobierno, además, en un proceso judicial lleno de irregularidades y falta de pruebas concretas, pues el objetivo final eras impedir a cualquier precio que Lula fuera candidato y posteriormente nuevo presidente de Brasil, pues la popularidad del expresidente estaba casi intacta.

Pero los complotadores no estaban solos, pues contaban con todo el apoyo de los que lograron la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, entre ellos el mafioso apodado el “padrino brasileño”, Michel Temer, que actualmente se encuentra imputado y está siendo procesado por corrupción.

Hoy el portal The Intercept Brasil, ha sacado a la luz el complot contra Lula, encabezado nada más y nada menos, que por el actual Ministro de Justicia, Sergio Moro, al cual siempre los medios de prensa brasileños lo presentaban como un juez serio y muy probo, como el persecutor de políticos corruptos del Parlamento brasileño.

Sin embargo, la trama del complot contra Lula ha contados con muchas aristas, que involucran a los fiscales a cargo del proceso contra Lula, como al actual ministro de Justicia Sergio Moro y a diversos medios de prensa con líneas editoriales ideológicamente de derecha que participaban de la conjura.

Medios de prensa internacionales reportan que el pasado domingo 9 de junio tres reportajes especiales dieron a conocer que el exjuez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia del gobierno de extrema derecha encabezado por el inepto Jair Bolsonaro, Sergio Moro, se coordinó políticamente con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La documentación revelada por The Intercept Brasil, ha sido producto de un trabajo de investigación periodística que basándose en los archivos inéditos obtenidos por una fuente anónima, señalan «discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato» y del propio juez Moro, expresa el portal.

Uno de los reportajes de la trama complotadora, da a conocer que los fiscales sin ningún tipo de tapujos hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir a cualquier precio la victoria en las elecciones presidenciales del 2018 del Partido de los Trabajadores (PT) y desplegaron todas las medidas pertinentes para alcanzar ese objetivo.

El portal periodístico expresa que de los mensajes entre el equipo de trabajo de Lava Jato, enviados a través del servicio de mensajería Telegram, se entiende que los fiscales, encabezados por el procurador del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol— discutieron formas de evitar a toda costa una entrevista de Lula da Silva a la columnista del periódico Folha de S.Paulo, Monica Bergamo, ya que, de acuerdo con ellos, esta «puede elegir a [Fernando] Haddad» y así permitir la «vuelta del PT» al gobierno, enfatiza el medio.

El reportaje también señala que el procurador del Ministerio Público Federal manifiesta la inseguridad del propio Dallagnol en relación con la fraudulenta acusación que llevó a Lula a prisión en abril del año pasado. «Él procurador Dallagnol estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus demás colegas, para afirmar que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer presuntamente a la contratista OAS en contratos con Petrobras», se afirma.

Ahora, por cierto uno de los grandes articuladores de la trama complotadora contra Lula, estaba en manos del juez Sergio Moro, el que se excedía en sus funciones presionando al procurador que cambiara el orden del proceso de las diversas fases de Lava Jato, así como instruyendo consejos estratégicos y pistas subjetivas e informales de investigación, para así tomar una decisión acertada y convencer al conjunto de los que participaban de la conjura y que diera como resultado el encarcelamiento del ex presidente Lula.

El abogado defensor de Lula, ante este nuevo escándalo judicial oscuro, afirmo que está muy claro que el proceso en su contra es corrupto y solicitó su libertad inmediata. Ante el contubernio de la seudo justicia brasileña, diversas figuras políticas de Brasil, como la expresidenta Dilma Rousseff, afirman que este reportaje periodístico prueban que la operación Lava Jato monto un complot en contra de Lula y del PT.

De allí que toda esta situación que ha tenido que enfrentar el expresidente Lula, prueba una vez más que las oligarquías, junto a los grupos políticos de centro derecha, la prensa amarilla y el poder del dinero, están dispuesto a todo, cuando se trata de defender sus oscuros intereses económicos y políticos y que van en perjuicio del pueblo brasileño.

Otro caso, recordemos que Manuel Zelaya fue el séptimo presidente constitucional de la República de Honduras desde el retorno a la democracia en 1982. Anteriormente había sido director del Fondo Hondureño de Inversión Social. El 28 de junio de 2009 fue destituido y expulsado del país por un contubernio cívico militar, luego de varios meses de una crisis política que enfrentó a los poderes del Estado. La destitución se produjo por órdenes de la corrupta Suprema Corte de Justicia de Honduras, debido a la comisión de presuntos delitos graves, como traición a la Patria y otros.

Pero en América Latina, tampoco ha sido el primero de esta envergadura, pues la crisis política en Paraguay de 2012 se desató a raíz del juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo por la Cámara de Diputados de Paraguay. Este órgano parlamentario controlado por la derecha, acusó al gobernante electo en el 2008 por mal desempeño de funciones, acusándolo -entre otras cosas- de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos en Curuguaty, departamento de Canindeyú, lo que fue todo una falsa. Posteriormente, una mayoría de 115 parlamentarios de 5 partidos políticos diferentes sobre un total de 125 congresistas decidió destituirlo de su cargo.

Hoy en Argentina, al igual que en Brasil, a través de diversas acusaciones y procesos, se busca encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández, para impedir que esta pueda formar parte de un nuevo gobierno, siendo ella la favorita en las diversas encuestas que se han realizado en el país trasandino, en donde el “estado profundo”, los poderes facticos y el poder del dinero, con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de los Estados Unidos, buscan impedir a toda costa, un nuevo gobierno de carácter progresista en la Argentina.

De allí que toda la trama complotadora contra el expresidente Lula, tiene diversas características y similitudes con otros países, cuando las oligarquías de América Latina, buscan a cualquier precio, vía campañas del terror, golpes de estado o acusaciones de actos ilícitos a figuras del progresismo latinoamericano, todo vale, para así impedir que estos puedan acceder al gobierno, poniendo así a buen recaudo sus oscuros intereses económicos, pues las oligarquías, los grandes consorcios empresariales, pues si, que llevan en su ADN el virus latente de la corrupción y la anti democracia.

Fuente: Piensa Chile
http://piensachile.com/2019/06/brasil-sergio-moro-y-el-complot-contra-lula/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Suscripciones%3A+piensachile+%28piensaChile%29

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Prisioneros del Lawfare

Por Leandro Grille.

“Aprovecho para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales” – dijo el Papa.

“El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales» -continuó el Papa a la vez didáctico y enfático, consciente de la fibra que estaba tocando, y bajó una orientación a los jueces de lo que había que hacer:

“Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas»

Un mes antes, el 3 de mayo, Francisco le había enviado una carta al ex presidente Lula da Silva, prisionero en la cárcel de Curitiba desde abril de 2018, con una premonición propia de un santo padre: “el bien vencerá al mal, la verdad vencerá sobre la mentira y la salvación sobre la condena”.

La carta del Papa a Lula se sumaba al gesto que ya había tenido en 2018, cuando le hizo llegar un Rosario bendecido a través de Juan Grabois, joven líder de los trabajadores de la economía popular en Argentina, y abogado muy cercano al Papa Francisco desde los tiempos en los que el actual Papa era el Cardenal Jorge Bergoglio.

El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con jueces y juezas católicas de América Latina y les advirtió sobre el Lawfare contra líderes progresistas.

Es díficil saber si el Papa tenía información sobre lo que el periodista ganador del Premio Pulitzer Glenn Greenwald se traía entre manos.

De todos modos, no necesitaba información tan precisa para escribir lo que le escribió a Lula y menos aún para denunciar ante los jueces católicos del continente americano el uso del Lawfare, la guerra jurídica contra los líderes políticos progresistas, de izquierda o menos cercanos a las élites económicas, mediáticas y, aunque no lo dijo, a la Embajada.

Pero sucedió que cinco días después de que el Papa puso el Lawfare sobre la mesa, aludiendo de modo inequívoco a Lula y a la ex presidenta argentina Cristina Fernández, Greenwald -famoso por haber revelado los documentos de Edward Snowden que demostraron que la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU vigila y espía las conversaciones de todos los habitantes del planeta- publicó en su medio digital The Intercept cientos de filtraciones de conversaciones entre el juez que mandó preso a Lula – actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro- Sergio Moro, y los fiscales de la operación Lava Jato, que demuestran la existencia un complot impresionante entre fiscales, el juez Moro, medios de comunicación y sectores de las élites brasileñas para armarle causas a Lula que permitieran apresarlo de modo de impedir que volviera a la presidencia.

La prueba es tan abundante con lo ya publicado, que Lula no sólo debería obtener la libertad inmediatamente, sino que ya el ex presidente tiene suficiente material para litigar con éxito conra todo el sistema judicial brasileño y reclamar reparaciones de acá hasta el fin de los tiempos. Y eso, pese a que de The Intercept sólo ha publicado el 1% de los materiales filtrados que le hizo llegar una fuente anónima.

El medio digital de The Intercept, dirigido por el Premio Pulitzer Glenn Greenwald reveló los chats entre el juez Moro y los fiscales de Lava Jato: las cuasas contra Lula fueron armadas para impedir que el ex presidente y ex líder sindical volviera al poder.

Mientras tanto, en Argentina se descubrió hace pocos meses la existencia de una impresionante red de inteligencia ilegal, extorsión de empresarios y testigos, agencias secretas locales y de los Estados Unidos, periodistas, políticos, ministros, fiscales federales y jueces, destinada a la fabricación de causas que permitieran perseguir opositores políticos, chantajear imputados, obtener “confesiones” forzadas y, fundamentalmente, dirigir la persecución contra la ex presidenta y sus funcionarios, para así favorecer el desastrozo gobierno de Macri.

Todas estas series de operaciones de Lawfare que algunos venimos denuciando hace años y sobre las que recién ahora surge evidencia, en su momento echaron uso al mismo tipo de instrumentos : la delación premiada se llamaba en Brasil, el “imputado colaborador” o “arrepentido” en Argentina o Ecuador. En los tres países se hizo uso y abuso de la prisión preventiva de la cual sólo se salía con supuestas delaciones que apuntaran “hacia arriba” y llegó al extremo de que tanto en Argentina como en Ecuador se sustanciaron causas políticas a partir de cuadernos -o fotocopias- de presuntos apuntes de funcionarios sin rango, como chóferes de subsecretarios en Argentina o una ex asesora ecuatoriana Pamela Martínez.

El procedimiento ha sido tan similar en todos los casos, que sólo cabe pensar en la mano maestra de los Estados Unidos en su diseño y planificación. Pero al argumento de estilo hay que sumar el de conveniencia: estas estrategias de Lawfare han tenido dos consecuencias que favorecen en el norte.

Por un lado, ha sido la forma de desprestigiar y perseguir a líderes populares que no están alineados con ellos y, por el otro, ha sido la forma de debilitar los sistemas empresariales nacionales públicos y privados de los países donde se aplicó, permitiendo que empresas norteamericanas compren a precio vil.

Fuente:Caras y Caretas

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