Pero No Tiene Poder para Remediarlo: Comisión Investigadora de la Cámara Comprobó Cómo Nos Están Robando el Litio

0
740

por Francisco Herreros.

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la investigación sobre los actos y responsabilidades del gobierno y otros servicios públicos, en el espurio acuerdo entre Corfo y Soquimich.

El resultado neto de dicho acuerdo, fue que le extendió a esta última, la concesión de explotación del salar de Atacama, en condiciones extraordinariamente lesivas para el Estado, así como ventajosas para la compañía, hasta 2030.

El informe mayoritario de la comisión ratifica punto por punto lo denunciado en su oportunidad por organizaciones sociales, medios de comunicación y comunidades afectadas; pero, no tiene efectos ni consecuencias vinculantes, de suerte que, a vista y paciencia de complacientes autoridades ejecutivas, reguladora y supervisoras, el abuso se sigue perpetrando, de modo sistemático e imperturbable.

En rigor, una metáfora de la república neoliberal.

Por donde se mida, la opinión mayoritaria de la ciudadanía y de sus expresiones organizadas, exige el cumplimiento de disposiciones constitucionales, en virtud de las cuales el Estado es el titular del dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas los recursos mineros del país.

Sin embargo, en los hechos, sólo porque pueden, el capital monopólico y los grupos económicos han acumulado un poder que los pone por encima de la legislación nacional, aquella que parece obligar sólo a los ciudadanos de a pie.

El texto, rubricado por el voto mayoritario de la oposición, lamentó la celebración del contrato que permitió a Soquimich explotar el litio hasta 2030.

Además, acusa negligencia del Estado en diversas áreas y critica que Corfo no agotara todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje, antes de llegar a un acuerdo con la empresa.

Eso es muy poco decir.

A la hora nona del Gobierno de Bachelet, el entonces vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, se dio una extraña vuelta de carnero, consistente en la adoración de lo que ayer execró, y la capitulación ante lo que otrora combatió, de forma que, producto de una maniobra del verbo negra, al final del día Soquimich sigue explotando el litio a sus anchas.

La investigación, aprobada en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, tras la solicitud formulada por sesenta y ocho diputadas y diputados, arrojó entre sus conclusiones que el contrato entre Corfo y SQM, en enero de 2018, extendió la explotación, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030, lo cual, señaló, «fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente».

Ese párrafo del informe, alude al contrato entre Corfo y SQM, en 1993, en el gobierno de Aylwin, en condiciones tan desventajosas para el país, que en la práctica equivalió a la privatización encubierta del litio, situación que, en virtud del acuerdo de 2018, se extenderá hasta 2030.

¿Y quién responderá por lo que el Estado, es decir, -al menos en teoría- todos los chilenos, han dejado de percibir por el concierto de elusión tributaria y atropello a los términos de los contratos, en el caso de SQM, y de desidia y falta de control de parte de la institucionalidad supervisora y reguladora, del propio Estado?.

Ya sabemos: las pérdidas son públicas, y las ganancias, privadas.

Uno de los principios fundacionales de la república neoliberal.

De hecho, el informe acusa «evidente negligencia estatal» en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.

Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.

En tal sentido, el informe valora la decisión de Corfo, de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por SQM, ascendente a US$8 millones más intereses y daño moral, como asimismo, la terminación del contrato en sí mismo, que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado.

En virtud de esa decisión, se pudo constatar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la posición de Corfo en todos los escenarios, incluida la Corte Suprema, en un proceso que se verificó entre finales de 2017 y principios de 2018, la posición de Corfo dio un giro de 180 grados, y de ahí en más empeñó toda su capacidad de gestión, lobby y presión, para lograr la prolongación de la concesión a SQM hasta 2030, sin que exista el menor antecedente que lo respalde o justifique.

El informe resalta que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.

En los hechos, el informe indica que, en determinado momento del proceso se verificó «un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y reprocha a Corfo «haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje».

Concluyó también que, pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.

Eso es lo de menos.

Con alrededor del 30% del capital accionario, a esta altura del partido lo que menos le interesa a Ponce es la administración, y menos aún la asesoría.

Hace rato comprendió que llegó la hora del disfrute de las ganancias.

«En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno», agrega el informe.

Asimismo, la comisión criticó que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.

Entre otros planteamientos, el informe sostiene la existencia de cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.

Lo que el informe omite, porque no puede dejar de hacerlo, es que los abusos que describe, se siguen cometiendo con total impunidad, en primer y principal lugar, el secuestro del litio de Chile por un poderoso consorcio privado, que para todos los efectos, está por encima de las leyes nacionales.

Ninguna de las propuestas incluidas en el informe altera la naturaleza de dicha situación.

Entre ellas, la comisión pide a Corfo un informe trimestral a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez, las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el período respectivo.

Asimismo, que comunique cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM y sobre las acciones para poner en ejecución todas las cláusulas referidas a las comunidades indígenas.

Luego, llama al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.

Adicionalmente, pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo y crear en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.

Entre otras propuestas, plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes; y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.

Palabras que se las lleva el viento del salar.

Descargue el informe

DEJA UNA RESPUESTA