Fraude en el Ejército: Otro General en Servicio Activo en Capacha

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La ministra en visita Romy Rutherford procesó al jefe de la Brigada Acorazada del Norte, general de brigada Alejandro Martínez, por fraude al Fisco por más de $ 9 millones. Es el segundo integrante del Alto Mando en servicio activo, en caer a la capacha. Y todo parece indicar que no será el último.

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, sometió a proceso al general del Ejército Alejandro Villagra Ramírez, por su responsabilidad en dos delitos de fraude al fisco; ilícitos perpetrados en 2011 y 2013, respectivamente.

A cinco meses de una de las renovaciones más profundas en el Alto Mando del Ejército, se trata de un nuevo golpe a la confianza en la institución castrense, reconocido incluso por el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez:

“Es un hecho de la mayor gravedad y trascendencia, ya que un Ejército no se puede sostener si no cuenta con el apoyo de la ciudadanía a la que debe y sirve”.

El encausamiento de la ministra Rutherford apunta a las supuestas irregularidades en la devolución de dineros en la compra de pasajes al extranjero, en una comisión de servicio de Villagra a Ecuador, en 2011, junto a su esposa e hijas.

En el procesamiento a Villagra también se le cuestiona haber firmado un informe que descartaba la existencia de delitos en la compra de pasajes.

Al respecto, la ministra Rutherford estableció:

“El inculpado defraudó al Fisco desde que utilizando diversos artificios habría conseguido que fondos fiscales fueran destinados en beneficio personal y de terceros”.

En su resolución establece:

“Que los medios de prueba antes enunciados, unidos a las declaraciones indagatorias prestadas por el propio encausado, conducen a concluir que existen presunciones fundadas que a Alejandro Mauricio Villagra Ramírez le ha correspondido una intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos que se han tenido por justificados y que, por ende, reviste la calidad de AUTOR de dos delitos de FRAUDE AL FISCO, relacionados con un perjuicio específico provocado al Fisco de Chile”.

Por tanto, concluye:

“Se somete a proceso a ALEJANDRO MAURICIO VILLAGRA RAMÍREZ, en su condición de AUTOR de dos delitos de FRAUDE AL FISCO, previstos y sancionados en el artículo 239 del Código Penal, por un perjuicio específico ascendente a las siguientes sumas: a) $4.322.710 al 26 de octubre de 2011 y b) $3.150.882 al 11 de enero de 2013, respectivamente, y que considerado el valor de la época equivaldrían a una cantidad total correspondiente a 190,74 UTM que al día de hoy corresponden a $ 9.222.851,22”.

La magistrada despachó mandamiento de embargo por la suma de $11.000.000 (once millones de pesos).

Luego de comparecer ante la magistrada durante el mediodía de este lunes, el general Villagra fue trasladado al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Más tarde, su abogado fue notificado del procesamiento en contra, que apunta a millonarios reembolsos de dinero por pasajes.

El oficial quedó detenido.

Contexto

Con la decisión de la magistrada, el comandante de la Primera Brigada Acorazada “Coraceros” se convierte en el segundo integrante del alto mando del Ejército en ser inculpado en este caso, en que se investigan, al menos, otros cinco generales activos en la arista que indaga posibles abultamientos en el precio de pasajes aéreos.

En el Ejército y en el Ministerio de Defensa hay una visible inquietud por la investigación de Rutherford. No solo por el caso de Villagra, y anteriormente los de John Griffiths y Juan Miguel Fuente-Alba, sino por los alcances de la misma, pues se espera un desfile de generales en ejercicio, incluso de división, en el despacho de la ministra.

Esta preocupación radica en que el 9 de noviembre del año pasado el Presidente Sebastián Piñera aceptó la propuesta del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, para renovar el Alto Mando.

El punto es que el ministro de Defensa, Alberto Espina, le encargó explícitamente “limpiar” el alto mando del Ejército.

De hecho, en entrevista con T13, el 12 de noviembre de 2018, Espina argumentó que el nuevo Alto Mando respondía a que “no queremos que en las próximas semanas o meses nos encontremos con que hay un permanente desfile de generales en los tribunales, que puedan ser sometidos a proceso”.

Tras la revisión de antecedentes, para descartar que el nuevo Alto Mando tuviera procesos pendientes con la justicia, especialmente en la investigación a cargo de Rutherford, 21 altos oficiales pasaron a retiro.

Ese cambio telúrico en el generalato, proporcionalmente uno de los más nutridos del mundo, en función del número de hombres y unidades bajo su mando, sucedió tres semanas después de que la ministra en visita procesara al segundo hombre al mando en la institución castrense, el general John Griffiths.

El propio Presidente Piñera, días antes de la renovación del Alto Mando, señaló, el 23 de octubre:

“Le he pedido al ministro de Defensa, y lo voy a conversar con el comandante en jefe, que ahora que nos toca la responsabilidad de constituir el nuevo Alto Mando, estamos examinando con mucho rigor y profundidad los antecedentes”.

Martínez armó su organigrama institucional con sus hombre de confianza. Así, el hoy procesado general Villagra fue ascendido a general de brigada.

Espina ha estimado oportuno guardar un prudente silencio, pero “fuentes” aquiescentes con los medios deslizaron señalaron que el Ministro está alineado con la gestión de Martínez y que la renovación se efectuó con los antecedentes que hasta esa fecha estaban disponibles.

Estos antecedentes sugieren que Espina tiene menos peso en el Ejército que un paquete de cabritas, y tanto control como en un ataque de Pakinson.

La experiencia indica que, en este tipo de conflictos, que alteran, enervan y socavan el ambiente de pretendida “estabilidad” que necesita la república neoliberal, el hilo se corta por lo más delgado.

En consecuencia cabe esperar ofensivas legales y extralegales contra la ministra Rutherfod.

De hecho, ya empezaron.

Corte Suprema confirma competencia de ministra Rutherford

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la declaración de incompetencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para proseguir tramitación contra militar procesado por fraude al fisco.

En fallo dividido (causa rol 16.470-2018) la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestech, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y la abogada (i) Leonor Etcheberry– ratificó la competencia de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, para continuar con la investigación del proceso abierto en contra del recurrente Carlos Frez Ramírez.

“Que, no obsta a lo explicado el que, como se lee en el acta de la audiencia de 20 de abril de 2018, ante la solicitud del Ministerio Público para que el Juzgado de Garantía se declare incompetente para conocer la petición de sobreseimiento del quejoso, la defensa de éste, pidiera que ‘se resuelva el sobreseimiento del Sr. Carlos Frez y solicita que en subsidio si el Tribunal se declarase no competente, solicite la inhibitoria’, toda vez que esa petición no puede entenderse la formulación de una cuestión de competencia por vía inhibitoria, la que consiste precisamente en lo contrario y, concordantemente, es que el incidente ni siquiera se tramitó como tal, pues tratándose de una apelación de una cuestión de competencia planteada vía inhibitoria denegada donde los tribunales de cuya competencia se trata ejercen jurisdicción de diferente clase -como en el caso sub lite-, el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por remisión del artículo 52 del Código Procesal Penal, dispone que ‘se oirá también al fiscal judicial’, trámite que no se ha llevado a cabo en la especie. Todo ello obedece, como se ha venido señalando, a que lo resuelto en el Juzgado de Garantía se funda, simplemente, en su incompetencia para resolver el sobreseimiento respecto de un delito que estaba siendo ya conocido por otro tribunal”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “entonces, la decisión del Juzgado de Garantía, que los jueces recurridos de la Corte de Apelaciones de Santiago confirman, es ajustada a la ley, puesto que, como se dijo, bastaba para dirimir el asunto con constatar que la competencia de la Ministra Sra. Rutherford para conocer la responsabilidad penal de Frez Ramírez por el delito de Fraude al Fisco no había sido cuestionada ni por vía inhibitoria ni declinatoria hasta el momento y, por ende, como resulta de perogrullo, no podía otro tribunal pronunciarse sobre el sobreseimiento definitivo de los mismos hechos por ella investigados, resultando en ese contexto los errores de transcripción, cita o fundamentación que arguye el quejoso, del todo insuficientes para calificarlos como una falta o abuso grave que justifique la imposición de una medida disciplinaria”.

“(…) en definitiva, por contenerse la supuesta falta o abuso en una resolución que no ha puesto término a un procedimiento y que, por ende, vuelve improcedente el recurso de queja, ni tampoco demostrarse ningún acto u omisión concreto que pueda calificarse de falta o abuso grave, susceptible de enmendarse por esta vía disciplinaria, el recurso de queja interpuesto será desestimado”, concluye.

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Cisternas.

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