Venezuela y la Alta Comisionada

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por Eduardo Contreras:

La breve declaración sobre la situación en Venezuela formulada hace pocos días por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, resulta tardía, confusa, extraña.

Ella no ha visitado ese país y basa sus opiniones en lo que le habrían adelantado algunos funcionarios de su dependencia respecto de una situación que ya se prolonga por varios meses.

Sin duda se trata de un episodio desafortunado lo que, de corroborarse su efectividad, sería un grave error que obviamente lamentamos quienes la conocemos, la respetamos y apreciamos.

Mucho más cuando la llamada crisis venezolana es una situación absolutamente clara, con acciones y señales que evocan los trágicos sucesos de Chile en el año 1973. Entonces, el imperio norteamericano –ansioso de recuperar el cobre nacionalizado por el presidente Allende- había decidido derrocar su legítimo gobierno.

Tal como hoy el mismo imperio, ansioso de quedarse con el Petróleo venezolano, ha decidido derrocar al legítimo gobierno del Presidente Maduro.

El apoyo a los golpistas reaccionarios, la confiscación ilegal de recursos del Estado venezolano, el desabastecimiento de alimentos y de fármacos, la campaña del terror, etc., etc. son capítulos del mismo Libreto, del mismo programa desestabilizador, cada cual, con sus especificidades, elaborado por los estrategas de la CIA y los otros servicios de inteligencia y militares del gobierno de Washington.

Nadie que haya vivido esos años podrá olvidar, por ejemplo, que al día siguiente del golpe en nuestro país reaparecieron por arte de magia, remedios y alimentos que repletaban las bodegas de los acaparadores.

La Cámara de Diputados y la Corte Suprema de la época, ambas entidades controladas por la oposición golpista, declararon “ilegítimo” al gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende, a pesar que no tenían facultades para ello. Fui diputado en ese período y me constan personalmente esas burdas maniobras antidemocráticas que concluyeron con la deleznable actitud de los altos mandos de los institutos armados de dar el criminal golpe e instaurar la dictadura militar más cruel y asesina de toda la historia de América Latina.

Y que llegó al extremo de encarcelar, torturar y asesinar, a aquellos jefes militares demócratas y antifascistas como fueron, entre muchos otros, los casos de los generales René Schneider, Carlos Prats y Alberto Bachelet, padre de nuestra ex presidenta.

El caso venezolano es la reiteración de aquello, pero con una diferencia esencial como es el patriotismo y sentido democrático de sus Fuerzas Armadas tan distantes del clasismo reaccionario y de la dependencia ideológica que signa a las nuestras.

¿Dictadura en Venezuela?

Si la hubiera, ¿se permitiría que un monigote de la CIA se autoproclamara presidente encargado sin que le pasara nada? ¿Habría podido suceder esto en el Chile de Pinochet?

Suma y sigue: Nicolás Maduro fue electo presidente con la misma institucionalidad jurídica, procedimientos y organismos fiscalizadores, con los que Guaidó fue electo diputado.

¿Dónde está lo irregular o ilegítimo?

Es más, las elecciones en que triunfó el presidente Maduro fueron hace un año, sin que durante ese tiempo ni Guaidó ni nadie objetaran nada.

¿Por qué ahora? Y agreguemos que, en esas elecciones presidenciales, hubo candidatos opositores. Siguen siendo opositores y no han reclamado sobre ese proceso electoral

Pese a todo lo cual Guaidó se autoproclamó y de inmediato le apoyaron los gobiernos, instituciones y partidos políticos que responden a las órdenes del gobierno que hoy encabeza Donald Trump.

Quienes así actúan – como Sebastián Piñera y su Canciller, o el llamado grupo de Lima, por ejemplo – violan abiertamente las normas del Derecho Nacional e Internacional sobre la materia.

Desde luego la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone claramente a quienes se puede considerar como representante de un Estado y específicamente alude al reconocimiento a los jefes de Estado y a los representantes acreditados por los Estados ante Organismos Internacionales.

En este caso al reconocer a Guaidó no se ha respetado requisito alguno atropellando así, de modo grosero la Convención de Viena ya citada.

Y algo específicamente decisivo, fundamental. Se trata del Artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, que especifica concretamente cuando hay falta absoluta del Presidente o Presidenta de la Republica, y estas causas son sólo y exclusivamente la muerte, la renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo y con aprobación de la Asamblea Nacional y finalmente el abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional así como la revocatoria popular de su mandato.

Nada de esto ha ocurrido en Venezuela. No existe falta del presidente de la Republica. Por lo que quienes, pese a todo, aceptando presiones superiores, han reconocido a Guaidó incurren en una grave violación del Derecho. De tal magnitud que, en el caso de Chile, por ejemplo, hace absolutamente procedente una acusación constitucional contra el primer mandatario.

Aclarado que legalmente en Venezuela no existe la “falta absoluta del presidente o presidenta”, corresponde agregar que en el caso de que la hubiera habido, que no la hubo ni la hay, Guaidó no cumplió entonces con convocar a una nueva elección para lo que tenía 30 días.

Un tiempo que él ocupo en cumplir los mandados, paseándose por países a cargo de otros políticos proclives a cumplir lo que disponga EEUU.

En nuestro caso el apoyo del gobierno a un impostor viola -además de lo ya dicho la carta de Naciones Unidas-, la carta de la Organización de Estados Americanos y la propia Constitución chilena.

Contribuye además a prolongar una situación gravísima ya que es un hecho público que la decisión de Trump es terminar con la democracia en Venezuela aun al precio de una invasión armada.

Esperamos que la Alta Comisionada tenga en consideración todos estos elementos objetivos que aclaran el sentido verdadero de esta provocada crisis humanitaria

Es preciso no olvidar un reconocimiento especial para los gobiernos de México y de Uruguay por su invariable posición de respeto al Derecho, a la Democracia y a la Soberanía del Pueblo. Desgraciadamente, y a pesar de nuestra trágica experiencia del 11 de septiembre de 1973, no es nuestra realidad.

Fuente: Barómetro Latinoamericano

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