Ubilla Suma y Sigue: Grave Desacato a Resolución Judicial

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No deja de sorprender la ilimitada capacidad de este Gobierno para perpetrar errores no forzados, cometer autogoles, dispararse a los pies y comprarse conflictos innecesarios. Es, por ejemplo, lo que sucedió con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

En efecto, muy orondo, en la mañana del jueves 28 de marzo, se presentó en la Base Aérea de Cerro Moreno, Antofagasta, con el fin de representar al Gobierno, y por esa vía mostrar su decisión política, en el operativo de expulsión, el tercero del año, de 65 ciudadanos colombianos, por órdenes administrativas o judiciales.

Sin embargo, al menos 30 de ellos, que se encontraban en el proceso de regularización, no debieron tomar el vuelo, puesto que estaban protegidos por una orden de no innovar de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, mientras resolvía un recurso de amparo presentado en su favor por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.

La orden de no innovar de la Corte de Apelaciones fue comunicada por correo electrónico a la Jefatura Nacional de Extranjería y Migración de la PDI y al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Esto debería haber frenado la expulsión de esas personas, lo cual finalmente no ocurrió.

En otras palabras, un abierto desacato del Poder Ejecutivo a un tribunal competente, encabezado por el subsecretario del Interior.

En este punto es útil recordar que entre los pretextos de la derecha, en la campaña que precedió el golpe de Estado de 1973, estaba el de presuntos desacatos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

En esta ocasión el desacato está probado y documentado, pero, por lo que parece, no es motivo de preocupación para el Gobierno.

Lejos de ello, Ubilla se jactó de las expulsiones, con esa liviandad propia de la derecha, para criminalizar en forma genérica:

«Con estas expulsiones han salido 531 personas. La gran mayoría por orden judicial y asociados al tema de la droga».

A los 65 colombianos a Bogotá, el tercer operativo de expulsiones de inmigrantes del año, se sumaron 103 bolivianos y 9 peruanos, que abandonaron el país por buses que salieron desde Colchane, en el caso de los primeros, y Arica, en el de los segundos.

Naturalmente, a Ubilla no se le movió un músculo de la cara al mentir por enésima ocasión, cuando aseguró que se enteró de la orden de no innovar por medio de la prensa, después del despegue del avión.

Además de una mentira, una torpeza. La ignorancia no puede subsanar la incompetencia, menos cuando se trata de un ministro de Estado, cuya función es hacer cumplir la Ley.

Si el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior no informó oportunamente a su jefe, eso no es de responsabilidad de esos ciudadanos extranjeros que estaban cumpliendo con el trámite de regulación de su situación legal.

Más aún cuando el jefe de gabinete del subsecretario recibió la notificación una hora antes de la partida del vuelo.

El representante del INDH regional, Paulo Palma, cuestionó la expulsión de los colombianos, toda vez que «existió una vulneración de sus derechos al no cumplirse con la notificación de las resoluciones, que correspondían a procedimientos administrativos».

Engaño a los inmigrantes

Si eso ya es grave, no lo es menos el procedimiento con el cual fueron atraídos los expulsados. Para entenderlo, es necesario remontarse al 9 de abril de 2018, cuando Piñera anunció lo que denominó una «reforma» migratoria.

Dicha reforma ofrecía una regularización extraordinaria que beneficiaría a los cerca de 300 mil inmigrantes que permanecen en el país sin documentación, siempre que ingresaran una solicitud formal, se empadronaran y hayan ingresado al país antes del domingo 8 de abril.

Y en ese punto, se presentó la invariable letra chica: «el beneficio excluirá a los extranjeros que tengan antecedentes penales en Chile o en su país de origen»; lo cual dejó la puerta abierta a la discrecionalidad y el abuso; que es, precisamente el argumento que utilizó Ubilla, cuando vinculó a los expulsados con el narcotráfico.

Peor aún el INDH y organizaciones de migrantes denunciaron que un grupo de ciudadanos de distintas nacionalidades fueron citados a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, con el pretexto de regularizar su situación migratoria y que, en lugar de ello, terminaron siendo expulsados del país.

La citación se había hecho por vía de correo electrónico o mensajes de WhatsApp donde se les invitaba a acercarse al edificio ubicado en la calle Eleuterio Ramírez 852 con su documentación para ver su proceso de regulación migratoria. Esta misma invitación se habría replicado en la ciudad de Antofagasta.

Mediante un comunicado, el Movimiento de Acción Migrante, condenó y rechazó “las expulsiones Express realizadas mediante engaños, que recuerdan las peores prácticas ocurridas durante la dictadura de Pinochet, que infringen el debido proceso y no respetan las decisiones del poder judicial frente a órdenes de innovar de los recursos de amparo interpuestos por el INDH y otros organismos, que han sido acogidos en ocasiones anteriores y los cuales el gobierno ha decidido no acatar”.

“Consideramos altamente preocupante que no se respete la división e independencia de los poderes del Estado, y que el gobierno no respete las decisiones de los tribunales de Chile y no reconozca los derechos fundamentales de las personas migrantes y sus familias“, agregó.

La resolución de la Corte

En conocimiento de los hechos, el INDH interpuso un recurso de amparo en favor de Constanza Rivera, Diego Raúl Balanta Vallejos ,Victor Marín Peña, Redelmo Ordoñez Gómez, Andrés Felipe Mayre Cano y Brainer Quiñones Sinisterra, de nacionalidad colombiana, de modo que se les excluyera del proceso policial de expulsión, toda vez que «es contrario a derecho, dado que se funda en el uso institucional del fraude y el engaño en desmedro de la persona extranjera que actúa de buena fe; y, segundo, que el grupo de amparados debe ser excluido de dicho operativo policial de expulsión y dejado en libertad inmediata”.

Por la misma razón, el INDH solicitó que el Tribunal de Alzada de la región de Antofagasta decretara una orden de no innovar, es decir, paralizara todas las acciones tendientes a la expulsión de mencionados ciudadanos extranjeros.

La Corte de Antofagasta dio lugar a lo pedido por el Instituto y decretó orden de no innovar emitida por las ministras Virginia Soublette y Jasna Pavlich de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, firmada a las 9.06 horas del 28 de marzo y decretó la “suspensión, paralización y/o exclusión inmediata del proceso policial de expulsión que está programado para ser ejecutado durante las primeras horas del día jueves 28 de marzo de 2019, comunicando aquello de forma inmediata y por la vía idónea y más expedita, oficiando al efecto y notificando de modo telefónico y/o por correo electrónico a las autoridades del DEM, de la PDI así como del Ministerio del Interior”.

El desacato

Pese a que esta notificación fue enviada a diversos funcionarios de los distintos organismos que lideraban el operativo, no fue tomada en cuenta. Sin embargo, al ser consultado por la denuncia que en ese momento hacía el director regional del INDH, Paulo Palma, el subsecretario Ubilla dijo desconocer estos antecedentes y aseguró que no había ningún documento que impediría expulsar a estas personas.

El coordinador nacional de Vulneración de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Alexis Aguirre, sostiene lo contrario:

“Tenemos los comprobantes de los correos electrónicos que envía a la hora que señalé, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a los diversos funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y como del Ministerio de Interior, cuestión que está siendo certificada por el ministro de fe de la Corte de Antofagasta y es algo que es de fácil comprobación”.

Entre los destinatarios del correo electrónico que envió como notificación la Corte de Apelaciones de Antofagasta, estaba Juan Pablo Torres Guzmán, jefe de gabinete del Subsecretario del Interior.

El avión de la FACh que transportaba a los ciudadanos colombianos despegó desde la Base Aérea de Cerro Moreno a las 10.30 horas; es decir, una hora después de que el jefe de gabinete del subsecretario recibió notificación de la orden de no innovar.

Es decir, Ubilla miente, peca de incompetente o más bien, ostenta ambos atributos de manera simultánea.

En la siguiente declaración pública, el INDH anunció acciones legales.

Extranjería y PDI incumplen orden legal de no expulsar a migrantes ante amparo INDH

Durante la madrugada de ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso un recurso de amparo en favor de seis ciudadanos extranjeros, por considerar que fueron sujetos de una vulneración a su derecho al debido proceso siendo detenidos y expulsados del país, esto en el contexto de un proceso de expulsión masivo de 177 extranjeros, ejecutado durante el día de ayer.

La acción legal fue admitida a tramitación por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que decretó una orden de no innovar, cuya comunicación fue extendida inmediatamente vía correos electrónicos al Departamento de Extranjería y Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y a la Policía de Investigaciones de manera de detener la expulsión de los amparados.

Paralelamente se tomó contacto con la base aérea y la Secretaria de Asuntos Jurídicos de Extranjería de Santiago, quienes tomaron razón de la notificación y señalaron que informarían la adopción de las medidas para cumplir con la resolución legal.

Finalmente el avión con los amparados trasladó a los ciudadanos a la República de Colombia, no dando cumplimiento a la orden judicial, por lo que el INDH estudia las acciones legales, dada la configuración de vulneración de derechos, y el incumplimiento por parte del Gobierno y de la PDI de una orden emanada de los tribunales de justicia.

Detenciones de extranjeros representaron solo el 5,3% durante el 2018

La campaña del Gobierno contra los migrantes se fundamenta en la acusación de delincuencia, como lo demuestra el propio Ubilla en el caso en comento.

Sin embargo, una estadística de Carabineros, obtenida vía Ley de Transparencia por una asociación de venezolanos en Chile, muestra que las detenciones de extranjeros representaron solo un 5,3% de las detenciones totales realizadas por la policía uniformada, durante el año pasado.

De acuerdo con esa estadística, Carabineros detuvo a 757.938 personas en el 2018.

Del total, sólo 40.109 correspondieron a inmigrantes.

En detalle, el 21% fueron peruanos; el 15% colombianos; el 10% bolivianos; el 5% venezolanos y el 4% haitianos.

Los delitos mayoritarios atribuidos a los detenidos extranjeros fueron: comercio ambulante clandestino (24,2%); infracciones a la Ley de Alcoholes (13,3%) y violencia intrafamiliar (8,5%).

El director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sostuvo:

«Diversos estudios han establecido que no existe relación causal entre criminalidad y migración“.


Hostilizar a los migrantes es sembrar vientos

por Patricio López (*)

Una nueva denuncia vuelve a poner dudas sobre la política migratoria que se ha llevado a cabo en Chile durante este gobierno.

Esta vez, según hemos dado a conocer en Radio y Diario Universidad de Chile, ha sido el Instituto Nacional de Derechos Humanos el que denunció una expulsión irregular de ciudadanos colombianos.

Afirma este organismo que se ejecutó la deportación de 65 personas, en un acto con evidente pretensión comunicacional, al punto de incluir el viaje del subsecretario del Interior a Antofagasta. Esto sucedió a pesar de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad había acogido un recurso de protección en favor de varios de quienes estaban en la nómina, el día anterior.

Así, mientras la Corte de Apelaciones decretó la “suspensión, paralización y/o exclusión inmediata del proceso policial de expulsión que está programado para ser ejecutado durante las primeras horas del día jueves 28 de marzo de 2019, comunicando aquello de forma inmediata y por la vía idónea y más expedita, oficiando al efecto y notificando de modo telefónico y/o por correo electrónico a las autoridades del DEM, de la PDI así como del Ministerio del Interior”, la expulsión de todos modos se ejecutó.

Esta situación, que ya es grave por cuanto supone el desacato de una alta autoridad del Estado respecto a un pronunciamiento judicial, muestra además una política migratoria que, desde hace ya varios meses, viene siendo calificada por expertos como discriminatoria, arbitraria e incluso racista.

Discriminatoria, y ninguna comunidad ni persona migrante tiene culpa alguna en lo que vamos a afirmar, porque mientras se tiene una política amable y receptiva con la migración venezolana, se muestra desconfianza con la migración colombiana y definitiva hostilidad con quienes han venido o pretenden venir desde Haití a nuestro país.

Esta situación, que no resiste análisis ni justificación, forma sin embargo parte del paisaje al que nos hemos ido acostumbrando.

Arbitraria, porque se basa en creencias que han sido instaladas por los dispositivos de información hegemónicos, pero que no tienen asidero en la realidad.

El trato a la migración en Chile es cada vez menos desde los derechos y cada vez más desde la desconfianza.

Entre las afirmaciones falaces que se han ido instalando en el imaginario colectivo y que son definitivamente falsas podemos mencionar:

– que los extranjeros han llegado a Chile en mayor proporción que como ocurre con el promedio mundial,

– que vienen a quitarle trabajo a los chilenos,

– que son responsables de la propagación de determinadas enfermedades,

– que le quitan espacio a los chilenos en los centros de salud de urgencia, –

que tienen un mayor porcentaje de comisión de delitos que la población chilena,

y otro largo penoso etcétera que por tiempo y pudor no vamos a seguir mencionando.

Racista, y aquí vamos a citar a la profesora María Emilia Tijoux, porque el Estado está encarnando una política migratoria que, sobre la base de categorías instaladas en la sociedad, hace diferencia entre “extranjeros” e “inmigrantes”.

Para los primeros, todo; para los segundos, nada.

Y en este último grupo se encuentran las personas de países a quienes se les adjudican los colores de piel más oscuros, como Haití, Colombia y República Dominicana.

Que en un espacio noticioso como nuestro Radioanálisis tengamos que referirnos todas las semanas a políticas de gobierno criticables por su trato a quienes vienen desde otros lugares, es la expresión de la negación y olvido de la migración como un derecho consagrado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en correlato con otras políticas del Ejecutivo como la de negarse a firmar el Pacto Mundial de Migraciones.

Es posible que se haga porque las encuestas dicen que conviene, que es lo que la población aplaude.

Si así fuera, además de la motivación espuria habría que recordar que es lo mismo que vienen haciendo los gobiernos más reaccionarios del mundo, pretendiendo devolver con esto a la Humanidad entera a un periodo oscuro donde el odio a la diferencia fue el caldo de cultivo para la muerte posterior de decenas de millones de personas.

(*) Director Diario Universidad de Chile

Fuente: Diario Universidad de Chile

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