Análisis de Clase del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía

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por René Leal Hurtado (*).

Al examinar este documento, presentado por el Presidente, Sebastián Piñera, el 14 de agosto de 2018, salta a la vista que ésta fue una propuesta preparada con dedicación por equipos de diez ministerios, junto a otras instancias del gobierno central y regional de la Araucanía. (1)

Ese fue el ‘comando’ del Acuerdo, que antes de ser discutido transversalmente, ya era, un ‘acuerdo’, generado desde la Moneda.

Sin embargo, si bien estuvieron allí dirigentes, loncos y machis de las 32 comunas de la Región, con el Ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno, el 14 de agosto del año 2018 (2), casi un mes antes de la proclamación del acuerdo, no estuvo presente el movimiento mapuche, él que no se sintió representado por este acuerdo:

“Ante la propuesta unilateral del Presidente de Chile Sebastián Piñera, reiteramos la necesidad de que del gobierno se atenga a lo estipulado por los convenios internacionales que el Estado de Chile ha ratificado; El Tratado de Tapihue de 1825, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.

En segundo lugar es indispensable que tenga en cuenta el carácter de la relación histórica entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, en particular, en relación a la ocupación militar del territorio mapuche.

Estos antecedentes de por sí, formulan la adopción de instrumentos y cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos apropiados para establecer la paz y el ejercicio de la libre determinación como pueblo indígena en el marco de un Estado Plurinacional” (3).

Sin duda y como se puede apreciar, si bien la elaboración del Acuerdo y el Plan fue un trabajo minucioso, de gran complejidad por cierto, fue también -por razones no conocidas – ‘contra el tiempo’, lo que podría interpretarse como un esfuerzo poco reflexivo.

Fue también una elaboración unilateral, como señalan Calbucura y Contreras Painemal (2018), falto de pluralidad, transversalidad y de un debate amplio y participativo.

El Acuerdo y el plan es, en gran medida, una obra del gobierno actual y tiene como objetivo el desarrollo capitalista en la modalidad neoliberal en la región, que alcance los niveles de crecimiento logrado nacionalmente.

A través de ello, la derecha espera aplacar el conflicto con el movimiento mapuche.

De este modo, la paz será bienvenida y con ella, el libre flujo del capital en la zona.

En razón de lo anterior, el movimiento mapuche responde con firmeza y precisión:

“El mal gobierno sigue sin entender que la pobreza y marginación mapuche, no pasa por hipotecar el derecho de propiedad colectiva en el mercado capitalista, sino por ampliar el territorio y resguardar el derecho de autodeterminación para subsistir como sociedad indígena. Sin libre determinación no hay posibilidad de garantizar las aspiraciones de los pueblos indígenas . . .Tal como en innumerables oportunidades lo hemos reiterado, es imprescindible la constitución de una Comisión de la Verdad en La Araucanía con participación transversal de la comunidad mapuche. Es indispensable conocer lo sucedido en el contexto de “La Pacificación de la Araucanía”, atenerse a las recomendaciones que allí emanen; así como la adopción de medidas adecuadas para una paz firme y duradera en el Walmapu (4).

Considerando la fuerza y elocuencia de las citas previas, el Acuerdo parece haber sido hecho a imagen y semejanza de sus creadores, el gobierno de derecha, heredero de sus antepasados políticos y sanguíneos del siglo XIX.

Más capitalismo, menos tierra para los mapuches, ahora a través de una ‘Tercera Vía’, la ‘zanahoria’.

La regularización de 58 mil propiedades en el territorio nacional, dada a conocer por la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales Alejandra Bravo (citada en Torres, 2018: 1), no es ajena a esta nueva estrategia en la macro zona mapuche. Por el contrario, tiene un enfoque especial hacia la región, que realizaría el programa Chile-Propietario, impulsado por esa cartera, en conjunto con el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en la Araucanía’ y el Plan Impulso 2018 – 2026’.

En el caso de los territorios mapuches, la regularización se llevaría a cabo, principalmente, a través del otorgamiento de títulos de dominio a las familias que ocupan terrenos no normalizados.

Este proceso permitiría el acceso a “subsidios habitacionales, créditos agrícolas, saneamiento sanitario, postulación para obtener créditos de consumo o apoyo productivo” (El Mercurio, 12 de abril 2018, en Torres, 2018: 1). En otras palabras, la vuelta de tuerca hacia la propiedad privada, garantizaría el progreso y la superación de la pobreza.

Esa porción de la ‘zanahoria’, más allá de su apariencia generosa, escondería un fin no explicitado.

Raquel Rolnik, prestigiosa arquitecta y urbanista brasileña (citada en Torres, 2018: 2), plantea que bajo el argumento de que los “pobres poseen activos, [pero que] sin embargo los utilizan en forma , transformándolos en ”, se abriría paso la propiedad privada. En otras palabras:

Cuando el capitalismo encuentra situaciones donde la propiedad de la tierra no existe, tiene que dar pasos activos para crearla [como sería el caso en la Araucanía] . . . la tierra es liberada y transformada en campo abierto para la operación del capital, por su . . . y su transformación en [mercancía], introducen la renta de la tierra y a sus explotadores, como agentes activos en el proceso de competencia (Rolnik citada en Torres, 2018:2).

Los esfuerzos que hará la derecha en esta dirección, de ‘regularizar’ para titular nuevos propietarios de tierras y traer capital, emprendedores, asesores y nuevos socios para los mapuches en sus territorios, aparecen nítidamente reflejados en el Plan Impulso 2018–2026, en las sección de ‘Antecedentes’, en particular, en el apartado relativo al desarrollo territorial indígena y en la de los impactos que se esperan con la aplicación del plan señalado.

Lo que se viene entonces en la Araucanía, tiene mucho que ver con lo que plantea Rolnik, respecto a que existirían muy escasas evidencias independientes para justificar que la privatización de la tierra, a través del otorgamiento de títulos en asentamientos informales, promoverá el desarrollo económico y social y reducirá la pobreza, sentencia (Citada en Torres, 2018: 4).

Por el contrario, habrían muchos casos que destacar que revelarían que una vez consolidada la propiedad privada en ese tipo de asentamientos, el modelo de regularización atraería a grandes propietarios agrícolas nacionales y transnacionales (Torres, 2018: 4), quienes terminarían comprando esas tierras a los pequeños propietarios indígenas, para aumentar así la concentración de sus propiedades y capital.

Por lo tanto el Acuerdo, montado en la viga maestra que constituye el Plan Impulso 2018–2026, tiene un carácter neoliberal, que concibe el desarrollo a partir del crecimiento económico, guiado por una racionalidad instrumental, como diría Max Weber -un liberal no un marxista- (en Giddens, 1994), cuyo fin último es la generación y reproducción del capital y la ganancia, y con ello, una mayor tasa de acumulación.

A la vez, el plan traería consigo una segunda derivada, la asimilación.

A través del modelo de formalización, registro y de consolidación de las propiedades (Torres, 2018: 4) y con el influjo de gran inversión pública y privada, US$ 8.043 millones y US$ 16.086 millones respectivamente, para el período 2018–2026, se expondría a los comuneros mapuches a la avaricia de las empresas forestales y agrícolas, con el discurso de que se generaría –aparentemente- la posibilidad del mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a bienes de consumo y servicios, como salud y educación, de las comunidades mapuches, y también de la población no mapuche.

Esto lesionaría fuertemente su identidad, fundamentalmente por el diametral cambio del carácter de su relación con la tierra. Su transformación de ‘pueblo’ en una ‘etnia’ más, diluida en la nación chilena, no estaría muy lejos.

Ante esto, es el pueblo mapuche y su movimiento quien debería prepararse para reforzar y aumentar su activismo en la defensa de su ethos, de su ser como pueblo, de su independencia política y de su derecho a la auto determinación, que no es excluyente del hecho de adquirir elementos desde los avances en infraestructura y modernización productiva.

Para ello no es condición sine qua non privatizar la tierra.

En síntesis, la lucha que asoma para los mapuches y sus aliados, es decisiva, pues con este documento llamado Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en la Araucanía, la clase de los propietarios del capital, ya la ha iniciado, al remecer la articulación de los modos de producción en la región, activando el polo capitalista para hacerlo predominante en la formación social.

Por lo tanto, corresponde activar el polo del trabajo, principalmente por parte de los mapuches, un pueblo, que como pocos otros en la historia, ha enfrentado a clases dominantes como la Inca, la feudal europea del Reino de Castilla, principalmente, y siglos más tarde, por el incipiente capitalismo en lo que sería la Republica de Chile en el Siglo XIX, proceso influido por el contrato social liberal ingles y por la tradición democrática burguesa francesa (Leal, 1999).

En consecuencia con lo anterior, debe señalarse que, en primer lugar, el movimiento mapuche debe poner gran atención a este proceso que se inicia con este Plan Impulso, y distinguir y revelar con claridad lo que éste, por su carácter ideológico oculta, esto es, que la principal causa del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en Walmapu serían, en primer lugar, la contradicción – expresada en una abismante asimetría – entre la modalidad neoliberal del modo capitalista de producción y el actual modo de producción mapuche de economía agraria de subsistencia familiar, el que se ubica en las antípodas de lo que fuera el modo comunal en el cual vivían hasta la invasión española.

Se debe entonces avanzar hacia la superación del modo agrario de subsistencia familiar, hacia uno de carácter comunitario, de gran diversidad productiva, y de cooperación entre sus productores directos, los comuneros, quienes deben apertrecharse con recursos económicos, educacionales y tecnológicos para poder defender su tierra, sus valores, cultura y su condición de pueblo, no de etnia.

El resultado de este cambio sería causa y efecto de las formas que adopte la articulación con el modelo de desarrollo capitalista como el que se pretende reproducir en la Araucanía, él que ya ha generado una profunda desigualdad y enajenación en Chile, además de una vergonzante riqueza para una minoría.

De imponerse el modo capitalista en los niveles que aspira el presente Plan Impulso, la posibilidad de avanzar hacia un modo comunitario se reduce a su mínima expresión, y la posibilidad de mantener sus condición de pueblo y de auto determinación se verían muy amenazadas.

Por lo tanto, desde la articulación de los actuales modos de producción existentes, resultará uno predominante en la Araucanía.

Es decir, avanzar hacia un modo comunitario, significaría, por la interdependencia y condicionamiento mutuo de los modos, que habría que revertir también el rumbo del radical modo del capital que se espera implementar en la región, al menos ‘moderarlo’, hacia uno – todavía capitalista – de desarrollo sustentable con su entorno, minimizando su carga neoliberal y de esta forma, coexistir, aun cuando persista su contradictoria relación.

No sería mucho más que esto lo que se podría esperar por ahora, resistir, dada la actual correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional.

Como se señaló previamente, el impacto del Acuerdo en la articulación, en el ámbito cultural, daría cuenta también de la reaparición de una política de asimilación velada, no institucionalizada, paternalista y clientelista, que en la práctica intentaría impedir el desarrollo de un modo comunitario para dar paso a uno de corte neoliberal en todos los planos, político, económico, cultural y religioso, entre otros, como ocurre cuando los modos de producción colisionan, lo que ha revelado la historia de la humanidad en múltiples ocasiones.

Se debe destacar también que este intento de modificar la propiedad de la tierra y penetrar la cultura mapuche con fines asimilacionistas, aparecen con suficiente claridad al revisar los contenidos del Acuerdo respecto al desarrollo de los territorios indígenas y los impactos que se esperan con la aplicación del plan.

Por lo tanto, se debe señalar con fuerza, que todo lo dicho hasta aquí está en disputa, se está jugando en la articulación de los modos de producción, que implica conflicto, por cierto, lucha y negociación.

En este nuevo trance histórico, crucial para los mapuches, lo más probable es que ellos harán una decidida intervención en la articulación, desde una posición de dignidad, de principios, de lucha en defensa de su tierra contra el capital, o sea, de lucha de clases.

Esto es lo que ha impedido que el vínculo que hasta hoy y por siglos ha mantenido con su tierra se rompa.

En consecuencia, se podría decir que lo anterior expresa con profundidad, que su forma de entender el concepto de soberanía, en su práctica histórica, no necesitó de un Estado central para defenderla con sus propias vidas.

La ausencia de plusvalía en el modo comunal mapuche previo a la invasión, habría sido un factor decisivo para su unidad como pueblo, que no requirió de un Estado central para ejercer su soberanía en Walmapu, lo que contrasta claramente con los imperios Inca y Azteca, regidos por un Estado central, altamente estratificado y donde la apropiación de excedente por parte de su clase dominante, habría debilitado su unidad y en consecuencia, su soberanía, una razón fundamental para su rápida derrota ante los invasores españoles (Leal, 1999).

En el presente, lo ocurrido con esos imperios, no dista tanto de lo que son los Estados capitalistas modernos en términos de la apropiación del excedente económico por parte de la clase capitalista.

En general, la soberanía, ha sido, en buena medida, retórica.

Los ejemplos sobran, Chile es uno de los que sobresalen.

Como hoy ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, sus riquezas naturales y su tierra, han sido larga, indebida y permanentemente apropiadas por diferentes agentes capitalistas foráneos, articulados en alianza con las clases del capital en cada lugar.

El Estado, contrario a lo que muchos piensan, no sólo no ha sido garantía de soberanía, sino ha sido utilizado por esas clases dominantes para despojar a sus pueblos de su tierra y de sus derechos. Ahí esta la guerra del Salitre en 1879; la invasión a la Araucanía en 1883; y el golpe militar en 1973, elocuentes muestras de la discutida relación entre Estado central y soberanía.

Por lo tanto, considerando el carácter ideológico de la premisa de que el Estado central es condición sine qua non de soberanía, esperemos que hoy, este mal llamado Acuerdo Nacional no se consume, y de esta manera, no reproduzca e incremente el despojo al que los mapuches han sido sometidos por aquellos que piensan que ‘la patria es su bolsillo’, como dijera Antonio Gramsci.

Finalmente, es indispensable sugerir que, debido a la forma unilateral en que se generó el documento de este ‘Acuerdo Nacional’ y su plan, del cual uno de sus principales sujetos no ha tenido participación, el movimiento mapuche, debería, como en el pasado, tener lugar un “Parlamento”, que constituya – o que sea constituido – por una ‘Comisión de Verdad en la Araucanía’.

Esto es imprescindible, si realmente existe voluntad política de generar una negociación real hacia la solución del conflicto.

Esta sería la instancia más adecuada para sancionar la viabilidad política de un Acuerdo que sea más profundo y justo que éste.

A la vez, se debiera posteriormente, promulgar una ley y una política intercultural biunívoca, que debe ser un elemento clave y constitutivo de una nueva Constitución Política de carácter multicultural.

Debe sumarse a lo anterior, que en un futuro acuerdo, se debe considerar centralmente el reconocimiento por parte del Estado chileno de que se debe pagar una deuda histórica con el pueblo mapuche, que centralmente debiera incluir el derecho a recuperar sus tierras, a respetar la relación que ellos tienen con ella, y la aceptación de su derecho a la autodeterminación, esto es, a darse el modo de producir su vida material y espiritual como ellos lo decidan.

Esa es la tarea titánica que debiera asumir el movimiento mapuche, la izquierda chilena y otros aliados a la causa de este pueblo en el país y en el mundo.

(*) Doctor en sociología, Universidad de Wollongong, Australia.

Notas:

(1) El presente trabajo fue redactado antes del asesinato de Camilo Catrillanca, episodio que elteró profundamente la relación entre el gobierno y el pueblo mapuche, razón por la cual no aparece mencionado en el texto.
(2) http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/ministro-moreno-abordo-junto-a-representantes-mapuches-de-toda-la-araucania-los-avances-en-politica-
(3) Calbucura y Contreras Painemal, Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu, 29 de septiembre 2018, http://mapuche.info/print.php?pagina=7162.
(4) Calbucura & Contreras Painemal, 2018: Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu.

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