Alcaldes de la UDI con las Manos en el Cajón

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Los hechos han demostrado sobradamente que la UDI es el partido más corrupto de Chile, sin que, aparentemente, el electorado duro de la derecha entienda lo que eso significa. Dos nuevos casos vienen a confirmar que en dicho partido, la corrupción, además de estructural, ha devenido en cultura.

Así, mientras que el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel Metropolitano, suspendió por un mes al alcalde Rodolfo Carter, el Tricel de Valparaíso acogió a trámite un recurso de destitución de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato.

En el primer caso, el Tricel Metropolitano determinó la suspensión en el cargo del alcalde de La Florida por treinta días, del alcalde de La Florida, Rodolfo Cárter, independiente pro UDI.

La decisión se tomó acogiendo el requerimiento presentado por los concejales Claudio Arredondo (Ind-PPD), Nicolás Hurtado (PC), Nicanor Herrera (Ind-PS) y Marcela Abedrapo (PC), que acusan al jefe comunal de notable abandono de deberes.

La acusación contra el edil se funda en el no pago de cotizaciones previsionales a funcionarios de salud y educación de la municipalidad, lo que habría provocado problemas a los trabajadores con sus compromisos previsionales.

Carter también fue cuestionado por un informe de Contraloría que dio cuenta de un déficit de $20 mil millones, que también investiga el Consejo de Defensa del Estado.

El notable abandono de deberes es una de las causales de destitución de un alcalde en ejercicio cuando se falte inexcusablemente a las obligaciones que le estipulan la Constitución y las leyes y también en el caso de causar graves pérdidas al patrimonio municipal o no pague íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a sus funcionarios o a trabajadores de los servicios traspasados.

“El análisis en conjunto de cuestiones planteadas en el requerimiento convencen a este Tribunal de la existencia de una situación irregular de manejo administrativo, con una serie de acciones u omisiones que deben ser consideradas infracciones”, asegura el fallo.

Tras esto puntualizó que se lograron acreditar “tres de los doce cargos formulados” por los denunciantes, agregando que las imputaciones “no tienen claramente el carácter de notable y grave para aplicar la remoción pedida”.

Por lo anterior, el tribunal decidió aplicar una medida menor a la solicitada por los ediles, quienes pedían la remoción definitiva del jefe comunal.

Descargue el fallo
La concejala Marcela Abedrapo comentó:

“Esta información corrobora lo que siempre dijimos y fuimos vilipendiados por ello. Justo en estos días, cuando Cárter se malgasta los recursos municipales en el centro vacacional Rosa Agustina, se confirmaría que es el responsable de que esta Municipalidad se esté hundiendo económicamente”.

La suspensión comenzará a regir desde el momento en que el jefe comunal sea notificado.

En un comunicado la municipalidad sostuvo que si bien no comparte el fallo lo acatara, y destacó que en la resolución quedó acreditado que “no ha existido notable abandono de deberes, ni falta de probidad, ni extravío de dinero o la comisión del algún delito” y que lo que se ha constatado son “errores administrativos”.

Precisó que estas sanciones exceden al municipio, recalcando que tienen su origen en “la falta de financiamiento oportuno por parte del Estado Central de los Servicios Delegados de Salud y Educación”.

“Este sistema perverso, que amenaza a La Florida y casi todos los municipios, genera atraso en el pago de cotizaciones previsionales y ha puesto a nuestra institución a su alcalde en esta situación”, concluyó.

Durante los próximos 30 días en los que Carter estará suspendido y según lo que dicta la ley, la administradora municipal ejercerá funciones como alcaldesa subrogante.


Admiten a trámite solicitud de destitución de la alcaldesa Virginia Reginato

El Tribunal Electoral regional de Valparaíso admitió a trámite la solicitud presentada recientemente por los concejales Laura Gianicci (DC), Víctor Andaur (PC), Sandro Puebla (Ind. PS) y Marcela Varas (PPD) de Viña del Mar, para destituir de su cargo a la alcaldesa de la comuna, Virginia Reginato.

Los requirentes acusan abandono de deberes y faltas a la probidad, luego que la Contraloría detectara un millonario déficit en el municipio producto de pagos indebidos a empresas y desembosos de horas extras no realizadas, entre otras cosas.

El requerimiento apunta al déficit de $17.585.250.174 dado a conocer por la Contraloría General de la República, revelando pagos indebidos a empresas y el desembolso de grandes sumas por horas extras que no fueron realizadas, en la ejecución presupuestaria del año 2017.

Los concejales entregaron seis carpetas con informes que acusan a Reginato de abandono de deberes y falta a la probidad administrativa.

Dada esta situación, Reginato ahora será notificada de la resolución y tendrá un plazo de diez días para contestar.

Luego de la notificación la jefa comunal tendrá diez días para responder los cargos que se le acusan, sin embargo, el proceso legal podría durar ocho meses. De perder el cargo Reginato quedaría inhabilitada para ocupar puestos públicos por cinco años.

Tras la noticia el abogado patrocinante dijo:

“Esta es una muy buena señal que nos está entregando el Tribunal Electoral Regional de que las cosas van a ir más rápido de lo que todo el mundo cree y como nosotros también pretendemos”.

Agregó:

Esperamos que pueda responder lo antes posible sin ocupar maniobras dilatorias ni ningún otro resquicio que se pueda utilizar, sino que entre al fondo del asunto y discutamos si es tan grave los hechos que hemos descrito y si constituyen o no una causal para que la alcaldesa sea destituida”.

La concejala Laura Gianicci manifestó que se sienten “engañados, nosotros no teníamos idea que había facturas no ingresadas y fondeadas en caja”.

A su vez, el concejal Sandro Puebla afirmó que “tuvimos que recurrir al Tribunal Electoral porque fue lo único que nos dejó el municipio. Como concejales lo nuestro es fiscalizar”.

Tras presentar la solicitud, los denunciantes afirmaron que esperan la resolución entre los próximos 6 y 8 meses.

La alcaldesa Reginato atribuyó la ofensiva a “fines políticos electorales, y enfatizó que tras las medidas desplegadas por sus equipos, “logramos rebajar el déficit presupuestario que el año 2017 era de $17.000 millones, a sólo $4.000 millones a fines de 2018, contemplando en el presupuesto de 2019 la totalidad de la deuda flotante”.

¿Habrá contratado a Mandrake el Mago para parir de la nada el equivalente a casi el 20% del presupuesto municipal anual?

Total, hablar es gratis.


El millonario monstruo que pena a Virginia

por Sebastián Minay y Claudio Vergara

El 2017 le aguaron la fiesta los pobladores de un campamento -que no tenían luz ni agua- al protestar contra ella e interrumpir el piscinazo de Kika Silva en el Festival. A cuatro semanas del próximo certamen en la Quinta Vergara, a la caudilla UDI de Viña se le apareció el fantasma de las arcas municipales en rojo, el mismo contra el que intenta luchar hace años.

Su cuarto período concluye el 2020, con lo que habrá completado 16 años al mando de Viña del Mar. Eso, si lo termina. Porque si María Virginia Reginato Bozzo (78) no logra zafar del callejón financiero que acusó la Contraloría General de la República, podría quedar a las puertas de un proceso de destitución, tragedia que ya le ha pasado por encima a antecesores suyos acusados de -como dice el formalismo legal- notable abandono de deberes.

Eso para comenzar, porque de ocurrirle aquello, el próximo capítulo para quien se apronta a repartir gaviotas en la 60 versión del festival, podría ser una acción penal.

Es lo que le pasó a Rodrigo González Torres (PPD) después de ser destituido (2000) por la misma figura jurídica, esa vez por la fallida licitación del Hotel Miramar y diversos pagos objetados. Eso lo levó a tribunales, donde ocho años después se libró de de los cargos de fraude al fisco (y después logró ser electo otra vez alcalde, el ’96).

Las vueltas y revueltas de la vida.

Entre los concejales acusadores, y entonces victoriosos, estaba Reginato. González hoy es diputado por la zona y sin pudor pide lo mismo: que los concejales la destituyan.

Eso podría ocurrir si es que al menos tres de los diez miembros del concejo (de los cuales seis son de la derecha oficialista y cuatro opositores), hacen la presentación ante el Tribunal Electoral Regional (TER), y si es que les va bien por esa vía. Uno de ellos ya lo intentó años atrás y fracasó, pero sin los antecedentes que publicó ayer la Contraloría.

Como por ejemplo, que el municipio renovó patentes de alcohol a nombre de personas fallecidas, que gastó más de $5 mil millones en horas extraordinarias, más de $7 mil en pagos en honorarios y otros, que completaron más de $12 mil millones.

La Contraloría destacó que eso equivale al 43,20% de los gastos en personal y al 14,93% del total de gastos del presupuesto, mientras que el 4,4% se destina a obras municipales.

A la cabeza de la larga nómina de irregularidades y reparos del informe 577 figura el déficit de $17.585.250.174.

Eso es casi cuatro veces la renta por concesión que percibió el municipio por el Festival de la Canción 2019, que fue de unos $.4.570 millones.

Fuente: La Tercera


El informe de la Contraloría

Déficit por más de $17 mil 500 millones, pagos indebidos a empresas y desembolsos por horas extras no realizadas son parte de las observaciones. CGR envió antecedentes al Ministerio Público e iniciará un sumario para establecer responsabilidades.

Un total de 56 observaciones con diversas irregularidades detectó la Contraloría General al auditar la gestión la Municipalidad de Viña del Mar de los últimos años.

El informe final N° 577 menciona los resultados de la fiscalización al sistema de información, endeudamiento y un examen de cuenta de los saldos de ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2017.

El preinforme, de septiembre de 2018, arrojó un total de 93 observaciones, no obstante la Contraloría destacó que el servicio acompañó información que permitió dar por superadas 12 de estas y adoptó medidas para hacer frente a otras 25 observaciones.

Entre los cuestionamientos que no fueron subsanados figura que el municipio incurrió en un déficit ascendente de $17.585.250.174 en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo con ello el principio de la legalidad del gasto.

Además, se verificó que en las cuentas públicas de 2015 y 2016 se informa un superávit en la gestión, mientras que en 2017 se dio a conocer un déficit. No obstante, todo lo anterior difiere de los antecedentes entregados por el Director de Control del municipio.

Otra objeción señalada es que al 31 de mayo 2018, la municipalidad contabilizó y pagó facturas por $9.583.743.047 y que devengó otras por $1.776.431.513, en circunstancias que todas ellas correspondían a bienes y/o servicios recibidos en 2017.

Igualmente, se confirmó que el municipio adeudaba 25 facturas por $ 336.683.538 a cuatro proveedores, sin que estas se encuentren pendientes en los registros de la municipalidad. Asimismo, se estableció que si la municipalidad hubiera registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario 2017, pudo haber advertido la existencia de gastos devengados superiores a los límites definidos en el presupuesto.

Ejecución presupuestaria

En la fiscalización también se constató que, al menos desde 2015, diferentes directores de control dieron a conocer a la alcaldesa y al Concejo Municipal que parte del déficit presupuestario se debía a deudas no reconocidas ni pagadas oportunamente.

Incluso, la CGR estableció que el presupuesto inicial de 2017 no contempló el déficit, pese a que las autoridades ya contaban con dicha información.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, se determinó que en 2017 el municipio gastó $ 5.540.515.128 en horas extraordinarias, que se suman a otros $ 7.077.259.529 en pagos por honorarios y programas comunitarios.

Ambas cifras completaron $ 12.617.774.657, equivalentes al 43,20% del total de gastos de personal de ese municipio y un 14,93% del total de gastos del presupuesto municipal.

Al respecto, la CGR advirtió que ambos montos superan lo que el municipio reservó para la materialización de proyectos, consultorías y obras civiles, cifra que llegó a $ 3.775.106.785, equivalentes al 4,47% del presupuesto municipal.

La Contraloría señaló que el municipio destinó $ 20.260.862 en honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otro antecedente que permita demostrar fehacientemente la realización de las actividades detalladas.

Además, el municipio desembolsó $ 35.709.773 a la empresa PROEXSI Ltda., por el módulo Inspección Municipal pese a que este no fue instalado.

Otra observación se vincula a la reparación del reloj de flores de la ciudad. Se comprobó que la entidad edilicia cedió 887 plantas, costeó $ 22.435.363 para ornamentación y retiro de escombros; y compró $2.691.780 en 3.200 especies florales.

Todo ello fue entregado a la empresa Siglo Verde S.A., pese a que la responsabilidad de mantener y reponer las especies es de la concesionaria.

Igualmente, se evidenció el pago de $ 64.473.910 a la empresa González y Fierro Ltda. por siete trabajadores, sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde estos se habrían desempeñado.

Además, el municipio gastó $ 1.044.915 en alojamiento y alimentación para los artistas que participaron en la celebración del “Año Nuevo Chino 2017”, siendo que las municipalidades no están facultadas para utilizar fondos en este tipo de situaciones.

A ello se suma el desembolso de $2.503.901 a las empresas Piamonte S.A. y Rene Godoy y Cía. Ltda., por el uso del dispositivo TAG en las autopistas Vespucio Norte Express S.A., Autopista Central S.A., Costanera Norte S.A. y Vespucio Sur S.A., sin que exista detalle de los vehículos que utilizaron tales vías.

Pago de horas extraordinarias

Adicionalmente, mediante una visita inspectiva, se determinó que el 11 de julio de 2018, entre las 21 y 23:10 horas, hubo personal municipal que no fue habido en sus puestos de trabajo. No obstante, en el sistema de control horario figuran con una salida posterior a la señalada.

En esa línea, la CGR igualmente cuestionó que un funcionario contratado a honorarios por el municipio, sin horario establecido, también fue contratado por las empresas González y Fierro Ltda. (de 8 a 17:30 horas, con posibilidades de realizar horas extraordinarias) y Alto Jardín S.A. (de 18 a 0 horas), registrando salidas en González y Fierro Ltda. que le impedían cumplir con el contrato que tenía con Alto Jardín S.A.

Pese a lo anterior, el municipio pagó por los servicios contratados.

Por las irregularidades detectadas, la CGR instruirá un sumario y ejecutará un reparo por $150 millones aproximadamente. En paralelo, se derivarán los antecedentes sobre pagos indebidos al Ministerio Público. Todo ello se suma a los sumarios ya iniciados por la propia entidad edilicia y de los que deberá informar a la Contraloría.

Descargue el informe de la Contraloría General de la República

Fuente: Contraloría General de la República

1 Comentario

  1. … “Los hechos han demostrado sobradamente que la UDI es el partido más corrupto de Chile” … por eso que apoyan a los delincuentes de Voluntad Popular, el partido del “autodesignado” en Venezuela.

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