Política Cara y Mentirosa: Transantiago Cambió, Pero Sólo de Nombre

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El anuncio de la gran “modernizacion” del sistema de transporte metropolitano, consistente en el cambio de marca desde Transantiago a Red, contiene, proporcionalmente, todas las características que definen el ADN de este gobierno tramposo.

Empezando, desde luego, por la campaña de marketing que proyecta la sensación de cambio estructural, cuando a lo más se trata de recauchaje cosmético.

Luego, por el costo de esa campaña.

Piñera, la derecha y el sistema mediático acosaron implacablemente al Gobierno pasado con acusaciones de corrupción, nepotismo y peculado, a vez que se presentaban como catones de la probidad y sacerdotes del ascetismo, la continencia y la austeridad.

Para verdades, el tiempo.

Hoy, diversas pruebas, obtenidas del uso ciudadano de la Ley de Trnasparencia, demuestran que la dichosa campaña tuvo un costo de $550 millones, US$820 mil al cambio de hoy; que uno de los dueños de la agencia de marketing que se adjudicó la licitación -al parecer cerrada-, tiene parentesco indirecto con el ministro del Interior, y que dicha empresa registra contratos con el Gobierno por más de $1.000 millones desde que asumió Piñera.

En tercer lugar, la mentira sistemática como herramienta de política pública, tal como se deduce del fallido intento de la ministra de Transportes, de desmentir, y en todo caso, reducir, dicho pago

Cuarto, el oportunista aprovechamiento político de una política superficial.

El gobierno, en palabras de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, se jacta de la simplicidad y poder de retención del término Red; de la “modernización del sistema de transporte con la incorporación de buses eléctricos, del aire acondicionado y mayor espacio de estos, de la utilización de energía limpia, la accesibilidad para discapacitados, el aire acondicionado y la tecnología de comunicaciones wifi; entre otros atributos, que sin dejar de ser ciertos, evaden sistemáticamente los principales problemas del desprestigiado sistema, tales como su alto costo para la mala calidad del servicio, la nunca resuelta regularidad del mismo y su excesiva dependencia del atestado Metro, entre otros.

¿Cambio de qué?

De estos, ya circulan cien, y se supone que otros tantos lo harán en los próximos meses, pero en lo esencial, seguirán siendo por tiempo indeterminado, una minoría. Así lo asegura el ex subsecretario de Transportes y académico de la Universidad San Sebastián, Carlos Melo:

“Vas a tener un cambio de nombre que básicamente va a estar apoyado en esta introducción de buses eléctricos y nueva flota, pero que solamente llega a un 10% del sistema. Es un cambio testimonial y su temporalidad no es la adecuada”.

Agrega:

“El sistema que tenemos hoy, en un 90%, sigue siendo el mismo que hemos tenido desde 2012, que fue cuando se modificaron los contratos de concesión con los mismos operadores y la misma flota. Si se iba a tomar una decisión como esta, creo que la oportunidad para hacerlo era cuando ya hubiese avances importantes en cuanto a cambios más masivos para el sistema. Y hay una oportunidad para hacer eso: la licitación, que cuando asumieron estas autoridades declararon desierta”.

Otro problema: desconfía de que los plazos, que ya han sido modificados antes, no se respeten.

“Si empezamos a sacar la cuenta sumando los tiempos de Contraloría y de las licitaciones, recién a fines de 2020 podríamos tener un desembarco masivo de nuevos operadores y nueva flota con nuevos contratos. Recién ahí se podría hablar de un nuevo sistema. Además, hay gente que va a ver los nuevos buses y otra que no, entonces empezar a llamarle a esto por un nuevo nombre va a resultar confuso. ¿Por qué me van a hablar de otro nombre si sigo viendo lo mismo?” añade.

“Más allá de estar de acuerdo o no con la decisión de cambiar el nombre, que es algo que se ha discutido muchas veces, creo que la temporalidad no es la adecuada si no se aprovecha la oportunidad que realmente puede cambiar el sistema de forma importante, que es la licitación. Sin embargo, en el mediano plazo el cambio de nombre podría tener un aspecto positivo si se logra que, de una vez por todas, se perciba al sistema de transporte público de Santiago como un solo sistema. Históricamente ha existido esta dicotomía de Transantiago y Metro como dos cosas distintas, y la verdad es que el sistema es uno solo: por algo tiene tarifa integrada y te puedes mover utilizando combinaciones. Si el cambio de nombre Metro lo asume como propio y se incorpora a esta nueva imagen, entonces creo que sí puede tener una consecuencia positiva”, concluye.

Hasta ahora, ninguna mención relativa al Metro se puede encontrar en el artificio del Gobierno.

Los $550 millones que paga Moya

Hasta ahora, la única implementación de tamaña “modernización” es el cambio de nombre del sistema desde Transantiago hacia Red Metropolitana de Movilidad, o más simple, Red.

Ese es el resultado de la gestiòn de la agencia de marketing Dittborn y Unzueta, por un contrato de $550 millones, como acredita esta factura.

Mentiras y videos

Aparentemente, ninguno de sus asesores le sopló a la ministra que dicha factura ya había tomado estado público, de forma que lo negó, primero en la rueda de prensa de lanzamiento, y luego en su cuenta de twitter.

@Gloria Hutt Hesse

– Otra duda ha tenido que ver con los costos de la nueva marca. Se ha hablado de $550 millones en asesorías. Lo anterior no es correcto. El cambio de marca tuvo un costo de $46.886.000 cifra que incluyó estudios, pruebas con usuarios y el desarrollo de las aplicaciones gráficas.

– Los tan comentados $550 millones corresponden al presupuesto 2019 para toda la difusión de información a los usuarios a nivel nacional de @Red_Movilidad, incluido regiones. La mayor parte se destina a compra de espacio en medios para informar usuarios sobre aspectos del servicio.

En opinión de Ignacio Unzueta, gerente general de Dittborn y Unzueta, “el 70%, unos $ 325 millones, está destinado a agencias de medios que se encargarán de la difusión de la marca en distintos medios de comunicación, principalmente medios digitales, radios, vía pública, pantallas y distintos eventos para darlo a conocer a la ciudadanía”.

Otro aspecto silenciado por los medios es que la empresa Dittborn y Unzeta pertenece a un familiar de Julio Dittborn, histórico dirigente y parlamentario de la UDI y funcionario del gobierno de Piñera.

Además, Tomás Dittborn, es primo de Juan Dittborn Santa Cruz, casado con María Trinidad Chadwick Piñera, hermana del ministro del Interior.

Casualidad o coincidencia, el hecho es que Dittborn y Unzueta, solo el año pasado, obtuvo contrato de servicios por casi $ 1.000 millones para el Gobierno de Sebastián Piñera.

Vox pópuli

Como es apenas natural, todos estos aspectos suscitaron fuertes debates en redes sociales.

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