Fuerzas Armadas: El Pozo sin Fondo de la Corrupción General

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Todavía no amainaba el asombro sobre el fastuoso tren de vida de un ex comandante en jefe del Ejército, con fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuando se conoció la denuncia de un ex coronel de Carabineros, procesado por el mega fraude en la institución, según la cual, altos funcionarios y ex-generales directores de Carabineros hacían lo mismo.

Todo esto ocurre ante la impotencia, si es que no la desidia, del poder político, que nada ha hecho por corregir una situación que se viene registrando desde hace años, y que tiene como origen y factor común, el impune despilfarro de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Nueva denuncia

El ex-coronel de Carabineros, Fernando Pérez Barría, actualmente encausado en el “Pacogate”, una mega malversación de caudales públicos en Carabineros, en la que se han desviado más de $28 mil millones desde fondos reservados, denunció el 4 de febrero pasado, irregularidades en los viajes y los viáticos de altos funcionarios y ex-generales directores de Carabineros, de la misma naturaleza de las que hoy investiga la ministra en visita Romy Rutherford, en el alto mando del Ejército.

Pérez Barría declaró en la Fiscalía Centro Norte:

“En el año 2008 y con motivo del ascenso a general director de Eduardo Gordon, el general subdirector Gustavo González Jure en conjunto con el director de Finanzas Iván Whipple, ambos compañeros de promoción del citado general Gordon, decidieron darle como regalo sorpresa la concurrencia de su hijo, quien se encontraba estudiando en España. Por tal motivo, compraron los pasajes de ida y de vuelta en la agencia que ocupaba normalmente Carabineros para estos efectos”.

Según el escrito, de ocho carillas, Whipple pidió al jefe del Departamento Pasajes y Fletes, en ese entonces teniente coronel de Intendencia Fernando Peña, que pagara ese pasaje con carga fiscal como se hacía con las cónyuges de los generales, quienes eran incluidas como “adicional por flete” para sacar otro cupo en el mismo vuelo.

Peña se habría opuesto, según la versión de Pérez, debido a que el hijo de Gordon era un civil sin vinculación a Carabineros, a diferencia de las esposas, ante lo cual Whipple habría dicho:

“Peña se puso hueón (sic) y no quiere pagar el pasaje del hijo de Gordon que trajimos con Gonzalez Jure; por lo tanto vamos a tener que asumir con cargo a ‘Gastos Reservados’”.

Cultura de corrupción

Las actuaciones descritas en la denuncia de Pérez son idénticas a las maniobras del altos funcionarios del Ejército, que investiga la magistrada Rutherford: de una parte, la compra de pasajes aéreos a esposas de los uniformados en el marco de viajes de trabajo de los altos oficiales y, de otra, el uso de gastos reservados para fines distintos a los descritos en la ley.

A mayor abundamiento. el coronel (R) sostuvo que en Carabineros existía una cultura similar a la que hoy se investiga en el Ejército: cuando generales iban en comisión de servicio viajaban junto a sus esposas con cargo al fisco:

“En Carabineros ocurre una práctica similar. En las comisiones de servicio muchas veces los generales viajan al extranjero en compañía de sus cónyuges, el Departamento de Pasajes y Fletes efectúa la adquisición a través de las agencias establecidas en el Convenio Marco de Chilecompra, pero como la comisión de servicio es sólo del funcionario público -el general y no su señora- el gasto fiscal incluye el pasaje más otros gastos adicionales, tales como exceso de equipaje, o fletes, lo que la agencia contratada facturaba a la institución para su cancelación con cargo fiscal. Sin embargo, ese mayor gasto sirve para financiar el pasaje de la cónyuge del señor general, o bien se cotiza y paga un pasaje en categoría superior (First Class o Business Class) y luego se cancelan por dos pasajes de menor categoría para financiar el pasaje de la cónyuge”.

Pérez, quién se desempeñaba en el Departamento de Finanzas, asegura haber sido testigo de estas maniobras, que ahora denuncia como una forma de colaborar con la justicia.

A modo de ejemplo, recuerda que el general director José Alejandro Bernales falleció en comisión al extranjero en Panamá junto a su esposa y al ayudante, teniente coronel Óscar Tapia, quien también estaba acompañado de su cónyuge, todos fallecidos en un accidente aéreo:

“En Carabineros de Chile sucede lo que en otras instituciones, en que los oficiales generales eran invitados por instituciones uniformadas extranjeras, quienes absorbían los gastos de estadía, tales como alojamiento y alimentación. Pero dichas cartas de invitación no se adjuntaban en la documentación de respaldo, o bien se solicitaba que la carta de invitación no señalara tal situación, de tal forma de tramitar la Comisión de Servicio y, por ende, proceder el pago de los viáticos en moneda extranjera, en circunstancias que si no había que incurrir en dichos gastos legalmente no debían ser cancelados”.

Pérez agrega que, tal como el reproche de Contraloría al pago de $400 millones por giras de estudios de oficiales del Ejército, en Carabineros sucede algo similar y que incluso se les otorga viáticos, aunque se hacen pasar por visitas a instituciones uniformadas del extranjero.

Pérez concluye dando cuenta de que la agencia de turismo usada por Carabineros para los fines denunciados es “Turismo Latrach”, la misma que aparece mencionada en la indagatoria de la jueza Rutherford en el Ejército. Agrega que la ejecutiva es “la señora Gina Yovani que era la hija de un ex general de Ejército”, aunque agrega: “no estoy seguro de ello”.

La corrupción es general

En suma, viajes, regalos, fiestas, lujos y pago de gastos personales con fondos de la Ley Reservada del Cobre, son parte de una cultura de corrupción que se ha enquistado en los altos mandos del Ejército y Carabineros, según se desprende de las investigaciones del mega fraude en Carabineros y el Milicogate.

Es más: las sostenidas acciones irregulares que por años han ocurrido en las Fuerzas Armadas y de Orden proyectan la sensación de que se volvieron tan “normales”, que nadie las denunciaba, ni llamaban la atención.

Ninguna de las ramas ha estado exenta de escándalos por el dinero fácil.

La ceremonia de cambio de mando en la Fuerza Aérea, cuando ascendió a Comandante en Jefe el general Arturo Merino Núñez, el 5 de noviembre de 2018, tuvo un costo total de US$ 634.452, equivalente en moneda nacional a $ 438.095.291.

Algunos ítems del gasto del evento consideraron un cóctel para 1.364 invitados, por $7.755.497; un viático parcial del 60% para las tripulaciones aéreas, mecánicos de aeronaves y escoltas de estandartes de combate de unidades operativas por un total de $ 23.879.486; y arriendo de carpas, toldos, graderías, amplificación, iluminación, materiales de ferretería y colaciones por $ 22.337.115.

Sin embargo, el gasto grueso estuvo en los medios aéreos que participaron de la ceremonia, que “consideró un total de 72 aviones, lo que tuvo un costo en combustibles y lubricantes de US$ 554.422, equivalente en moneda nacional a $ 382.833.839”.

Incluso Piñera catalogó como un “exceso” el costo del cambio de mando, “incluso mucho más caro que el cambio de mando presidencial”.

El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Manuel Antonio Matta (DC), anunció que ofició al ministro de Defensa para que informe en detalle los gastos comprometidos en la ceremonia:

“Un verdadero despropósito que se gaste una cifra como ésta en una ceremonia, considerando la política de austeridad y transparencia que dice impulsar el Gobierno y que todos esperamos tengan especialmente las Fuerzas Armadas, por todos los hechos ya conocidos. A veces uno no logra entender cómo ocurren estas cosas, que suman y siguen; por eso, estamos exigiendo rendición de cuentas, transparencia y explicaciones”.

En abril de 2016, la Contraloría General de la República detectó un millonario gasto fiscal en la Armada de Chile para beneficiar a una empresa privada –especializada en proveer bienes y servicios para las Fuerzas Armadas- a la cual se le pagaba hasta tres veces más que el precio normal.

Lo destapó una denuncia de dos proveedores de la Armada, quienes dieron cuenta de eventuales irregularidades en los procesos licitatorios del centro de abastecimiento de la Aviación Naval.

En su investigación especial, Contraloría afirma que la entidad no veló por la idónea administración de los recursos públicos, pagando en exceso a la empresa Internacional General Supply hasta en un 336% por sobre el valor cotizado por la entidad en algunos productos y servicios.

Según las órdenes de compra, que dicha empresa registra en el portal de adquisiciones públicas, un 95% de las órdenes emitidas correspondían a negocios con la Armada.

Sólo entre 2013 y 2015, la Armada desembolsó más de $1.200 millones a la empresa, que no ejecutaba directamente las calibraciones de equipos para navegación, subcontratando a la compañía Igemin Ltda, a la cual le pagaba un valor hasta cinco veces menor.

Además, detectó una eventual fragmentación de compras a fin de evitar que fueran realizadas por la Dirección General de Servicios de la Armada, e incongruencias en las bases administrativas.

Espina ausente

Recién nueve días después del procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba por malversación de caudales públicos por 3.500 millones de pesos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, hizo su primera referencia a este escándalo de corrupción que sacude al sector, en la típica clave del lugar común:
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“El Gobierno condena y rechaza de la forma más categórica estos hechos ya que significan defraudar la fe pública y afecta el prestigio del Ejército de Chile”.

Espina aprovechó la oportunidad para defender al actual comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, afirmando que éste no tenía conocimiento del pago de las “mesadas” que distribuía Fuente-Alba a los comandantes en jefe en retiro, con dineros de los gastos reservados:

“Yo he conversado con el general Martínez y en lo que respecta a su período me ha señalado que todos los gastos reservado han sido invertidos en forma correcta y adecuada en la defensa nacional”.

Cascabel al gato

En opinión de la cientista política y experta en seguridad de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, esta normalización de actos ilegales demuestra que el Estado de Chile ha fallado en el control de las instituciones armadas, lo cual se traduce en una serie de beneficios, tanto reconocidos como ocultos que, aunque incorrectos, no han podido ser erradicados.

Esto es tan evidente, que un informe de octubre de 2018, elaborado por el Comando General de Personal de la Comandancia en Jefe del Ejército, concluyó que una de las aristas investigadas por la ministra en visita Romy Rutherford -respecto a las viajes al extranjero por comisión de servicio- no constituyen el delito de lavado de activos:

“El personal comisionado ha cumplido con los procedimientos establecidos en el reglamento y los saldos a favor correspondientes a los cambios de itinerarios y derechos del usuario, eran entregados al mismo interesado, debido a que no se puede devolver a la empresa que concretó el viaje ni tampoco una devolución a las arcas fiscales, ya que los recursos entregados por el Estado consisten en otorgar derechos al personal”.

Respecto de esto, la experta sostuvo que si bien son acciones ilegales y que ponen en juego la ética de las personas, al mismo tiempo eran asumidas como normales:

“Muy probablemente esto es una situación que se realizaba históricamente y que ellos asumieron que, si bien estaba fuera del marco legal, era algo aceptado o normalizado, lo que si duda demuestra que uno de los temas pendientes en el proceso democrático chileno es mejorar los controles y una fiscalización de aquellos espacios de discrecionalidad que han tenido en los últimos años”.

Agregó:

“La transición puso énfasis en disminuir la participación de los militares en política, pero a la inversa, no tocó los beneficios, las prebendas y las discrecionalidades institucionales”.

A su turno, el subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Felipe Agüero, sostuvo que estos casos revelan la despreocupación de la clase política ante las las instituciones Armadas y de Orden:

“Es increíble cómo cada vez se conocen más detalles de situaciones como estás, que expresan un hecho que ya todos conocemos, que es la autonomía de las Fuerzas Armadas y las negligencias de parte de la diligencia política y civil de ejercer efectivamente la autoridad y el control sobre las Fuerzas Armadas. Esto es completamente inaceptable y debe llevar a tomar medias drásticas y urgentes de aumento del control y la fiscalización”.

En su opinión, no se han hecho cambios en esta materia porque se ntrata de un tema escabroso, que no genera réditos:

“Hay una especie de cultura que se manifestó en las reformas constitucionales del 2005, que eliminó los senadores designados y la autoridad del Consejo de Seguridad Nacional. Se pensó que con eso ya estaba listo y se dio vuelta la página, pero eso era solo el comienzo superficial de lo que debió ser un programa de largo plazo de reformas, pero esas cuestiones no fueron las prioridades y el resultado es el que está a la vista: si no se ejerce control los supuestos controlados van a terminar completamente autónomos y haciendo uso ilegal de sus disposiciones”.

Para mejorar el control, el académico de la Universidad de Chile sugiere medidas de corto, mediano y largo plazo:

“En Chile se ha hablado durante mucho tiempo de la necesidad de modernizar el Estado, pero quienes han estado impulsando ese discurso, con el que estoy de acuerdo desde cierto ángulo, nunca han hecho referencia a esta parte medular del Estado que son las Fuerzas Armadas. La modernización del Estado hoy debiera partir por la modernización y los mecanismos o sistemas de control sobre las Fuerzas Armadas, eso es hoy lo principal”.

Agregó que no basta confiar en que el problema se solucionará solo con cambiar los altos mandos pensando en que los que vendrán serán mejores, ya que el problema radica en la estructura y en el diseño de los mecanismos de ejercicio de la autoridad y del control y que sería fundamental trabajar en reformar las leyes orgánicas y la Constitución en lo que refiere a la autonomía y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Por su parte, Lucía Dammert señaló que se requiere una revisión completa de las definiciones de desarrollo y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y que no basta con cambiar los aspectos administrativos:

“Se deben cambiar todas aquellas cosas que fueron permitidas o asumidas como normales durante todo este tiempo, desde compras de pasajes hasta la autorregulación de las destinaciones internacionales, viáticos. Debe ser de temas macro y micro que tienen que ser parte de una agenda si uno no solo quiere mantener una fuerza más profesional, sino también sujetos al orden del Estado de derecho y bajo las reglamentaciones de cualquier otro funcionario público. No es algo que se resuelva con una comisión ad hoc interna, ni con una salida específica, requiere de una reforma estructural de cómo el gobierno civil se relaciona con las Fuerzas Armadas. La Subsecretaría de Defensa y la reorganización del Ministerio de Defensa requieren ponerle mucho más músculo a los controles civiles, que están definidos, pero que al parecer no han funcionado, o lo han hecho muy limitadamente”.

Hasta hoy, ha salido más fácil decirlo que hacerlo.

Otra rémora de la dictadura.

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