El Lenguaje de los Políticos y las Ridiculeces de la Política Exterior Chilena

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por Jorge Vera Castillo (*)

El actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero Espinoza, se auto declaraba y se autoproclamaba como un “converso”, por escrito, y públicamente, en el último trimestre de 2015. No es el propósito abordar aquí ni cuestionar ese hecho.

Sí ocuparnos de lo que él mismo ha calificado, en enero-febrero de 2019, de “inédita situación”, en la República Bolivariana de Venezuela, y a la cual, también se ha referido como “un proceso inédito”.

Lo ha dicho en entrevistas y en ‘puntos de prensa’, en el piso 15° de la sede ministerial, teniendo detrás, en un cuadro, al notable Andrés Bello López, diplomático, jurista y político venezolano, que falleció en Santiago de Chile el domingo 15 de octubre de 1865, siendo fundador y primer Rector de la Universidad de Chile, desde el 21 de julio de 1843. Desde 1834 a 1852 fue Oficial Mayor de Relaciones Exteriores. Y la Academia Diplomática de Chile lleva su ilustre nombre.

Ciertamente, no siempre ‘de los contrastes nacen las más bellas armonías’. De allí que la calificada “inédita situación” se nutre de hesitaciones en sus respuestas a consultas, en esas ocasiones, sobre “el Embajador de Venezuela”, afirmando “que se está estudiando” el caso.

A su vez, el Presidente Piñera, vía twitter, reconoce “como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Chile” –no como “embajadora”– a una venezolana que reside en Chile desde hace algunos meses, y que fue designada en esta absurda ficción por un diputado elegido, como “suplente”, el 6 de diciembre de 2015, y que a su vez fue nombrado, el 5 de enero de 2019, como nuevo Presidente de esa Asamblea, declarada en desacato.

El miércoles 23 de enero de 2019, se auto declaraba y autoproclamaba como “presidente encargado” de la República Bolivariana de Venezuela.

En términos de Nicanor Parra, quizás podría ser un “presidente imaginario”, o un “inventado”. Y el Presidente Piñera, consultado sobre “el Embajador de Venezuela”, señalaba que “ese es problema del Gobierno de Venezuela”, cuyo Presidente Constitucional es Nicolás Maduro Moros.

Largo sería seguir consignando absurdos y contradicciones de una muy “inédita” Política Exterior chilena, frente a la actual “situación” de Venezuela. Penosos ribetes, contrarios a una declarada, elaborada, histórica y practicada Política Exterior de Principios, como una gran tradición estatal chilena.

Se suma a lo anterior, una membresía en ese llamado “Grupo de Lima”, que quizás por cuna originaria debiera haberse llamado “de Santiago”, con sucursal acordada y elegida, “de Lima”.

De los 33 Estados Miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 14 países están en este “Grupo”, y solo 11 firman Declaraciones y Comunicados ‘reconociendo’ a un irresponsable “presidente imaginario”, contrariando e incumpliendo la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada y firmada en La Habana, durante la II Cumbre de la CELAC, por todos sus Estados Miembros, el 29 de enero de 2014. Sus firmantes, Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, declararon ocho compromisos a cumplir.

Debe conocerse, y enrostrarse, que firmante fue el Presidente Sebastián Piñera, hacia fines de su primer período presidencial. Fue el último en firmar dicha relevante Proclama. Sabemos que fue a regañadientes, adjetivándola, preguntando de qué se trataba. Demoró y demoraba, con consulta, incluso a la entonces Presidenta Electa Michelle Bachelet y a su futuro ministro de Relaciones Exteriores, presentes. Por ello, debe cumplir, ética y políticamente, lo firmado.

En efecto, a lo menos hay un contumaz incumplimiento flagrante y reiterado de los siguientes tres compromisos firmados por S.E. Sebastián Piñera Echeñique, en la II Cumbre de la CELAC, en los puntos que se indican.

“3. El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

“4. El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos.

“5. El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.

Denuncias sobre la existencia de una “dictadura”; un “dictador” y, ahora, agregando, un “usurpador”; “elecciones ilegítimas”; “vacío de poder”, y, descarados desconocimientos y tergiversaciones de la Constitución de Venezuela –en particular su usado Artículo 233 (¿usted lector lo ha leído y analizado, constitucional y jurídicamente?)–, constituyen lo que ya, en 1972, el doctorado filósofo alemán Georg Klaus denominaba, en El Lenguaje de los Políticos, “el uso de lenguajes de moda”, que, en particular en el mundo capitalista en que nos encontramos, tiene la finalidad de la propaganda política que reside en la manipulación de las conciencias y la falsificación sistemática de la verdad.

Así, es innegable que asistimos a una elaborada estrategia y una refinada táctica de la propaganda política, en el análisis del lenguaje político. Conceptos cardinales, esenciales e inmanentes de la Política Exterior y las Relaciones Internacionales contemporáneas son bárbaramente distorsionados.

Preocupa que Chile alcance y llegue al ridículo internacional, con sus acciones en la especie, en vez de ser un interlocutor contribuyente a la Paz, al diálogo, a los buenos oficios, a la no intervención, a la autodeterminación, a la no injerencia en los asuntos internos de otros, al rechazo a la violación de la soberanía e independencia, junto a amenazas del uso de la fuerza, agresión armada, presiones y sanciones comerciales, económicas y financieras, a otro Estado.

El Ministro “converso” sí cumple bien a cabalidad su mandato, desde sus fijaciones literarias inspiradoras, para contrariar, denostar e intervenir, con una ardiente pasión, a Venezuela, la Revolución Cubana y Nicaragua. Pero desvaríos y ridiculeces, existían en los últimos tiempos, y no solo en el actual período presidencial y ministerial.

En efecto, confirmación reciente de lo anterior se encuentra en las frívolas declaraciones del último Embajador de Chile en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de enero de 2019.

Refiriéndose a un “huésped” –el ‘valiente’ Freddy Guevara– de la Misión en Caracas, cuenta que “el equipo político de su partido” (Voluntad Popular) “prácticamente hacía las reuniones en mi casa. Yo no me metía, pero cuando terminaban, me pasaban a saludar, se quedaban un rato, nos tomábamos algo…”. Ergo, desde y en la Embajada de Chile se conspiraba.

¿Estaban al tanto de esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, S.E. la Presidenta de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores? Chile, así ya no será mejor.

Finalmente, resulta inconcebible la absoluta incomprensión del funcionamiento del Sistema de las Naciones Unidas, sus órganos, organismos e instancias especializadas, en el marco de los Propósitos y Principios de su Carta, de 1945, ante la “inédita situación” que nos convoca.

El cuestionamiento e irrespeto, casi cotidiano, a la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, resulta nefasto y contrario a la imagen internacional de Chile.

Si ella no fuera chilena y compatriota, ¿sabría alguno de los ‘opinantes’, ‘politiqueros’ y ‘pseudo-expertos’ el nombre siquiera de quién ocupare u ocupó ese cargo internacional, anteriormente?

La Alta Comisionada no es un ‘agente judicial ni policial’, en la crucial temática de su ámbito. No es su rol llegar in situ, súbitamente, a demanda de unos u otros, ante conflictos y las controversias políticas internas, de cada uno de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Así también, el Relator Especial de la ONU sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales, Idriss Jazairy, en un Comunicado del jueves 31 de enero de 2019, señalaba:

“Me preocupa especialmente escuchar los informes de que estas sanciones están dirigidas a cambiar el Gobierno de Venezuela”. “El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un gobierno electo está en violación de todas las normas del Derecho Internacional.” “Las sanciones económicas están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía venezolana, lo que se suma al daño causado por la hiperinflación y la caída de los precios del petróleo.” “Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo exige la Carta de la ONU.”

Por último: ¿conocerán el Presidente Piñera Echeñique y su Ministro Ampuero Espinoza, la Resolución A/RES/59/38, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 2 de diciembre de 2004, en su 65ª Sesión Plenaria, aprobando la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, y, en particular, sus Artículos 18 y 19?

Estoy cierto que, lamentablemente, poco conocen y/o les interesa el tema. Seguramente se repite la situación con el Artículo 89. X. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Debiera el pueblo venezolano, en compenetración cívico-militar, salir adelante, frente a un nuevo intento por aplastar la Revolución Bolivariana, al igual que en 2002, 2014 y 2017.

(*) Ex Consejero Científico y de la Cooperación. Misión chilena ante la Unión Europea a Bruselas.

Fuente: Polítika


Recurso de amparo contra Presidente y Canciller de Costa Rica

Carlos Alvarado Quesada y Manuel Ventura Robles.

RECURSO DE AMPARO CONTRA CARLOS ALVARADO QUESADA Y MANUEL ENRIQUE VENTURA ROBLES

Señores
HONORABLE SALA CONSTITUCIONAL

Quien suscribe ALVARO FERNANDO LOPEZ BAEZ, ciudadano costarricense, mayor, cédula 1-435-436, casado, abogado con el carné 2694, domiciliado en la provincia de Puntarenas, respetuosamente me presento a interponer RECURSO DE AMPARO contra CARLOS ALVARADO QUESADA, cédula 1-1060-0078, Presidente de la República de Costa Rica y contra el Ministro de Relaciones Exteriores MANUEL ENRIQUE VENTURA ROBLES, cédula 1-0391-1459 con fundamento en lo siguiente:

PREAMBULO:

PRIMERO: Que Costa Rica es suscriptor de la CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS firmada en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y cinco, que en su preámbulo establece: “ a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así mismo en el artículo I) señala QUE LOS PROPÓSITOS DE LAS NACIONES UNIDAS son::2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

SEGUNDO: Que nuestro país igualmente es suscriptor de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos OEA, que en lo que interesa dispone en el artículo 3:

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales.

Artículo 12.-La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tienen otros límites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho internacional. (Así modificada su numeración por el artículo 5º del Protocolo de Reformas a la Carta de la O.E.A. -Buenos Aires- No.4080 del 16 de febrero de 1968, que lo pasó del 9º al actual).

TERCERO: Que Costa Rica es suscritor de La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, que entró en vigor el 24 de abril de 1964. La misma , es un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países, que fue establecida “teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones. Estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticos contribuirá al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social,…”

CUARTO: Que para ser nombrado un Embajador se requiere una serie de requisitos formales al efecto el Artículo 2 de La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el “ establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo.”

QUINTO: Por su parte el Artículo 3 de la Convención de Viena supra indicada establece que: 1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:
a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c. negociar con el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

SEXTO : El Artículo 8 del mencionado tratado indica: 1. Los miembros del personal diplomático de la misión habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante.

SETIMO: Por su parte la doctrina del derecho internacional tiene establecido que un diplomático o diplomática es una servidora pública, sea de carrera o por designación política, que ejerce la representación del Estado en las relaciones internacionales y las funciones básicas de un diplomático son la representación del Estado al que pertenece, la negociación y la información.

OCTAVO : Que la ley de la JURISDICCION CONSTITUCIONAL en su Artículo 1 establece que : “La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica…”

NOVENO: Que la CONSTITUCION POLITICA en su ARTÍCULO 7º establece que “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.”

HECHOS:

1) Que el Gobierno de Costa Rica, mantiene formales relaciones diplomáticas con el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela

2) Que es de conocimiento público que tanto la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, como la ORGANIZACIONES DE ESTADOS AMERICANOS, reconoce al gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros, como el único gobierno constituido de la República Bolivariana

3) Ha sido público y notorio en días la señora MARIA FARIA FARIA, mayor, costarricense con cédula 8-0128-0584, vecina de San José, Escazú, Bello Horizonte Norte SE AUTONOMBRÓ Embajadora de Venezuela, en clara violación a lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961,

4) Que la actuación de la señora FARIA FARIA, autonombrándose embajadora de Venezuela en Costa Rica, sin duda constituye un acto hostil contra ese país, máxime que violenta el ordenamiento internacional, al hacerlo en clara violación a ese cuerpo legal en el tanto ella NO HA SIDO NOMBRADA POR NINGUN ESTADO.

5) Que el Presidente Alvarado Quesada ha dado un reconocimiento público a la mencionada señora, en clara contravención a la CARTA DE LA ONU, a la CARTA DE LA OEA, y a la CONVENCION DE VIENA, al reconocer como embajadora a una persona que no representa al gobierno constitucional de Venezuela, a su vez que ha desconocido a los funcionarios nombrados por el gobierno constitucional de Venezuela. Que esa impostura, lastimosamente apadrinada por el presidente de la República de nuestro país nos pone en INMINENTE PELIGRO DE UNA DECLARACION DE GUERRA CONTRA LA NACION exponiendo a los costarricenses a experimentar vejaciones por represalias en sus personas o en sus bienes.

Que nuestra misma Constitución Política en su artículo 4, establece como un acto gravísimo de SEDICIÓN un hecho con las características del enunciado, donde el señor Guaidó en Venezuela y en Costa Rica por la señora María Farias se pretenden arrogar la representación del pueblo venezolano. No puede ser que el señor ALVARADO QUESADA y su ministro no entiendan el refrán “que lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa” y comprometiendo nuestra política internacional pretendan legitimar un acto de SEDICION.

6) Que el cumplimento de los acuerdos de la ONU, OEA y la CONVENCION DE VIENA son de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO por las NACIONES y sus representantes, con fundamento en el principio de PACTA SUNT SERVANDA.

PRETENSION:

a) Se ordene al Presidente de la República y al Canciller de la República, revocar cualquier actuación tendiente a reconocer a la señora MARIA FARIA FARIA como Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país.

b) Se le ordene abstenerse de cualquier acto orientado a suspender en el ejercicio de sus funciones a los miembros de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país.

c) Se les condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

PRUEBA:

a) Por ser de conocimiento público por medios de difusión masiva, acompaño solamente dos de las tantas publicaciones realizadas en los periódicos digitales de DIARIO LA EXTRA y LA NACION.

b) Pídase al Ministerio de Relaciones Exteriores aportar expediente administrativo levantado al efecto, de reconocer a la señora María Faría Faría como embajadora en Costa Rica de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país.

c) Igualmente aporte expediente administrativo levantado al efecto del desconocimiento de los funcionarios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país.

DERECHO

En las disposiciones de los artículos 1 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, CARTA DE LA ONU, a la CARTA DE LA OEA, y a la CONVENCION DE VIENA.
NOTIFICACIONES: Recibiré en el correo electrónico alvaloba3@yahoo.como a los recurridos respectivamente en Casa Presidencial y Cancillería.

LIC. ALVARO FERNANDO LOPEZ BAEZ
ABOGADO
CARNÉ 2694

Fuente: Polítika

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