Negros Nubarrones Sobre la Playa Privada de Piñera

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por Francisco Herreros.

Al Gobierno y la derecha, que se atragantan y degañitan en denunciar hasta el flato que se tiró cualquier funcionario del gobierno anterior, se les entró el habla con el destape de la playa privada que se concesionó Piñera mientras desempeñaba su primera gerencia presidencial.

El guaripola de la sesgada defensa del Gobierno fue, cuando no, El Mercurio, que señaló en su portal digital:

“Aunque la concesión marítima solicitada por Piñera ya estaba en condiciones de ser aprobada, el decreto supremo solo fue emitido en junio de 2017, durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Además, el reportaje abrió el debate sobre si el lugar de la concesión es público o no.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, a través de su cuenta de Twitter, se refirió al tema:

“El decreto fue presentado el 2011 y aprobado el 2017, es decir, por el gobierno anterior. En ese decreto se establece que esta playa es pública, tal como todas las playas de Chile”.

Por su parte, el titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, sostuvo esta mañana que “no conozco el reportaje, así que no puedo dar una opinión (…) Les vuelvo a repetir que no conozco el reportaje, así que malamente les puedo comentar”.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, consultado al respecto, también se corrió por la tangente:

“Este asunto lo está viendo directamente Presidencia e Interior. No tengo duda alguna de que el Presidente ha actuado cumpliendo con todas las normas legales del caso, y es lo que ha hecho y lo que va a hacer y seguirá haciendo; es extraordinariamente riguroso”.

No es, precisamente, lo que revela el prontuario de Piñera.

A su turno, el senador de Evópoli Felipe Kast, optó por asilarse en la comodidad del lugar común:

“El Presidente, como cualquier ciudadano, tiene que regirse por el Estado de Derecho”.

Lo primero a destacar, es que ninguno negó el hecho.

Luego, el tiro por elevación del ministro Ward, para desviar la atención hacia el gobierno anterior, evade lo central, y en todo caso, confunde las categorías.

El punto no es si la playa es pública o privada; por más que, por ahora, razones de seguridad impidan una visita a la playa de la casa de Piñera en el lago Caburga, para fines de una comprobación in situ.

Tampoco está en juego la legalidad de la maniobra, por más impresentable que ésta sea.

Ni siquiera vale la pena discutir el argumento de Piñera, en la solicitud de concesión marítima, de “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.

O el que sigue:

“Las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, esto nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”.

Abuso de autoridad

El centro de gravedad del problema, que por cierto nadie en La Moneda o en la derecha ha asumido, consiste en que Piñera, como Presidente de la República no pudo ni debió iniciar un procedimiento formal en un ministerio bajo su dependencia jerárquica, con miras a mejorar, o si se prefiere, “regularizar”, un bien de su patrimonio.

Eso se llama abuso de autoridad.

Hay más de una acepción sobre el concepto de abuso de autoridad:

“El abuso de autoridad es asociado comúnmente al uso de un poder otorgado por la posesión de un cargo o función, pero de tal forma que este uso no está dirigido a cumplir las funciones atribuidas a ese cargo, sino a satisfacer intereses personales del individuo que lo ejerce”.

“El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debido a su posición social, conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su beneficio”.

En varios países, el abuso de poder o autoridad está penado por la ley. En nuestra república neoliberal, no existe esa tipificación.

Evidentemente, el potente equipo jurídico de Piñera, experto en atenerse a la interpretación escolástica de la ley, para burlar su espíritu, lo sabe perfectamente.

No en vano se trata de la Constitución empresarial, libremercadista y neoliberal de Pinochet.

Brava polémica

Más allá lo que digan, o lo que omitan, los funcionarios de gobierno y los portavoces de la derecha, en el país real, así como en el espacio virtual de las redes sociales, el tema ha suscitado polémicas, críticas y reclamos.

“Esto merece una buena explicación. ¿Se puede obtener una concesión para una playa privada? Los 800 metros en el Lago Caburgua concesionados al Presidente Piñera mientras era Presidente”, escribió en su cuenta de Twitter el ex fiscal Carlos Gajardo.

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, resaltó:

“Este hecho muestra que, una vez más el Presidente Piñera oscila, sin mayor incomodidad ni pudor, entre la delgada línea de lo legal y lo ético. Además, reafirmar la sensación de que existen chilenos de primera y segunda categoría”.

Agregó:

“Entre los de primera se encuentran aquéllos para quienes la ley pareciera no existir, sobre todo al tratarse sus propios intereses y los de sus familiares. Entre los de segunda, la gran mayoría del país, que si osa transitar al margen de la ley, caerá sobre ella todo el peso de la misma”.

Jadue reconoce que un particular puede conseguir una concesión de un bien nacional de uso público; “pero no para uso privado, sino para actividades económicas”.

“El Presidente de la República, luego de ocupar ilegalmente un bien nacional de uso público por varios años, decide regularizar dicha situación, aprovechando que esa resolución depende de sus subordinados directos y de confianza”, afirmó.

Y luego, entró al fondo de la polémica:

“Entre los antecedentes que fundaron el otorgamiento de la concesión es posible advertir la intervención de varios empleados públicos, quienes a la fecha eran sus subordinados en cargos de exclusiva confianza. La administración resuelve de una solicitud del Jefe de Estado, su superior jerárquico, pero en calidad de particular, lo que claramente es impresentable”.

“Lo que subyace aquí es un problema ético-legal, y cuando el ministro de Bienes Nacionales dice que ‘en Chile no existen playas privadas’, se equivoca, existen en los hechos”. agregó.

Peor aún, para Jadue, la situación muestra que “la primera autoridad de la Nación, ni siquiera es capaz de reconocer la existencia de un conflicto de interés en sus propios actos ni en los de sus subordinados”.

“Todo esto, no solo es inaudito e impresentable, sino también una muestra más de la falta de capacidad de quien hoy por hoy dirige los destinos de nuestro país”, concluyó.

Reforma

Al diputado Renato Garín (RD) le llamó la atención la configuración temporal de la concesión.

La tramitación la inició Piñera, durante cuyo primer gobierno, la solicitud sorteó los pasos claves para lograr un resultado positivo, El decreto supremo que aprobó la concesión fue emitido en junio de 2017, durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet:

“Es curioso que existan dos fases, una en 2011 y que el decreto aparezca recién el 2017. Estoy evaluando llevar el caso a la Contraloría para despejar cualquier conflicto de interés o ilegalidad que se haya cometido en el otorgamiento de la concesión marítima”

Acto seguido, anunció una reforma a la ley de concesiones marinas, toda vez que “no es razonable que se utilice esa figura legal para construir canchas de tenis a las orillas de un Lago; ese no es el espíritu de las normas que rigen las concesiones marítimas”.

Anulación

Como un “abuso de poder” y “privilegio inaceptable” calificó el diputado comunista Daniel Núñez la concesión marítima de 800 metros cuadrados que tiene el Presidente Sebastián Piñera colindante a su propiedad del lago Caburgua, trámite que inició personalmente durante su primer periodo en La Moneda:

“Si la ciudadanía cuestionó por prepotente la actitud que tuvo el presidente de Gasco Matías Pérez Cruz, la concesión marítima que se le entregó a Sebastián Piñera es la legalización de un privilegio que resulta francamente inaceptable. Piñera ocupó ilegalmente un sector de la playa del lago Caburgua y después legalizó esta ocupación haciendo la solicitud. Que esta solicitud fuera cursada en su gran mayoría cuando Piñera era Presidente de la República en su primer gobierno es un evidente abuso de poder, puesto que los funcionarios públicos que la autorizaron eran sus subordinados directos”.

Agregó:

“En estos casos Piñera y otros multimillonarios obtienen privilegios que a ningún chileno común y corriente se les entrega. En mi región, los pescadores artesanales han solicitado concesiones marítimas de playas y llevan muchos años esperando por una resolución y los tramites son muy largos y muy burocráticos”.

Adelantó que se encuentra analizando la forma mas adecuada para anular la concesión marítima de la propiedad que posee Piñera junto al lago Caburgua:

“Estudiaré todas las acciones legales y políticas que se puedan efectuar para esclarecer esta situación desde la posibilidad de una comisión investigadora hasta recurrir a la Contraloría para anular la concesión marítima de la playa que fue entregada de manera inaceptable y como un privilegio imposible de tolerar con el actual presidente Sebastián Piñera”.

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