Inoperancia y Conflictos de Interés: Ministra del Medio Ambiente en la Cuerda Floja

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Decisiones desacertadas, desprolijo manejo de la crisis ambiental de Quintero, y conflictos de interés, tienen a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, colgando de un hilo. Y si todavía no se corta, es por los efectos políticos que acarrearía un nuevo ajuste de Gabinete, en apenas seis meses de Gobierno de los “tiempos mejores”.


El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó el uso de tronaduras en la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes, a pesar del rechazo de organizaciones medioambientales. La implementación de cuatro tronaduras a la semana, generó airadas críticas de organizaciones opositoras del proyecto, que recurrieron, sin éxito, a tribunales

La decisión del SEA revirtió lo resuelto en enero pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, quien con el voto del ex intendente Jorge Flies, rechazó las tronaduras en la zona.

Nelly Núñez, directora regional subrogante del organismo, explicó a radio Cooperativa que se permite “la incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”.

Sin embargo, quienes estén en contra de lo resuelto por el SEA, tienen un plazo de 30 días para apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

La mina Invierno es propiedad del grupo Copec y Ultramar, de los grupos Angelini y Von Appen,está ubicada en la Isla Riesco y ocupa una superficie de 1.508 hectáreas.

Conflictos de interés

Carolina y Rodrigo Schmidt: como dos gotas de agua.

Esta decisión del SEA agudizó las críticas contra la complicada ministra Schmidt,, en el candelero público desde hace más de un mes por la incapacidad de la institucionalidad ambiental, de solucionar la crisis ambiental de Quintero-Puchuncaví, al punto que ni siquiera se tiene claridad sobre el origen del problema.

Peor aún, según publica el periódico electrónico El Mostrador, el vuelco del SEA puso de manifiesto un grave conflicto de interés, que complica aún más la posición de la ex la ex gerenta de Copesa, que aterrizó en el gabinete de Piñera, en condición de “ministra estrella”, luego del  primer ajuste del mismo.

En efecto, según la crónica Isla Riesco: el otro foco de conflicto de interés que afecta a la ministra Schmidt , la minera de los grupos Angelini y Von Appen trabaja con el estudio de abogados Schultz & Carrasco, una firma que hasta hoy tiene en sus filas al ex director del SEA de la Región de O’Higgins, Edesio Carrasco; al ex subsecretario de Piñera del Medio Ambiente, Rodrigo Benítez; y a Rodrigo Schmidt Zaldívar, hermano de la secretaria de Estado.

Ambientalistas que conversaron con El Mostrador, calificaron el asunto de gravísimo, y anunciaron que coordinarán acciones con parlamentarios para exigir explicaciones, en un contexto de doble estándar ambiental del Gobierno, donde la figura de la ministra aparece también señalada, por el rechazo del Gobierno a suscribir el Acuerdo de Escazú en la ONU, pese a los compromisos contraídos a nivel internacional.

El tema se suma a otro conflicto de intereses que tiene abierto Carolina Schmidt, porque la Contraloría Regional de Valparaíso debe pronunciarse ante un requerimiento presentado en su contra por los diputados Daniel Verdessi (DC) y Diego Ibáñez (FA), por las “posibles contravenciones al principio de probidad”, a propósito de Oxiquim, empresa del parque industrial de Quintero-Puchuncaví, sospechosa de ser una de las emisoras de contaminantes, cuyo presidente del directorio es Fernando Barros Tocornal, amigo personal y asesor tributario de Piñera y socio durante 20 años de Gonzalo Molina, marido de la ministra.

Consultado el Ministerio del Medio Ambiente sobre el eventual conflicto de intereses de la ministra con la pertenencia de su hermano al estudio jurídico que asesora a Mina Invierno, respondió que Rodrigo Schmidt ya no trabajaba en el bufete, lo cual no es cierto, porque trabajará ahí hasta fin de mes.

Rodrigo Schmidt es egresado de la Universidad Católica, pero a diferencia de los otros socios del bufete, no ha tenido experiencia en el mundo público. Su trayectoria ha estado concentrada en el ámbito privado, en empresas como Indumotora y CCU, además de un paso por estudios jurídicos en Nueva York.

Se incorporó en octubre de 2015 al bufete, es socio miembro del área Corporativa y de Fusiones, Adquisiciones, y se encuentra a cargo del área de Libre Competencia.

En la página web de Schultz & Carrasco, hasta hoy, Rodrigo Schmidt figura todavía como parte de la firma, al igual que en su perfil en la red profesional LinkedIn.

Su alejamiento oficial de Schultz & Carrasco se concretará este viernes 28 de septiembre, 50 días después de la designación de su hermana como ministra.

Declaración ante la PDI por contaminación en Quintero

El fiscal adjunto de Quintero, Mauricio Dunner, firmó una resolución que ordena a la Brigada Investigadora de Delitos al Medio Ambiente (Bridema), de la PDI, tomar declaraciones a diversos actores vinculados a los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, incluida la ministra Carolina Schmidt.

El documento solicita a la PDI escuchar la versión de la titular del Medio Ambiente y del superintendente del ramo, Cristián Franz; a los pescadores afectados; a funcionarios de la Armada; y a altos ejecutivos de las empresas AES Gener S.A. y Puerto Ventanas S.A.

Esta acción es consecuencia de la querella presentada por el Sindicato de Buzos Mariscadores de caleta El Papagayo, que se complementó con una nueva denuncia por otro episodio de contaminación en la zona, registrado el pasado miércoles 19 de septiembre.

El abogado que interpuso la acción, César Barra, explicó a radio Biobío que el objetivo de estas diligencias es “citar a los testigos correspondientes (…) y así, objetivamente, se pueda determinar las responsabilidades en este caso de la empresa”.

Además, precisó que buscan que se establezca si “efectivamente hay responsabilidad penal” y que -en caso de existir dolo- “se apliquen las sanciones que correspondan de acuerdo a la normativa”, las que -según la Ley de Pesca- se traducen en multas de entre 5 a 3.000 UTM ($ 144.048.000).

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