Roberto Ampuero y Heraldo Muñoz: Los Tontos Utiles de la Guerra Judicial contra Lula

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Sea por ignorancia, necedad o disciplina; o bien, por todas las razones anteriores, el Canciller de Piñera, Roberto Ampuero, y el ex-canciller, Heraldo Muñoz, concidieron en la crítica a la ex Presidenta Bachelet por haber firmado una carta de políticos de centro izquierda latinoamerica en apoyo a la candidatura de Lula, en las próximas elecciones presidenciales de octubre.


En el colmo de la desfachatez, recomendaron “prudencia”, “responsabilidad” y respeto por la institucionalidad de ese país.

Así lo dijo Ampuerito:

“Recomendaría mucha prudencia. Brasil es un Estado de Derecho, tiene un Poder Judicial independiente, y lo más sabio es respetar su institucionalidad”.

Con palabras casi calcadas,Muñoz repitió la misma majadería:

“Debemos ser respetuosos del sistema judicial brasileño, en tanto se haya cumplido con el debido proceso. Los progresistas le tenemos afecto a Lula por lo que hizo en su país; esa declaración refleja ese sentido, pero hay un proceso judicial que tiene sus tiempos y requisitos. Hay que tener solidaridad, con la debida prudencia”.

Aunque es difícil de admitir, dadas sus investiduras, partamos por suponerles ignorancia.

Aparentemente, no se han enterado -o no quieren hacerlo- de las manifiestas irregularidades que han jalonado el juicio de Lula, incluyendo una condena sin la menor prueba, y la comedia del domingo pasado, en que un juez de primera instancia, que además está en vacaciones, se permitió desacatar la decisión de un tribunal superior, con la complicidad de la policía y el sistema mediático, allá como acá, en poder de la derecha más recalcitrante.

Más aún, esos tontos útiles parecen no haberse dado cuenta de que el abuso de la judicialización de la política, conocido como “lawfare”, es la herramientra en uso por sus patrones de Washington, para desacreditar tanto a líderes populares de América Latina, como fundamentalmente, a los procesos de cambio que proponen.

Como se verá más adelante, el término lawfare “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar y es utilizado con ese sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar.

Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, incluidos familiares cercanos, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

¿Acaso ese par de mentecatos no saben sumar dos más dos para no darse cuenta que no puede ser casualidad que, de un día para otro, potentes políticos de gobiernos progresistas, como el propio Lula, Cristina Fernández, en su momento Fernando Lugo y ahora Rafael Correa, enfrenten persecuciones judiciales cada una más absurda que las otras?

No, esas intencionadas y desafortunadas recomendaciones no obedecen a la ignorancia; al menos no en el caso de Muñoz, porque de Ampuero, puede esperarse cualquier cosa.

El segundo motivo cabe entre la estulticia y la necedad.

En efecto, ¿con qué moral pueden estos personajes invocar el principio de la no intervención y el respeto por la institucionalidad de otro país; cuando se han distinguido por hacer exactamente lo contrario, cuando el otro país es Venezuela o Bolivia?

¿Acaso hay intervenciones “buenas” y tolerables, y otras injustificadas y antidemocráticas?

De Ampuero, que no tiene idea de diplomacia, pase; pero de Heraldo Muñoz, que reinventó la diplomacia de trinchera, es inadmisible.

Quién acusa a los demás por prácticas que ha perpetrado es un badulaque, o tramposo; más bien las dos cosas de manera simultánea.

El tercer motivo que no excluye a los dos anteriores, e incluso los explica, es la obediencia a la voz del amo. Ampuero se está estrenando, pero Muñoz es un perro viejo y probado en esas lides.

Es más, en flagrante atropello al espítitu y las prácticas de la diplomacia, desempeñó el dudoso papel de heraldo imperial en la lucha para acabar con los procesos de cambio en Venezuela y Bolivia; procesos que, como no puede ignorar, se llevan adelante con sostenidas y legìtimas victorias electorales.

Entonces, no se las den de ingenuos, ni de ofendidas vestales de la democracia.

Para que se entienda cómo es la mano, preparamos una selección de artículos de reputados autores sobre el tema.

Si la leyeran Ampuero y Muñoz, cosa por demás improbable, perderían el beneficio de la ignorancia.


Lawfare, las cárceles de la política latinoamericana


por Jorge Elbaum (*)

El martes 3 de julio la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la captura del ex Presidente Rafael Correa bajo la acusación de ordenar el secuestro de un delincuente ecuatoriano, Fernando Balda, dentro del territorio de Colombia. Según la información oficial difundida por la secretaria de comunicaciones del gobierno de Lenin Moreno, la orden de detención será presentada a la brevedad a Interpol para solicitar su detención en Bruselas, donde vive actualmente con su familia el líder de la organización Revolución Ciudadana.

La solicitud del más alto tribunal ecuatoriano se efectivizó cuatro días después de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concluyera su visita a Quito y –según los medios hegemónicos locales— anunciara el fin de diez años de tensas relaciones entre ambos países, el exacto periodo en el que Correa instrumentó una política autónoma de los mandatos provenientes de Washington. La solicitud de detención coincide, también, con la recepción efectuada por el actual presidente de los técnicos del FMI –raleados durante el último decenio— y el anuncio de privatización de funciones que otrora realizaba el Banco Central, como la gestión y el control del dinero electrónico.

La visita de Pence es concordante, además, con la liberalización de las importaciones que provocó una caída del 21 por ciento del superávit comercial y el consecuente deterioro del tejido productivo. Otra de las azarosas concurrencias es el anuncio –notificado por Moreno— de limitar la denominada “ley de plusvalía” que impedía la especulación económica y financiera sobre tierras en zonas urbanas, para impedir que los pobres se vean obligados a abandonar el centro de las ciudades.

También fue (aparentemente) azaroso el anuncio sobre la potencial pérdida del status de asilado de Julián Assange, el ciber-activista que se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, desde que Correa se lo concediera. El gobierno de Moreno restringió hace meses –a pedido de Estados Unidos— la comunicabilidad de Assange para evitar que continúe con su política de democratizar la información de los centros de poder internacional, desde el interior de la delegación diplomática.

Además, el último 5 de julio la cancillería de Ecuador informó que “el señor Assange debe de llegar a un entendimiento con las autoridades británicas. Ecuador es un facilitador”. Indudablemente Mike Pence fue convincente. Antes de abandonar Ecuador felicitó a Moreno por su compromiso en la lucha contra la corrupción evidenciado en el encarcelamiento –con una pena de seis años de cárcel— de su vicepresidente electo, Jorge Glas, quien se encuentra actualmente detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

La causa contra Glas se inició a partir de un informe provisto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que se consignaban pagos por 33,6 millones de dólares, provenientes de la empresa brasileña, a las arcas de funcionarios y empresarios entre 2007 y 2016.

La documentación enviada por Washington arribó a los tribunales ecuatorianos pocos meses antes de la campaña electoral de 2016. La difusión de esas denuncias benefició electoralmente a la fórmula derechista de Guillermo Lasso y Andrés Páez, quienes –a pesar de las ayudas del norte— no lograron derrotar a la Alianza País, cuya fórmula la compartían Moreno y Glas.

El vicepresidente electo, fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Correa cuando el gobierno expulsó de territorio ecuatoriano a la empresa brasileña Odebrecht, en 2008, por incumplimiento de las normas en el contrato para la construcción de la represa hidroeléctrica de San Francisco.

En diciembre de 2016, cuando los documentos provenientes de Washington fueron conocidos en Quito, los analistas internacionales se interrogaban sobre la obvia contradicción que suponía recibir recompensas ilegales y al mismo tiempo expulsar a quienes se suponía que eran los coimeros (por no cumplir contratos públicos).

La causa judicial por la que se ha pedido la captura de Rafael Correa se inició a partir de la denuncia del abogado Fernando Balda, que fue condenado en 2010 por injurias y calumnias contra un funcionario cercano a Correa. El mismo Balda fue sentenciado tiempo después a 12 meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado. En ambos casos, para evadir la cárcel, huyó a Colombia, siendo un prófugo de la justicia ecuatoriana entre 2009 y 2010.

Balda sufrió en 2012 un intento de secuestro en Bogotá por el que culpó a integrantes de los servicios de inteligencia ecuatorianos. Tres meses después, en octubre de 2012, Balda fue deportado por Colombia hacia su país natal para dar cumplimiento a las dos sentencias de prisión inconclusas por fuga.

En el marco de un evidente acuerdo jurídico-político, los gobiernos de Colombia y Ecuador se complotaron para endosarle el intento de secuestro de Balda a Correa, partiendo de la sola declaración testimonial –sin más pruebas— de un agente policial que se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia de Ecuador (Raúl Chicaiza), que se encuentra detenido a disposición de la justicia de Quito. Correa ha rechazado los cargos, como una farsa en el marco de una operación de lawfare (utilización de la justicia como herramienta de persecución política, o guerra jurídica).

Ecuador, Brasil, Argentina

El neoliberalismo latinoamericano ha operativizado un nuevo dispositivo orientado a perseguir a los líderes sociales y/o políticos que se oponen al pensamiento único, diseñado en los centros financieros internacionales, como aptos y funcionales para la supervivencia de sus intereses estratégicos. La judicialización de la política se viabiliza y desarrolla en los países cuya cultura política no permite –en la actualidad— la ejecución paramilitar de dichos activistas opositores, como sucede habitualmente en Colombia, México u Honduras, donde semanalmente se asesina referentes sociales.

El lawfare existe –por lo tanto— donde no se puede, aún, desaparecer o asesinar. Es un recurso que suple el exterminio.

Las características de la judicialización política represiva se asientan en una dictadura de los jueces que se asumen a sí mismos como una supra-institución que no puede ser evaluada por la sociedad civil ni rectificada por ninguno de los otros poderes.

Los socios estratégicos del lawfare son los principales medios de comunicación (generalmente monopólicos, como el Grupo Clarín en Argentina, la Red O ‘Globo en Brasil o Televisa en México), crecientemente articulados con las redes sociales, cuya Big Data es monitoreada por centrales de inteligencia, como queda en evidencia con el escándalo Cambridge Analytica/Facebook.

El objetivo es la “desaparición” del enemigo político del neoliberalismo, que se instrumenta –inicialmente— mediante la deslegitimación al interior de la opinión pública, como paso previo a su judicialización.

El sambenito o comodín lingüístico, asociado a la cruzada contra los dirigentes políticos (que se atreven a enfrentarse a la lógica rentista y especulativa) es la afamada corrupción. Pasan a ser corruptxs todxs aquellxs que demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las empresas o las corporaciones. Son pasibles de ser judicializados quienes reivindican lo público por sobre lo mercantil y quienes establecen política de desarrollo productivo como modelos sustitutos a las aperturas comerciales, que tienden a destruir tejidos productivos locales.

Serán víctimas prioritarias del lawfare quienes consideren que hay un territorio de lo político asociado a lo valorativo, superior a la eficiencia y la lógica tecnocrática de los expertos (formados habitualmente en microclimas favorables a intereses transnacionales).

El lawfare es la superación de la imparcialidad jurídica. Es el estado de excepción al servicio de la lucha contra la centralidad del Estado y la política (equiparables ipso facto a corrupción) y la defensa del sentido común neoliberal, auto percibido como una forma de naturalidad que los populistas (progresistas, izquierdistas, justicialistas, keynesianos, etc.) desafían.

Para sus detractores –los dirigentes populares— no hay presunción de inocencia porque los medios se encargan de instalar la culpabilidad con insistencia diaria y sistemática. Eso permite encarcelar preventivamente (incluso sin peligro de fuga) o instruir una causa simplemente con la denuncia testimonial de cualquier ciudadano, e imponer jueces ad hoc destruyendo todo protocolo de jurisdicción.

En Argentina, la dirigente social Milagro Sala permanece detenida hace tres años por una causa que juzga el lanzamiento de huevos al entonces diputado Morales, hoy gobernador de Jujuy. En ese gravísimo atentado, Sala no estuvo presente.

Sin embargo, para su detención fue vital el testimonio de un empleado de Morales, quien indicó que Milagro alentó ese “lanzamiento de huevos”.

Julio De Vido –diputado nacional electo y ex ministro de Cristina Kirchner— permanece detenido por promover mejores condiciones de vida a los trabajadores de Rio Turbio y por supuestos sobreprecios en la adquisición de gas licuado.

En ambos casos las evidencias fueron sustentadas en peritajes reconocidos como incorrectos o fraudulentos (uno de los peritos, David Cohen, fue procesado por aportar datos falsos para incriminar a los funcionarios), a pesar de lo cual no le han concedido aún la excarcelación.

Cristina Kirchner acumula tres causas estrafalarias: una ligada al memorándum de entendimiento con Irán (votado en el Congreso por más de dos centenas de legisladores de las dos Cámaras), la muerte del fiscal Nisman (en la que se busca transformar –a costa de violentar incluso las evidencias fácticas— un suicido en un homicidio) e imputaciones (risibles) ligadas a la gestión de los hoteles familiares, en el sur del país, que estaban a cargo de administradores autónomos.

Carlos Zannini (ex Secretario Legal y Técnico) y Luis D’Elía (dirigente social) permanecieron 100 días en prisión preventiva por el primero de los delitos imputados a CFK. Fernando Esteche permanece encarcelado por esa misma causa, sin fecha de inicio del juicio oral y público.

En Brasil, Lula fue condenado a 13 años de prisión en el marco de una causa conocida como Lava Jato, en la que se lo acusó de “corrupción pasiva” por la tenencia de un “apartamento triplex en Guarujá”, cuya titularidad pertenece a otra persona, lugar en el que nunca vivió ni habitó ningún día de su vida.

Para condenarlo, el juez de primera instancia Sergio Moro tuvo en cuenta la evidencia de un mail y un testimonio y desechó a 73 testigos que negaron la “ocupación del departamento por parte de Lula”. La contracara de esta escena es que el máximo responsable del esquema de corrupción al interior de América Latina –por coimas distribuidas por valores superiores a los 300 millones de dólares—, Marcelo Odebrecht, CEO de su empresa, permanece en arresto domiciliario desde el 17 de diciembre último gracias a delaciones premiadas brindadas a la justicia.

Tácticas de guerra

El lawfare tiene particularidades en relación con la prisión preventiva. La mayoría de las constituciones de América Latina la habilitan –en la etapa de instrucción— tan solo cuando el acusado puede obstruir la investigación de la causa de la que es imputado o si existe una posibilidad de fuga.

La supervivencia del neoliberalismo ha necesitado tergiversar esa doctrina para encarcelar preventivamente como mensaje mediático disciplinador (un ex vicepresidente en pijama y esposado pasa a expresar el éxtasis del lawfare comunicacional).

En todos los casos de las detenciones preventivas –incluso la causa por la que está detenido Lula, dado que aún no hay sentencia firme, porque está presentada la apelación— los jueces no han explicado los motivos que justifican dichas detenciones en el marco de los potenciales peligros de fuga u obstrucciones de las investigaciones.

Ergo: marche preso

El concepto de lawfare fue generado por el general estadounidense, asesor del Pentágono, Charles Dunlap, quien lo definió como la táctica para utilizar la ley como medio para lograr un objetivo militar. Se trata de transformar “códigos legales en balas”.

El lawfare es menos letal, más económico, pero –en muchas oportunidades— más efectivo que acciones militares planificadas. Su principio deviene de tratar de dar una apariencia de legalidad a la excepcionalidad, a la persecución y al hostigamiento.

Es ajeno al sistema democrático porque lo sustituye. Elige quién no tiene que participar en él y quién debe ser excluido. Promueve el descrédito mediático a través de la utilización del tiempo jurídico: la condena no es lo importante sino el trayecto; puede resultar inocente pero la instrucción debe ocupar las primeras planas para deslegitimar una carrera y –sobre todo— el vínculo del dirigente con los sectores sociales más desfavorecidos, sobre el que hay que imponer el máximo de inversión comunicacional mediática y de redes sociales.

(*) Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Publicado en elcohetealaluna.com.

Fuente: Alainet

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El libreto del “lawfare” contra Rafael Correa

por Javier Calderón Castillo (*)

Con el golpe judicial que pretende encarcelar al ex-presidente Rafael Correa, el Gobierno ecuatoriano demuestra la urgencia (casi desesperación) para impedir que el ex-mandatario regrese a presentarse como candidato a las elecciones municipales del 2019.

También para evitar que siga al frente de la reorganización del movimiento ciudadano antineoliberal que se viene gestando tras el vertiginoso giro a la derecha de Lenin Moreno.

Están apelando a una guerra judicial sin cuartel, mostrando el rostro autoritario y antidemocrático del presidente. La presión de la derecha en lo interno y de los EE.UU. desde lo externo, le obligó a quitarse su máscara amable y de izquierdas, inservible para aplicar a fondo el proceso de regeneración neoliberal y de sumisión a los EE.UU., que contiene medidas políticas y económicas que llevarán al Ecuador de regreso al pasado neoliberal [1].

El sumario judicial por el cual se acusa a Rafael Correa es realmente kafkiano. El proceso de lawfare que se desarrolla en Ecuador tiene ribetes particulares porque el Gobierno tuvo que torcer la institucionalidad judicial existente (para algunos, de forma ilegal).

La captura del Consejo de Participación (CPCC) designado por Moreno -a partir del referéndum- fue un paso esencial para el cambio en la institucionalidad judicial y el desarrollo de la persecución judicial a Correa. El CPCC, en tan sólo tres meses, ha destituido al fiscal general y al presidente del Consejo de la Judicatura, abriendo el camino para que el Gobierno, apoyado por las bancadas de derecha, le quitara el fuero presidencial a Correa, con una dudosa acción de la Asamblea Nacional [2].

Moreno y las élites ecuatorianas están yendo por todo, como lo demuestra la destrucción de las instituciones para garantizar la condena de Correa, en un proceso judicial construido sobre las mismas burdas bases de sospechas, testigos falsos e inexistencia de pruebas, que en Brasil tienen preso al ex-presidente Lula -por la supuesta posesión de un inmueble, que nunca ha estado registrado a su nombre ni de sus familiares-, que en Argentina sustentan la causa por “traición a la patria” contra la ex-presidenta Cristina Fernández.

Es una guerra judicial con múltiples objetivos[3]: deslegitimar la gestión gubernamental de Correa, impedir su retorno a la política, acabar con su imagen pública, y aplazar -o tratar de impedir- una crisis de gobernabilidad -previsible, en la medida en que se acerquen las próximas elecciones en el 2019 de Gobiernos seccionales y del poderoso CPCC-.[4]

Claves del proceso

Desde el año pasado, recién asumido el actual presidente, el relato de Gobierno ha sido luchar contra la corrupción para limpiar “la pesada herencia” del “correísmo”. Mediante aproximaciones sucesivas fue acercándose a deslegitimar a Rafael Correa, con procesos judiciales a militantes de Alianza País, en especial, contra funcionarios y ex-funcionarios gubernamentales. Usaron la patente de corso creada a partir de la mega-causa mediática de las coimas de Odebrecht para apresar al vicepresidente Jorge Glas y amedrentar a partidarios de Correa.

El objetivo: derribar los obstáculos a la convocatoria del referéndum legalizador del mandato neoliberal -que se realizó el pasado mes de febrero-, lo que le permitió a Moreno designar a su conveniencia al CPCC y acabar con la figura de la reelección presidencial [5].

Logradas la primera purga de funcionarios -en la que cayó el vicepresidente Glas-, y la construcción del relato de la corrupción del Gobierno de Correa, Moreno pasó a la fase acelerada de quiebre institucional, con el nombramiento de personas de su confianza en el CPCC.

Desde allí instrumentaron la captura total del Poder Judicial, al destituir al fiscal Carlos Baca y al presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y a otros cuatro consejeros vocales [6]. Acciones destituyentes que le permitieron a Moreno tener atrapado al Poder Judicial para amedrentar y enlodar públicamente a las fuerzas antineoliberales.

El paso siguiente fue torcer el reglamento del Poder Legislativo para -con una operación política- lograr que la Asamblea Nacional se declare incompetente para tratar el “caso Balda”, decisión que fue interpretada por la Justicia ordinaria como la vía libre para enjuiciar al ex-presidente. Le quitaron el fuero presidencial de facto sin que haya sido discutido y decidido por mayorías cualificadas como lo exige la ley -después de intentarlo sin éxito un día antes en una sesión extraordinaria, citada por la presidencia de la Asamblea-.

Algunos escenarios posibles

Rafael Correa no está derrotado. El rechazo a la persecución en su contra empezó a crecer con la movilización del 5 de julio pasado, que desbordó las calles de Quito para exigir al Gobierno el cese de la operación judicial. Un sector importante de la ciudadanía lo apoya, como quedó demostrado en el referéndum, pues cerca del 36 % del electorado lo apoyó.

A esta base correísta se irán sumando otros sectores, afectados por el giro neoliberal del Gobierno -así no se identifiquen con el ex-presidente- puesto que las medidas de “austeridad” y el incierto plan económico del Gobierno terminarán rompiendo la quietud (y cierta complacencia) que mantienen las centrales de trabajadores y el movimiento social.

Se prepara el escenario de las elecciones municipales y del Consejo de Participación, donde medirán fuerzas Moreno y Correa. Será un momento de confrontación en los territorios, que puede empezar a decantar la disputa política que destrozó el movimiento Alianza País, una puja en favor o en contra del neoliberalismo. Estas elecciones elección pueden hacer surgir una nueva fuerza ciudadana que se proponga tomar el control de estratégicos espacios electorales que reconfiguren el mapa político ecuatoriano.

Podrían también mostrar el efecto electoral de la campaña anticorreísta (judicial y mediática), que puede ser contrario a los objetivos de Moreno. Existen ejemplos cercanos de ello: en Brasil, un Lula preso es el candidato preferido por la ciudadanía para ser elegido nuevamente como presidente, y en Argentina existe un repunte en la intención de voto para Cristina Fernández. La persecución judicial es dañina contra personas, pero no definitiva para acabar con proyectos en disputa.

Es un escenario incierto para Lenin Moreno, pues no está claro que la campaña de lawfare desatada en contra de Correa y los sectores antineoliberales -realizada al límite de la ilegalidad y la ficción- impidan una crisis de gobernabilidad liderada y desatada por los intereses de poder de la derecha de Lasso y Nebot.

En definitiva, éstos no gustan de Moreno, aunque les esté sirviendo de intermediador y normalizador de las relaciones entre el Gobierno y el poder oligárquico. La derecha quiere asumir directamente las riendas del Gobierno.

A Lenin Moreno se le agota el recurso mediático de “la pesada herencia”, y debe empezar a mostrar obras de Gobierno. Tendrán cada vez menos efecto las denuncias en contra de Correa y sus aliados; se empezarán a imponer la realidad económica y política, sin una fuerte coalición de Gobierno y con una ecléctica propuesta de planes a ejecutar.

Si los temas de orientación de la economía y política ecuatorianas se ponen en el centro de la agenda de discusión, a Moreno se le habrá acabado el tiempo de gobernar usando el espejo retrovisor.

El ex-presidente Correa tiene credibilidad en la comunidad internacional; ha suscitado respaldos del progresismo en todo el mundo, y su condición de estadista se impone sobre la virulencia con que está siendo tratado por Lenin Moreno.

La población ecuatoriana no olvidará los diez años de cambios democráticos y de progreso económico logrados por la Revolución Ciudadana, que hizo reflotar un país trabajador, pujante y con potencialidades autónomas del poder extranjero y de las corporaciones bananeras que le gobernaron anteriormente.

Parece que viene la hora de la confrontación política real: a favor o en contra del neoliberalismo, que desplazará la astuta estrategia del ensañamiento personal -efectivo a corto plazo- en contra de los ex-presidentes progresistas, pero no lo suficientemente definitivo para acabar con el propósito de justicia social de amplios sectores ciudadanos.

(*) Investigador del CELAG

Fuente: CELAG

Notas

[1]http://www.celag.org/plan-economico-en-ecuador-neoliberalismo-en-pequenas-dosis/
[2] https://www.dw.com/es/ecuador-parlamento-abre-v%C3%ADa-para-vincular-a-correa-en-secuestro-de-opositor/a-44233521
[3]http://www.celag.org/lawfare-la-via-legal-al-neoliberalismo/
[4]https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/28/nota/6643660/elecciones-serian-marzo-2019
[5]https://www.celag.org/la-revolucion-ciudadana-disputa/
[6] http://www.elcomercio.com/actualidad/resolucion-cpccs-judicatura-vocales-gustavojalkh.html

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Lula, Cristina, Correa: ¿Grandes ex-presidentes o malhechores?

por Emir Sader (*).

No, no, Lula no fue el más importante presidente de toda la historia de Brasil, que era el país más desigual del continente más desigual del mundo, pero que ha salido por primera vez, del Mapa del Hambre de Naciones Unidas, ha disminuido significativamente las desigualdades, la exclusión social, el hambre, la pobreza y la miseria.

Él ha fundado un partido para asaltar al Estado brasileño, que no es por lo tanto un partido, sino una gang cuya práctica es la corrupción generalizada.

Lula no nació en la región más pobre de Brasil, ni tampoco ha sido el dirigente sindical que ha dirigido la huelga más importante en contra de la dictadura militar, ni el fundador del más importante partido político de Brasil. Menos todavía ha sido el presidente de más prestigio y éxito en toda la historia del país.

Cristina, a su vez, no fue, junto con Néstor, los que han recuperado Argentina de la peor crisis de su historia, sin hacer que el peso de esa recuperación recayera sobre los más pobres. Tampoco ha hecho disminuir las desigualdades impuestas por décadas de políticas antipopulares, ni ha recuperado el Estado argentino, dilapidado por tantos gobiernos oligárquicos.

Simplemente ha puesto en práctica políticas populistas, que habrían mejorado la vida de algunos, según dicen.

Rafael Correa no ha sido un gran economista, que ha conducido la oposición ciudadana a más de un gobierno neoliberal en Ecuador. Tampoco ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los ecuatorianos, ni tampoco ha rescatado la legitimidad de un Estado destruido a lo largo de tantos gobiernos neoliberales. Tampoco ha sido el presidente más popular y de más prestigio internacional, por las obras de su gobierno en la educación, en la infraestructura pública, en los procesos de integración regional.

No. Lula, Cristina y Correa han sido simplemente malhechores, que se han apropiado del Estado bajo promesas demagógicas a un gran número de personas en el continente más desigual del mundo. Pero mejorías que mal pueden resistir a un buen ajuste fiscal que les saque los derechos, los empleos y las esperanzas.

No hay como comparar sus gobiernos con los que les suceden, porque su populismo ha quedado marcada en la conciencia y en la memoria de la gente. La única forma de ponerlos en su debido lugar es transformándolos en malhechores, en practicantes de irregularidades administrativas, para su provecho personal, con jueces que hacen de las leyes instrumentos de persecución política, que judicializan a la política, para tratar de borrar todo lo que se ha hecho en esos gobiernos, para que desaparezcan de la cabeza y de los corazones de las personas.

Lula está preso y condenado por un proceso sin crimen y sin pruebas. Intentan impedirlo de ser candidato, por todos los daños que habría hecho al país y a pueblo brasileño.

Más todavía porque insiste en liderar todas las encuestas, demostrando cómo los males que ha hecho a tantos han dejado huellas imborrables en la conciencia de tanta gente.

Cristina responde a procesos por lo que ha hecho como gobierno y por lo que dicen que habría hecho. Pretenden mantener siempre un aura de sospechas, porque la única forma que creen en que pueden derrotarla, es manteniendo niveles de rechazo, con acusaciones sin pruebas, con calumnias sin fundamentos.

En el caso de Rafael Correa acaba de disponerse su prisión preventiva. Es criminalizado porque no pueden destruir su imagen en la memoria del pueblo.

Todos esos líderes populares son víctimas de las más burdas campañas de calumnias, para buscar destruir reputaciones construidas con políticas populares, nacionales, democráticas, defendiendo a sus países y a sus pueblos.

Hay que borrar todo lo que países latinoamericanos han vivido en este siglo y la única manera es criminalizar a sus líderes.  Los jueces tratan de quitar al pueblo el derecho de decidir democráticamente los destinos de sus países. ¡Imaginen a Lula candidato a la presidencia de Brasil! ¡Imaginen el pueblo argentino decidiendo si prefieren lo que ha sido el gobierno de Cristina o lo que hace el gobierno del FMI! ¡Imaginen al pueblo ecuatoriano juzgando lo que Rafael Correa ha traído para Ecuador y lo que hacen los que lo acusan de forma burda!

Lula, Cristina, Rafael Correa, son víctimas de persecuciones políticas movidas por los medios, por jueces arbitrarios, en contra de la voluntad de sus pueblos. Para ello tienen que destruir la democracia, judicializándola, sino, saben que los pueblos de esos países dirán que han vivido bajo los gobiernos de esos líderes, los momentos más virtuosos de sus vidas y que desean retomar ese camino de solidaridad, de justicia y de dignidad.

(*) Sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).

Fuente: Alainet

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Lawfare: La judicialización de la política en América Latina

por Camila Vollenweider y Silvina Romano
La actual embestida legal contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare.

¿Qué es el Lawfare?

Es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.

El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.

¿Qué significa Lawfare?

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” (1) y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar.

En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School (2). Estados Unidos (por medio de la USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina (3) y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción (4)

Aspectos fundamentales del Lawfare

1) El rol del Poder Judicial:

El PJ se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes.

Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen.

Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad. Se persiguen objetivos similares a los que otrora buscaban las Fuerzas Armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses.

Lo hacen a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política.

2) Ajuste estructural y lucha anti-corrupción:

El proceso de recorte del Estado y lo público impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos bilaterales estadounidenses desde principios de los ’80 en América Latina, incluyó la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia del Estado” (5)

Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, gente con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de técnicos (6)
(apolíticos).

La persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobiernos donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público. A su vez, la corrupción va ocupando los primeros puestos entre las principales preocupaciones de los latinoamericanos, igualando a los
problemas económicos (7)
.
Tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:

Timing político:

Implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.

Reorganización del aparato judicial:

Las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.

El doble rasero de la ley:

Si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” 8 sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

Lawfare en Argentina  

Timing político

Sin duda uno de los ejemplos más destacados fue la muerte del Juez Alberto Nisman, que condujo a una fuerte desestabilización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año de las elecciones presidenciales en Argentina (2015). En el mes de enero de 2015 se culpó a la presidenta Cristina Fernández del asesinato del Juez Nisman, sin pruebas fehacientes y sólo en base a presunciones difundidas por la prensa.

Durante las gestiones kirchneristas, Nisman llevó adelante la investigación sobre el (8) Herman, Edward y Chomsky, Noam. Manufacturing consent.The political economy of the mass media. New York: Pantheon, 1988. atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, atentado que desde un inicio fue atribuido a “terroristas iraníes” (9)
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Sin embargo, desde el caso AMIA hasta la muerte de Nisman hay mucha información poco conocida que vincula a la Argentina con la geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente, pues entre otras irregularidades, hay pruebas de que Nisman informaba periódicamente de los avances de la investigación a la Embajada estadounidense en Argentina (10).

De eso hablaron poco los medios y se centraron en la denuncia que había hecho el Juez Nisman a la presidenta Kirchner por haber “fabricado la inocencia” de los supuestos perpetradores del atentado a la AMIA, en complicidad con el gobierno de Irán, a cambio de beneficios comerciales y políticos (11).

Meses después, en mayo de 2015, la Cámara de Casación emitió un dictamen en el que rechazaba las acusaciones contra Kirchner y otros dirigentes afines al oficialismo alegando “inexistencia de delito” (12). No obstante, desde un principio la prensa criminalizó a la presidenta, de modo tal que ni siquiera el resultado del proceso judicial logró revertir esa imagen y que se materializó, por ejemplo, en la consigna “todos somos Nisman”.

Reorganización del aparato judicial

La causa Nisman no se acabó allí. El 30 de diciembre de 2016, la Cámara de Casación Penal ordenó la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA.

Otra movida judicial de Macri fue, en diciembre de 2015, designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en lugar de llamar a Sesiones extraordinarias para la aprobación de las postulaciones en el Senado.

La decisión obedece a motivos políticos: necesitaba que el tribunal estuviera completo (a su favor) ante la inminencia del impacto que generarían muchas de las medidas planeadas (e implementadas) (13)
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A esto se suma la designación de la diputada Laura Alonso (del partido oficialista) en la oficina anticorrupción.

Alonso no es abogada, condición necesaria para asumir el cargo, y por eso Macri modificó por decreto la reglamentación de la Oficina Anticorrupción para permitir que asuma al frente del organismo (14)
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Doble rasero de la ley

En el mes de diciembre de 2016, la ex presidenta quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una “asociación ilícita” que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, beneficiando al empresario Lázaro Baéz (15) –

Además estarían implicados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli.

A raíz de ese caso surgieron otros, como el llamado “la ruta del dinero K”. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, comunicó que “descubrieron la trama de cuentas off shore que el clan Báez tenía en Suiza y que estaría asociada, según declaraciones del financista Leonardo Fariña, a los Kirchner” (16).

Esta presunción se presenta como un hecho consumado, aun cuando el proceso judicial está en curso. A esta inculpación previa a la sentencia final se suma una pregunta crucial ¿Qué pasó con la investigación de las cuentas off-shore de la familia Macri, considerando que se trata del presidente de turno, y sabiendo que en otros países hubo mandatarios que tuvieron que renunciar a sus cargos por este tipo de implicación?

A fines de diciembre de 2016, fue confirmado que el Grupo Macri tiene 50 sociedades off shore distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubay, Brithish Island, Grand Cayman y Florida, información que será presentada en una ampliación del caso que presentó el diputado Darío Martínez y que lleva el juez Sebastián Casanello17. La prensa argentina publicó poco y nada con respecto a este caso, pero sí dio enorme cobertura al caso de Cristina Fernandez de Kirchner.

A la invisibilización de la implicancia de Macri en los Panamá Papers, se suma una nota de Clarín (publicada el día anterior a la presencia en Tribunales de los hijos de Cristina Fernández), en la que se expresa que el Juez Casanello recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) –organismo oficialista y que en los últimos meses ha estrechado sus vínculos con el Departamento del Tesoro estadounidense (18) – que absuelve a Macri del lavado de activos (19).

Un dato es que en la versión impresa del diario, a diferencia de la versión digital, el titular omite que el resultado fue brindado por la UIF, para darle mayor credibilidad a la noticia –asumiendo indirectamente la escasa objetividad del organismo (20)
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Otro caso que trascendió fue el vinculado a “Fútbol para todos”: la jueza María Servini procesó a tres exjefes de Gabinete de la gestión anterior por las irregularidades publicitarias del programa Fútbol para Todos: Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich (21)

Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Sin embargo, se habló menos de los empresarios, principales implicados en el negocio ¿Qué pasó con el gerente de Torneos y Competencias vinculado al escándalo de corrupción de la FIFA?

El empresario argentino Alejandro Burzaco, en arresto domiciliario en EE.UU. por la investigación de corrupción en la FIFA, está además implicado en la filtración de documentos del bufete Mossack Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales22. Fue “olvidado” casi totalmente por la prensa, a pesar de ser undoble-escándalo.

Lawfare en Brasil

Timing Político

La Operación Lava Jato –que se inició en 2009 y tomó impulso en 2013 (23) – fue laprincipal herramienta para desprestigiar al gobierno de Rousseff y a los miembros de su partido, especialmente el ex Presidente Lula Da Silva.

Toda la campaña presidencial por la reelección de Dilma estuvo teñida por acusaciones de corrupción contra ella y Lula, motivadas por supuestos contenidos de las confesiones de dos de los que, por entonces,se presentaban como principales delatores de la causa.

Fue precisamente tres días antes de la segunda vuelta electoral entre Rousseff y Aécio Neves (PSDB) que la famosa revista Veja publicó la primicia de que ella y su antecesor, Da Silva, conocían todo el esquema de corrupción derivado de la empresa estatal Petrobras. Dicha información, hasta entonces sólo sospechada, fue aparentemente revelada por el delator Alberto Youssef.

Lo llamativo del caso es que el abogado de éste, en una entrevista realizada pocos días después negó conocer la información citada por la revista (24). Ya pasado el ajustado triunfo de Dilma se supo que funcionarios judiciales que participaban en el caso habían hecho campaña a favor de Neves ( 25) y que el mismo delator lo había acusado de recibir coimas (26)

El por entonces Presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB), fue denunciado por la Procuraduría General de la República al Supremo Tribunal Federal (STF) en agosto de 2015 por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de las investigaciones de la operación Lava Jato (27).

Dos meses después de esa acusación –y el mismo día que el STF desestimó dos pedidos de impeachment contra Rousseff– Cunha fue denunciado en el Consejo de Ética de Diputados tras el descubrimiento de que éste poseía cuentas millonarias no declaradas en Suiza.

Hasta el momento, Cunha había desestimado también cinco pedidos de impeachment presentados en la Cámara; pero en diciembre de 2015, cuando los diputados del PT que integraban el Consejo de Ética votaron favorablemente por la apertura del proceso contra él, inmediatamente dio curso a otro pedido de impeachment – por improbidad administrativa, no corrupción– que estaba “cajoneado” y que finalmente prosperó (28).

Sin negar el aspecto quid pro quo entre el PT y Cunha, lo cierto es que recién en mayo de 2016, por decisión del recientemente fallecido Ministro del STF Teori Zavascki, Cunha fue suspendido como Diputado y, en consecuencia, como Presidente de la Cámara.

Hacia junio de ese año, ya el STF había aceptado dos denuncias más y lo había imputado nuevamente por otra causa.

Sin embargo, ya para entonces Rousseff tenía los días contados en la Presidencia gracias al accionar del ahora preso Eduardo Cunha y las dilaciones (¿complicidad?) del Supremo.

Reorganización del aparato judicial

Víctima y victimario: Lula y el juez Moro. Según un documento filtrado por WikiLeaks, recibió entrenamiento del FBI.

Una de las claves del Lava Jato, es que resulta “innovador” a nivel regional por su método para obtener pruebas y usar la inusual figura de la delación en amplia escala 29
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Esta novedad forma parte de los programas de asesoramiento impartidos por el gobierno estadounidense a miembros del sector judicial de Brasil y la región, como el Programa Puentes 30 , en el marco de las reformas judiciales. Casualmente, entre los alumnos más destacados encontramos a Sergio Moro, Juez a cargo del Lava Jato (31)
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Con un modelo similar al estadounidense, en Brasil, es el Presidente el que designa al futuro miembro de la Corte, con el posterior aval del Senado. Tras la muerte de uno de los miembros del STF, Teori Zavascki, el Presidente Michel Temer eligió a Alexandre Moraes como sucesor.

Las sospechas con respecto a esta elección se deben a que Moraes fue abogado de Eduardo Cunha, también de Aècio Neves, y de una empresa de transportes identificada como parte de una organización criminal en San Pablo.

Como Ministro fue acusado de divulgar información privilegiada sobre la Operación Lava Jato, anticipando a los medios la prisión del petista Antonio Palocci –y en el marco de un evento de campaña del PSDB (32). El pliego de Moraes fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado (33), presidida por Edson Lobao quien, como otros 10 integrantes, está siendo investigado en la Operación Lava Jato (34).

En medio de amplias sospechas de corrupción sobre varios de los Ministros del Gobierno, legisladores y del propio Temer –citado 43 veces en las confesiones– De Moraes será el revisor de Lava Jato en el plenario del STF y podrá actuar en casos que involucren a los funcionarios –como los anteriormente mencionados– que tienen fuero privilegiado (35).

Uno de los principales columnistas de la oficialista revista Veja, tituló su nota del 6 de  enero:

“Temer puede anunciar el nombre hoy [del sucesor de Zavascki]; que sea Moraes! ” (36)
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Doble rasero de la ley

A mediados de marzo de 2016, Dilma nombró a Lula Da Silva Ministro de la Casa Civil; sin embargo, el Ministro del STF, Gilmar Mendes anuló el nombramiento argumentando que esa decisión de la entonces Presidenta tenía como objetivo apartar a Lula de la esfera de influencia del Juez Moro y quedar supeditado únicamente a la autoridad judicial del STF.

Esta disposición se fundamentó en un audio que casualmente filtró Moro a la prensa el mismo día del nombramiento de Lula (37). Finalmente Lula no ejerció como Ministro.

Lo llamativo es que la misma situación volvió a plantearse en febrero del 2017. Michel Temer nombró a Moreira Franco, uno de sus principales aliados políticos como Secretario General de la Presidencia, una cartera con rango de ministerio que había extinguido Rousseff y que fue reabierta para la ocasión.

El nuevo Secretario está citado 34 veces en la confesión de uno de los delatores de Lava Jato pero ese no fue motivo para que otro miembro del STF, Celso de Mello, impidiera que Moreira Franco alcance el fuero privilegiado como Ministro y quede sólo bajo la órbita del STF.

Por supuesto, para la prensa existen amplias diferencias entre los casos de Lula y el del nuevo Secretario de la Presidencia (38)
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Sin que sus abogados fueran avisados, pero con la prensa en la puerta de su casa y con una treintena de policías, Lula fue conducido a un aeropuerto de San Pablo (39).

Da Silva ya se había presentado a declarar voluntariamente todas las veces que se lo había citado, incluso en Brasilia, donde no reside.

Se dedicaron cientos de portadas de diarios y numerosas horas de televisión a mostrar la imagen de Lula conducido por la Policía, reforzando la idea de que la corrupción –como exclusividad del PT– estaba siendo abatida por el mediático juez Sergio Moro.

Con Cunha no fueron tan mediáticos, ni tuvieron tanta celeridad.

De hecho su esposa, Claudia Cruz, también imputada en LavaJato por lavado de dinero y evasión de divisas, tardó cinco meses en declarar ante Moro porque el eficiente juez no encontraba a la imputada en las dos direcciones que tenía registradas (40)

Fuente: Telesur

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Notas:

1 http://harvardnsj.org/2012/04/offensive-lawfare-and-the-current-conflict/
2 https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site
3 Pásara, Luis (2012) “International support for justice reform in Latin America:worthwhile or worthless?” Latin American Program. Woodrow Wilson Center,Washington DC.
4 http://globalinvestigationsreview.com/insight/the-investigations-review-of-theamericas-2017/1067464/anti-corruption-enforcement-in-latin-america
5 http://www.oas.org/JURIDICO/spanish/RepoBM.htm
6 https://www.wilsoncenter.org/publication/international-support-for-justice-reformlatin-america-worthwhile-or-worthless
7http://www.infobae.com/2013/11/02/1520855-las-10-mayores-preocupaciones-loslatinoamericanos/
9 Vale destacar que rápidamente la prensa descartó otras hipótesis, entre ellas la responsabilidad Israelí-
Norteamericana, la culpabilidad de grupos Sirios; la implicación de bandas de narcos aliadas de la policía
bonaerense,https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263984-2015-01-15.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-41503-2004-09-25.html.
10http://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%A1y-luisd%E2%80%99el%C3%ADa-ten%C3%ADa-raz%C3%B3n%E2%80%A6-eltri%C3%A1ngulo-argentina-estados-unidos-ir%C3%A1n
11 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/19/actualidad/1421650071_491119.html
12http://www.elmundo.es/internacional/2015/05/13/55528222268e3e75328b4572.html
13http://www.lanacion.com.ar/1854315-macri-nombro-en-comision-a-dos-juristas-paracompletar-la-corte
14http://www.perfil.com/politica/otro-decreto-de-macri-para-que-alonso-asuma-en-laoficina-anticorrupcion-1224-0017.phtml
15http://www.telam.com.ar/notas/201612/174822-cristina-fernandez-de-kirchner-causashotesur-dolar-futuro-los-sauces-ruta-del-dinero-k.html
16 http://www.telam.com.ar/notas/201612/174822-cristina-fernandez-de-kirchner-causashotesur-dolar-futuro-los-sauces-ruta-del-dinero-k.html
17http://www.eldestapeweb.com/el-grupo-macri-tiene-50-sociedades-offshore-n23973
18 https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-estados-unidos-y-argentina-celebran-lareunion-inaugural-del-dialogo-sobre-ilicitos-0
19 http://www.clarin.com/politica/panama-papers-uif-encontro-indicios-lavadomacri_0_ryrOsM5ql.html
20 http://www.eldestapeweb.com/la-importante-omision-la-tapa-clarin-favor-macri-lospanama-papers-n26313
21 http://bohemia.cu/mundo/2016/06/argentina-la-judicializacion-de-la-politica/
22 http://www.mundodeportivo.com/futbol/20160405/40907626367/argentino-burzacoinvestigado-en-caso-fifa-tambien-en-filtraciones-panama.html
23 http://lavajato.mpf.mp.br/atuacao-na-1a-instancia/investigacao/historico/por-ondecomecou
24 http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/veja-diz-que-depoimento-de-youssefimplica-lula-e-dilma-efbnvxtlm0h7wpk0rwfzcgx1q
25 http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/11/delegados-da-operacao-lava-jatoatacam-lula-e-dilma-e-denfedem-aecio.html
26 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/08/25/youssef-e-costaconfirmam-repasses-a-lideres-tucanos.htm
27 http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2015/08/procurador-janotdenuncia-eduardo-cunha-ao-stf-por-corrupcao.html
28 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/eduardo-cunha-informa-que-autorizouprocesso-de-impeachment-de-dilma.html
29 http://www.laizquierdadiario.com/Claves-para-entender-la-Operacion-Lava-Jato-y-elaccionar-de-Sergio-Moro
30 http://www.celag.org/las-coimas-odebrecht-y-la-justicia-made-in-america/
31 https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html
32http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/28/politica/1475016388_744918.html
33 http://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/21/politica/1487678244_556575.html
34 http://www.cartacapital.com.br/politica/os-14-atos-para-estancar-a-sangria-da-lavajato
35 http://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/02/quem-e-alexandre-de-moraes-oescolhido-de-temer-para-o-stf.html
36 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/stf-1-temer-pode-anunciar-nome-hoje-que-sejamoraes/
37 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160317_juez_suspende_nominacion_lula_ministro_brasil_roussef
38 http://veja.abril.com.br/brasil/lula-e-moreira-franco-qual-a-diferenca-entre-asdecisoes-do-stf/
39 http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-que-justifica-a-conducao-coercitiva-deLula-/4/35629
40 http://www.huffpostbrasil.com/2016/08/12/claudia-cruz-intimacao

1 Comentario

  1. heraldo muñoz no solo es tonto útil de la cia , sino que también de la ONU , ellos están interviniendo en política interna de chile al segregar y destruir la educación publica y de calidad , dejando la educación de buena calidad para sectores pudientes, por otro lado el es complice junto a Bachelet del trafico de haitianos hacia chile por lo cual se recibe u$7000 dólares por cabeza de negro nacionalizado, mas u$3500 dólares de manutención financiado por el estado chile esto verdaderamente un caso de corrupción inmenso..!, que por cierto daña al país..!

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