Frente Amplio y Partido Comunista Solicitarán Destitución de Fiscal Nacional

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Parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista presentarán un requerimiento ante la Corte Suprema para solicitar la destitución del Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Délano y Lavín fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada y una multa de $1.700 millones, y el Fiscal Gómez presenta mañana la acusación en el caso SQM.

Así está el escándalo de la impunidad en el caso Penta, con la complicidad del Ministerio Público.

El anuncio de la solicitud de destitución de Abbott ante la Corte Suprema, surge luego de que Abbott  señalara que “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, (…) alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

Así lo confirmó el diputado Diego Ibañez, del Movimiento Autonomista:


En el mismo sentido, el diputado comunista Hugo Gutiérrez  indicó que las palabras del jefe del Ministerio Público fueron un lamentable error que se suma a la serie de salidas alternativas que se han planteado en los casos Penta y SQM.

En entrevista con El Mercurio, Abbott, insistió en su impresentable “doctrina”:

“Mi planteamiento de fondo, que no lo han logrado entender probablemente los que no han tenido oportunidad de no vivir en democracia, es que en la medida que haya personas desaforadas –es decir, a las cuales un número importante de personas eligió, como el caso del senador Iván Moreira- tenemos que ser o tratar de ser lo más eficientes llevando la investigación hasta lo más profundo”.

Abbott y Guerra se han desangrado en explicaciones, en los amplios espacios que le ha concedido el sistema mediático, pero lo cierto es que cada una de ellas los hunde más en el fango de la deshonra.

De otra parte, el efecto del espurio acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los dueños de Penta tuvo sus frutos que se conocieron hoy, en audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía.

En la audiencia, que comenzó pasadas las 14.00 horas, se condenó a los controladores del holding a cuatro años de libertad vigilada. Además, se determinó que ambos deberán pagar el monto total de lo defraudado; pagando cada uno $857.084.267.

De la misma forma, el tribunal estimó conveniente exigir a los empresarios a que asistan a un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas. ¿Ridículo o ridículos?

Por simple robo, delincuentes comunes que no tienen ni las redes, ni las influencias ni los recursos de los controladores de Penta, suelen ser condenados a diez años de presidio, las mismas penas que el mismo Guerra pidió para Délano y Lavín, antes de su misteriosa vuelta de carnero.

El miércoles 11, el mismo tribunal entregará la sentencia contra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

El Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, tiene la oportunidad de reivindicarse, en á medida en que logre, o al menos se esfuerce por lograr, una sentencia condenatoria para los inculpados en el caso SQM, en el que este martes debe presentar su acusación.

Sin embargo, los antecedentes disponibles no invitan al optimismo. Aparentemente, forma parte de una misma trenza pro impunidad en estos escándalos de connotaciones políticas, que han envuelto a integrantes del poder empresarial y fáctico del país.

La vida vuelve a sonreírles, con el auspicio del Ministerio Público.

Abogado de Ciudadano Inteligente: “Es impresentable como se cerró el Caso Penta”

Según Mauricio Daza, abogado querellante, el fiscal Manuel Guerra se transformó “en un abogado defensor de Délano, Lavín y Wagner”.

En entrevista con el programa “De domingo a domingo. Sin restricción” de radio Nuevo Mundo, el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, explicó las implicaciones del Caso Penta, del cual fue querellante.

El jurista abordó el acuerdo con el cual se cerró el proceso que dejó a los controladores del Grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, junto al ex subsecretario de minería, Pablo Wagner, libres del delito de cohecho, luego que el fiscal a cargo, Manuel Guerra, llegara a un acuerdo con las defensas de los privados, desconociendo así gran parte de la investigación.

¿Cómo se explica que a una persona por robo le den diez años de prisión y a los responsables del Caso Penta le den dos o cuatro años de pena remitida?

Es difícil de explicar racionalmente y ese es el problema. Esto obviamente afecta a la credibilidad del sistema de persecución penal en general, porque la forma en que se llevó a cabo el cierre del Caso Penta –el caso de corrupción más importante de los últimos años- es absolutamente impresentable. Obviamente, los costos se pagan en el aspecto de que las personas no se van a querer someter sus conductas al sistema penal, porque hay personas en Chile que hacen lo que quieren y esa es una realidad que hoy quedó expuesta.

Nosotros (Ciudadano Inteligente) llevamos el caso junto al Consejo de Defensa del Estado hasta las últimas consecuencias en términos tales que la única posibilidad de desmontarlo fue ejecutar esto de manera bastante burda y desvergonzada. Ese es nuestro sistema de persecución penal que es bastante distinto a lo que ocurre, ni siquiera en países de la OCDE que es la comparación que siempre hacen las autoridades, sino con lo que ocurre a nivel regional, lo que pasa en Brasil o en Perú, sin ir más lejos, que da cuenta de un Ministerio Público que hace el trabajo, lleva las causas a tribunales y pelea los juicios, en Chile es impensado que eso pase.

¿Qué pasó con la acusación de cohecho?

Ocurrió algo bastante escandaloso. En marzo de 2015 se formalizó a los imputados del Caso Penta –Délano, Lavín y Wagner- que se les estaba investigando por dos hechos, el primero que el señor (Pablo) Wagner, cuando fue subsecretario de Minería del primer Gobierno de Sebastián Piñera, recibió pagos ilegales de parte del Grupo Penta y lo segundo era que Wagner en el periodo que recibía esos pagos hizo gestiones en favor del Grupo Penta. Después de dos años de investigación, donde se reunieron cientos de antecedentes para acreditar estos dos hechos, resulta que se cierra la investigación y lo que hace el Ministerio Publico es una presentación formal ante los tribunales donde acusa a estas personas, entre otros delitos, por cohechos reiterados y pide que vayan a juicio oral con penas para Délano y Lavín de diez años de cárcel. Acto seguido, a comienzos de 2018, sin ningún antecedente nuevo el fiscal Manuel Guerra comunica que lo que se presentó ya no vale y avisó que llegó a un acuerdo con las defensas de Lavín y Wagner donde se eliminaron todos los delitos de cohecho.

La Fundación junto al Consejo de Defensa del Estado estábamos en la postura de que si el Ministerio Público no quiere llevarlos a juicio lo podíamos hacer nosotros. Esta semana ocurren cosas bastante increíbles, la primera es que al comenzar la audiencia el fiscal Guerra dijo que iba a omitir todos los pagos que recibió Wagner y que iba a omitir todas las pruebas, por tanto solo iba a pedir cuatro años para Délano y Lavín y de dos años para Wagner.

Como el Ministerio Público eliminó todos esos hechos nosotros no podíamos invocarlos, lo que consideramos que es abusivo, además, se traspasaron todos los límites cuando Guerra eliminó la mitad de la imputación con la única finalidad que el Consejo de Defensa del Estado y nosotros no nos pudiéramos oponer si quiera a lo que él estaba haciendo en ejercicio de nuestros derechos, con ello el fiscal Guerra se transformó en abogado defensor de Délano, Lavín y Wagner, no sabemos cuáles son las razones de esto.

¿Cómo se entiende esa situación?

Acá hubo un esfuerzo claro para poder garantizar que este acuerdo se concretara, lo que para nosotros significa la más absoluta impunidad para un hecho que consideramos el caso de corrupción mas importante que se ha conocido en el país. En nuestro sistema los fiscales tienen atribuciones para llegar a acuerdos con las defensas, pero entendemos que no tiene las atribuciones para borrar hechos y antecedentes probatorios que se recopilaron durante más de dos años. Eso lo vamos a discutir a través de discursos que presentaremos en la Corte de Apelaciones, porque aquí más que criticar el acuerdo, lo inverosímil es la forma en que se llevó a cabo, donde se traspasaron los límites mínimos de control respecto de la actuación de un fiscal.

Acá existe una falta de poder absoluta cuando hay que ejecutar actos que requieren el realizar conductas impresentables, para los efectos de poder garantizar lo que es evidente, que un grupo de personas ejecutan toda clase de actos sin tener consecuencias, el mensaje es preocupante porque te dice que si formas parte de un importante grupo económico en Chile y sobornas a altas autoridades de la república, no se preocupe, porque en el caso extremo que lo lleguen a descubrir solo pagará una fracción de los beneficios que obtuvo a través de los pagos de las coimas, porque en Chile pagar coimas es un tremendo negocio y eso no es propio de un Estado de derechos y nos pone muy atrás en comparación con los países de la región y me llama la atención que no hay una reacción de la opinión pública, la ciudadanía, respecto a esto, en otros países la gente se moviliza y se organiza.

¿Qué pasa con los ciudadanos, dejaron de ser inteligentes?

Creo que una variante de nuestro sistema político y económico que ha sido bastante bien vendido por las autoridades de manera transversal durante los últimos treinta años y eso involucra la visión materialista e individualista de la forma en que uno se mueve en la sociedad y la gente tiende a no involucrarse directamente más allá de la protesta en redes sociales, no hay interés de hacer algo para que estos actos de corrupción y la protección de quienes lo ejecutan tengan respuesta, pero es un proceso porque ya que se expongan estos casos ya es un paso, pero claramente nos quedan muchos años para avanzar, porque estamos muy atrás.

¿Cuáles serán los pasos que seguirán dando en este caso?

Vamos a presentar recursos de apelación en contra de la resolución de Pablo Wagner, los mismo hará el Consejo de Defensa del Estado, porque más allá del acuerdo de Manuel Guerra y las defensas es impresentable por las evidencias, además, la forma en que se ejecutó con la finalidad que no podamos seguir el caso es una ilegalidad que puede traspasar, incluso, este caso. Porque esto nos dice que los fiscales pueden hacer lo que se les antoja borrando la figura del querellante.

¿El Fiscal Nacional no tiene nada que ver con las decisiones de sus subordinados?

Si tiene que ver, la verdad es que es impensable el que este acuerdo se hubiese llevado a cabo sin que tuviera la venia del fiscal Jorge Abbott. Nuestras autoridades están al debe, porque acá había una petición de destitución del fiscal Abbott que se fundaba, entre otras cosas, en que él intervino en el caso Penta recibiendo al entonces senador Hernán Larraín para tratar la situación de Iván Moreira, además recibió a los abogados de Santiago Valdés el primer administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera, no obstante que él se había inhabilitado del caso porque tiene un nexo con Alfredo Moreno. Ahora esa petición está despareciendo, entonces, uno se pregunta hasta que punto nuestras autoridades van a fiscalizar y hasta que punto se van a escudar para no hacerlo.

Aquí hay una responsabilidad de Abbott, pero también de Manuel Guerra, si uno ve sus trayectorias, la verdad es que no se explica cómo llegaron a esos cargos y ahí hay que avanzar en el sentido de garantizar que personas tengan las competencias y las calificaciones necesarias para servir en estos cargos públicos.

Fuente: El Siglo


SQM después de Penta: Fiscal Gómez en horas clave

por Leslie Ayala C.

Hoy se presenta la acusación de la investigación judicial que destapó cómo la minera de Julio Ponce Lerou financió actividades de campaña de todo el espectro político. Junto a la solicitud de 8 años para el ex gerente Patricio Contesse, el Ministerio Público pedirá pena efectiva por soborno y delitos tributarios a Pablo Longueira y formalizará la decisión de ir a juicio oral contra ME-O, Fulvio Rossi y Jorge Pizarro.

La declaración judicial de María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, realizada a inicios de 2015 en el denominado caso Penta, sería el primer antecedente que encendería las alarmas en el Ministerio Público. La mujer detalló que no sólo había emitido boletas para la firma controlada entonces por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín -sin haber prestado servicios para el holding- sino que también lo había hecho para la empresa SQM.

La situación generó una pugna de la Fiscalía con el Servicio de Impuestos Internos (SII), que en una primera querella pedía incautar toda la información contable de la minera no metálica y que luego, los abogados del organismo, corregirían para acotar dicha pesquisa sólo a julio del año 2013, generando las sospechas de los investigadores respecto a que las conductas desplegadas por los ejecutivos de Penta – financiando fuera de la ley a políticos de la UDI- se replicarían en SQM. Sólo unos meses después, se constatataría que la firma vinculada a Ponce Lerou no sólo había financiado a algunos personeros UDI, sino a un amplio espectro de políticos de todos los partidos: Progresistas, PPD, DC, PS, PRSD y RN.

A tres años de descubrirse esas conductas, hoy el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, presentará acusación en la principal arista del caso SQM y con ello formalizará ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago su intención de ir a juicio oral no sólo para probar los delitos tributarios investigados por servicios no prestados, sino también llegó a la convicción de que el ex gerente general Patricio Contesse sobornó al ex senador de la UDI Pablo Longueira para favorecer a la minera en la tramitación de la Ley del Royalty.
La apuesta por el cohecho

A sólo días que en el caso Penta se eliminara el delito de cohecho, surge una estrategia distinta al interior del Ministerio Público en que el equipo de investigadores del caso SQM decidió no renunciar a perseguir el supuesto soborno que se descubrió en este caso, originado en el financiamiento irregular de la política. La consigna será: “Que sean los tribunales los que decidan”.

La apuesta de Gómez y su equipo de fiscales es totalmente distinta a la de su par de la zona Oriente, el fiscal Manuel Guerra, asegurando que el delito de cohecho imputado se llevará a juicio oral, independiente de las eventuales debilidades probatorias y las bajas penalidades.

En Entrevista con Reportajes, Guerra sostuvo que habían diferencias entre ambos casos, pues a su juicio a diferencia del caso Penta “en Soquimich ustedes no tienen fórmulas para evadir impuestos distinta que no sea el financiamiento ilegal de la política, SQM evadía impuestos y aceptaba facturas falsas. Y les pagaba transversalmente o le financiaba transversalmente a distintas candidaturas de todos los sectores. Se descubre que en SQM el abanico se abría completamente, y que en esto se veían beneficiados moros y cristianos”.

Conocedores del documento, que se presentará hoy en el Centro de Justicia, sostienen que la Fiscalía tendría contemplado una pena de 5 años por los delitos tributarios contra Contesse, además de tres años como autor de soborno. En tanto, que al histórico militante de la UDI se le imputaría una pena de 3 años por delitos tributarios (pese a la inexistencia de querella del SII en su contra) y otra que bordearía los 3 años de cárcel por el delito de cohecho de funcionario público.

Como sea, los ojos están puestos hoy en el actuar del fiscal Gómez, quien no ha estado exento de críticas por su decisión de suspender a la persona jurídica de SQM por las imputaciones de cohecho en este caso. Esa decisión le significó a la empresa de Julio Ponce no arriesgar una condena a cambio del pago de una multa, decisión a la que el CDE se opuso y que fue cuestionada por el ex fiscal Carlos Gajardo al momento de su renuncia.

En un correo poco antes de renunciar al Ministerio Público, el primer investigador del caso Penta -Gajardo- le dijo a Gómez que no era proporcional a la gravedad de los hechos investigados que “resulte sin reproche penal alguno de prosperar la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento”.
De todos los partidos

Esta causa involucra además a otros políticos relevantes que fueron formalizados como facilitadores de facturas y boletas ideológicamente falsas pactadas con Patricio Contesse, para financiar campañas, según se ha imputado. Es así como esta acusación afecta al fundador del Partido Progresista y tres veces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y su brazo derecho, el periodista Cristián Warner.

La acusación abarca también al ex senador socialista Fulvio Rossi y al senador DC Jorge Pizarro. Respecto a este último la Fiscalía pedirá en el mismo acto su desafuero, el que será resuelto en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago y luego por la Corte Suprema.

Otras figuras que aparecerán en la acusación de hoy es el hijo del ex diputado Roberto León, el ex embajador DC Marcelo Rozas, el hijo de Jorge Pizarro, la secretaria de la UDI, Marisol Cavieres, la histórica asesora de Longueira Carmen Luz Valdivielso.

Fuente: La Tercera

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