Especial Operación Huracán: Los Mil Disparates de los Temibles Agentes del Recontra Espionaje

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por Francisco Herreros.

El pasmoso derrotero que ha asumido la Operación Huracán sigue creciendo en magnitud e intensidad, al punto que amenaza con incendiar la pradera.

Del análisis y cruzamiento de los datos de los funcionarios de Carabineros acusados por la Fiscalía de adulteración de pruebas y falsificación de instrumento público, aparece que están invariablemente implicados en violación de derechos humanos de detenidos mapuche, y en numerosos hechos constitutivos de montajes.

Hasta el momento, la investigación de las fiscalía se encuentra enfocada en diez personas: cinco peritos del Laboratorio de Criminalística de la institución, LABOCAR, cuatro efectivos del área de Inteligencia, y un civil que trabaja estrechamente con estos últimos.

Los cuatro oficiales de inteligencia son el general  Marcelo Teuber Muñoz, jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada a la fecha de ejecución de la Operación Huracán, los mayores Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses Sandoval, y el teniente David Gaete Beltrán.

El civil, Alex Smith Leay, de profesión ingeniero agrónomo, apodado “el Profesor”, es quién habría proporcionado los insumos técnicos para perpetrar las falsificaciones.

El juez Juan Poblete autorizó incautar los teléfonos celulares de los oficiales Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses Sandoval, de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de la Araucanía, lo cual incluye “el acceso, revisión y extracción de comunicación vía mensajería e información contenida en los aparatos celulares, cuentas personales de correos o Whatsapp”; la “la extracción de información y datos de teléfonos contenidos en ellos” y la autorización para ingresar a la cuenta de correo electrónico de Marín Lazo, quien voluntariamente entregó la clave de acceso.

Las diligencias se enmarcan en la investigación por “obstrucción a la justicia, denuncia calumniosa, falsificación de instrumentos públicos y violación del artículo 43 de la Ley de Inteligencia, en relación con la denuncia formulada por el fiscal Luis Gerardo Arroyo Palma y la asistente de fiscal Mónica Palma Martínez”.

Los peritos de Labocar fueron quienes emitieron los informes dando cuenta de que las conversaciones interceptadas efectivamente se encontraban en los teléfonos celulares de los imputados.

Probablemente la investigación alcanzará a otros funcionarios.

Así fue el montaje

El documento elaborado por la Fiscalía Nacional, el mismo que la llevó a no perseverar en la investigación y a iniciar la indagatoria que apunta a Carabineros, constató que los mensajes supuestamente hallados en los teléfonos de los imputados no estaban almacenados como diálogos de mensajería, y que algunos textos eran posteriores a la fecha de detención de los imputados de la Operación Huracán.

En este peritaje se analizó un teléfono marca Alcatel, incautado a Héctor Llaitul. Ahí se encontró un archivo con la extensión .txt, de presuntos diálogos del vocero de la CAM a través de la aplicación Telegram.

Sin embargo, el Oficio 80/2017 de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, ULDECO, de la Fiscalía Nacional, concluyó que “el archivo no sería servicio de mensajería. Esto considerando que no tiene TimeStamp (marca temporal) ni la estructura de un elemento exportado de la aplicación de mensajería Telegram, ya que las bases de datos generadas por Telegram corresponden a ficheros de nombre Cache.db”.

Otra situación ocurrió en presuntos mensajes que Llaitul habría enviado y recibido desde un teléfono celular marca Lenovo. Ahí, el vocero de la CAM habría recibido de un alias “Matute”, un listado de armas, a lo que este habría respondido “de Argentina me van a llegar”.

De esas comunicaciones, la Fiscalía Nacional concluyó:

“En cuanto a la fecha de creación del archivo que se registra en el soporte entregado por Carabineros es el 25/09/2017 a las 11.58, información que se obtiene desde la imagen digital forense”.

Sin embargo, Llaitul había sido detenido por la policía uniformada dos días antes.

El tema de las fechas inconciliables se repitió en otros casos, como en el análisis de la información extraída desde el teléfono celular del imputado Martín Curiche.

Ahí se encontraron cuatro archivos “planos”, es decir, con el formato txt, que no está asociado a los servicios de mensajería. Todos estos escritos, que mencionan presuntos atentados, fueron creados entre las 20.45 y las 22.35 del 23 de septiembre, cuando Curiche ya llevaba detenido más de cinco horas.

Como es apenas natural, la versión de Carabineros difiere en 180 grados.

Apela al informe 857-1-2017 de LABOCAR, presuntamente elaborado después del 25 de septiembres, tras instrucción de la fiscalía.

En este informe hay un párrafo clave para sostener la versión de Carabineros:

“Dentro de la información obtenida, es importante destacar (01) archivos de texto, en formato “txt” de nombre “text”, el cual se encuentra ubicado en la carpeta “Telegram”, arrojando como fecha de creación, el 02-01-2010 (…). que corresponde a lo que podría ser conversaciones entre distintas personas”.

Además, Carabineros se aferra a la versión de que fue esa institución la que informó a la fiscalía sobre conversaciones en textos “txt”; aduce el uso de los programas de extracción de datos UFED y OXYGEN y afirma que los peritajes a los teléfonos fueron practicados en presencia de los fiscales Carlos Cornejo, Enrique Vásquez, Roberto Garrido y Felipe González estuvieron en la diligencia.

La fallida Operación Huracán

El 23 de septiembre de 2017, personal del GOPE de Carabineros allanó la casa del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, Héctor Llaitul, en Concepción, y procedió a detenerlo.

Empezaba la Operación Huracán, cuyo final aún no se divisa, pero como dijo el propio  Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, señalado como el responsable político de la misma, “si se llega a probar parte de los hechos el costo institucional será muy alto”.

En paralelo, la Dirección de Inteligencia de Carabineros detuvo a otros siete comuneros mapuche: David Cid, Ernesto Llaitul Pezoa y Claudio Leiva, de la CAM; Fidel Tranamil y Martín Curiche,  supuestos líderes de la Weichan Auca Mapu, WAM y Jaime Huenchullán Cayul y Rodrigo Huenchullán Cayul, sindicados por la policía como miembros de la Resistencia Mapuche Malleco, RMM.

“Hace seis meses se venían investigando diferentes causas señaladas por diferentes hechos de violencia rural y de carácter terrorista, por lo que se ha procedido el día de hoy a efectuar diferentes allanamientos entre las regiones VIII y la XIV”, afirmó ese día el general Christian Franzani, de la zona Araucanía.

“Esto ha derivado en que hay personas detenidas (…) Todas estas personas están vinculadas de una u otra forma, de acuerdo a los antecedentes, con pruebas científicas que existen también, a diferentes delitos, entre ellos también quema de camiones y la quema de iglesias”, agregó.

Héctor Llaitul había salido recientemente de prisión, luego que el Tribunal de Garantía de Cañete le rebajó cinco años de su condena. Javiera Llaitul, su hija, quién se encontraba en la casa en el momento del allanamiento, denunció:

“Sufrimos un allanamiento, estábamos en nuestra casa y entraron violentamente los carabineros, sin orden, nada. Nos empujaron, a mí me pegaron, a mi mamá también y se llevaron a mi papá en dirección a Temuco”.

La Dirección de Inteligencia de Carabineros entregó un dossier a la Fiscalía Regional de La Araucanía con una serie de interceptaciones de mensajes emitidos desde los supuestos teléfonos celulares de los detenidos. En ellas se daba cuenta de coordinaciones para perpetrar atentados incendiarios a camiones e incluso un presunto tráfico de armas. Además, se señaló que el objetivo de esta agrupación era incendiar 100 camiones.

El 24 de septiembre fueron formalizados y se les imputaron tres atentados, entre ellos el ocurrido el 19 de agosto en Padre Las Casas, en que fueron quemados 17 camiones. Los informes de inteligencia policial consignaban que este grupo se asoció para efectuar distintos atentados bajo el mando de  Héctor Llaitul. Esto según el Ministerio Público conformaría una asociación ilícita terrorista.

La acusación parte de la base de unos mensajes de Whatsapp que fueron interceptados donde los acusados supuestamente se repartían “órdenes y felicitaciones” para la realización de los atentados.

Además de esto, la Fiscalía acusó al Machi Fidel Tranamil y Martín Curiche de ser partícipes de “incendio terrorista”  en tres atentados: a la empresa Cavallieri en Pillanlelbun, a la transportista Calafquén en Metrenco y a la empresa Llico, subcontratista de Forestal Mininco en el Fundo La Envidia.

La defensa argumentó que las detenciones no se ajustaban a derecho, debido a que las únicas pruebas son estos mensajes intervenidos por la inteligencia de Carabineros, los cuales no sirven como elemento judicial. Sin embargo la Jueza determinó un plazo de investigación de 4 meses y la prisión preventiva de todos los detenidos, resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

El abogado Nicolás Toro, defensor de Jaime y Rodrigo Huenchullan, dijo al terminar la audiencia:

“Las imputaciones son bajas, burdas, todo lo que trasciende no tiene antecedentes mínimamente contundentes que puedan sustentar las acusaciones y dictar una prisión preventiva. Creemos que esto es un montaje de inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, en complicidad con Carabineros. La ANI recopila información  pero no la puede llevar a un caso penal”.

Para el dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan los detenidos, “son completamente inocentes de los cargos que se le imputan. Toda esta detención obedece a la presión política que han hecho los gremios camioneros, forestales y agrícolas. A eso esta respondiendo la policía. Estamos enfrente de uno de los montajes más absurdos y burdos que ha hecho la policía”.

Patricia Cuevas, abogada de la Defensoría Penal Mapuche, anticipó con sagacidad:

“Les podemos adelantar lo que va a pasar. Esto se repite una y otra vez en la región de La Araucanía. Si fuera la primera o segunda vez, tal vez podríamos tener algo de sorpresa. Ellos van a estar privados de libertad en una investigación que se va a extender bastante, como siempre se extienden las investigaciones por supuestos delitos terroristas. Los vamos a sacar en libertad, la Corte los va a volver a meter, los vamos a intentar sacar de nuevo y, el día de mañana, en un juicio oral van a ser absueltos, porque definitivamente no existe prueba para vincular a ninguno de los imputados con los delitos que se les están atribuyendo. Y menos por delitos de carácter terrorista. Incluso en la querella se hizo alusión a un delito que ni siquiera está en la ley 18.314. Hasta ellos están confundidos y están queriendo darle un carácter de terrorista que no es tal”.

No obstante, el Director de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, que también estuvo en la audiencia, señaló:

“La labor de Inteligencia es un trabajo silencioso, oportuno, y responsable, pero, ante todo, un trabajo eficaz, y así ha quedado demostrado el día de hoy, con los resultados que estamos dando a conocer. En la zona, solo en el presente año, el trabajo de inteligencia ha permitido la detención de 167 personas que mantenían órdenes vigentes”.

No conforme con ello, formuló un llamado a modificar las leyes que faciliten la labor de inteligencia:

“A eso iba mi indicación, que los antecedentes recogidos de la ley de inteligencia puedan ser útiles para iniciar una investigación, y también, protección al agente de inteligencia, que nos permita realizar investigaciones mucho más ágiles; en la ley de inteligencia el agente encubierto no está protegido legalmente ante la comisión del algún hecho, como si lo está, por ejemplo, en la ley de drogas”.

El 26 de octubre, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, anunció que el subsecretario del Interior, Mahmud  Aleuy viajaría a Argentina, para reunirse con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich:

“La cita entre ambas autoridades  tiene por objetivo coordinar acciones entre los gobiernos en torno a la denominada Operación Huracán, caso en el que nueve personas permanecen formalizadas y en prisión preventiva por una serie de ataques incendiarios ocurridos en la macrozona sur”.

Agregó:

“Hay antecedentes que ameritan el viaje del subsecretario del Interior a ese país, con el objetivo de intercambiar información. Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía y puestos a disposición de la Justicia. El llamado del Gobierno, como siempre, es a ser respetuosos de las facultades de cada una de nuestras instituciones y dejar que cada una de ellas hagan su trabajo de acuerdo a lo que establecen las normativas que los rigen”.

La ampulosa Operación Huracán se derrumbó cual castillo de naipes el 19 de octubre de 2017, cuando, en fallo unánime y contundente de los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Milton Juica, Lamberto Cisternas,  Andrea Maria Muñoz, Carlos Cerda y Manuel Antonio Valderrama, acogieron un recurso de amparo interpuesto por las defensas, y ordenaron la inmediata libetad de los ocho imputados.

El considerando Décimo Tercero, destruyó de una plumada el pretendido rigor científico de la prueba:

“Todo lo que se ha venido razonando, demuestra claramente que en la especie ha existido una manifiesta afectación de la libertad personal de los recurrentes al privárseles de ésta mediante una resolución que, al menos en relación al requisito de la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, es carente de toda fundamentación, de hecho y de derecho, que la justifique, lo que es de mérito suficiente para acoger la acción constitucional intentada en estos antecedentes. Por estas consideraciones y de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y disposiciones legales citadas, se revoca la sentencia apelada de cinco de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco (…) disponiéndose su inmediata libertad”.

Pero todavía faltaba el último capítulo de la Operación Huracán, el cual empezó a desarrollarse el 25 de enero pasado, cuando el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, inició una investigación por una falsificación de las pruebas entregadas por Carabineros en el caso; y presentó una querella ante el Ministerio Público acusando que se crearon pruebas falsas para perjudicar a una de sus asistentes, Mónica Palma, sindicada como quien filtraba información a Llaitul.

La aseveración de la fiscalía regional se basaría en peritajes realizados por la propia fiscalía y organismos externos a la entrega de los mensajes de Whatsapp y Telegram como prueba por parte de Carabineros.

Así, la Fiscalía anunció el cierre de la “Operación Huracán” sin acusados.En sus declaraciones, el fiscal Arroyo aseguró que se trata de un montaje orquestado desde la Dicolpar, luego que se negara a usar elementos fuera de la ley para llevar adelante sus indagatorias.

Militarización de la Araucanía

En un comunicado fechado el 15 de septiembre de 2016, trece presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, denunciaron una nueva política de persecución y judicialización de la demanda mapuche, componente de una estrategia diseñada por el gobierno, en marcha desde enero de ese año, a través de la implementación de la nueva Prefectura de Carabineros Araucanía Control y Orden Público, con asiento en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla.

Bajo el mando de esta prefectura están las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, en Arauco; La Araucanía y la zona norte de la Región de Los Ríos, es decir el territorio que contempla las movilizaciones del movimiento mapuche.

Esta nueva prefectura es dirigida por el general Máximo Lira y el nuevo organigrama incluye una nueva logística e infraestructura destinada a perseguir a las comunidades en resistencia y así dar mayor seguridad a las empresas forestales.

La Prefectura Araucanía Control y Orden Público tiene bajo su alero la nueva Sección de Operaciones Especiales de La Araucanía, la sección Aérea Araucanía, la Prefectura de Fuerzas Especiales N° 32, la Primera Comisaría de Fuerzas Especiales de Temuco, la Segunda Comisaría de Fuerzas Especiales, la Tercera Comisaría de Fuerzas Especiales de Mallleco, la Subprefectura de Fuerzas Especiales de Arauco y la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales de Los Alamos, además de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada que tiene entre sus oficiales a Marcelo Teuber Muñoz, Patricio Marín Lazo, Leonardo Osses Sandoval y David Gaete Beltrán.

En marzo de 2017, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la situación de violencia en La Araucanía, el director general de Carabineros, Bruno Villalobos,  declaró que en las regiones del BíoBío, Araucanía y Los Ríos, Carabineros tiene 1.389 oficiales en la zona, con 50 vehículos blindados y 93 semiblindados, además de drones y aviones sin tripulantes para cumplir su labor enfocada, primordialmente, a proteger intereses de empresas forestales, la que incluye extensos patrullajes y masivos controles carreteros a la población civil.

Es en este contexto en el que se producen los montajes.

“En lo que respecta a los controles vehiculares, carabineros arbitrariamente y sin pruebas detiene comuneros de lof en lucha, proceden a cargarlos con armamentos y municiones para justificar sus procedimientos y posteriormente encarcelarlos, amparándose en la nueva ley de armas que endurece las penas generando la automática prisión preventiva para quien sea acusado de porte y tenencia de armamentos y/o municiones”, acusan los presos mapuches en el documento.

El montaje Castro Antipan

El oficial Patricio Marín Lazo es ampliamente conocido en La Araucanía. En 2012 se desempeñaba como Jefe de la Unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco cuando se produjo el montaje de de la infiltración del agente Raúl Castro Antipán en comunidades mapuche. Durante el juicio oral en el tribunal de Temuco, se conoció la verdad completa: Castro Antipán no sólo participó de numerosos ataques incendiarios, sino que después inculpó a terceros, entre ellos, a Luis Marileo y Patricio Queipul, ambos menores de edad a la sazón, en el caso el caso “peaje de Quino” de 2009.

Fue el propio Castro Antipán quien admitió públicamente su participación en el “caso Tur Bus” y el caso del “peaje Quino”, ocurridos en julio y octubre de 2009.

Por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, treinta comuneros mapuche fueron encarcelados y posteriormente liberados entre 2009 y 2014, entre los que se encontraban Patricio Queipul y Luis Marileo.

Castro Antipán impetró el beneficio de la delación compensada, incluido en la Ley Antiterrorista. Irónicamente, se transformó entonces en el primer y único mapuche en ser condenado por asociación ilícita terrorista. En esa época, Patricio Marín Lazo respondía al entonces director de Inteligencia de Carabineros, el actual director general de la institución, Bruno Villalobos.

El caso del peaje Quino merece una consideración especial, puesto que aparecen en toda dimensión las torpezas de la inteligencia que estallaron en el caso Operación Huracán.

Así, el considerando Undécimo del fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, suscrito por los magistrados Ximena Saldivia Vega, Presidente de Sala, Priscilla Frantzen Cervantes y Gloria Fernández Ortiz, el 17 de octubre de 2014, señala:

“Antes de valorar la prueba rendida es necesario pronunciarse acerca de la declaración prestada en estrados por el testigo Raúl Castro Antipan. Se acreditó en el juicio que este testigo tiene la calidad de coimputado en la  misma  causa, lo que queda en evidencia al leer la acusación fiscal. Esta persona fue acusada y condenada por estos hechos, por delitos calificados como terroristas, acogiéndose a la figura de la delación compensada, contemplada en el artículo 4° de la Ley N°18.314, con el objeto de obtener un beneficio procesal consistente en la rebaja de la pena. La existencia de una condena en contra de Castro Antipán por estos hechos y la circunstancia  de tratarse de un delator compensado no fue controvertido en la audiencia e incluso fue reconocido expresamente por el Ministerio Público en sus alegatos de apertura y clausura. El propio Castro Antipán corroboró dicha  circunstancia al señalar en estrados que fue condenado en octubre del año 2010, por los delitos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado reiterado terrorista e incendio”.

Sin embargo, los astutos autores del montaje, el entonces capitán Patricio Marín Lazo, y su agente Raúl Castro Antipán, cometieron un error que al final del día fue fatal para sus pretensiones, pues el mismo considerando agrega:

“La delación compensada o arrepentimiento eficaz es una figura especial y exclusiva de la llamada Ley  Antiterrorista, texto que no es aplicable en procedimientos seguidos contra adolescentes”.

En otras palabras, los temibles agentes del requetecontra espionaje pensaron en todo, menos en revisar las cédulas de identidad de Patricio Queipul y Luis Marileo.

Pero no sólo eso. El considerando Décimo Noveno remacha:

“En cuanto a la  participación de los acusados el Ministerio Público rindió prueba consistente en la declaración de Raúl Castro Antipán y Patricio Alejandro Marín Lazo,  declaraciones que el Tribunal no puede valorar en virtud de lo razonado en el considerando undécimo. Ningún otro testigo o perito sitúa a los acusados Queipul Millanao y Marileo Cariqueo en el sitio del suceso. Los testigos presenciales no realizan descripción física de ninguno de los  sujetos del grupo armado, refieren expresamente que no les vieron sus rostros pues estaban encapuchados. No existe ningún antecedente, ni prueba incorporada al juicio, que permita al Tribunal establecer algún grado de  participación de los  imputados en los hechos por los cuales fueron inculpados o en los que se dieron por acreditados, razón por la cual serán absueltos de todos los cargos deducidos en su su contra y por todos los delitos que fueron acusados”.

El hoy mayor Patricio Marín Lazo, sindicado como el principal articulador de la Operación Huracán, fue uno de los oficiales que allanó el domicilio de la familia de Héctor Llaitul el día de su cinematográfico arresto.

El actual jefe de la zona Araucanía de Control de Orden Público, general Marcelo Teuber Muñoz, era el oficial que lideraba la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, UIOE, durante la ejecución de la Operación Huracán, unidad a la que pertenecen Osses y Marín. En ese entonces mantenía el grado de coronel siendo ascendido más tarde a general por la Presidenta Bachelet.

Maestros del montaje

En materia de montajes y violación de derechos humanos de detenidos mapuche, otro que bien baila es el mayor Leonardo Osses Sandoval.

De entrada, su hoja de servicio registra una curiosa anotación: tenía a su cargo el resguardo del armamento de la unidad de inteligencia de Angol, cuando desapareció un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros.

El oficial en más de una oportunidad se llevó su arma de servicio, y aparentemente por rutina habría quedado consignado en el libro de guardia de la unidad policial que en esa fecha también la sacó del cuartel policial, pero hasta ahora no existe ninguna evidencia que pruebe que Osses tenía la pistola cuando se extravió.

Como en el libro de guardia estaba consignado que se había llevado el armamento institucional y había una investigación en curso, el capitán de inteligencia ordenó rehacer el libro y destruir el original, el cual fue incinerado.

Por la destrucción del libro de guardia el fiscal militar, Eduardo Padilla, procesó a Osses Sandoval, por el delito de “infidelidad en la custodia de documentos”, e incluso llegó a estar en prisión preventiva. por haber eliminado el libro original sin estar autorizado.

En caso de ser declarado culpable, el capitán de Carabineros arriesga una pena mínima de 61 días de presidio. La investigación sigue abierta, pero el oficial volvió al servicio.

En el comunicado de septiembre de 2016, los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu lo acusaron de montaje:

“Hoy sabemos que estos montajes han sido fabricados por unidades de inteligencia de carabineros a cargo del capitán Leonardo Osses Sandoval, quien ha estado presente en al menos seis casos donde se ha puesto de manera artificial armamento y/o municiones para encarcelar a comuneros”.

Cuatro de los comuneros privados de libertad que realizaron la denuncia se encuentran imputados por el delito de porte de municiones. Existen otros dos casos donde los imputados permanecen en libertad con medidas cautelares y en los que se repite el mismo modus operandi.

El denominador común es la participación de los mismos policías en los distintos procedimientos, todos pertenecientes a Sección de Investigación Policial (Sipolcar) y la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanía, esta última dependiente de la nueva Prefectura Araucanía Control y Orden Público, con jurisdicción exclusiva en las zonas de conflicto mapuche.

El caso más ilustrativo es el de Oscar Cona Viluñir, quien registra dos detenciones similares siendo formalizado en ambas ocasiones por porte de municiones, que  le significaron una prolongada prisión preventiva.

El 21 de abril de ese año, fue detenido en el sector Alto Lleu Lleu en el camino público que enlaza el sector de Antiquina con la comuna de Contulmo.

Según el parte policial, se trató de una fiscalización vehicular de rutina, de la cual Cona habría intentado huir:

“El teniente David Gaete Beltrán procedió a la revisión de las vestimentas del detenido, encontrándole en el bolsillo derecho de su pantalón la cantidad de 6 cartuchos calibre 9mm. El suboficial, mayor Juan Meza Terán, procedió a revisar el vehículo hallando en la guantera 5 cartuchos calibre 12 y 2 cartuchos calibre 16”.

Fue formalizado en Cañete y quedó con medidas cautelares.

Casi dos meses después, el día 16 de junio, en un procedimiento similar, Cona Viluñir volvió a ser detenido. Otra vez en su vehículo y en el mismo camino público. El parte policial señala:

“Al realizar el registro de éste, el cabo Muriel Navarrete Zapata encontró en la parte delantera del habitáculo, específicamente en la guantera ubicada al costado derecho, lugar donde mantenía 4 cartuchos calibre 9mm sin percutar. De igual forma, mientras el capitán Leonardo Osses Sandoval revisaba el portamaletas del móvil, observó que había una mochila tipo militar, la cual registró, logrando establecer que mantenía en su interior 5 cartuchos calibre 9mm”.

Cona Viluñir fue nuevamente formalizado y quedó en prisión preventiva.

En dicha detención, Cona sufrió la fractura de tres costillas, según consta en el parte médico del hospital Kallvu Llanka de Cañete.

“El capitán Osses me dijo que mirara la mochila que estaba en un rincón y que pensara cómo se vería con algunas municiones adentro”, dijo Cona, miembro de la comunidad Caupolicán, que mantiene un conflicto territorial con las forestales Arauco y Volterra en el sector de alto Lleu Lleu.

El Ministerio Público solicitó dos penas de 541 días de cárcel para Cona por estos hechos.

Según consta en la carpeta investigativa, el tribunal solicitó a los oficiales Gaete Truan y Osses Sandoval -principales testigos- que entregaran mayores antecedentes.

En octubre de 2017, más de un año después de la formalización, el Tribunal Constitucional respondió a un requerimiento de la defensa de Cona, cuestionado el largo uso de la prisión preventiva y la calidad de las pruebas.

En diciembre de 2017 se desarrolló el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Ni Gaete ni Osses se presentaron a declarar y se absolvió por unanimidad a Cona Viliñur.

“El Ministerio Público no incorporó prueba necesaria para acreditar todos los elementos del tipo penal, requeridos para lograr la condena del acusado”, argumentaron los jueces Cristian Medina, César Guzmán y Liliana Medrano.

Sobre el segundo delito -la segunda detención- el fallo establece que no se presentó ninguna prueba contra el acusado. Por lo mismo, se condenó al propio Ministerio Público y a la Gobernación de Arauco a pagar las costas.

En declaraciones a El Desconcierto, Cona relató:

“Cuando me detuvieron la primera vez me llevaron hasta orillas del río Lanalhue y me empezaron a preguntar por algunos peñi. El que hacía las preguntas era el capitán Osses, quien además me decía que le dijera dónde estaban las armas”.

En la segunda detención, en la que fue golpeado y sufrió la fractura de tres costillas -según confirmó el parte médico del hospital KalvuLlanka de Cañete-, lo mantuvieron retenido en la comisaría de Contulmo. Agrega Cona Viluñir:

“El capitán Osses me dijo que mirara la mochila que estaba en un rincón y que pensara cómo se vería con algunas municiones adentro”.

El montaje contra Daniel Melinao

El 2 de abril de 2012, 76 oficiales del GOPE, Fuerzas Especiales y de la unidad de Inteligencia de Carabineros allanaron la comunidad Wente Winkul Mapu, con el fin de dar con Eric Montoya, quien tenía una orden de detención pendiente.

Tras un enfrentamiento, el cabo Hugo Albornoz recibió una bala en el pecho, la que le causó la muerte.

Los fiscales Luis Chamorro, Héctor Leiva y Luis Arroyo acusaron a Daniel Melinao Melinao, werken de la comunidad, de ser el autor del homicidio.

Aseguraron que llegó a la casa de Montoya a repartir balas que después impactaron el casco del capitán Rodrigo Rojas Álvarez, el pecho de Hugo Albornoz y que hirieron al suboficial Víctor Mena. Solicitaron 30 años de cárcel.

La principal prueba era el testimonio del teniente Leonardo Osses Sandoval, presentado como el jefe de Sipolcar de Malleco, quien declaró haber visto a Daniel Melinao en el lugar. De todo el contingente, el único que lo vio fue Osses.

Melinao terminó absuelto -tras 9 meses en prisión preventiva- en una sentencia que cuestiona duramente a la Fiscalía y a la inteligencia de Carabineros, hoy enfrentados tras el escándalo de la Operación Huracán.

El asesinato del cabo Albornoz ocurrió en abril de 2012. Ese mismo mes, Daniel Melinao declaró voluntariamente ante la PDI. Sin embargo, recién fue detenido un año después, pese a que Osses declaró haberlo visto en el lugar de los hechos.

Pero esa no es la única contradicción: un peritaje telefónico estableció que Daniel Melinao no se encontraba en la comunidad Wente Winkul Mapu el día del allanamiento, sino que estaba en Collipulli, donde fue a acompañar a su padre a realizar unos trámites.

También se presentó un video, grabado desde el casco del oficial Marco Medina. Este fue editado por el perito Pablo Bravo, quien reconoció haber modificado duración, colores y otras cosas para que quede de mejor calidad.

En el registro, se ve un punto rojo, probablemente de una persona que vestía una prenda de dicho color.

Todos los Carabineros que declararon en el juicio aseguraron haber visto a Melinao de forma “clara y concisa”.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol desechó esa prueba en la sentencia:

“Resulta inexplicable para el tribunal, por cuanto tales imágenes son absolutamente difusas, como sus colores (…) no se puede distinguir si se trata de hombres o mujeres, no se divisan con claridad sus rostros dado que fueron captados de perfil, tampoco si usan pelo largo o corto”.

El inspector  Alex Díaz, de la Brigada de Homicidios de la PDI, reveló en estrados la existencia de dos teorías de investigación: fuego amigo o la participación de terceros. Esto se sumó al hecho de que la bala que mató a Albornoz era de calibre 38, del mismo modelo que portaban los funcionarios policiales en el allanamiento.

Los jueces fueron particularmente duros con Leonardo Osses, jefe de Inteligencia en Malleco:

“Es incoherente e inconsistente para construir con su relato una hipótesis que conduzca a la elaboración de una certeza jurídica”.

“Tras el precario desempeño probatorio que se ha analizado (…) La absolución no puede resultar más categórica”, concluye la sentencia.

El juicio fue anulado en la Corte de Apelaciones. En el segundo juicio oral, Daniel Melinao volvió a ser absuelto.

Paradójicamente, en abril de ese mismo año, en el marco del octogésimo aniversario de Carabineros, el capitán Leonardo Osses Sandoval fue reconocido con el “Premio Ministerio Público”, galardón que la fiscalía entrega a funcionarios policiales que aportan con antecedentes que ayudan a resolver casos de alta connotación pública.

Torturas a ex sacerdote y gatillo fácil

En lo que refiere a la represión contra el pueblo mapuche, el teniente David Gaete Beltrán ostenta una dudosa celebridad

El ex sacerdote Luis García Huidobro fue detenido en abril de 2017, ocasión en que fue golpeado y torturado:

“Me tuvieron en el suelo un buen rato, unos 20 minutos, todo el tiempo golpeándome. Me agarran me suben a camioneta y los carabineros venían encapuchados, dos adelante y dos al lado mío, todo el tiempo golpeándome“.

Luego, identifica al oficial que lo torturó:

“En un momento lo nombran por su apellido, Gaete. Ahora vi el papel en la comisaría, David Gaete, ese me venía golpeando todo el tiempo. En la comisaría me insultaron todo el rato. ‘No te imaginái lo que le hice a tu hijita’, me decían. Yo tengo un bebe, es niñito, pero me decían ‘no te imaginái lo que le hice a tu hijita y tu señora’“.

Sobre la razón de su detención, el ex jesuita señaló:

“Cuando me subieron, me dijeron ‘te vamos a llevar por andar poniendo hueás en redes sociales de nosotros‘. Y claro, yo en redes sociales he hecho denuncias respecto al proceder de esta misma unidad. A Gaete lo nombraron, era el que me pegó. Es la Sipolcar (Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros), sé que participaron Cuevas y Gaete, que son personas que yo he denunciado por las torturas que le han hecho a comuneros mapuche. Gaete es un carabinero torturador y ese me venia pegando. Es el mismo que torturó por horas a los cabros del lof Choque“.

https://www.facebook.com/HoyCanete.cl/videos/1255855961188293/

 

Ese mismo día, los mismos efectivos policiales que detuvieron a García Huidobro, y en la misma camioneta que los trasladaba, atacaron a balazos a varios comuneros mapuche, sin mediar razón ni provocación alguna.

Miguel Huenchuñir, que ese día se dirigía junto a su familia al culto evangélico y se cruzó con la patrulla policial, entregó su testimonio:

“Iba de mar a cordillera, hacia arriba, y ellos venían bajando a la carretera principal de Tirúa-Cañete, donde posteriormente nos encontramos con ellos. Al minuto no me percaté de que venían disparando”.

En el video de más abajo se pueden ver los orificios que quedaron en el auto de Huenchuñir como resultado del ataque. Luego de los disparos, agrega:

“Después que disparan ellos siguen su camino y tuve que seguir porque siguieron disparando más abajo, se sentían los impactos de bala, pero no me pude detener por temor a que tiraran otro disparo”.

Luis García Huidobro iba detenido en la camioneta desde donde se le disparó a Huenchuñir y a otras personas. Relata:

“Yo iba en la camioneta que le disparó al peñi. Yo iba sentado al medio en el asiento trasero, me llevaban esposado y el que estaba a mi izquierda iba tratando de que yo no mirara lo que ellos iban haciendo”.

En la oportunidad, vuelve a identificar al teniente David Isaac Gaete Beltrán, de la Sipolcar:

“Ya es conocido como torturador en las comunidades mapuche”.

El teniente David Gaete Beltrán también aparece implicado en las graves lesiones por herida de bala que sufrió Ruth Meñaco Paine.

El 27 de julio de 2016, Ruth Meñaco declaró en la fiscalía de Cañete:

“Venía bajando un Skkider (maquinaria forestal) que venía escoltada por carabineros armados y con cascos. Cuando van pasando frente de mi casa, uno de ellos se devuelve y se comienza a acercar a mí apuntándome con la escopeta, y me apuntaba de la cabeza a los pies, y la movía para los lados. Yo le dije que estaba acá, limpia. Que nadie estaba armado, que se fueran de nuestras tierras y este sujeto, sin ninguna advertencia, cuando estaba como a unos 6 metros, me dispara. Yo estaba con las manos arriba y veo salir fuego del cañón de la escopeta y luego empiezo a sentir dolor en mi pierna y me doy cuenta que me había dado y también me percato que atrás mío estaban mis hijos a los que nada les paso”.

El informe emitido por el Servicio Médico Legal (SML) catalogó como “graves” las lesiones y la fiscalía, a petición del querellante, dio orden de investigar a la Policía de Investigaciones, PDI.

Según la carpeta de investigación, 21 carabineros, entre funcionarios del GOPE, Fuerzas Especiales y Sipolcar, participaron del operativo el día que Ruth Meñaco terminó herida.

La PDI les tomó declaración y les exhibió un set fotográfico extraído del video filmado por la comunidad. Sin embargo ninguno de los Carabineros logró reconocer al autor del disparo. Dos de ellos, un cabo de la Sipolcar y el teniente coronel a cargo del operativo, identificaron al funcionario de civil que portaba el escudo: el teniente de la Sipolcar, David Gaete Beltrán.

El 10 de enero de 2017, el cabo de la Sipolcar, Víctor Jara Muñoz, declaró:

“Debo señalar que la persona que aparece con el escudo balístico es mi teniente David Gaete Beltrán, a quien reconozco por su vestimenta de civil y además porque él era el único que portaba dicho escudo. En relación al otro funcionario que se aprecia en la fotografía, no logro reconocerlo, ya que la imagen no es clara ni legible; sólo puedo distinguir que corresponde a un funcionario de Fuerzas Especiales por su vestimenta”.

El 3 de febrero de 2017, el teniente coronel de Carabineros, Marcos Urrejola Ortiz, señaló ante los funcionarios de la Bricrim:

“Respecto a lo que se consulta y a las fotografías exhibidas, debo señalar que sólo logro reconocer al teniente Gaete, de la Sipolcar Arauco, quien es el que aparece manipulando es escudo balístico en la secuencia del video. Referente al otro funcionario, no estoy en condiciones de asegurar de quién se trata”.

El resto de los funcionarios declararon en bloque. Todos dicen desconocer a Ruth; todos estaban en la carretera prestando cobertura, alejados de la vivienda donde se ejecutó el ataque, y ninguno pudo identificar al autor del disparo bajo la excusa de la imagen difusa.

Sin embargo, de acuerdo a la nómina emitida por la Prefectura de Arauco a petición de la fiscalía, cuatro de los 21 carabineros que participaron del procedimiento utilizaron armas de servicio compatibles con la escopeta calibre 12 de la cual salió el disparo que hirió a Ruth, lo que reduce el número de sospechosos.

Ellos son el capitán de la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales de Los Álamos, Juan Ojeda Zurita; el teniente de la misma unidad; Francisco Troncoso Vásquez; el sargento de la Tercera Comisaría de Cañete, Luis Saavedra Riquelme y el cabo del Gope Araucanía, Rodrigo Monares Navarrete.

De los involucrados, dos nombres son conocidos en la zona de Cañete y Tirúa, epicentro del conflicto territorial existente en el sur de la provincia de Arauco. Se trata de los tenientes Francisco Troncoso Vásquez y David Gaete Beltrán. Ambos han participado en otros episodios de violencia policial ocurridos en comunidades mapuche.

Troncoso fue el funcionario que disparó por la espalda a Hernán Paredes Puen durante el ataque perpetrado por el Gope en la comunidad María Colipi Viuda de Maril, en marzo de 2016. Paredes recibió más de 140 perdigones en su espalda y glúteos. Después de ocho meses en prisión preventiva, fue absuelto de todos los cargos.

El teniente David Gaete Beltran, oficial de la Sipolcar, es reconocido entre las comunidades y Lov en Resistencia de la zona. En marzo de 2017 encabezó el allanamiento en la misma María Colipi donde resultó baleada la camioneta de Miguel Huenchuñir, quien se dirigía a la iglesia junto a su pareja e hijos. Su nombre aparece también en los episodios de tortura denunciada por comuneros del Lov Choque en febrero de 2016 y ha sido acusado de “cargar” municiones a varios mapuche entre las comunas de Cañete y Tirúa.

El peculiar asesor de inteligencia de Carabineros  

Alex Smith Leay es docente en dos universidades de Temuco; ostenta postítulos y diplomados,  pero ninguno relacionado a la materia con que asesora a Carabineros, la misma que lo tiene  involucrado en la Operación Huracán como uno de los asesores de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en La Araucanía.

Alex Smith Leay, de profesión ingeniero agrícola, figura en la solicitud de no perseverar con la investigación ingresada por el fiscal Felipe González en el Juzgado de Garantía de Temuco.
El documento señala que ‘el profesor’ asesoraba al capitán de Carabineros Leonardo Osses, uno de los acusados de manipulación de pruebas por el fiscal Luis Arroyo.

Se cree que él habría entregado el software que interceptó los mensajes de Huracán, pero  como se sabe hoy, en realidad esos diálogos fueron implantados en los celulares de los acusados de la Operación Huracán.

Smith en su historial académico que mantiene público en la red social Linkedin muestra un gran abanico de conocimientos, pero ninguno en materias de inteligencia.

Sus primeros estudios los terminó en el 2000 en Inacap, de donde se tituló como ingeniero agrícola. Posteriormente cursó estudios la Universidad Santo Tomás, diplomados en Pedagogía para la Educación Superior, en Gestión de Negocios y magíster en Administración de Empresas, específicamente. También tiene títulos en la Universidad Mayor, uno es un diplomado en Educación Universitaria y el otro un certificado para la Enseñanza Online.

En ambas universidades donde cursó posgrados realizó clases hasta fines de 2017.

En el caso de la Universidad Mayor, dictaba cursos de Tecnologías de la Información en distintas carreras, pero que no era un profesor de planta, tampoco uno de los más reconocidos. Debido a su vinculación con la Operación Huracán, no será considerado para 2018.

En la Universidad Santo Tomás, oficiaba de profesor a honorarios en la carrera de Ingeniería Comercial, y también dictaba una serie de cursos. Uno de estos talleres los impartía juntto con Carabineros de Temuco.

Los conocimientos de Smith abarcan desde AutoCad 3D y Proyect, hasta Manejo y Manipulación de Carnes y Técnicas de Inseminación Artificial, según señala su perfil en Linkedin, donde también figura un acercamiento a la informática, con el curso “Dirección exitosa de proyectos de informática” y “Aplicaciones computacionales para la administración”.

En el portal ‘milaulas.com’ se le atribuye un curso de peritaje informático, del cual se señala entre sus objetivos, “conocer  los fundamentos teórico-prácticos para la realización de informes periciales informáticos”, “manejar las herramientas y técnicas más utilizadas para la realización de análisis forense en distintos sistemas operativos”, “conocer el funcionamiento las herramientas y técnicas más utilizadas para la realización de análisis forense en distintos dispositivos” y “aplicar los distintos estándares para la elaboración de informes periciales informáticos”.

En sus contactos de Facebook aparecen entre sus amigos, varios agricultores de la Provincia de Malleco, una de las zonas más afectadas por ataques incendiarios,

‘El profesor’ ya declaró ante la Fiscalía, en la investigación que lleva el fiscal Carlos Palma.

Colofón incierto

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, decretó secreto por 15 días en la investigación de las irregularidades de la “Operación Huracán”, medida que adoptó un día después de que citara a declarar al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, al jefe de Inteligencia, Gonzalo Blu, y al encargado de Orden Público de La Araucanía, Marcelo Teuber.

Hasta el momento las máximas autoridades del país han limitado a mantener una tensa cautela. En su única referencia al tema hasta la fecha, la Presidenta manifestó:

“Lo que hemos visto me parece extremadamente grave. Se ha visto una disputa entre instituciones que siempre tienen que trabajar juntas (…). Creo que aquí lo que es clave, clave, es saber cuál es la verdad: si hay un error en el peritaje de la fiscalía o si efectivamente hubo una manipulación de datos, porque aquí lo que es grave es que se pongan en tela de juicio instituciones que son claves para el país”.

El ministro del Interior, Mario Fernández, intentó poner paños fríos:

“Hay que pensar que ambos jefes institucionales creen estar haciendo bien su tarea, habiendo pensado ambos que hicieron bien la tarea, hay valoraciones distintas de cómo se está haciendo la tarea, me atrevo a decir que también ambas instituciones deberían dar los pasos para ir acercándose y resolver este asunto más allá de las investigaciones prejudiciales como judiciales que tienen que ir más allá, esto no es lo único que está haciendo la Fiscalía y Carabineros en Chile. Hay que pensar en eso también”.

Tras la consabida invocación de que el gobierno no puede abocarse causas pendientes, ni inmiscuirse en asuntos judiciales, aclaró que no está en tabla pedir la renuncia del general director Bruno Villalobos, y anunció que serán las conclusiones judiciales las que establezcan la existencia de delitos y las responsabilidades que podrían caberle a Carabineros o a cualquier otra entidad.

El general Villalobos, que interrumpió sus vacaciones por orden del Gobierno, se limitó a declarar a la salida de una reunión con el ministro del Interior:

“Me acabo de reunir con el ministro, me impartió instrucciones sobre la celeridad y la rapidez en las investigaciones que ese están llevando a cabo. Por otro lado, esperar la verdad judicial que tiene que llegar, una vez que termine este proceso, con esa verdad judicial, tomaremos las medidas que sean necesarias”.

La prudencia casi episcopal de esas declaraciones, revela por contraste la gravedad de la crisis.

Lo menos que debiera pasar es la salida inmediata de los oficiales implicados en la adulteración de pruebas, y los que individualice la investigación. Y también, por cierto, del general Blu, que habida cuenta de su desafiante declaración de la semana pasada, en la que poco le faltó para acusar a la fiscalía de amparar el terrorismo, no se entiende cómo sigue en el cargo.

Si operara el principio de la responsabilidad política, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, también debieran dar un paso al costado.

Pero aunque salieran todos estos personajes, tampoco bastaría para mitigar el daño que la Operación Huracán le ha inferido a la institucionalidad y a la convivencia democrática del país.

Qué confianza se puede tener en futuros procedimientos de Carabineros en la extremadamente caliente zona del conflicto mapuche, donde se enfrentan intereses seculares, virtualmente  irreconciliables; caracterizado por altos niveles de violencia. Mas aún si se demuestra el respaldo del Gobierno a una estrategia de neta naturaleza represiva, claramente orientada a defender los intereses de los terratenientes.

Quién responde por el sufrimiento infligido a mapuches inocentes, con la sistemática política de montajes jurídicos y policiales, facilitados por legislaciones adoptadas con criterios de clase.

Y lo peor de todo: cómo se puede restituir la ética de una institución fundamental para el funcionamiento de la república, encargada constitucionalmente del resguardo del orden público, extraviada hasta el punto de creer que la ley y el orden se defienden con represión indiscriminada, pre-constitución de escenarios y adulteración de pruebas, y que el fin justifica los medios, por ilegales que éstos sean; ante lo todo lo cual el lema institucional, Orden y Patria, aparece como un crueal sarcasmo.

Probablemente pasarán años, antes de que Carabineros recupere la confianza de los que por ley, están encargados de defender.

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