Los Negocios y Conflictos de Interés de los Dueños de Chile

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Pasaron pocos minutos antes de que emergieran las primera críticas al gabinete del segundo mandato de Sebastián Piñera, la mayor parte de ellas relacionadas a los negocios, vínculos empresariales y potenciales conflictos de interés de los integrantes del gabinete de Piñera. No en vano, durante los próximos cuatro años, Chile será atendido por sus propios dueños.


Entre los lazos más evidentes están los del presidente de la CPC y futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, con el grupo Penta. Tras abandonar el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2014, finalizado el primer gobierno de Sebastián Piñera, Moreno asumió la presidencia del grupo Penta luego de la renuncia de sus controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; involucrados en el escándalo tributario que los llevó a vender su participación en el holding y los negocios relacionados. Una transacción en la que también colaboró Moreno.

El ex canciller tuvo la tarea de calmar al mercado y de mostrar una compañía sin problemas financieros, en medio del proceso judicial que enfrentaban los controladores de Penta. Para ello, renovó también parte de los directorios de la compañía. Así, José Ramón Valente entró a la mesa de Banmédica, donde se mantiene hasta el día de hoy. La compañía se encuentra en proceso de pasar a manos de UnitedHealth Group (UHG) en una operación que podría llegar a los US$2.800 millones.

Valente y Moreno no son los únicos que mantiene lazos con el ex grupo Penta. A pocas horas del anuncio del gabinete, en las redes sociales comenzó a circular una columna escrita por el futuro ministro de Educación, Gerardo Varela, en 2014 para El Mercurio, en la que defendía el actuar de Carlos Alberto Délano.

“A Gabriela Mistral le preguntaron alguna vez por qué no vivía en Chile, y ella dijo, porque en Chile sería la “Gaby” no más. Es el problema de ‘El Choclo’, en cualquier país desarrollado le habrían dado una medalla por servicios a su país, acá preferimos dárselas a Alan García que nos demandó ante La Haya”, era el inicio de su escrito.

Varela trabajó con Délano en el proyecto “Escuelas para Chile”, iniciativa que buscaba levantar colegios en el sur con parte de los dineros recaudados a través de la Teletón realizada después del terremoto. La organización a cargo de administrar los recursos incluía a Varela y a Délano, junto a otros empresarios locales.

Las columnas de Varela han apuntado varias veces a polémicas del sector privado. En este sentido, acusó a Corfo de impulsar un “bullying que a nadie le importa” en contra de SQM en una publicación de 2016.

Estas defensas de Varela se mantuvieron en el plano social, pero el abogado asumió una tarea profesional a propósito de otro conflicto empresarial, el caso Cascadas. El futuro ministro fue defensor del socio de LarrainVial, Leonidas Vial, rol en el que negó que existieran pruebas para acreditar la existencia de un esquema.

Hace cerca de doce años que Gerardo Varela trabaja como abogado en el estudio Carola Diez Pérez-Cotapos y su trabajo en el caso Cascadas es sólo parte de su trayectoria. El futuro ministro también ha representado a Shell, Reebok, Unilever y Lefersa. Desde 2010 es presidente de Soprole, mesa a la que ingresó en 2002. También ha integrado la mesa de Iansa.

Valente y Moreno también tienen nexos con otras compañías. El más conocido, en el caso del primero, es su participación en Econsult, pero además, el economista es parte del directorio de Transelec y de Cementos Bío Bío.

Moreno, en tanto, tuvo una larga trayectoria en el grupo Falabella, donde fue parte del directorio. Además, ha manejado empresas propias: Telemercados Europa y Chuck E Cheese’s, compañías en las que vendió su participación hace algún tiempo.

Aunque estos tres futuros ministros recibieron las mayores críticas por su relación con polémicas empresariales, no son los únicos con estos lazos. El futuro ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, es actualmente director de Embotelladora Andina y Sigdo Koppers, además de asesor externo de Activa Asset Management, el brazo de capital privado de LarrainVial.

Pero hay más.

Nexo familiar de Susana Jiménez con caso Penta

El mismo día en que fue formalizado el ex administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, el 1 de octubre de 2015 también se leyeron cargos por delitos tributarios contra un alto ejecutivo de las empresas Penta, Marcos Comparini Fontecilla, marido de la próxima ministra de Energía, Susana Jiménez. Su vínculo familiar fue revisado mientras se tomaron las decisiones para componer el gabinete. Sin embargo, desde el piñerismo se enfatiza: “Ella es ella, él es él”. De hecho, quienes no visualizan un problema para el gobierno, explican que quienes lo hacen caen en apreciaciones “sexistas”. Sin embargo, más allá de la causa judicial, quienes advierten un conflicto señalan que podría abrirse un flanco en relación a Minera Dominga -de la familia Délano. Esto, porque su cartera es parte del Comité de Ministros que podría volver a ver el caso, según lo que falle el Tribunal Ambiental.

En tanto, y para evitar otros cuestionamientos, Comparini renunció el martes al directorio de la empresa Energía Latina (Enlasa).

Sin embargo, según la memoria de Energía Latina de 2016, si bien Marco Comparini no posee participación directa en la empresa, sí la tiene a través de Inversiones y Asesorías El Plomo Ltda, una sociedad que posee 437.263 acciones de Energía Latina S.A. y que fue creada en septiembre de 2005. Al menos hasta el 2016 figuran como socios Comparini y la designada ministra de Energía, Susana Jiménez.

Las empresas de Varela

El nombramiento de Gerardo Varela como futuro ministro de Educación fue una de las mayores sorpresas del nuevo gabinete de Sebastián Piñera. Y si bien su nombre es cuestionado por profesores y agrupaciones de estudiantes, sus 28 años de ejercicio como abogado corporativo le han abierto camino en el mundo empresarial. En este ámbito, resalta su designación como presidente del directorio de Soprole o su cargo de vicepresidente de Iansa, hasta 2016. Pero Varela también incursionó en el mundo de los negocios propios: según registros de Diario Oficial e información comercial, mantuvo participación en, al menos, 10 sociedades y posee propiedades avaluadas en $ 1.600 millones.

Entre las sociedades en las que participa está “Progreso Regional Aquinas S.A.”, la cual está dedicada a desarrollar “proyectos educativos en cualquier ámbito de la formación educacional”. En la vereda del derecho, en tanto, Varela asesoró a Ignacio Sánchez, rector de la U. Católica, en la venta de Canal 13 al grupo Luksic. También defendió a altos ejecutivos de Larraín Vial implicados en el caso cascadas.
Las asesorías de Gloria Hutt

“Sociedad de inversiones y consultoría Quiz SPA” es el nombre de la empresa que en junio de 2014, justo después de dejar la Subsecretaría de Transportes, formó Gloria Hutt junto al ex titular de esa cartera, Pedro Pablo Errázuriz. Fue a través de esta firma que Hutt se reunió en 2016 con funcionarios de Transportes, en calidad de “gestora de intereses”, a fin de conocer los “proyectos de inversión portuarios” que el ministerio tenía en carpeta. La cita se realizó en el edificio de calle Amunátegui 139, las mismas oficinas que serán su nuevo despacho a partir de marzo, cuando asuma como ministra del ramo. Su última actividad como gestora de intereses data del 22 de mayo de 2017, cuando se reunió con la ministra Paola Tapia. Además hasta diciembre pasado, Hutt asesoró al consejo directivo de TurBus, empresa que busca ganar la licitación de tres tramos del Transantiago entre 2018 y 2028.

Las sociedades del Santelices

“Me voy a atener a todo lo que dice la ley en este sentido, y no me moveré ni una coma de ello. Lo que sea correcto, jurídicamente impecable y transparente”, aseguró ayer Emilio Santelices Cuevas, recién designado ministro de Salud, al ser consultado sobre su participación en la Clínica Las Condes, donde posee acciones por menos del 1% de la propiedad.

Pero, además de estas acciones, Santelices registra otras sociedades vinculadas al área de la salud. Es así como desde los años 90 ha formado parte de, al menos, cinco sociedades médicas mediante las cuales prestaba servicios de salud, pero también arrendaba o enajenaba propiedades. Es así como el 4 de abril de 2017 Santelices, junto a cuatro socios, formó “Inversiones Estoril Salud SpA”, dedicada a la “adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios”.

Fideicomisos

Un tema obligado en el nuevo equipo de gobierno fue el de los alcances de la Ley 20.880, que rige desde 2016 sobre prevención de conflictos de interés de las autoridades. La norma obliga que los ministros que dispongan de más de 25.000 UF ($ 670 millones) en acciones a enajenarlas o entregarlas en mandato a una institución financiera con prohibición de tener información posterior sobre el manejo de los fondos. Varios de los miembros del gabinete están estudiando la ley para ver si se someten a fideicomiso. El próximo titular de Hacienda, Felipe Larraín, y el de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, firmarían un mandato, tal como lo hicieron en el gobierno anterior. José Ramón Valente, futuro ministro de Economía, está estudiando si le corresponde, al igual que Juan Andrés Fontaine, de Obras Públicas, y Pauline Kantor, de Deportes.

Parlamentarios

Los seis parlamentarios que el 11 de marzo pasarán de sus labores en el Congreso a ocupar un cargo en el gabinete ya tuvieron que hacer, en virtud de sus cargos, declaraciones de patrimonio e intereses con los estándares que exige la nueva ley. En ellas, se puede observar que el senador Baldo Prokurica declara participación en las sociedades agrícolas Longomilla y Konavle. Hernán Larraín declara la consultora en educación Asses, que se encuentra sin actividad e informa que Inversiones Los Peumos y Transportes Vaal terminaron su giro. Nicolás Monckeberg señala que su sociedad de servicios jurídicos Monckeberg Cruz Ltda. se encuentra sin movimiento desde 2016. Felipe Ward participa en Ediciones y Marketing Limitada. Alberto Espina es socio de Inversiones y Rentas El Peral e Inversiones La Colina, a través de las cuales tiene bienes raíces.


Los negocios privados del nuevo equipo económico de Piñera

por Catalina Albert, Pedro Ramírez, Fernando Vega

El envío de una nueva Ley de Pesca, la Reforma al Código de Aguas y el Estatuto de los Temporeros son tres de los proyectos relevantes que deberá zanjar el próximo gobierno y que tendrán como protagonistas al nuevo equipo económico. CIPER revisó en diversos registros oficiales las inversiones que podrían provocarles conflictos de interés en esas áreas clave a los ministros de Hacienda, Economía, Minería y Agricultura. Después de los escándalos por la Ley de Pesca y el royalty minero en su primer gobierno, es urgente para Piñera poner una barrera entre los negocios privados y la gestión pública.

“Hoy día tenemos que construir sobre la base de dar un impulso a la inversión y que esa inversión nos traiga progreso y crecimiento”. Así resumió José Ramón Valente su principal tarea como próximo ministro de Economía del segundo gobierno de Sebastián Piñera. “La primera piedra es reactivar las inversiones. Chile lleva cuatro años perdiendo plata en inversiones”, agregó tras su nominación.

Economista de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Chicago, el socio de la consultora Econsult y consejero de Políticas Públicas del centro de pensamiento de la UDI, Libertad y Desarrollo, está convencido de su receta para reactivar el crecimiento económico. Como asesor de empresas y experto en finanzas -pero no en macroeconomía- ha enfatizado en innumerables ocasiones la importancia de acelerar la inversión.

El rol que ha tenido su empresa Econsult en el asesoramiento de varias compañías –de casi todas las áreas de negocios- le ha permitido conocer de primera mano la operatoria de diversos mercados a la par que un reconocimiento dentro del mundo privado. “Mi trayectoria me da elementos para poder ser un buen interlocutor con todos los sectores”, dijo a los periodistas que lo esperaban este martes, al ser consultado por los conflictos de interés que podría enfrentar una vez que asuma formalmente el nuevo gobierno el próximo domingo 11 de marzo.

En su rol de coordinador económico de la campaña presidencial de Piñera, Valente encabezó junto al también recién nombrado ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y al ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, las críticas a la conducción económica del gobierno actual, al que acusó de tener una impronta “anti empresarial, anti emprendimiento, anti sector privado y anti progreso” (vea sus declaraciones en radio Duna).

Considerado un neoliberal de tomo y lomo, como lo reflejan sus habituales columnas en El Libero y La Tercera o su libro “La rebelión del sentido común. Por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos”, el ingeniero comercial asumirá un Ministerio de Economía que, según ha dicho a su propio entorno, resulta “desafiante”.  La tarea lo seduce, en gran parte, porque deberá asumir la coordinación con otras secretarías de Estado clave –como Minería y Agricultura– para acelerar los procesos de inversión y eliminar o morigerar lo que el nuevo gobierno considera “cuellos de botella” para los negocios.

En lo legislativo, una de sus principales tareas será cumplir la promesa de Piñera de generar una nueva Ley de Pesca. En noviembre pasado, tras los malos resultados de la primera vuelta electoral,  el presidente electo se comprometió a revisarla. Lo hizo tras reunirse por primera vez con su ex contendor de las primarias Manuel José Ossandón, cuando reconoció que “hubo un lobby muy fuerte que afectó a parlamentarios de todos los partidos”, debido al financiamiento irregular que recibieron políticos de parte de empresas pesqueras.

Valente conoce el sector de la pesca, un negocio en el que también ha asesorado a grandes inversionistas. En 2013, una de sus empresas, Econsult, compitió representando a compañías internacionales por los activos de la fallida pesquera española Pescanova en Chile. En la puja, también participaron las salmoneras Marine Harvest (Noruega), Cooke Aquaculture (Canadá), además de inversionistas chinos.

La reforma al Código de Aguas y la nueva Ley del Sernac –ahora sin facultades sancionatorias tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) – serán otros flancos que deberá cubrir Valente. Para ello, según dijo a sus cercanos, fue “instruido” por el presidente Piñera para trabajar coordinadamente con Felipe Larraín y los demás ministros de las carteras donde la inversión privada es considerada prioritaria: Minería (a cargo de Baldo Prokurica), Agricultura (Antonio Walker) y Obras Públicas (Juan Antonio Fontaine). Eso sin descuidar a las demás reparticiones.

Valente asume un ministerio que durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) estuvo marcado por problemas como el fallido Censo de 2012, el posible cohecho en la tramitación del royalty a la minería tras el terremoto de 2010 y los conflictos de interés en la Ley de Pesca, tres episodios que ocurrieron cuando Pablo Longueira (UDI) era el ministro.

A eso se suman las boletas de Penta pagadas al entonces subsecretario Pablo Wagner (UDI), quien recibió ese dinero cuando se tramitaba el proyecto minero Dominga, perteneciente a uno de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano. Wagner, además, fue el responsable del viciado proceso de licitación del Litio que inicialmente favoreció a SQM.

Longueira fue reformalizado en octubre pasado por cohecho en la tramitación del royalty, que se promulgó con un artículo enviado por el propio ex gerente general de SQM, Patricio Contesse. Y Wagner está formalizado por las boletas falsas que hizo a Penta y, luego de acogerse a la suspensión condicional de su pena por los ilícitos del Litio, debió donar $1 millón a Bomberos.

LOS NEGOCIOS DE VALENTE

Valente (55 años), es director de varias empresas chilenas y extranjeras como Soprole, Transelec, Telefónica, Brookfield, Banmédica, Universidad del Desarrollo, Penta Vida, Club el Golf 50 y Cementos Bío Bío. También integra el directorio de Fundación Alter-Ego.

De acuerdo a registros oficiales, el futuro ministro de Economía participa (por sí mismo o a través de sus empresas) en las sociedades Garreaud y Valente (G & V Trading Limitada) constituida en 1988 con el director de empresas Sutil, Luis José Garreaud.

En Econsult, donde ha sido “rostro” por más de 20 años, Valente figura tanto como socio en la matriz, como en la filial de administración de fondos.

Con el ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, su socio histórico Hernán Cheyre, comparte negocios en Econsult, Inversiones San Sebastián Limitada e Inmobiliaria Grupo Cuatro Mas Ltda, donde los otros accionistas son Antonio Mingo, Emilio Soto y Felipe Lamarca, entre otros.

Junto a su esposa, Verónica Stein Riedel, Valente figura asociado en las consultoras El Remanso y Los Peñascos, además de FAVAL SpA, la que aparece como su principal inversión: a noviembre de 2017 registraba un capital de $1.524 millones, según datos del Diario Oficial.

A través de Injoval S.A, Valente participa en la sociedad de su padre y de su hermano Ramón Valente y Cía Limitada, la que ha firmado contratos con el Estado por $78,8 millones, según indica la ficha de proveedores disponible en Mercado Público. El giro de esta empresa es obras menores en construcción y ventas de diversos productos. El sitio web dice que se dedican a la importación y comercialización de anteojos de sol y ópticos de “importantes marcas internacionales”.

EL RETORNO DE LARRAÍN

El nombre de Felipe Larraín siempre estuvo entre las apuestas del gabinete para el nuevo gobierno de Piñera. Se le mencionaba inicialmente para otras carteras, como Relaciones Exteriores, pero finalmente fue confirmado en Hacienda.

El actual director del Centro de Políticas Sociales y Económicas (Clapes) de la Universidad Católica, al que llegó tras el término del gobierno de Piñera, dejará en los próximos días la entidad que fue su principal ocupación en los últimos cuatro años.

Desde allí, Larraín se convirtió en 2014 en parte del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sustentable de la ONU y miembro del Consejo Asesor del Banco Mundial, que calcula el indicador Doing Business. Este último recientemente estuvo en el centro de la polémica, luego de que el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, dijera que por motivaciones políticas se manipularon las estadísticas de ese ranking –que mide la facilidad para hacer negocios–, perjudicando la posición de Chile bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Debido a que las sospechas de un eventual complot político apuntaron inicialmente a Larraín, el ex ministro afirmó -a través de un comunicado- que solo participó en dos reuniones y que nunca más fue contactado.

Desde 2015, además, ha estado yendo y viniendo de Paraguay, como asesor del Ministerio de Hacienda de ese país, donde propuso dos reformas que Chile aplicó hace una década: Ley de Responsabilidad Fiscal y un Fondo Soberano.

En 2016 fichó como director de Independencia, la mayor administradora de fondos inmobiliarios de Chile. Su renuncia a esta firma, la hará efectiva en los próximos días.

En abril de 2016, en su calidad de director de Clapes, Larraín participó en las audiencias públicas del Tribunal Constitucional donde expuso su rechazo a la mayoría de los cambios impulsados por la Reforma Laboral.

Una de las inversiones que a Larraín le ha acarreado críticas por un posible conflicto de interés es su participación en la Viña Quintay, la que le da derecho a un asiento en el directorio. Bajo su anterior administración de la cartera se impulsó un aumento de impuestos a los licores de más de 41° alcohólicos, lo que excluyó al vino por su baja graduación (quedó con una tasa de 15%, en tanto el tributo para los licores de alta graduación se elevó a 27%).

A mediados del año pasado, nueve de los 12 socios de la viña ubicada en Casablanca, vendieron su 81,6% a los familiares del también accionista Alejandro Weinstein (ex socio de CFR Pharmaceuticals). Larraín y su socio histórico, Hernán Gómez, siguieron en el negocio junto a Weinstein.

Según consigan los registros públicos y sus declaraciones de patrimonio, el futuro ministro de Hacienda posee 13 propiedades avaluadas en $ 966,7 millones, de las cuales una tiene destino habitacional y las demás corresponden a predios agrícolas de su conocido campo en Casablanca y en Río Claro (Región del Maule), donde constituyó dos sociedades controladas por sus hijos.

De acuerdo con los registros del Diario Oficial, Felipe Larraín Bascuñán ha desarrollado casi todos sus negocios con su mujer, la profesora de inglés Francisca Cisternas Lira y sus hijos. Inversiones El Boldal, es el principal vehículo de inversión y fue creada en 1992. A través de esta sociedad el ministro y su familia participan en negocios inmobiliarios y de asesoría en inversiones.

Según la Declaración de Patrimonio que entregó en 2014 al término del primer gobierno de Piñera, a través de El Boldal, Larraín y su esposa participan además en otras cinco sociedades de inversiones.

LAS INHABILITACIONES DE PROKURICA

En la tarea de destrabar inversiones y fomentar el crecimiento económico, Felipe Larraín y José Ramón Valente tendrán que entenderse con dos sectores clave: Minería y Agricultura. El titular de la primera cartera será el hasta ahora senador por Atacama Baldo Prokurica (RN), quien no se presentó a la reelección. Prokurica conoce el sector, no solo porque es una de las actividades económicas más relevantes de su región, sino porque forma parte de la Comisión de Minería y Energía del Senado, instancia que incluso ha presidido.

Dos de las áreas más relevantes para el rubro minero son los eventuales cambios a la normativa sobre derechos de aguas y el impulso a nuevas fuentes de energía. En ambas Prokurica podría enfrentar posibles conflictos de interés.

El futuro ministro ha declarado participación en tres sociedades comerciales, una de inversión (Cavtat Limitada) y las dos restantes agrícolas (Longomilla Limitada y Konavle Limitada). En la primera figura como controlador, con el 90% de la propiedad. En las dos últimas tiene el 25% de los derechos de cada una.

Las declaraciones de intereses y patrimonio que Prokurica ha presentado hasta ahora como legislador (vea la última de ellas) lo obligan a informar si tiene derechos de agua a su nombre o de las entidades que controla. Él ha declarado que no los tiene. Y eso, según la revisión que hizo CIPER, es efectivo. Pero una de las sociedades en las que tiene participación, aunque Prokurica no ejerce su control, sí tiene derechos de aguas. Es la Agrícola Konavle, en la que el senador participa en partes iguales con tres hermanos.

Konavle se creó en 1997 y, de acuerdo con el Diario Oficial, como aporte a su constitución se registró la Hacienda Chañaral de Aceituno con “sus correspondientes derechos de aguas”, los que no fueron detallados en ese registro. Además, en marzo de 2016 la Dirección General de Aguas concedió a Konavle el derecho a extraer 2 litros por segundo (l/s) en sus terrenos de Freirina. Asimismo, Konavle ha hecho solicitudes para constituir derechos para extraer 8 l/s y 13 l/s desde dos pozos, también en Freirina.

Consecuente con lo anterior, el senador Prokurica se ha inhabilitado en la tramitación de los cambios a la normativa del Código de Aguas. Esta iniciativa, impulsada por el actual gobierno, ha despertado mucha resistencia entre los empresarios de los rubros minero y agrícola, quienes sostienen que precariza la propiedad sobre derechos ya constituidos. Las bancadas de Chile Vamos han hecho eco de estas críticas y es altamente probable que breguen por hacer cambios sustantivos en el proyecto de ley, cuya resolución quedará en manos del nuevo Congreso que se constituirá en marzo próximo.

A pesar de que su voto podía ser clave para los intereses de su sector, Prokurica se inhabilitó en el debate. En la sesión del pasado 16 de agosto, pidió la palabra al inicio de la discusión: “Aunque aún no votamos acerca de la iniciativa que modifica el marco normativo de las aguas, voy a inhabilitarme, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento del Senado, en virtud de que pertenezco a una sociedad con derechos en ese ámbito”.

A pesar de sus intereses en los derechos de agua, Prokurica presentó en 2009 un proyecto de ley –junto a los senadores Carlos Bianchi y Alberto Espina– para privilegiar y asegurar el consumo humano, en condiciones de escasez hídrica, por sobre el abastecimiento de actividades productivas: “La función social de la propiedad, reconocida en la carta fundamental, también puede limitar u obligar a los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas”, se lee en el encabezado de esa moción parlamentaria suscrita por el próximo ministro de Minería.

En las discusiones de proyectos que fomentan nuevas fuentes de energía renovable, que serán clave para el crecimiento del sector minero, Prokurica también enfrenta un conflicto de interés que lo ha llevado a inhabilitarse en el debate. Aunque integraba la Comisión de Minería y Energía, desistió de participar en estos temas, debido a que una de sus sociedades es propietaria de terrenos que se arriendan a tres proyectos de generación de energía eólica.

No obstante, un reportaje de CIPER reveló que, aunque se había inhabilitado en el debate, de todas formas participó en las negociaciones para destrabar el proyecto de ley que impulsó la ampliación de las fuentes de energía no convencionales (vea ese artículo de CIPER), lo que beneficiaba al sector con el que estaba haciendo negocios privados.

Por último, otro flanco que se le puede abrir a Prokurica es que su hermano Nicolás –con quien comparte propiedad en la sociedad agrícola familiar– fue favorecido en julio pasado con una sentencia del Juzgado de Letras de Freirina que constituyó a su favor una concesión de explotación minera en un paño de 36 hectáreas en esa comuna.

LOS DERECHOS DE AGUA DE WALKER

El nombre de Antonio Walker Prieto, futuro ministro de Agricultura, le permite al nuevo gobierno hacer un guiño al sector más conservador de la DC. Antonio es el quinto de los nueve hermanos Walker Prieto, tres de los cuales –Ignacio, Patricio y Matías– son parlamentarios de la falange con amplia trayectoria en cargos partidarios. Pero así como su figura puede abrir puertas hacia el centro político, también puede generar críticas por posibles conflictos de interés.

Walker es un empresario con una trayectoria de más de tres décadas en el rubro de la producción y exportación de frutas. De profesión técnico agrícola, con estudios en California, en 1988 fundó junto a su padre, Ignacio Walker Concha, la Agropecuaria Walker Prieto (Wapri), una de las más relevantes de la zona de Curicó y Talca. Dirigente de la agrupación de exportadores Fedefruta, entidad que ha presidido, una de sus preocupaciones es promover la innovación tecnológica y mejorar el trato laboral.

Fue uno de los fundadores de Frutales Gestión 2000, un grupo de 14 empresas del sector que comparten experiencias de transferencia tecnológica, y de Corporación Pomanova, entidad que tiene una veintena de técnicos que fomentan innovación productiva en los campos. Su empresa Wapri cuenta con departamentos de prevención de riesgos y de asistencia social y bienestar, que promueve el acceso de sus trabajadores a redes de beneficios sociales.

A diferencia de sus hermanos de la DC, Antonio Walker apoyó a Piñera tanto en 2009 como en la reciente campaña presidencial, pero solo en esta última asumió un rol protagónico, como encargado programático del sector agricultura.

Ya inmerso en el mundo político, varios son los temas clave que Walker deberá abordar en su tarea de empujar el carro del crecimiento económico junto a José Ramón Valente y Felipe Larraín. Uno de los más importantes será el acompañamiento al proceso final de la tramitación legislativa de la reforma al Código de Aguas, en la que también tendrá que coordinar esfuerzos con el futuro ministro Prokurica.

“No queremos especulación, apoyamos que el agua es para consumo humano como primera prioridad y que debemos hacernos cargo del cambio climático, pero nos preocupa que se legisle mal en el Código de Aguas”, declaró Walker, en diciembre pasado, a la revista Grupo Agro. En este punto, Walker ha hecho suyo el rechazo del empresariado a las normas que relativizarían la perpetuidad de los derechos, lo que a juicio del gremio instala un clima de inestabilidad y desincentivaría nuevas inversiones en el rubro.

En el debate sobre el nuevo marco normativo para los derechos de agua, el futuro ministro de Agricultura puede enfrentar un conflicto de interés. Su empresa Wapri aparece en el Diario Oficial solicitando la constitución de derechos en al menos cuatro ocasiones (desde 1990 a 2007) en las comunas de Teno y Río Claro. En total, Wapri, representada por Antonio Walker, ha pedido constituir o regularizar derechos por 279,8 l/s.

Los registros consultables en línea de la Dirección General de Aguas indican que Wapri tiene constituidos tres derechos de aguas por un total de 160,45 l/s. El primero es de septiembre de 2001 en Río Claro, por 116,6 l/s; el segundo de diciembre de 2001 en Teno, por 30 l/s, y el último de abril de 2009 en Río Claro, por 13,85 l/s.

Otro problema pendiente y relevante para el sector es el estatuto laboral de los trabajadores temporeros, también impulsado por el actual gobierno y que tendrá que ser despachado bajo la nueva administración. La mirada que tiene Walker sobre este tema, y que debiese reflejarse en su gestión al mando del ministerio, quedó plasmada en sus recientes declaraciones a la revista Grupo Agro. Allí, Walker sostuvo que el estatuto “duerme en el Congreso, donde se hicieron tantas intervenciones que terminó vulnerando su espíritu. Este era un acuerdo entre trabajadores y empresarios, y nuestra propuesta es volver a presentarlo, pero debe ser un estatuto claro para ambas partes”.

En materia de trato laboral, el pensamiento del próximo ministro de Agricultura quedó retratado tras una reunión de Fedefruta con la entonces ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en junio de 2016. Entonces, Walker manifestó el deseo de que las futuras normas establezcan que “no pueda haber una huelga en (época de) cosecha y que la negociación colectiva pueda pactarse en una fecha lejana a los peaks de la temporada”. En esa misma cita, los dirigentes empresariales insistieron en la necesidad de contar con una ley de extranjería más flexible, que permita el ingreso de extranjeros con visas temporales para trabajar en el sector agrícola.

Fuente: Cíper

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