Insólito: Estado Deberá Pagar $5.800 Millones por Rescisión de Contrato de Mall Barón

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Por una cláusula de letra chica, denominada “Termino Anticipado por Proyecto Modificado”, la Empresa Puerto Valparaíso, deberá pagarle $5.800 millones, unos US$9,5 millones a la cadena de centros comerciales Mall Plaza por término anticipado del contrato en el frustrado proyecto Mall Barón, debido a una fallo de la Corte Suprema. El alcalde Jorge Sharp calificó de “impresentable” e “indignante” el hecho.

Sharp utilizó su cuenta de Twitter para referirse al caso:

¡Impresentable! El Estado, a través de EPV deberá pagar al Grupo Plaza $9,5 millones dólares, pese que este último puso fin a contrato. Otro ejemplo que grupos económicos jamás pierden, sino la gente ¡Esa cifra equivale a dos nuevos consultorios en Barón y Cordillera!

El pago, con cargo a las arcas fiscales, se debería efectuar por una cláusula en el contrato denominada “Termino Anticipado por Proyecto Modificado”, lo que le permitiría a la operadora Mall Plaza de exigir el pago de esta indemnización tras notificar a EPV del término del contrato de concesión a inicios de enero.

“Es una muestra más de cómo se siguen despilfarrando recursos públicos a un proyecto ilegal e inviable. Es indignante, porque en Valparaíso tenemos una carencia inmensa de recursos. Estamos hablando de $5.800 millones (216.066 UF), equivalente a el financiamiento completo para la Escuela Barros Luco, o el pago completo de la deuda previsional de los profesores de Valparaíso”, agregó Sharp.

En diciembre de 2017 la Corte Suprema declaró que el permiso de edificación otorgado en 2013 al proyecto, durante la administración de Jorge Castro (UDI), era ilegal. Luego de esto, en enero de 2018, a través de un comunicado público, la empresa Mall Plaza informó su decisión de terminar el contrato con la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

Sin embargo, un virtud de esa cláusula abusiva, es el Estado el que deberá pagar la cuenta.
En la república neoliberal, siempre gana la empresa y pierde el Estado
Una razón más para luchar por el cambio de la Constitución empresarial de Pinochet.

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