Blackwater: El Ejército del Terror del Pentágono

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Una multinacional militar se abre paso en el mundo desde hace dos décadas. Blackwater, la empresa de seguridad más poderosa del planeta, acumula denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por casos de corrupción en Estados Unidos. Radiografía de un negocio en expansión, impulsado por la Casa Blanca.


Ya pasaron veinte años y una sombra espesa sigue moviéndose hasta los más lejanos rincones del mundo. Con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre mercenarios de diferentes naciones, esa sombra tiene un nombre acorde a su historia: Blackwater (BW), una de las mayores empresas de seguridad a nivel internacional –fundada en 1997 por Erik Prince y Al Clark–, goza de muy buena salud, pese a las decenas de denuncias en su contra, en la mayoría de los casos por cometer crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Desde hace algunos años renombrada como Academi, Blackwater surgió en pleno esplendor del avance neoconservador en Norteamérica, de la mano del presidente George W. Bush (2001-2009). Los neocons, que venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush padre, encontraron en la administración republicana del empresario petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus cañones contra esa vaga definición conocida como “terrorismo internacional”, pero que para los neoconsera muy claro dónde se ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana.

La transnacional comandada por Prince y Clark, fundada bajo la bendición de la ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los Balcanes en la década de 1990. Para ese entonces, BW daba sus primeros pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y 2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Pero los fundadores de BW, en especial Prince –con un pasado como SEAL, conservador y, entre otros hobbys, financista de grupos católicos, extremistas y marginales–, no pensaron a su empresa como un simple ejército de respaldo a las ocupaciones de la Casa Blanca en otras partes del mundo. Por eso, en Carolina del Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, BW fundó la instalación militar privada más grande del mundo.

En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo, el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones extranjeras ‘amigas’”. En su sede central, BW “tiene su propia división de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos a ex altos cargos militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill, colaborador de la revista The Nation y de la cadena Democracy Now! Con el paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en California, Illinois y en la selva de Filipina.

El gran negocio

“Una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, definió Prince a Blackwater. Y no era para menos. Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el camino limpio para concretar, en el plano militar, “el choque de civilizaciones” acuñado por el politólogo Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo socialista, el poder de Washington se apresuró a encontrar nuevos enemigos a los que combatir.

Si pocos años antes, el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para expulsar al Ejército Rojo de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran el propio mal que amenazaban la vida occidental. Además de las tropas regulares, la administración Bush inundó Afganistán e Irak de mercenarios de compañías como DynCorp y Blackwater.

Desde las invasiones a territorios afgano e iraquí, BW expandió sus tentáculos de manera acelerada, encargándose de la seguridad del personal estadounidense en esos países, pero también entrenando tropa y, con el correr de los días, convirtiéndose en una parte fundamental del Ejército de ocupación. Entre los muchos beneficios a los que accedían los mercenarios dirigidos por Prince se encontraban la impunidad total de sus acciones, definida por ley por la autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y salarios que doblaban a los de los soldados rasos.

La revista Fortune describía esta situación en Irak: “Los sueldos normales de los profesionales del DSP (destacamento de seguridad personal) se cifraban hasta hace poco en unos 300 dólares diarios. En cuanto Blackwater empezó a reclutar para su primera gran labor (la de ejercer de guardia personal de Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en Irak–), la tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día”.

Mientras BW facturaba millones de dólares y reclutaba a ex militares estadounidenses y chilenos –en funciones durante la dictadura de Augusto Pinochet–, para engrosar sus filas y cumplir con la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que el Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para hacer cabildeo entre los parlamentarios.

El poder de BW crecía y devoraba todo a su paso, al mismo tiempo que esa voracidad quedaba al descubierto. Varios informes de organismos públicos de Estados Unidos llamaron la atención porque el gobierno no supervisaba a los “contratistas” y permitían su total impunidad en las operaciones militares. Con respecto a Irak, alertaban que BW afectaba negativamente a la población y a las propias tropas estadounidenses, las cuales, ante las acciones de la compañía, bajaban su moral y cuestionaban sus magros salarios.

Auge, caída y auge

El crecimiento de la firma de Prince fue constante desde los atentados de 2001. Una división de aviación, submarinos, la última tecnología para el espionaje y decenas de contratos millonarios conformaban una sonrisa que resplandecía en la fachada de BW. Pero su suerte se vio opacada con los golpes recibidos por la resistencia iraquí. En marzo de 2004, las imágenes de cuatro personas descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya, ciudad que se negaba a caer frente a la ocupación estadounidense, dieron la vuelta al mundo. Con el correr de los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios de Blackwater.

El linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa que la compañía no sólo realizaba operaciones militares por fuera de lo acordado, sino que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin blindar, con un poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como en el caso de Faluya.

En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy de Blackwater ingresó de forma aparatosa con cuatro vehículos blindados, que cargaban ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes. El episodio que siguió, según la prensa estadounidense, fue confuso, pero lo único real es que los mercenarios abrieron fuego de manera indiscriminada.

Como ya era costumbre en Irak, las víctimas fueron 17, todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las calles y en la profundización de las acciones armadas de una resistencia heterogénea y que buscaba diversos intereses.

Pese al encubrimiento político, judicial y mediático, los mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul Slough y Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a penas de 30 años y Slatten a cadena perpetua. En agosto de este año, la cadena Russia Today informó que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las sentencias de los mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio para Slatten.

Conocida la noticia, Husein Sahib Nasir, cuyo hermano fue asesinado en la plaza Nisur, declaró: “Mi hermano tenía solamente 24 años. Nuestra familia ha sufrido mucho hasta ahora. ¿Dónde están los derechos humanos? Si el tribunal los absuelve y los libera, volverán a cometer un delito parecido”.

La masacre de la plaza de Nisur tuvo un impacto tan grande, que el ex presidente Barack Obama revocó los contratos con Blackwater en 2009, para después volver a contratar a la empresa por cerca de 10 mil millones de dólares en 2010.

Las últimas noticias de BW las reveló el ex primer ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah, que reveló que miles de mercenarios de la compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para invadir el territorio qatarí. En octubre, Al-Atiyyah brindó declaraciones al diario español ABC, en las cuales señaló que este plan, en medio de la ruptura de relaciones de las monarquías del Golfo Pérsico con Qatar, no tuvo la aprobación de la Casa Blanca.

Según el ex primer ministro, EAU contrató los servicios de Blackwater para sus operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí, aunque hace unos meses los mercenarios sufrieron varios reveses militares y se vieron obligados a abandonar ese país, el más pobre de Medio Oriente.

El gobierno de Qatar confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados, “gran parte de ellos de nacionalidad colombiana y suramericana”, en la base militar emiratí de Liwa, en el oeste de EAU. En 2011, el diario New York Times ya había revelado en detalle el inicio de los contactos entre el propio Prince y la casa real de EAU.

En julio de 2017 también se conoció que el gobierno del presidente Donald Trump intenta que la firma de Prince retorne a sus andanzas en Afganistán. Según informó la cadena HispanTV, “Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa Blanca, están a cargo de supervisar la iniciativa y han presentado a sus candidatos para implementar el plan” de Trump.

Los candidatos de Washington son, no más ni menos, que el propio Prince y Stephen Feinberg, propietario de DynCorp International. Sobre la iniciativa de la Casa Blanca, el diario The New York Times citó fuentes cercanas a los empresarios que aseguraron que “Prince y Feinberg han creado un plan más barato y mejor que el del Ejército (estadounidense)”.

Blackwater, como otras firmas de seguridad privada en expansión, “no son sólo manzanas podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad. Si el gobierno empezara a golpear a las empresas de mercenarios con cargos formales de acusación de crímenes de guerra, asesinato o violación de los derechos humanos (y no sólo a título simbólico), el riesgo que asumirían estas compañías sería tremendo”.

Y a esta descripción, finaliza de manera determinante: “La guerra es un negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas, reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”.

Artículo publicado en Revista Sudestada N° 150, Noviembre-Diciembre de 2017

Fuente: El Furgón

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