Scanner a los Programas de Piñera y Guillier: Por Qué no Da lo Mismo por Quién Votar el 17 de Diciembre

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por Francisco Herreros.

El análisis comparado de los programas de gobierno de Alejandro Guillier y Sebastián Piñera tiende a confirmar, desde el ángulo empírico, la tesis de que el 17 de diciembre, por primera vez desde 1990, estará en juego, además de la alternancia, el arbitraje en las urnas sobre dos modelos de desarrollo para el país; o al menos, en importante medida.


Es más, la comparación de las propuestas programáticas de ambos candidatos, en las áreas temáticas de línea principal, tales como modelo de desarrollo, reformas a la educación,  laboral y tributaria, y principalmente, reforma a la Constitución, es un instrumento de invalorable utilidad para discernir cuánto de continuidad y qué tanto de cambio estará en disputa este domingo 17 de diciembre.

El carácter antitético de ambas propuestas aparece desde el diagnóstico.

El de Piñera es sombrío y amenazador:

“Estamos perdiendo el rumbo porque el gobierno de la Nueva Mayoría ha conducido a Chile por el camino equivocado. Hoy, prácticamente, no crecemos ni se crean empleos de calidad, los salarios y las pensiones se estancan, la delincuencia avanza y la salud está en crisis. La calidad de la educación retrocede y respiramos un aire contaminado por las divisiones, las frustraciones y la desesperanza. Nada de esto es designio de Dios o de la fortuna”.

La causa es simple, como el propio análisis de Piñera:

“Hoy en Chile tenemos un mal gobierno y un gran país”.

El diagnóstico del programa de Guillier no es menos crítico, pero del modelo de desarrollo que representa Piñera:

“El problema de Chile es vivir sabiéndose abusado, agredido en el diario vivir, sin poder confiar en la sociedad en que vivimos. Que mientras las jubilaciones son de miseria, las AFP hayan subido sus utilidades en un 42% en el primer trimestre de este año. Que las ISAPRES han aumentado sus utilidades el primer semestre de este año en un 100% y que las seis cadenas de retail más grandes del país incrementaron sus utilidades en un 80% respecto del 2015, mientras ocho de cada 10 trabajadores en este país ganan menos de 500.000 pesos mensuales. El problema de nuestro país es que las instituciones no confían en las regiones y su gente. Y el centralismo y la burocracia no quieren distribuir el poder”.

Entonces, la causa; es decir, el modelo de desarrollo, es el origen del problema:

“El problema de Chile es que ha perdido el camino al crecimiento económico sustentable. Y la gobernabilidad del Chile del siglo XXI estará dada por crecimiento con trabajo decente y protección social asegurada. Frente a estos problemas, la derecha nos propone más AFP, más Isapres, más empleo precario. Más del mismo modelo que ha dejado de dar resultados”.

En el exordio, o introducción, los programas políticos acostumbran a exponer de manera concisa y sintética la sociedad que imaginan.

En el caso del programa de Piñera, propone una visión de país que el modelo que representa no ha sido capaz de construir en cuarenta años.

“Es hora de elegir el futuro que queremos para nuestro país. Es momento de levantar la mirada y preguntarnos qué Chile queremos construir, qué casa queremos compartir, qué sueños queremos realizar y qué país le dejaremos a nuestros hijos, nietos y a quienes nos sucederán”, apunta alto.

Y luego, proclama:

“Nuestra respuesta es clara: un país que progresa con la fuerza de la libertad, la justicia y la solidaridad; un país inclusivo, que crece gracias a la fortaleza de sus familias, al esfuerzo y la creatividad de cada uno de sus hijos y el compromiso solidario de todos sus ciudadanos; un país amable, preocupado de que ningún chileno caiga en la desprotección frente a los imprevistos ni en la indignidad de la pobreza; un país comprometido con sus niños y jóvenes, que son nuestro futuro, pero que no olvida a sus mayores; un país de oportunidades y seguridades, donde podamos caminar por nuestras calles, plazas, parques y campos con seguridad y tranquilidad; un país próspero, dueño de su futuro e integrado creativamente al mundo. Un país donde todos avanzamos y nadie queda atrás”.

Más allá de que no dice como hacerlo, y de que las medidas que anuncia, van en sentido contrario, detrás del intrincado laberinto de lugares comunes, propio de la retórica de Piñera, subyacen no sólo su propósito de extirpar de raíz las módicas reformas políticas y sociales emprendidas por el Gobierno de Michelle Bachelet, sino también el neoliberalismo estratégico, como se verá a continuación.

El exordio del programa de Alejandro Guillier apunta a un capitalismo regulado y una sociedad inclusiva:

“La demanda ciudadana busca que el crecimiento llegue a todos los hogares y no a través de subsidios sino a través de empleos y salarios dignos; que el espíritu emprendedor pueda desplegarse y no dependa del apellido ni de los “pitutos” políticos; que los mercados reflejen efectivamente competencia y no colusión directa o marcadas barreras a la entrada; que los servicios públicos respondan a estándares de mayor calidad y prontitud; que nuestros sectores medios también puedan contar con redes de protección cuando la enfermedad, el desempleo u otra circunstancia adversa afecte sus logros acumulados tras décadas de esfuerzo; que una vida de trabajo encuentre al final una compensación digna y no se enfrente a pensiones miserables que reducen hasta en dos tercios el ingreso que se percibío; que la educación y a la salud estén al alcance de todos, con independencia del nivel de ingreso. Para ir en esa dirección el mercado y el chorreo no bastan. Tampoco políticas sociales focalizadas que dejan sin apoyo a vastos sectores medios. Crecimiento inclusivo, esto es, crecimiento, empleo decente y protección social, es lo que nos permitirá abordar estos desafíos”.

Y agrega:

“En esa dirección, aspiramos a construir un nuevo compromiso histórico basado en la cultura de la democracia y la inclusión. Se trata de un desplazamiento desde una gobernabilidad concebida como neutralización de los movimientos sociales y un ejercicio democrático limitado al Congreso, hacia una gobernanza inclusiva de múltiples actores sociales, con una democracia que se desarrolla a nivel local, regional y nacional”.

Más educación de mercado

En educación, el programa de Piñera parte con sus conocidas generalidades:

“Mejorar la calidad de la educación parvularia, básica y secundaria será una de las grandes prioridades de nuestro gobierno, ya que es clave para que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar sus talentos, desplegar sus capacidades y acceder a aquella igualdad de oportunidades propia de una sociedad justa y solidaria”.

Pero al ‘jab’ de izquierda, lo sigue un potente cruzado de derecha, en pleno mentón, con uno de los más clásicos dogmas neoliberales; a saber, la “libertad” de elección:

“Resguardaremos la libertad de las familias de elegir y participar en la educación de sus hijos, la diversidad de los proyectos educativos e impulsaremos un Plan Nacional de Calidad de la Educación”.

Referente a la gratuidad, no es sencillo desentrañar la propuesta de Piñera, por su volubilidad. Pero en lo que respecta al programa, señala textual:

“Estaremos al lado de las familias para que a ningún joven chileno le falten los apoyos necesarios para acceder a la educación superior, con total independencia de su situación económica. A tal efecto, crearemos un sistema solidario de acceso a la educación superior, que mantendrá la gratuidad e incorporará becas y un nuevo sistema de créditos estatales que reemplazará al CAE”.

El programa de Piñera evade un aspecto fundamental. Dentro de su estrategia de bloqueo total a las reformas a la educación enviadas al Congreso por el gobierno de Michelle Bachelet, la derecha acudió, y obtuvo, un pronunciamiento de rechazo Tribunal Constitucional.

Respecto a los denominados ‘requisitos de elegibilidad’ para aceder a la gratuidad los estudiantes de las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnica, en diciembre de 20125, el peculiar “tribunal” dictaminó:

“El Tribunal acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos a 4 y por 7 votos a 3 en uno de ellos (triestamentalidad), en función de la alegación de discriminación arbitraria formulada por los requirentes”.

En consecuencia, vetada la ley por esta ilegítima instancia, el gobierno ha canalizado la gratuidad de la educación, a través de glosas presupuestarias. Si gana Piñera, le bastaría con no incluir la glosa presupuestaria en el presupuesto, para detener la gratuidad en los hechos, sin necesidad de decreto ni acto administrativo alguno.

Desde el punto de vista de la transparencia, y por su importancia, es necesario exigir un pronunciamiento de Piñera sobre este punto.

El resto de las medidas del programa de gobierno de Piñera suponen mayor gasto público; mantener el subsidio a la demanda, preservar el sacrosanto principio de la libertad de elección y barrenar las reformas del gobierno de Bachelet:

• crear una subvención regular y preferencial que permita a todas las familias elegir un jardín infantil de calidad para sus hijos, a partir de los 2 años de edad.

• terminar con las discriminaciones arbitrarias en los montos que el Estado entrega por niño;
.
• devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a mejorar la calidad;

• promover la creación de nuevos proyectos que garanticen una educación de calidad y terminar con la obligación de compra de los inmuebles permitiendo los arriendos regulados a precios de mercado;

• restablecer el mérito con criterios de inclusión en el acceso a los liceos emblemáticos y proyectos especiales de excelencia, por razones académicas, artísticas y deportivas;

• facilitar los aportes voluntarios de las familias y la sociedad civil, eliminando las restricciones que actualmente impone la ley, como por ejemplo, el descuento a las donaciones o las restricciones en el uso de aportes no periódicos.

En suma, más de lo mismo, o volver a los mismo, según sea el caso.

Profundizar la reforma

El programa de Guillier continua las reformas emprendidas por el gobierno de Michelle Bachelet, en cuanto a que se compromete a

– poner en marcha los nuevos Servicios Locales de Educación Pública, con un horizonte de pleno funcionamiento hacia 2025; para lo cual, en el periodo 2018-2022, se crearán los primeros once;

– crear un Marco de Actuación para los Sostenedores traspasados a Fundaciones o Corporaciones sin fines de Lucro, de forma que sus funciones sean claras, sobre todo en lo relativo a la calidad de los procesos educativos;

– fortalecer la educación técnica superior de carácter público, incrementando su cobertura y transformando los Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, creados por la reforma educacional, en instituciones de excelencia, tanto en calidad como pertinencia, con gratuidad universal para los jóvenes que estudien en ellos;

– avanzar en la gratuidad universal de la educación superior beneficiando, a lo menos, a estudiantes de familias pertenecientes a los siete deciles más balas de ingreso;

– poner fin al Crédito con Aval del Estado, CAE, que ha sido el principal motor de crecimiento inorgánico del sistema de educación superior;

– fortalecer a las universidades estatales hasta transformarlas en instituciones de referencia en materia de calidad, pluralismo, democracia, investigación y compromiso con el desarrollo nacional, y creación de la Subsecretaría de Educación Superior, que mejorará la gobernanza del sistema.

La encrucijada de la reforma tributaria

El programa de Alejandro Guillier propone la consolidación de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet:

– “En el corto plazo, consolidaremos la reforma tributaria realizada el 2014, cuyo último tramo entra en vigor en 2018. Estaremos alertas para que el resultado de la reforma disminuya la evasión Fiscal, incentive la inversión y contribuya a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso”.

– “El propósito es avanzar hacia un sistema tributario que genere los recursos que Chile necesita, que distorsione lo menos posible y que sea progresivo en el sentido que las personas de mayores ingresos contribuyan más, y que sea fácil de comprender y administrar”.

En cambio, el programa de Piñera apunta a su demolición:

– “Crear un sistema tributario más simple y justo que, manteniendo la carga tributaria global, estimule el crecimiento, el empleo, la inversión, el emprendimiento y la innovación”.

– “Reintegrar gradualmente el impuesto a nivel de empresas con los impuestos pagados por las personas”.

– “Hacer converger gradualmente la tasa del impuesto de primera categoría a los niveles promedio de los países de la OCDE”.

– “Reducir y simplificar la carga administrativa de la reforma tributaria, especialmente para las Pymes, y otorgar mayor seguridad jurídica a empresas y personas”.

Sistema de pensiones: más y mejor de lo mismo

Sorprendentemente, en el programa de Piñera la sigla AFP aparece mencionada sólo una vez, sin perjuicio de lo cual, como por arte de magia, propone una reforma todo-terreno que simultáneamente “mejore las pensiones de todos los jubilados, aumente solidariamente las pensiones de los más vulnerables, mejore las pensiones de la clase media y especialmente de las mujeres, premie a quienes quieran extender voluntariamente su permanencia en la fuerza de trabajo, respete el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales y evite que estos se vean forzosamente sometidos a un monopolio estatal”.

La clave está en las tres últimas frases: extender la permanencia en la fuerza de trabajo, es decir, aumentar la edad de jubilación; propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales, lo cual supone mantener sus cuentas individuales, y es todo caso es una ilusión, toda vez que en el actual sistema el trabajador no tiene ni la más remota posibilidad de decidir sobre sus fondos; y  evitar el “monopolio” estatal. En otras palbras, neoliberalismo estratégico.

Además, los propietarios, accionistas y ejecutivos de las AFP y compañías de seguros pueden estar tranquilos, porque de ganar Piñera, no se los tocará ni con un pétalo de una rosa. El programa de Piñera en materia de pensiones propone medidas como las que siguen:

– aumentar las pensiones incrementando en 4 puntos la cotización obligatoria, con cargo al empleador, para fortalecer el ahorro previsional de sus trabajadores y mejorar sus pensiones futuras;

–  mejorar las pensiones de los adultos mayores más vulnerables, incrementando los aportes fiscales al Pilar Solidario en un 42% para aumentar la Pensión Básica y el Aporte Previsional Solidario, extendiendo su cobertura hacia la clase media;

– incrementar significativamente estos beneficios, cuyo monto además irá aumentando con la edad;

– aumentar las pensiones de la clase media con un complemento de sus pensiones con cargo fiscal para quienes hayan cotizado más de 20 años, el que aumentará cuando se postergue la edad de jubilación;

– aumentar las pensiones de las mujeres con un complemento de sus pensiones con cargo fiscal para quienes hayan cotizado más de 16 años, el que también aumentará cuando se postergue la edad de jubilación;

– mantener el monto de la pensión total que recibirán los nuevos pensionados de retiro programado del Pilar Solidario, evitando su disminución a medida que pasa el tiempo;

– autorizar el retiro de un monto de libre disposición a quienes posterguen la edad de jubilación equivalente al 50% del mayor ahorro logrado fruto de dicha decisión;

– crear nuevos incentivos para los planes de ahorro previsional voluntario.

Respecto de las AFP y las compañías de seguro, las reales beneficiarias del sistema, el programa de Piñera se limita a fomentar la competencia:

“Mejorar el servicio y la competencia en la industria de administradoras de fondos de pensiones, proveyendo más información a los cotizantes y pensionados; creando la aplicación “Un click y cambio” para facilitar la libre elección de los usuarios; levantando las restricciones al cambio de fondo; creando un nuevo fondo de educación previsional; facilitando que las administradoras entreguen nuevos y mejores servicios previsionales a sus afiliados y dando facilidades para incorporar nuevos actores a la industria de ahorro previsional para incrementar la competencia, bajar las comisiones y mejorar la calidad del servicio”.

En el programa de Piñera conviven en desprejuiciada promiscuidad, lugares comunes, tecnocracia, populismo, y velados anuncios de profundización del modelo neoliberal. En el caso del sistema de pensiones, propone un incremento de cotización obligatoria con cargo al empleador, al que, simultáneamente, se lo libera de los molestos efectos de la reforma tributaria. Luego, endosa alegremente, como si fuera gratis, el costo de sus medidas a gasto fiscal. Finalmente, le transfiere al usuario la responsabilidad de mejorar su pensión, con la no menos clásica treta neoliberal, de aumentar la edad y el monto de la cotización. Como concesión al marketing político, esto viene colocado de modo oblicuo, casi de contrabando: “nuevos incentivos para los planes de ahorro previsional voluntario”; “retiro de un monto de libre disposición a quienes posterguen la edad de jubilación”; complemento de pensiones con cargo fiscal “que aumentará cuando se postergue la edad de jubilación”.

Respecto a las AFP y compañías de seguro, como se dijo, el programa de Piñera propone fomentar la competencia “para facilitar la libre elección de los usuarios”, mediante mayor información, que no hace falta; mayores facilidades para cambiarse de AFP, ya de suyo fácil, y entrada de nuevos”actores” a la “industria” del ahorro previsional, para, de esa manera indirecta, bajar las comisiones.

En dos palabras, cambios cosméticos para un neoliberalismo estratégico.

Estrategia del cambio gradual

El programa de Guillier plantea una estrategia de cambios graduales, que, al menos en su período, supone mantener las bases estructurales del actual sistema. Dicha estrategia incluye las siguientes medidas:

• cotización del 5% de las remuneraciones, a ser pagada por el empleador. Su implementación será gradual, de 1% por año, durante 5 años, a partir del 2018;

• dos de los cinco puntos porcentuales de esta nueva cotización financiarán cuentas personales de ahorro y los 3 puntos restantes financiarán un Fondo de Ahorro Colectivo, el cual permitirá subir las pensiones con criterios de justicia social y equidad:

• ampliación de los elementos solidarios propuestos por el Gobierno en el Fondo de Ahorro Colectivo;

• aumento gradual de la Pensión Básica Solidaria, de forma tal que ningún beneficiario esté bajo la línea de la pobreza, lo que implica un aumento en el monto de casi 50% en la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV); .

• creación de una entidad pública fuerte que sea garante de la seguridad social;

• opción de que los trabajadores puedan optar por administrar sus aportes en el sistema colectivo y no en las AFP;

• regulación a las instituciones privadas del sistema para que aumenten la rentabilidad de los fondos y no sólo las utilidades de las AFP;

• fin de la comisión que las AFP cobran a las pensiones de Retiro Programado;

• incentivo a la competencia y aumento de la regulación de las compañías de seguros;

• estandarización de los métodos utilizados en los cálculos de pensión, licitaciones grupales que incentiven la competencia, y fin a los contratos individuales y de trato privado;

• planes ocupacionales de ahorro voluntario financiados por trabajadores y empleadores, que sean materia de negociación colectiva de sindicatos, asociaciones de funcionarios y otras organizaciones de trabajadores.

Como se dijo, más de alguien podrá observar, no sin razón, que la mayor parte de las medidas propuestas en el programa de Guillier se inscribe dentro de los parámetros del sistema. Pero no es menos cierto que dos de ellas, el Fondo de Ahorro Solidario, y la opción de que los trabajadores puedan elegir administrar sus aportes en el sistema colectivo y no en las AFP; instalan, en los hechos, un sistema colectivo de naturaleza pública.

También es cierto que las propuestas de Guillier en materia de pensiones están por debajo de las expectativas del Frente Amplio y el movimiento No + AFP. Pero no lo es menos que la derecha no sólo conservó, sino que incrementó su poder de veto en las correlaciones parlamentarias; de forma que propuestas de cambio radical deberán esperar otro momento; o mejor aún, construirse desde la unidad de los que pretenden el cambio de sistema.

Derechos laborales en disputa

La diferencia de enfoque entre ambos programas, es particularmente notoria en materia de derechos del trabajo y relaciones laborales.

Si el programa de Guillier propone pleno reconocimiento de los derechos laborales, en línea con los estándares internacionales; el de Piñera, incluye “modernizaciones” que, precisamente, apuntan a impedir lo anterior.

Modernizar, en clave neoliberal, significa despejar toda regulación que obstruya la libre concurrencia del mercado. El programa de Piñera propugna la remoción de las regulaciones introducidas por la reforma laboral del gobierno de Bachelet y promueve abiertamente la flexibilidad laboral. Entre las principales medidas, aparecen las siguientes:

1. modernizar la legislación en materia de jornada laboral, redefiniéndola en base a “hora” y permitiendo que el máximo semanal de 45 horas pueda ser distribuido en 4 días por acuerdo individual o colectivo;

2. permitir que los trabajadores pacten con mayor libertad materias de jornada y horas extraordinarias;

3. modernizar la jornada parcial y permitir que las partes pacten bolsas de permisos para fines de cuidado familiar o actividades escolares, a ser compensados en los 30 días siguientes;

4. crear un contrato especial de trabajo a distancia que regule sus características;

5. ampliar progresivamente el feriado anual de 15 a 20 días hábiles, a ser compensados con la reducción de 3 feriados;

6. posibilitar, cuando sea pertinente y resguardando los derechos básicos de los trabajadores, los pactos individuales de adaptabilidad laboral;

7. especificar procedimientos de negociación colectiva para grupos de negociadores fuera de los sindicatos;

8. mejorar la definición legal de servicios mínimos en caso de huelga, a fin de garantizar el derecho al trabajo de personas no involucradas en la huelga;

9. modernizar la Dirección del Trabajo, estableciendo una clara división en los roles de fiscalización, multas, normativa, y conciliaciones y mediaciones, incorporando tecnologías modernas y reformulando los procesos de gestión estratégicos.

Las medidas 6, 7 y 8 apuntan a clausurar los efectos de la reforma laboral del gobierno de Bachelet. Las medidas 1, 2, 3, 4 y 6 acometen la flexibilidad laboral con una soltura inédita a la fecha.

O sea, el programa de Piñera aspira no sólo a más de lo mismo, sino también a mejor de lo mismo.

Derechos laborales con rango constitucional

El programa de Guillier eleva el respeto de los derechos laborales a rango constitucional, lo cual implica no sólo continuar, sino también profundizar la reforma laboral del Gobierno de Michelle Bachelet:

“En la Nueva Constitución consagraremos una política de plena libertad sindical que reconozca el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, la titularidad sindical y el derecho a huelga de todos y todas los chilenos y chilenas, sin excepciones, posibilitando la negociación en los diferentes niveles. Reconoceremos la titularidad sindical”.

Las medidas específicas llevan la misma dirección:

• efectivo el cumplimiento de los compromisos suscritos con el estatuto del temporero y trabajador agrícola de temporada, reconociendo el derecho o negociar colectivamente, con titularidad sindical y derecho a huelga;

• devolución a los sindicatos y sus dirigentes, de derechos propios de la participación en democracia, lo cual implica la eliminación de las actuales prohibiciones que impiden a dirigentes sindicales asumir un rol político nacional;

• fortalecer la fiscalización de la legislación laboral y la protección de los derechos individuales y colectivos de trabajadores y trabajadoras;

• simplificar el procedimiento de cobranza laboral;

• impulsar la jornada de trabajo de 40 horas;

• política de salario mínimo de largo plazo; .

• creación del Consejo Superior Laboral, que supervigile el reajuste del salario mínimo en línea con el crecimiento y la productividad;

• ley de igual remuneración para trabajos de igual valor, para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral

• políticas públicas que permitan a las mujeres ampliar sus competencias laborales para acceder o las promociones o ascensos;

• igualdad de oportunidades en el trabajo y eliminación de toda formo de discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia, nacional, u origen social.

No a una nueva constitución

La espada de Damocles de una nueva Constitución es una de las principales preocupaciones de la derecha y el gran empresariado. Al menos, así aparece en el programa de Piñera:

“Creemos que la Constitución puede y debe perfeccionarse; también creemos que los cambios en democracia se hacen respetando las reglas del juego y las instituciones que le han dado estabilidad y progreso a Chile. Por eso las propuestas que se hacen en esta materia son leales a la historia republicana de Chile y renuncian a escribir en una hoja en blanco”.

En consecuencia, no hay reforma a la Constitución en el eventual Gobierno de Piñera. A lo más, medidas administrativas o tecnocráticas para avanzar en eficiencia, muchas de ellas, irrelevantes, e incluso algunas, ya vigentes:

• modificación al artículo 19 sobre derechos y deberes constitucionales;

• explicitar la prohibición de la tortura entre aquellos apremios ilegítimos proscritos por la Constitución;

•  derecho a la autodeterminación informativa de forma que las personas tengan un razonable control sobre la circulación de sus datos sensibles;

•   reconocer el derecho de las personas a usar los espacios comunes;

•  modernizar las facultades del Ejecutivo y lograr un mejor equilibrio de poderes con el Congreso;

• cambio al periodo presidencial, introduciendo la reelección inmediata por una única vez o extendiendo el periodo a seis años:

Otro conjunto importante de propuestas del programa de Piñera apunta a maniatar aún más, si cabe, la función pública:

– responsabilidad fiscal para las normas legales vinculadas con el gasto público e institucionalizar la aplicación de ese principio;

– límite a la reelección de los parlamentarios;
.
– autonomía para ciertos servicios públicos como el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica y las superintendencias;

– uniformar la regulación de los órganos autónomos;

– introducir la iniciativa popular de ley y los plebiscitos regionales.

Nueva Constitución

El programa de Guillier, en cambio, apuesta decididamente por una  nueva Constitución, generada democráticamente:

“Nueva Constitución construida en democracia, por todas y todos los habitantes de la República, a través de un mecanismo participativo, democrático e institucional; una nueva Constitución que nos permita transitar desde la concepción neoliberal de Estado subsidiario a una que consagre un Estado democrático y social de Derecho”.

Postula que todos los derechos allí consagrados, gozarán de efectiva protección constitucional y legal, negando cualquier tipo de jerarquización o primado.

En materia de formación de ley, la Constitución consagrará las bases de un sistema que sea la fiel expresión del principio democrático de decisión mayoritaria, lo que también debiera replicarse justamente en el proceso de formación de la ley.

Agrega que la regla general del quórum ha de ser la mayoría absoluta, y que el sufragio se deberá concebir como un derecho y un deber esencial de cada ciudadano.

El programa de Guillier le asigna relevancia a la participación, para lo cual propone incorporar el derecho a la participación en todos los ámbitos de lo vida público como derecho humano exigible; promover desde el Estado la participación ciudadana y la asociatividad, y nuevos mecanismos de democracia directa y semidirecta: iniciativa popular de ley, revocatoria de autoridades y leyes, y ampliar el uso de plebiscitos y referéndum a nivel local, regional y nacional.

También promueve la iniciativa y derogación popular de ley y el referéndum abrogatorio, entre otros mecanismos de democracia directa que podrá establecer lo ley.

La descentralización política y administrativa del país es una propuesta recurrente en el programa de Guillier:

“La Nueva Constitución debiera permitir uno real descentralización, mediante un estado unitario regionalmente descentralizado, dividiendo las funciones de gobierno y administración en diversos organismos, a escalas regional, provincial y local”.

En función de ello, propone modificar lo ley de Bases de la Administración del Estado, para que les sean aplicables a los Gobiernos Regionales las obligaciones que establece lo ley 20.500 sobre participación ciudadana en la gestión pública; establece que los gobiernos regionales podrán disponer de un porcentaje del presupuesto de los Fondos Regionales de Inversión Local, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros Fondos concursables para que sean decididos mediante mecanismos de presupuesto participativo; instaura consultas ciudadanas regionales de carácter vinculante para temas relevantes de lo región, y plantea una rebaja al 5% de votantes efectivos de la última elección, como requisito de firmas para convocar a plebiscitos comunales; los cuales, para ser vinculantes, deben tener un quórum del 50% de los votantes de dicha elección.

Además de la autonomía constitucional tanto del Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública, plantea un nuevo Tribunal Constitucional democráticamente constituido, profesionalmente calificado y contitucionalmente responsable del control previo del modo de producción de lo norma jurídica en sus aspectos formales.

Respecto al Consejo Nacional de Seguridad, propone suprimirlo, y de las Fuerzas Armados, plantea una regulación entregada a la ley, sin perjuicio de que siempre deberán resguardar su carácter obediente y no deliberante, como expresión de su completa subordinación a los autoridades civiles, al tiempo que deberán ser jerarquizadas y disciplinadas.

En línea de continuidad con las reformas del Gobierno de Bachelet, el programa de Guillier incluye la reforma al Capítulo XV de la actual Constitución, de forma de convocar una Convención Constitucional; la cual debe ser democrática, abierta a la participación ciudadana e institucional, y reflejar lo que se conoce como la potestad constituyente originaria, o sea, el derecho de los pueblos a redactar su Constitución

Acaso lo más novedoso del programa de Guillier sea su propuesta de regimen político de carácter semi-presidencial, manteniendo en la Presidencia las funciones de jefe de Estado, pero encomendando tareos de gobierno y administración a un Primer Ministro o figura similar, con adecuado equilibrio entre los funciones y atribuciones del Ejecutivo y el Congreso Nacional.

No menos novedosa es la incorporación del Derecho a la Comunicación a los derechos humanos básicos. Lo define como “la plena libertad de expresión y el derecho a buscar y recibir informaciones e ideas, acceder o una comunicación incluyente, libre e intercultural, asegurando el acceso universal y las habilidades comunicativas para el uso de los plataformas digitales, y a contar con un sistema de medios de comunicación que asegure el pluralismo y la diversidad”.

Agrega que ese derecho no puede ejercerse plenamente si el debate público no recoge la pluralidad de visiones sobre la sociedad y sus acontecimientos:

“Si los distintos grupos sociales no tienen voz en el espacio público o son representados de modo parcial o sesgado, no se produce la conversación social que se requiere en una sociedad que valoro la integración y la inclusión social”

Luego, señala que el pluralismo debe ser una prioridad nacional:

“La concentración de medios en nuestro territorio nacional ho llegado demasiado lejos. Debemos desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación. Una de los primeras medidas presidenciales será lo conformación de una Comisión Especial para el Fomento del Pluralismo”.

“En nuestro país existen diversas limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, tanto a nivel de propiedad medial concentrada y centralizada, como el sesgo en la representación de los actores y grupos sociales, lo que ha Ilevadoentre otros Factores-a una disminución de la confianza en los medios de comunicación”. añade.

Entre las medidas priopuestas, figuran: .

• consagrar la nueva Constitución Política del Estado el Derecho a la Comunicación, concepto que debe otorgarle estatus jurídico estable y mandatorio a toda la regulación que el país se otorgue:

• Ley de Medios que fije límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, para avanzar en pluralismo informativo y diversidad de medios.

• Comisión Especial para el Fomento del Pluralismo, representativa de todos los adores relevantes en esta materia;

• consolidar un sistema de medios más diverso y representativo; .

• creación de la institución del Defensor de las Audiencias, instancia pública y ciudadana que facilite la mediación de denuncias ciudadanas sobre contenidos emitidos por los medios de comunicación.

Modelo de desarrollo y neoliberalismo estratégico

Las propuestas de ambos programas sobre el modelo de desarrollo deberían interesar a los votantes, toda vez  que de ellas se desprenderán decisiones de política pública que inevitablemente condicionarán su vida cotidiana.

El programa de Piñera se asienta firmemente en las convicciones del neoliberalismo, y asume que el problema de la economía chilena consiste en haberse alejado de su benéfica influencia:

“Nuestro firme compromiso es volver a poner en marcha nuestra economía mediante el restablecimiento de la confianza, una corrección de la actual reforma tributaria, un fuerte impulso a la inversión y una agenda de reformas pro competitividad, innovación y emprendimiento”.

Empresa, inversión y competitividad; lo demás es verso. Toda visión distinta termina en estancamiento, desastre, disenso y pérdida del paraíso original:

“Después de una época de excepcional progreso en unidad, hemos visto nuevamente como las nubes del disenso y el estancamiento oscurecen nuestro cielo y enturbian nuestra vida cívica. Otra vez cobran fuerza los ideologismos y la mentalidad de retroexcavadora, otra vez nos quedamos atrás respecto de nuestras posibilidades y expectativas, otra vez nos dividimos y perdemos el rumbo del progreso”.

Para el análisis de Piñera, simplista hasta la ramplonería, el problema de la economía chilena se reduce al oportunismo de la Nueva Mayoría, y su visión ideologizada y rupturista, sin parar mientes de que la Nueva Mayoría surgió como respuesta política a las grandes movilizaciones desde 2006 a 2011:

“Esta extraordinaria transformación de nuestro país fue interpretada en forma equivocada por grupos minoritarios, que le dieron un cariz altamente ideologizado y rupturista. En vez de proponer el perfeccionamiento de las bases de nuestro progreso plantearon un cambio refundacional, inspirado en viejas utopías y recetas estatistas reiteradamente fracasadas, y pusieron en marcha la nefasta lógica de la retroexcavadora”.

Incluso, la acusa de haber traicionado a la Concertación, sin darse cuenta de que en realidad la superó, y que eso inauguró un ciclo político que puede prolongarse y profundizar las reformas, de triunfar Guillier el 17 de diciembre:

“Esa fue la raíz del oportunismo político de la Nueva Mayoría y del diagnóstico profundamente equivocado que ha inspirado el accionar del gobierno. La Nueva Mayoría, ilusionada por la perspectiva de una rápida vuelta al poder, interpretó erróneamente a este nuevo Chile y estuvo incluso dispuesta a renegar de lo realizado por la Concertación y sus líderes los ex presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos”.

Luego, arremete con una ráfaga de acendrado neoliberalismo:

“Es nuestro convencimiento que el progreso de una nación depende del esfuerzo y la creatividad de individuos libres, familias seguras y una sociedad civil vigorosa. La tarea del Estado es acompañar, facilitar y promover las condiciones para que esa libertad se despliegue ampliamente, de manera que seamos los arquitectos de nuestras propias vidas y podamos realizar todo nuestro potencial. La política y el Estado deben estar al servicio de las personas y la sociedad, no al revés”.

Y para lograrlo, más noliberalismo:

“Corregiremos los errores de la reforma tributaria, introduciendo certezas e incentivos para el ahorro y la inversión; impulsaremos el Plan Chile Invierte 2025 para modernizar nuestra infraestructura; implementaremos una nueva agenda laboral, que permita crear mejores empleos y compatibilizar la vida familiar y el trabajo; y promoveremos un reimpulso productivo, con especial énfasis en las pymes, introduciendo más competencia, innovación, emprendimiento y modernizando el Estado”.

Luego, el programa de Piñera retoma al discuso del crecimiento:

“La experiencia internacional y nuestra propia historia nos enseñan que es posible transitar por una senda virtuosa de crecimiento económico, generación de mayores oportunidades para todos y alto desarrollo humano. Para lograrlo se requiere de instituciones sólidas y políticas públicas bien diseñadas e implementadas que lo impulsen. Sin crecimiento no hay empleo, no existe la posibilidad de elevar los salarios y escasean los recursos para financiar las necesidades de los más vulnerables y la clase media”.

Por lo tanto, no tardan en aparecer equívocos y contradicciones.

A modo de ejemplo, plantea incentivos que reactiven la inversión favoreciendo prioritariamente a las Pymes, la innovación y el emprendimiento. Pero de inmediato, a contramano, antepone medidas contractivas y ajuste fiscal:

– “responsabilidad ante la dificil situación creada por el déficit fiscal, el aumento de la deuda pública y el exceso de gastos comprometidos para el periodo 2018-2021, que superan con creces los ingresos permanentes del fisco”;

– “reasignar recursos y evaluar la continuidad de los programas mal evaluados y reducir los gastos en nuevas contrataciones, viáticos, horas extra y asesores a honorarios”;

– “converger gradualmente a un balance entre ingresos y gastos estructurales en los próximos 6 a 8 años, para estabilizar y luego reducir los niveles de deuda pública en relación al PIB;

– “perfeccionar e institucionalizar la regla fiscal para asegurar su credibilidad en el tiempo”.

El programa de Piñera plantea “una economía que invierte, es innovadora y competitiva, superando los niveles actuales de inversión y productividad, que son incompatibles con nuestras metas de desarrollo”, pero aparece letra chica por dónde se mire.

Es más, despojado de retórica, lugares comunes, circunloquios y florilegios, las 194 páginas del programa de Piñera cabrían en no más de diez: el decálogo neoliberal y las medidas para remover regulaciones sentidas por los empresarios, que dificultan la inversión, cambian las reglas del juego, y dañan “las confianzas”.

Algunos ejemplos de ello:

Por “reestructurar y agilizar el Sistema de Evaluación Ambiental, a fin de lograr el desarrollo de procesos más expeditos, con altos estándares de calidad ambiental y en un marco de certeza jurídica para los titulares, la comunidad y los distintos servicios públicos que participan en la evaluación”, debe entenderse una institucionalidad ambiental proclive a la inversión; es decir irrelevante.

En esa misma línea va la medida siguiente: “reducir la discrecionalidad política en la revisión de proyectos de inversión y crear un procedimiento reglado y vinculante para consultas de pertinencia ambiental”.

Luego, “modernizar las empresas públicas, dotándolas de un marco regulatorio moderno y común”, en clave neoliberal, ya se sabe dónde conduce.

Asimismo, “avanzar hacia una tercera fase de integración al mundo, negociando los acuerdos comerciales faltantes, estableciendo integraciones aduaneras y digitales, en particular con los países de la Alianza del Pacífico, y facilitando el libre tránsito de personas”, significa permanecer anclados la actual política comercial de extrema apertura, en el modelo de exportación primaria y en una economía rentista.

A  mayor abundamiento, “proteger a los consumidores y la libre competencia a fin de desarrollar una economía social de mercado sana, moderna y libre de colusiones y abusos” es casi publicidad engañosa, tendiendo en cuenta que las medidas regulatorias se reducen a “monitoreo del proceso de aprobación para fusiones y el fortalecimiento de la delación compensada”; “criterios que permitan cuantificar los daños por conductas anticompetitivas”; “despejar barreras de entrada a los mercados para nuevos competidores y los costos de salida para los consumidores”, y algo difícil de entender: “regular los mercados de economía colaborativa para facilitar la adecuada operación de sus plataformas”. Si se refiere al mundo cooperativo, la propuesta es de una pobreza insultante.

En materia de pesca, “adecuar el esfuerzo pesquero a la capacidad de pesca sustentable e incorporar en las recomendaciones de cuota global de captura el enfoque ecosistémico / ultiespecies y los efectos de los cambios ambientales” y “revisar responsabilidades, atribuciones y duplicidades de la institucionalidad encargada de la toma de decisione” quiere decir: la Ley de Pesca no se toca.

Reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables” debe leerse como una retracción del sector público, en el contexto de una economía monopólica, y extraordinariamente concentrada, de la cual Piñera es un connotado exponente.

En políticas de minería y cobre, denominadas con cierta pompa, Programa Nacional de Minería Alta Ley, la propuesta consiste en profundizar y perfeccionar el modelo vigente:

– fortalecer la iniciativa público-privada de fomento de una industria asociada a la I&D;
– promover la homologación integral de las condiciones que deben cumplir contratistas y proveedores para operar en faenas;
– crear mecanismos de diálogo y solución temprana de conflictos entre empresas y comunidades, que mejore la confianza y dinamice los proyectos mineros y energéticos;
– incentivar los aportes de las empresas mineras a municipalidades, ONG’s y comunidades vecinas;
– modernizar el gobierno corporativo de ENAMI siguiendo los más altos estándares internacionales en la materia;
– profundizar la autonomía de Codelco, dándole mayor independencia a su gobierno corporativo respecto de los cambios de gobierno y dotándolo de mayores herramientas para gestionar con eficiencia la actual diversidad y complejidad de la Corporación;
– definir una política de dividendos estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada, de modo que el monto base de utilidades para la política de dividendos sea representativa de las utilidades de la empresa.

En estricto rigor, las diez páginas condensadas del programa original de 194, caben en una sola frase, en el estilo del verso escolar característico del discurso de Piñera:

“Para que todo siga como hasta aquí, vote por mí”.

Cambio en el modelo, no de modelo

De entrada, algo no por obvio más comprendido: el programa de Alejandro Guillier es el de la centroizquierda; no el de la izquierda. El programa de Guillier, tributario de la socialdemocracia, propone correcciones al capitalismo y regulaciones a las empresas, en nombre de la sociedad civil, pero no un cambio de modelo.

El siguiente párrafo es ilustrativo de esto:

“La demanda ciudadana busca que el crecimiento llegue a todos los hogares y no a través de subsidios sino a traves de empleos y salarios dignos; que el espíritu emprendedor pueda desplegarse y no dependa del apellido ni de los ‘pitutos’ políticos; que los mercados reflejen efectivamente competencia y no colusión directa o marcadas barreras a la entrada; que los servicios públicos respondan a estándares de mayor calidad y prontitud; que nuestros sectores medios también puedan contar con redes de protección cuando lo enfermedad, el desempleo u otra circunstancia adversa afecte sus logros acumulados tras décadas de esfuerzo; que una vida de trabajo encuentre al final una compensación digno y no se enfrente a pensiones miserables que reducen hasta en dos tercios el ingreso que se percibío; que la educación y a la salud estén al alcance de todos, con independencia del nivel de ingreso”.

Se trata de una economía más asentada en valores axiológicos, que en relaciones productivas:

“Aspiramos a construir un nuevo compromiso histórico basado en la cultura de la democracia y la inclusión. Se trata de un desplazamiento desde una gobernabilidad concebida como neutralización de los movimientos sociales y un ejercicio democrático limitado al Congreso, hacia una gobernanza inclusiva de múltiples actores sociales, con una democracia que se desarrolla a nivel local, regional y nacional”

En consecuencia, apuesta al crecimiento, pero no cualquier crecimiento. En tal sentido, sostiene:

“Debe traducirse en empleos decentes, debe ser cada vez más sustentable o armónico con el medio ambiente, debe ser inclusivo de tal forma que nadie quede atrás y debe basarse en la innovación, la creación y el conocimiento. Esto implica que la métrica para medir nuestro desarrollo ya no puede ser sólo el producto per capita, sino debe incluir indicadores de distribución del ingreso y la riqueza, de desarrollo y bienestar humano, resiliencia ante catástrofes, así como avances en innovación y sustentabilidad ambiental”.

El programa de Guillier está por modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley 20.657) de 2012,  con el objeto de subsanar diversos problemas tales como una mejor redistribución de las cuotas, revisar el fraccionamiento y asegurar la sobrevivencia del recurso pesquero, entre otros objetivos:

“Dicha ley fue cuestionada por la ciudadanía debido a las revelaciones de la conexión entre dineros de las grandes empresas pesqueras y personas del poder ejecutivo y legislativo. Una de las consecuencia de esta ley, fue que en la práctica entregó o perpetuidad los recursos hidrobiológicos a la industria pesquera, aumentando las barreras de ingreso de nuevos actores económicos. Con ello, concentró aún más la propiedad en unos pocos grupos económicos sobre los recursos. Pero lo más grave es que no hay evidencia de recuperación de las pesquerías; por el contrario, han aumentado los recursos en estado crítico. Es así como de las 23 especies, 1 se encuentra en estado de sub-explotación, 7 en plena explotación, 6 en sobreexplotación y 9 en estado de agotadas o colapsadas (SubPesca 2017). Al mismo tiempo, la salmonicultura está cuestionada por sus efectos ambientales, sociales, el alto uso de antibióticos y antiparasitarios que llegan a representar más del 20% de los costos de producción”.

Pero otras medidas no están esencialmente alejadas del prograna de Piñera:

– “el crecimiento será tanto más sostenible en la medida que lo economía chilena adquiera una creciente robustez macroeconómica frente a la especulación y las turbulencias financieras, así como frente a los ciclos de los precios de las materias primas”;

– “la politica fiscal priorizará la recuperación de las inversiones, especialmente en infraestructura”;

– “una drásica reducción en los plazos asociados o la aprobación de los inversiones y en la evaluación del impacto ambiental de las mismas contribuirán a generar un ambiente más amigable con la inversión privado, nacional y extranjera”;

– “la política macroeconómica debe permanecer atenta a la supervisión del sistema financiero y el mercado de capitales”;

– “con tasas de interés históricamente bajas, la supervisión macro prudencial juega un papel determinante para evitar burbujas especulativas”;

– “preservar lo estabilidad financiera requiere mantener una adecuada coordinación entre el gobierno, el Banco Central y los agencias reguladoras del sistema financiero”.

– “la articulación público-privada tiene un rol fundamental en el desarrollo de la infraestructura nacional El Estado cumple un rol de orientación estratégica y de regulación, de impulso o los inversiones públicos, de diseño de licitaciones paro concesiones y de asegurar un Fondo de Infraestructura que opere como garante de las inversiones privadas. El sector privado tiene el rol de ejecutor la mayor porte de los inversiones de infraestructura y proponer proyectos que sean de interés público”;

– “aumentar la tasa de inversión desde poco más de 2% al 4% del PIB”;

– “incrementar la eficiencia del proceso de inversiones en el sector público”;

– “nuevo impulso al sistema de concesiones en carreteras y perfeccionando el marco regulatorio”;

– “nuevas industrias y nuevos sectores competitivos para diversificar la matriz productiva y exportadora del país;

– “elevación de la productividad y la sustentabilidad de la producción de recursos naturales, incentivando el desarrollo de encadenamientos que agreguen valor nacional”;

– “reforzar potencial nacional en nanotecnología, biotecnología y tecnologías de información, todos ellos sectores de alto dinamismo en los mercados globales”;

– “otorgar al Banco del Estado rol público de banca de desarrollo”.

En materia de política minera y cobre, el programa de Guillier propone:

• Ley Nacional de Ordenamiento Territorial de la minería, para una gestión viable o sostenible de los recursos mineros;

•  fortalecer los organismos gubernamentales con funciones regulatorias y/o de fiscalización del sector: Ministerio de Minería, COCHILCO y SERNAGEOMIN;

•  modificar el código de minería para incentivar la exploración y explotación minera. Aquellas concesiones mineras que no sean exploradas o explotadas deben ser devueltos al Estado;

•  cambio de la figura de concesión minero por la de patente minera diferenciada, en función de la escala de la explotación de la propiedad minera y de la exploración de los recursos;

•  derogación de la Ley Reservada del Cobre (ley N° 13.196);

•  financiamiento de inversiones en la minería pública, proveniente de la aplicación de fondos previsionales;

•  modernización y despliegue de inversiones en CODELCO, fortaleciendo su gobierno corporativo; asegurar a Codelco como primer productor mundial de cobre; reforzar su competitividad y crear valor desde la innovación y el conocimiento como estrategia minera del siglo XXI.

• política de desarrollo de fundiciones y refinerías, que permita agregar y capturar valor para Chile a partir de la diversidad metálica de sus yacimientos, y desarrollo de un Plan Nacional de Fundiciones y Refinerías, que apunte a producir mayor cobre metálico y avanzar hacia la fabricación de productos manufacturados, ligados a los usos del cobre y de otros metales.

• consolidar a ENAMI como empresa líder en tecnología y como el más importante agente de transferencia tecnológica para el segmento de la minería de mediana y pequeña escala.

•  profundizar la política iniciada por CORFO en torno al litio en la perspectiva de incrementar la participación del Estado en las rentas del litio;

•  continuar la ofensivo para poner fin al contrato con SQM, porque esto empresa ha engañado al país y tuvo prácticas reñidas con la ética empresarial;

•  Agencia Nacional del Litio como ente público que regule y fiscalice la gobernanza de los solares y los empresas del sector

•  conformación de una empresa estatal del Litio, sea como filial de CORFO o de CODELCO.

La renacionalización del cobre y el fin de las AFP están en el programa de la izquierda. En rigor, el programa de la izquierda se propone cambiar de modelo, y no cambios en el modelo. Sin embargo, el hecho de que la izquierda histórica (1) enarbole temporalmente un programa de centroizquierda, como el de Alejandro Guillier, no representa ni una traición a sus principios, ni un cambio de caballo en plena carrera. Al contrario, revela madurez.

En primer término, su larga experiencia le ha permitido concluir la corrección de un postulado leninista: un partido revolucionario debe tener políticas en todos los frentes, para todas las coyunturas y escenarios, aun cuando, o más bien preferentemente, la perspectiva de la toma del poder permanezca lejana; lo cual incluye, naturalmente, la política de alianzas.

En seguida, está en su ADN apoyar, diseñar, promover, luchar y defender políticas públicas que apunten al ensanchamiento de los derechos sociales y el mejoramiento en las condiciones de vida de la gente. Siempre.

Su prolongada travesía por el desierto le ha permitido entender la inanidad de la consigna reforma o revolución, que tanto ha dividido a las izquierdas a lo largo de su historia; y su reemplazo por la propuesta correcta de reforma y revolución. Reforma siempre, más aún si tiene como fin mejorar la vida de la gente corriente, aquí y ahora; revolución cada vez que se pueda, muchas veces a partir de condiciones generadas por las reformas. Lo único que no se puede, es caracer de políticas para transitar por los diversos períodos.

Está dentro de las probabilidades, que en la defensa de las reformas del Gobierno de Guillier, e incluso en la defensa de la democracia misma, los hechos obliguen a la actuación conjunta en el Congreso, de todo aquel que se sienta de izquierda, sea de la izquierda histórica, o de las heterogéneas vertientes que conforman el Frente Amplio, e incluso de otras identidades o banderas, que para el caso, de poco sirven.

En esa perspectiva, el problema de la toma del poder volvería a estar en la orden del día. Se enfrentarían mayorías relativas con representación en el Congreso; con una coalición conservadora extremadamente poderosa, que incluye a los que se conocen como “poderes fácticos”; al gran empresariado; a los altos mandos de las FF.AA y a la Embajada de los Estados Unidos, con todos esos poderes oscuros que son capaces de conjurar, a los partidos de derecha; al Vaticano, la Iglesia Católica y las ramas conservadoras de las iglesias  evangélicas; los tecnócratas; el ala neoliberal de algunos partidos de la Nueva Mayoría y organizaciones sociales aspiracionales.

Aún en ese escenario, la propuesta unitaria de las diversas izquierdas, tendría opciones de avanzar, en la medida en que realmente interprete y conduzca las aspiraciones de la mayoría. Por tanto, asumir el programa de Guillier como producto terminado, o un fin en sí, y no como una oportunidad no bien comprendida para impulsar los derechos sociales hasta nuevas fronteras, es un error que no se puede cometer, porque es de los que cuestan caro.

Es más: si al cabo de cuatro años, una parte sustantiva del programa de Guillier, se hubiera abierto paso, como en su momento las reformas de Bachelet, la izquierda genuina, aquella que busca el cambio desde la posición en que se encuentre, estaría en condiciones de liderar una coalición  que se proponga derrotar políticamente al modelo neoliberal, para luego reemplazarlo.

(1) Por izquierda histórica se entiende aquí a todas las fuerzas políticas y sociales que reivindican el legado del Gobierno de Salvador Allende, y se inspiran en su ejemplo.

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