Piñera en su Laberinto: El Lapidario Informe de la Comisión Investigadora del Caso Exalmar

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por Francisco Herreros.

Mediante una tinterillada relativa a aspectos puramente formales; a saber, la cita de párrafos textuales de publicaciones en medios de prensa en el informe de la Comisión Investigadora del caso Exalmar, la derecha consiguió postergar la vista en sala y posterior votación del mismo, lo cual en el mejor de los casos es una victoria a lo Pirro, y en el peor, un disparo a los pies.

Victoria a lo Pirro por cuanto si bien es cierto que la maniobra sustrajo del conocimiento público el macizo reproche ético de la Comisión Investigadora a Sebatián Piñera en vísiperas de la primera vuelta de la próxima elección presidencial, no lo es menos que la maniobra evasiva revela el pavor de la derecha a los efectos políticos que con seguridad generará.

Disparo en los pies, pues la derecha no tiene cómo impedir que el informe se conozca y discuta en vísperas de la segunda vuelta, donde el impacto político puede ser más decisivo. Incluso, la propia maniobra es un factor que espoleará la atención de la ciudadanía.

Es cierto que el poderosos sistema mediático que controla la derecha ya inició la faena de demolición de la credibilidad del informe, en virtud de lo que ya denomina “copy y paste”.

Pero ¿dónde está está escrito que párrafos de textos publicados por medios de comunicación no pueden utilizarse en documentos o informes oficiales de un podel del Estado, como lo es el Legislativo?

Extrapolando este argumento hasta el absurdo, cabría concluir que todo lo que publica la prensa entra en una especie de campo de veda para el Parlamento.

Y como podrá concluir cualquiera de nuestros lectores que se de el trabajo de descargar el informe y leerlo, las citas textuales de medios de comunicación no cambian ni un tantito así ni el fondo del asunto ni el reproche ético a las actuaciones de Piñera. A lo más merecería el reparo de no haber respetado la propiedad intelectual mediante una cita de pie de página.

Distinto sería el caso si dichas citas remitieran a información falsa, pero los hoy severos catones del copy y paste saben que no es así.


Fluyen varias conclusiones del informe de la comisión investigadora del caso Exalmar.

Primero, Piñera perpetró acciones ilícitas, como ocultar información en sus declaraciones de patromonio; éticamente reprochables, como la utilización de paraísos fiscales para evadir impuestos, y enteramente inaceptables, como adquirir acciones de una compañía del país con el que se tenía un litigio e una corte internacional, mientras simultáneamente desempeñaba la presidencia de la República. .

Segundo, el intento de bloquear el conocimiento público del informe de la comisión investigadora forma parte de una confabulación del máximo nivel para salvar a Piñera de la condena de la opinión pública, y también la del Poder Judicial; que por lo demás ya lo había salvado en el caso del Banco de Talca.

Tercero, y principalmente, el informe revela a Piñera como lo que es: un sujeto frívolo y ambicioso, oportunista y megalómano, que no trepida ante nada y no escatima recurso alguno cuando se trata de acumular más, siempre más.

Cuarto, un personaje de semejantes características no puede, o no debiera, desempeñar el más alto cargo de la República. Y si por desgracia eso llegara a suceder, los chilenos no tendríamos excusa, porque fuimos cómplices, por acción u omisión, de semejante barbaridad.


 

Mandato de la comisión

El informe, de 117 páginas, sintetiza el trabajo de las 16 sesiones de la Comisión, verificadas entre el 14 de diciembre de 2016 y el 2 de agosto de 2017. La comisión fue formada a solicitud de 48 diputados, y respecto de su competencia, registra lo siguiente:

“La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha y en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1, letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 313 y siguientes del reglamento de la Corporación, ha prestado su aprobación a la solicitud de 48 diputadas y diputados, para crear una Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros y otros organismos públicos en relación los hechos públicos y notorios vinculados a inversiones realizadas por Bancard en la empresa peruana Exalmar S.A.A., como asimismo recabar antecedentes sobre: eventuales irregularidades en la fiscalización de impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile, y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que pudieron significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas, entre los años 2010 y 2014″.

Presidida por Fuad Chahín (DC), tuvo la siguiente composición: Daniella Cicardini (PS), Marcos Espinosa (PRSD), Fidel Espinoza (PS), Ramón Farías (PPD), Joaquín Godoy (Ampl), Patricio Melero (UDI), Nicolás Monckeberg (RN), Iván Norambuena (UDI, Daniel Núñez (PC),  Paulina Núñez (RN), Mario Venegas (DC) y Felipe Ward (UDI).

Fueron reemplazados en forma permanente desde la sesión N°1 el diputado Farías por el diputado Felipe Letelier; desde la sesión N°9, el diputado Fidel Espinoza por el diputado Osvaldo Andrade y a partir de la sesión N°11 el diputado Marcos Espinosa por la diputada Marcela Hernando.

Durante su período de actividad, la comisión recbió a Fernando Barraza Luengo, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos; Alex Villalobos Lizana, Jefe del Departamento de Acciones de cumplimiento tributario de la Subdirección de Fiscalización; Carlos Pavez Tolosa, Superintendente de Valores y Seguros; Alberto Van Klaveren Stork, ex agente del Estado de Chile ante la Corte Internacional de La Haya; Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República; Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones Exteriores; Nicolás Eyzaguirre Guzmán, ex integrante del Directorio de Codelco y Javier Andrés Cruz Tamburrino, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ronda de invitados

El director del SII, Fernando Barraza, advirtió que cuando se trata de empresas que operan en el exterior, como en sociedades BVI o Islas Vírgenes Británicas, y que tienen operaciones con sociedades de otro Estado, la legislación chilena no otorga facultades al Servicio de Impuestos Internos para efectos de fiscalizar o requerir información directamente a estas sociedades.

Sobre el cumplimiento normativo de las empresas chilenas que efectuaron la operación con Exalmar, recalcó que lo único que puede fiscalizar el Servicio de Impuestos Internos son las inversiones que las empresas locales realizan para constituir otras sociedades en el exterior. Pero respecto de las sociedades conformadas en el exterior, dijo que ese organismo no dispone de facultades e insistió que sobre las operaciones que haya realizado cualquier empresa en el exterior y sobre inversiones realizadas en otros territorios, por estar fuera del ámbito de su jurisdicción, el SII no tiene facultades para fiscalizar.

Agregó que la jurisdicción del SII está limitada, como señala la norma, a las personas o empresas domiciliadas en Chile, residentes en Chile, sobre las rentas de fuente mundial. Por lo tanto, argumentó, si no existen flujos desde sociedades en el exterior hacia las empresas que conforman esas sociedades en el exterior, no es posible fiscalizar.

También enfatizó que el SII carece de facultades para solicitar directamente a las empresas conformadas con domicilio en el exterior, la información necesaria para fiscalizar.

Aclaró que, de acuerdo con la información disponible, no existe una empresa chilena que haya invertido en Exalmar, sino que se trata de una empresa extranjera, uno de cuyos propietarios es un chileno, la que invirtió en Exalmar. Reiteró la precisión de que no existe empresa chilena alguna que haya invertido directamente en una empresa peruana, sino lo que se hizo fue crear una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y a través de ella se invirtió en la empresa Exalmar y, probablemente, en otros territorios.

Advirtió que no es frecuente que las empresas chilenas que operan en el extranjero realicen este tipo de operaciones, y afirmó que no puede opinar si en la operación de empresas Bancard hubo irregularidades. Sólo puede informar que la operación cumplió con lo que la norma exige.

Finalmente, acotó que el interés que puede motivar a las empresas nacionales para abrir o crear empresas en paraísos fiscales tiene que ver, por una parte, con razones de negocio y, por otra, con razones de planificación tributaria, una elegante manera de referirse a la elusión y/o evasión tributaria.

Alex Villalobos, jefe del departamento de acciones de cumplimiento tributario de la subdirección de fiscalización de la misma repartición, reconoció lo nocivo de los paraísos tributarios para las arcas fiscales. Señaló que antes de la reforma tributaria existían sociedades que invertían en el extranjero, en países con una tasa preferencial, lo que generaba menos flujo para las arcas fiscales pues significaba que no pagaban impuestos. Sin embargo, con la reforma tributaria a contar del 1 de enero de 2016 las rentas pasivas tributan en Chile, por lo que para el año tributario del 2017 esas rentas que generen las sociedades ya tributarán.

Carlos Pavez Tolosa, Superintendente de Valores y Seguros anotó que la operación particular que dio origen a la Comisión Especial Investigadora está fuera del ámbito de regulación y de supervisión de la SVS, por cuanto tuvo lugar fuera del territorio nacional y tuvo relación con una acción de un emisor constituido fuera de Chile, por lo que no está sujeto a las regulaciones de la Ley de Mercado de Valores. Este caso, dijo, se trata de una operación de compra-venta de una acción emitida por un emisor peruano, realizada en Perú.

Sobre los famosos fideicomisos ciegos, señaló que el mandato que constituyó el ex Presidente Piñera con al menos tres intermediarios de valores, corredores de bolsa fiscalizados por la Superintendencia de Valores, y el Banco BICE, comprendía cuatro mandatarios, tres de los cuales eran fiscalizados por la SVS.

Aclaró que el intermediario que está a cargo, como mandatario de la administración de esa cartera de inversiones y que puede tomar decisiones de inversión bajo esa figura, tiene que reportarla y el mandante, tiene derecho a saber en detalle cuáles han sido las operaciones que se han realizado.

Por ello aseguró que, bajo la figura de ese contrato de mandato, como actividad complementaria, no es efectivo que se desconozca las decisiones de inversión, porque parte fundamental de la obligación del corredor de bolsa es entregar la información al mandante.

Advirtió que si a partir de la enmienda que contemplaba la entrega de información al cliente a través de un representante, el cliente tuvo o no acceso, está fuera del ámbito de supervisión de la SVS. Es decir, no consta en la SVS, ni hay ninguna comunicación que dé cuenta del nombramiento de los representantes que recibirían la información de la corredora.

Señaló que si esta condición generaba en la práctica un fideicomiso ciego, es algo que no puede responder porque esa denominación, desde el punto de vista normativo, no existe. Lo que está regulado como actividad complementaria para los corredores de bolsa es la administración de cartera discrecional para terceros.

En otras palabras, lo que aseveró el superintendente de la SVS, es que de ciegos, los mentados fideicomisos no tenían ni un pelo.

El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, manifestó que no podría afirmar que existió falta de probidad en las transacciones relativas a Exalmar, porque, primero, se estaría haciendo un juicio sin ningún tipo de antecedente y, segundo, porque la CGR no estaba gestionando ningún tipo de procedimiento en esa materia.

Aseveró que, en los hechos, se cumplió con la normativa de ese momento, porque la CGR recibió las declaraciones de patrimonio de Piñera, tanto la primera como la de salida, aunque también reconoció que, bajo la mirada de hoy, aparece como insuficiente.

Precisó que no es posible emitir juicio respecto de la veracidad o de la completitud de las declaraciones, no sólo del Presidente Piñera, sino de todos los presidentes, porque no dispone de facultad para hacerlo. Adicionó que sería relevante saber si era veraz, pero que no es la Contraloría la entidad llamada a hacer ese examen.

Una vez concluidas las audiencias, se aprobaron las conclusiones y recomendaciones por siete votos a seis. A favor lo hicieron la/os diputada/os Cicardini, Hernando, Andrade, Chahín. Letelier, Núñez y Venegas. Votaron en contra la/os diputada/os Núñez, Godoy, Melero, Monckeberg, Norambuena y Ward.

Obstrucción

El primer punto de las conclusiones remite a los inconvenientes registrados en la indagatoria; entre ellos, el secreto de algunas sesiones, debido a la naturaleza reservada de la  información que entregaban ciertos organismos, lo cual imposibilitaba a los miembros de la comisión pronunciarse sobre el particular.

Sin embargo, el principal problema que se presentó durante el funcionamiento y desarrollo del trabajo de la comisión, fue la circunstancia de que los principales involucrados en los hechos objeto de la investigación, no sólo no asistieron, sino que negaron cualquier asomo de colaboración. En prueba de ello, el informe cita la carta enviada por Sebastián Piñera Morel, miembro del Directorio de la pesquera Exalmar, de quien se esperaba la entrega de antecedentes valiosos que permitiera despejar las legítimas dudas que existen al respecto de las actuaciones realizadas por la empresa familiar vinculadas con el acceso a información privilegiada.

A la inversa, agrega el texto, “denostó el funcionamiento y trabajo de los parlamentarios integrantes de esta comisión, dejando constancia en la carta que envió a través de un parlamentario (que actuó como su corresponsal), no estar dispuesto a ser parte de un “show comunicacional”, calificativo que utilizó para referirse a esta instancia de trabajo parlamentario”.

A su turno, Piñera Echeñique calificó de una “vergüenza”, la comisión investigadora, que en concreto buscaba dilucidar los conflictos de interés, el uso de información privilegiada y los potenciales intereses que podría haber tenido el hoy candidato presidencial mientras- siendo presidente- se desarrollaba el juicio en La Haya por el diferendo marítimo entre Chile y Perú.

Los dominios de la post verdad

En este sentido, conforme al texto, “cabe tener presente el concepto de “posverdad” -o “post verdad”-, tan mencionado durante los últimos meses, que fue elegida por el Diccionario Oxford como palabra del año 2016, definiéndola como “relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales”. En otras palabras, nos encontramos con que la posverdad es aquel eufemismo que apela a la posibilidad de mentir ahí donde la mentira es inexistente ya que “la verdad no existe”, a pesar de que los hechos objetivos estén ahí, a la vista de todos para corroborar que la mentira se encuentra frente a nuestros ojos, aunque sea negada. Y sin una clara aceptación de lo que la verdad es, no es posible el más mínimo consenso moral en una sociedad”.

Agrega:

“El hecho real es que el fallo de la Corte Internacional de La Haya adjudicó más de 50 mil kilómetros cuadrados del mar chileno a Perú el 27 de enero de 2014, y esto sólo benefició las aspiraciones territoriales y económicas peruanas, todo esto es objetivo y puede ser revisado. Así como también se puede llegar rápidamente a fuentes que señalan que el ex presidente Piñera ingresó a la propiedad de Exalmar, tercera mayor pesquera de Perú, mientras se desempeñaba como presidente y en medio del juicio en la Corte Internacional, poco después de que la pesquera se abriera a bolsa en Perú a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo. El primer registro público sobre las inversiones de Piñera en Exalmar es del 15 de agosto de 2012, esto es cuatro meses antes que se llevarán a cabo las dos jornadas de audiencias públicas entre Chile y Perú en la Corte Internacional”.

Cuando estalló la noticia de las inversiones de Bancard en Exalamar y los paraísos fiscales, los cuestionamientos éticos eclipsaron detalles que hoy aparecen como relevantes. A mdo de ejemplo, durante el mismo periodo Bancard compró el 6,94% de Andino Investment Group actualmente controlador de tres puertos pesqueros en Perú, que hoy se encuentran en un conflicto, que ha llegado hasta los medios de prensa del vecino país durante el mes de mayo del presente año, debido a su interés en la privatización del puerto estatal de Ilo, ciudad costera ubicada en Moquehua, a 200 kilómetros de la frontera con Chile y nueva zona pesquera peruana luego del fallo de la Corte Internacional.

Por tanto, no es posible sacar conclusiones donde la confusión ha tendido a desdibujar la claridad de los datos objetivos y cuando ahí, en la duda, el que es llamado a la Comisión es el que se debe “sentir vergüenza” de lo que se está haciendo al cuestionar lo que, objetivamente, deja muchas interrogantes y las respuestas apelan a un vacío ahí donde los datos, fuentes y cifras objetivas abren más preguntas. Pero hoy no existen respuestas, ya que el ex presidente se ha excusado de concurrir a la Comisión Investigadora justificándose por citas, utilizadas de manera antojadiza, tales como señalar en un programa radial que; “fue el Superintendente de Valores y dijo que se había cumplido plenamente con la Ley de Valores y de Sociedades Anónimas”. El superintendente al cual se refiere el ex presidente es el mismo que hemos citado, quien señaló literal con respecto al fideicomiso ciego que; “Esa era una cláusula que estaba alejada de las disposiciones regulatorias, por lo tanto, no tenía ningún valor desde ese punto de vista”. Por eso, queda en evidencia que quedan tantas preguntas por hacer, esto es sólo una muestra, pero la Comisión ha sido señalada como “una vergüenza” a la cual no vale la pena concurrir.

Tampoco fue posible citar a otros miembros del directorio de Bancard sin ser blanco de críticas -por parte del equipo del ex presidente- de querer “atacar a la familia Piñera”. Lo cierto es que, los integrantes de la familia Piñera Morel han sido miembros activos del directorio de Bancard y, por lo tanto, podrían despejar muchas interrogantes y preguntas que han surgido en la Comisión Investigadora, pero al no haber separado el “dinero y la política”, cuestionar el actuar de Bancard es cuestionar hoy a la familia misma.

Sin embargo, la culpa parece recaer en quien investiga, en este caso la Comisión, y no en quien ha creado las interrogantes. Vagas respuestas por medio de declaraciones y puntos de prensa bajo un manto de excusas, justificaciones y silencios donde nada se responde, donde la respuesta es -en sí- el vacío, la omisión o simplemente el apelar a que nada es serio o que realmente poco importa”.

Conspiración de alto nivel

La sensación que proyecta el informe de la comisión investigadora es en cierto modo análoga a la que experimenta K, en El Castillo de Kafka. Mientras más intenta acercarse, éste parece más lejano e inasequible. El Fiscal Manuel Guerra, que investigó el caso Exalmar como consecuencia de la querella entablada por el diputado Hugo Gutiérrez, se abstuvo de practicar la diligencia clave, acaso la única que podía conducir a la verdad; a saber, revisar la correspondencia electrónica del entorno de Piñera, partiendo por Sebastián Piñera Morel.

Ello no fué óbice para que decretara el sobreseimiento por falta de pruebas, resolución que respaldaron sucesivamente la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, por más que resulte evidente que, por definición, no puede haber pruebas allí donde no se las busca.

Esa sensación vaga y huidiza es la misma que proyectan los intentos de la derecha para evitar que se vote en informe en la sala. Resulta que lo que se pone en sospecha y entredicho es el  informe en sí, y no sus conclusiones sobre la conducta de Piñera.

Al igual que en El Castillo, hay poderes oscuros, imanentes y omnímodos; en definitiva, una conspiración del mayor nivel, que proteje las trapacerías de Piñera en el caso Exalmar.

Todo lo que rodea al caso es turbio y oblicuo, como el propio Piñera.

El candidato de la derecha ha señalado que esta vez, a diferencia de lo que hizo en la campaña de 2009, incluirá en su fideicomiso sus inversiones en el extranjero, pero no sus herederos, a quienes delegó sus negocios.  Así, pese a ir “más allá de la ley”, como le gusta insistir, una parte importante de los negocios que ha creado y transferido a su familia, seguirá fuera del alcance del escrutionio público.

Luego, simultáneo con anunciar que sus hijos van a poner parte de sus inversiones en un fideicomiso ciego voluntario, informó que él vendió su participación en las sociedades familiares. Sin embargo, como establece el informe, es difícil separar el patrimonio de los distintos integrantes de la familia Piñera:

“Comparten sociedades cuyo capital tiene el mismo origen –la fortuna de Sebastián Piñera Echenique– y lo que éste ha hecho es desligarse formalmente de su propiedad o bien entregarles una herencia en vida, sin pagar los onerosos impuestos a la herencia o a las donaciones.

Piñera y Familia Ltda

Al menos dos de sus hijos todavía eran menores de edad cuando Piñera los incorporó como socios de sus empresas. Esto demuestra que ellos no generaron el dinero que hoy está a su nombre y que su patrimonio está completamente fundido con el de su padre.

En 1997, Cristóbal Piñera Morel tenía apenas 13 años y su hermano Sebastián, 15. De enero de ese año data la primera publicación en el Diario Oficial que los sitúa como accionistas de Inversiones Bancard Limitada, junto a sus hermanas Cecilia y Magdalena. Cada uno de los Piñera Morel tenía entonces más de $520 millones de participación en esa sociedad.

Escrituras dan cuenta de que Inversiones Bancard actuaba como director de Bancard International Investment y le entregaba un poder a Sebastián Piñera Echenique para operar en su nombre.

El ex presidente fue también director de esta sociedad en las Islas Vírgenes al menos hasta enero de 2009, fecha en que firmó una escritura para sumar como apoderado a su hijo Sebastián.

Sería este último quien lo reemplazaría en las siguientes escrituras como director de la misma sociedad, al menos hasta agosto de 2015″.

Más aún, señala el informe, “Inversiones Bancard Ltda., la misma donde los hijos de Piñera debutaron en el mundo de los negocios, tiene su origen en una antigua empresa “zombi”. Inversiones Bancard Ltda. En virtud de la prescripción vigente, solo se le cuestionaron las declaraciones de los años 2002, 2003 y 2004, totalizando un impuesto adeudado de $261,96 millones. En síntesis, el argumento del SII fue: mientras Inversiones Bancard Ltda., aseguró haber tenido en esos años pérdidas por $980 millones, la autoridad detectó utilidades por $547 millones. Pérdida tributaria que les permitía declarar ante el SII que las utilidades de sus empresas habían desaparecido y por lo tanto no tenían que pagar impuestos, o podían recuperar los pagados en años anteriores. El SII le ofreció a Bancard Ltda. –y a las otras empresas en su misma situación– una condonación que es la estándar en estos casos: entre el 50 y 70 por ciento de los intereses y multas. Los representantes de Inversiones Bancard Ltda., aceptaron el acuerdo y así rectificaron sus declaraciones de impuestos y cancelaron éstas”.

Este es uno de los párrafos cuestionados por la derecha, por el “copy y paste” de un reportaje de Ciper. Pero cualquiera puede darse cuenta que lo diga el informe, o lo diga Ciper, para efectos del esclarecimiento de los hechos, es totalmente irrelevante. Si el informe hubiera puesto la cita de pié de página, ni siquiera hubiera podido ser planteado como anómalo o problemático”.

El siguiente también es un párrafo de Ciper, uriliado por el informe de la comisión:

“A partir de 2006, el ex mandatario creó una nueva línea de sociedades familiares para administrar su fortuna, a las que bautizó con el nombre de Ilíada, Odisea y Eneida.

a) La primera en emerger fue Odisea. Su antecedente en la estructura societaria del empresario data en realidad de 2004, cuando junto a sus cuatro hijos constituyó Piñera Asociados como sociedad colectiva civil, una figura legal cuya característica principal es que no debe cumplir ninguna formalidad.

Es decir, no debe publicarse su constitución en el Diario Oficial ni inscribirse en el Registro de Comercio, lo que la hace particularmente reservada para operar. Dos años más tarde, Sebastián Piñera la rebautizó como Inversiones Odisea Limitada. En su constitución, la sociedad se caracterizó por el bajo aporte del padre –sólo $18 millones– mientras que cada uno de sus hijos figuraba invirtiendo $4.495 millones. La participación de Sebastián Piñera Echenique representaba el 0,05% de Odisea cuando la vendió a sus hijos el 10 de marzo de 2010, un día antes de asumir la Presidencia de la República.

Según La Tercera, en mayo de 2016 Odisea le prestó casi US$40 millones al grupo Cueto (LAN), al tiempo que invertía en numerosos fondos privados. Odisea se hizo conocida cuando se supo de la compra de las acciones de Exalmar por parte de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado. En este fondo, Odisea tiene el 99,99999%.

b) Ilíada nació con un capital de sólo $1 millón, de los cuales Sebastián y Cristóbal Piñera Morel pusieron $250 mil cada uno. Los cuatro hijos de Magdalena Piñera y Pablo Rossel colocaron, en conjunto, otros $250 mil. El último cuarto del capital lo aportaron los dos hijos de Cecilia Piñera y Ricardo Levy. “En solo dos meses, la modesta sociedad que originalmente tenía un capital de $1 millón fue capaz de invertir más de US$500 millones en Inversiones Odisea. ¿De dónde salió ese dinero? No hay registro público”.
El 17 de diciembre de 2014, Odisea inscribió en Luxemburgo a Inversiones Eneida S.a.r.l, S.P.F. La primera sigla significa que es una sociedad de responsabilidad limitada, mientras que la segunda señala que es una sociedad de gestión de patrimonio familiar, entes reservados exclusivamente para la gestión de activos financieros y que tienen beneficios tributarios, como la exención del pago de impuestos a las utilidades. Luxemburgo ha sido utilizado masivamente como una plataforma de evasión fiscal internacional, tal como lo demostró la investigación periodística Luxleaks.

c) Inversiones Eneida nació con un capital de 12,5 millones de euros el que aumentó a 18 millones de euros apenas unos días después el 31 de diciembre de 2014. Un año más tarde, en noviembre de 2015, la cifra aumentó a 30 millones de euros (unos US$ 32 millones). Todas las acciones fueron suscritas por Inversiones Odisea. La dirección en Luxemburgo de Eneida es la de Amicorp Group.

Amicorp ofrece servicios de gestión de activos en jurisdicciones internacionales y se hizo conocida en Chile por abrir las sociedades que Sergio Jadue utilizó en paraísos fiscales para esconder su millonario fraude a la ANFP”.

Nuevamente, carece de importancia quién lo dice. Lo relevante es si es verídico o no.

Enseguida, el informe de la comisión investigadora se hace cargo de los tristemente célebres fideicomisos ciegos de Piñera:

” A juicio de esta comisión y en virtud de lo expuesto por el Superintendente de Valores y Seguros, resulta concluyente que los fideicomisos realizados por el Ex presidente Sebastián Piñera no se ajustaron a los estándares mínimos exigidos, estándares que eran inferiores a los actuales, motivo por el cual la superintendencia solicitó que se rectifican estos conforme a la ley.

Cabe destacar en este punto que el fideicomiso no incluyó la totalidad de las empresas del ex presidente, dejando fuera de esta declaración la empresa constituida en territorios cuestionados.

Por otro lado, resulta necesario hacer hincapié en la solicitud realizada por la Superintendencia de Valores y Seguros a las corredoras de bolsa Moneda, Larraín Vial y Celfín, sobre la necesidad de ajustar los mandatos a los dispuesto en el Título II de la Circular Número 1.862.

De igual forma y en palabras del Superintendente de Valores, el mandato no se adecuaba a lo establecido en el Número 2 del título ya citado, es decir, no se consideró los conflictos que podían derivarse de la actuación de los intermediarios como realizadores de las operaciones y como receptores de información de la misma, eso entre otras observaciones que realizó las Superintendencia.

Con fecha 22 de octubre de 2009 los intermediarios respondieron a lo solicitado por Superintendencia. Entre los ajustes realizados por medio de un complemento a los mandatos se estableció que en cuanto a la eventualidad por conflicto de interés y a su vez, la obligación de los intermediarios de proporcionar información al cliente se designaría a una entidad o persona profesional para revisar la información de las operaciones.

La enmienda en todo momento contemplaba la entrega de información al cliente, es decir, el mandato en ningún momento fue “ciego” como se intentó mostrar ante la opinión pública.

Pero es posible confiar en que el ex presidente no haya tenido conocimiento de esas inversiones, todo estaba dentro de ese “fideicomiso ciego” que había anunciado como forma de transparentar el abismo que habría de crear de manera tajante entre su mundo privado –sus negocios- y el mundo público al cual se dedicaría como primer mandatario.

Pero no podemos tener respuesta, lamentablemente no pudo ser dada por el Superintendente de Valores y Seguros al señalar en la Comisión Investigadora que “el intermediario que está a cargo como mandatario de ese cartera de inversiones (fideicomiso ciego) y que puede tomar decisiones de inversión, bajo esa figura, tiene que reportarle (al mandante), y el mandante tiene derecho a saber en detalle cuáles han sido todas las operaciones que se han realizado lo cual puede contemplar tanto inversiones en valores de oferta pública chilenos como en el extranjero”.

Por ello, se le preguntó al Superintendente de Valores lo siguiente: ¿Y qué sucedería si el mandante, el ex presidente, hubiese incorporado una “cláusula especial” para que no se le informará de las inversiones que se realizaban con sus dineros?, y la respuesta fue “Esa era una cláusula que estaba alejada de las disposiciones regulatorias, por lo tanto, no tenía ningún valor desde ese punto de vista”.

Las citas son la literalidad de una verdad objetiva donde negarla es mentir, y donde alterarlas es llevar a la interpretación arbitraria aquellas frases que en sí tienen claridad suficiente con respecto a la poca ceguera del fideicomiso.

Y así surgen más preguntas, porque una vez llevada a cabo las primeras inversiones de un fideicomiso que deja dudas ahora con respecto a su “visión”, luego de las afirmaciones de Carlos Pavez, Superintendente de Valores, la compra de acciones de Exalmar continuó; aumentado su participación hasta el 9,10%, pero bajo otro vehículo de inversión: Bancard International Investment, una sociedad con domicilio legal en Islas Vírgenes Británicas.

Y esos son hechos reales, no interpretativos, y pueden ser revisados por cualquiera. Pero aumentan las interrogantes con respecto a Bancard, a medida que pasa el tiempo, y es así como la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú señaló -en enero pasado- que la participación del “family office” de Piñera aumentó su presencia en Exalmar alcanzando el 9,18%. El hecho real es que sigue comprando hasta el día de hoy, al menos hasta enero, cuando el fideicomiso ciego había terminado”.

La siguiente conclusión de la comisión investigadora, no por lapidaria es capaz de revertir lo que denuncia:

“Nuestra institucionalidad resulta ser insuficiente frente a la situación y envergadura de los conflictos de interés que pudiesen involucrar al ex presidente Piñera, lo cual dificulta en el marco de la normalidad institucional, resguardar eficiente y efectivamente la separación entre sus negocios y el rol político que nuevamente pretende ostentar.

Se hizo evidente entonces, que las herramientas jurídicas y legales que poseen nuestros organismos públicos no son suficientes para poder fiscalizar el patrimonio del empresario Sebastián Piñera, constituido por acciones y participación directa o indirecta en diversas empresas multimillonarias, entre las que destacan las empresas familiares del Holding Bancard, con incidencia directa e indirecta en diversas áreas de la economía nacional e internacional, en definitiva, todo el marco institucional orientado a resguardar y garantizar la probidad y transparencia en la administración pública, se quedó corto frente a la magnitud de las inversiones realizadas, a lo cual debe sumarse el actuar que Piñera utiliza para desenvolverse en el mundo empresarial, con perfil evasor de impuestos, utilizando la fragmentación de empresas, involucrando a familiares en transacciones millonarias (entre ellos hijos y nietos menores de edad), compra de empresas con pasivos para disminuir el pago de impuestos de otras, y así un sin fin de actuaciones”.

Pero no se queda ahí:

“Dificulta la fiscalización de las empresas del ex presidente, el intrincado sistema empresarial que éste construyó, en el que a partir del ingente patrimonio de Sebastián Piñera Echenique, se constituyeron múltiples empresas en la que los socios y accionistas eran su esposa, hijos y nietos, aun cuando sus profesiones y edades (los nietos menores de edad), resultan incoherentes para entender que han entregado altas sumas de dinero para realizar dichas inversiones, por lo que solo le cabe concluir a esta Comisión que dichas inversiones fueron realizadas por el mismo ex presidente.

Lo anterior preocupa a esta Comisión en cuanto a que la estructura empresarial indicada contribuye en el papel a disminuir su patrimonio y los intereses sobre las empresas en que no figura como accionista o administrador, como ha señalado a la opinión pública tanto en la campaña a su primer período presidencial como al actual, cuando en la realidad el patrimonio de Piñera y los intereses en las distintas empresas es mucho mayor al informado.

Precariza aún más las facultades fiscalizadoras de los organismos estatales el hecho de que empresas pertenecientes a Sebastián Piñera Echenique se constituyeron en las Islas Vírgenes Británicas, en particular la empresa Bancard International Development Inc., que realizó la compra de la pesquera peruana Exalmar, ya que este territorio es reconocido como un “territorio cuestionado”, también llamado “paraísos fiscales”, debido a que Islas Vírgenes Británicas no entrega la información tributaria de los contribuyentes que allí invierten.

La utilización de las Islas Vírgenes Británicas como base de operaciones de las inversiones en el extranjero plantean a esta Comisión Investigadora un manto de duda sobre las operaciones que dichas empresas puedan haber realizado y que no han sido conocidas por la opinión pública ni esta Comisión, y que tampoco ha sido de conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con el razonamiento planteado previamente, más aún cuando ha sido el propio expresidente quien ha señalado públicamente: “yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral, como el lavado de dinero u ocultamiento de dineros que provienen del narcotráfico o el crimen organizado. O muchas veces se utilizan para evadir impuestos… y, por tanto, yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales, y que las finanzas internacionales debieran ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos”.

El hecho que Piñera no haya sido pillado con las manos en la masa no significa, ni de lejos, que sea inocente. Lo único que se puede colegir a ciencia cierta es una descomunal astucia y no menor inescrupulosidad. Así lo plantea el informe de la comisión:

“En tal estado de cosas, preocupa a esta Comisión la posibilidad de que Sebastián Piñera haya conocido antecedentes por los que se le hubiese generado conflicto de interés y que, conociendo la situación, no lo haya informado a los órganos encargados de la transparencia y probidad de las autoridades o implementado efectivamente el mecanismo de nombrar a un tercero que recibiera la información por él; en el caso contrario, significa que las empresas mandatarias no informaron e incumplieron el deber que les imponía las normas y el contrato, cuestión que no habría sido fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.

No es posible para esta Comisión Investigadora indicar si han existido conflictos de interés o un incumplimiento de las empresas mandatarias, debido a la imposibilidad de recabar mayores antecedentes al respecto y a la negativa de Sebastián Piñera y su esposa e hijo de asistir a la Comisión y aclarar el punto”.

Exalmar, fideicomisos y conflictos de interés

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados formula severos reproches a Piñera, primero, por declaración de patrimonio manifiestamente incompleta, y por no declarar el conflicto de interés, en la compra de acciones de Exalmar.

“Esta Comisión no le queda más que concluir que Sebastián Piñera debió incluir en su declaración de patrimonio los bienes y valores que tenía, aun los que se encontraban dentro del mandato, y que debió actualizar la declaración de intereses cuando se concretó por una de sus empresas la compra de la pesquera peruana Exalmar, que podía generar un evidente conflicto de interés con el diferendo marítimo que era sostenido ante La Haya entre Chile y Perú. Si bien se ha señalado a la opinión pública que no existía tal conflicto de interés por estar las acciones en mandatos de administración o “fideicomiso ciego”, la realidad es que sí era posible generarse conflicto de interés dada la obligación de las empresas mandatarias de informar anualmente a su cliente, el expresidente, de las gestiones realizadas durante el mandato”.

Luego, agrega:

“Existen suspicacias por parte de esta comisión, especialmente en lo que dice relación en los niveles de información que manejaba el ejecutivo respecto a los informes de cuotas pesqueras en juego durante el litigio de La Haya.

De igual forma, es necesario hacer presente el reproche en la conducta del ex presidente Sebastián Piñera, quien tuvo acceso a la información del diferendo marítimo, de igual forma que tuvo acceso a la información en el desarrollo de sus negocios, en virtud del vacío de su fideicomiso, pero especialmente porque no incluyo esta empresa dentro de sus fideicomisos, lo que le permitió tener acceso en todo momento a la información de lo que se estaba realizando.

Es de toda lógica condenar las actuaciones de las empresas Bancard International Investment, las que, si bien se constituyeron en Territorios Cuestionados para no pagar impuestos en Chile, seguían informando de su actuar a su principal Accionista, el ex presidente, Sebastián Piñera.

El actuar de las Empresas Bancard International Investment, su Directorio y sus socios mayoritarios resultan del todo cuestionables y reprochable, toda vez que aprovecharon la instancia de un diferendo marítimo entre dos naciones, para comprar en la bolsa una de las empresas que hoy en día cuenta con una de las mayores proyecciones de crecimiento, en virtud del nuevo mercado que se abrirá derivado del territorio ganado por Perú, tal como se menciona en el título “Sobre los beneficios posteriores obtenidos por Exalmar luego del diferendo marítimo entre Chile y Perú”, de este informe.

Cabe destacar que, dentro de lo investigado, se tiene claridad en que existe una inversión en el año 2012 por parte de Bancard International Investment en Exalmar, a meses de la realización de la audiencia Publica entre Chile y Perú en la Corte Internacional de la Haya. Esta actuación por parte de la empresa del Ex presidente en Exalmar, fue progresiva llegando en la actualidad al 9,1% de la participación en la empresa”.

La comisión investigadora no descarta que Piñera tuviese conocimiento de la información de las inversiones sujetas a fideicomiso ciego:

“Una serie de antecedentes permiten presumir que el mandato de administración discrecional de cartera de inversiones sin información al mandante, en adelante fideicomiso ciego, no revistió las características de no informar al mandante. En consecuencia, una serie de antecedentes permiten deducir que el ex presidente tenía pleno conocimiento de la gestión de sus negocios, tanto respecto de las empresas incluidas en el fideicomiso ciego como aquellas que se encontraban excluidas del mismo.

Aún, en la eventualidad de que el ex presidente no tuvo conocimiento de la gestión de las empresas incluidas en el fideicomiso ciego, si podía tener conocimiento en todo lo que respecta a Bancard International Investment. Por lo que relacionar el conocimiento que este tuvo o pudo tener respecto de la compra de acciones en la pesquera peruana Exalmar con la constitución de su fideicomiso ciego, es irrelevante y no tiene conexión alguna, primero, porque el ex presidente Piñera jamás incluyó en su declaración de patrimonio e intereses a Bancard International Investment y segundo, por que jamás fue incluida dentro del fideicomiso ciego”.

El show de Piñera

Durante el seminario Municipios del Siglo XXI, organizado por la Fundación Avanza Chile, llevado a cabo en el hotel O’Higgins de Viña del Mar en noviembre de 2016, Piñera se refirió a la comisión investigadora, el los siguientes términos:
“Con respecto a lo que pase en el Congreso, yo no sé si eso va a ser una investigación de verdad o va a ser simplemente un show mediático. Pero lo importante es que yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila (…) Pero por supuesto que uno está dispuesto a colaborar para que todo sea lo más trasparente posible”.

Sin embargo, señala en informe, esta suerte de declaración de intenciones no se condice con el rechazo a la invitación formulada por la presente Comisión Investigadora en pos de transparentar los actos realizados por el ex presidente en relación a Bancard, Exalmar, así como sus inversiones en paraísos fiscales. Además, no sólo no estuvo dispuesto a colaborar sino que posteriormente buscó denostar la labor fiscalizadora e investigativa de la presente Comisión por medio de aseveraciones que, faltando a la verdad, instaron a buscar un halo de cuestionamiento con respecto a labores propias de la labor parlamentaria.

Así el día 27 de marzo del presente año, cuatro meses después de su “disposición de colaborar”, señaló en medios de prensa:

“Yo creo que la comisión de investigación de Exalmar es una vergüenza”.

Aquí nos encontramos con una incoherencia no sólo argumentativa, sino una dicotomía con respecto al valor asignado a las instituciones democráticas donde se señala la voluntad de colaborar en pos de la transparencia para, posteriormente cuando deba materializar esa voluntad, actuar contrariamente a ésta rechazando la invitación de la Comisión y señalar por medios de prensa que “es una vergüenza”.

Creemos, por lo tanto, que es al menos reprochable la actitud llevada a cabo por parte de quien ocupó la primera magistratura del país. Como axioma necesario de la función pública; los estándares éticos deben contar con umbrales mínimos muy superiores a los actos contradictorios llevados a cabo por el ex presidente que, tendientes a crear confusión, erosionan la legitimidad de las instituciones de nuestra democracia”.

Agregó:

“El candidato consideró que los testimonios de distintas autoridades ante los parlamentarios de la comisión; director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza; el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez; el agente de Chile frente a la demanda peruana en La Haya, Alberto van Klaveren; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez; y el fiscal regional Manuel Guerra, descartarían ilegalidades en su actuar. Esta justificación, para no asistir a la Comisión, dista mucho de lo señalado por las autoridades que concurrieron ya que, constantemente, existieron cuestionamientos y preguntas sin resolver que no pudieron tener respuesta alguna que, junto a los validas interrogaciones éticas que surgen de la presente Comisión, buscaron crear un clima de confusión hacia los miembros de ésta así como a la opinión pública”.

El FUT de Piñera

Piñera, el supuesto patriota, el del gobierno “de excelencia” de los casacas rojas, no ha tenido empacho en utilizar todos los recursos que le franquea la ley, una ley esencialemente pro empresarial, por lo demás, para disimular su fortuna y evadir o eludir cuanto impuesto pueda. Es el caso del Fondo de Utilidad Tributaria, FUT, uno de los mecanismos que disponían los ultramillonarios para diferir impuestos. El FUT de Piñera debe ser morrocotudo, al tenor de lo que registra el informe:

“Esta Comisión Investigadora lamenta que se haya tenido que declarar la reserva de las declaraciones vertidas por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, referidas al Fondo de Utilidades Tributables de las empresas de Sebastián Piñera Echenique, ya que esto impide a la Comisión referirse a dichos antecedentes para expresar sus conclusiones al respecto”.

Ocultamiento de información

En opinión del informe de mayoría de la comisión investigadora, Piñera incurrió en una omisión grave al momento de presentar su declaración de patrimonio cuando asumió el cargo de Presidente de la República el año 2010, pues no sólo no declaró inicialmente las acciones que poseía en AntarChile, sino que tampoco las incorporó con posterioridad ni mucho menos dio a conocer el conflicto de interés que se hacía presente con la presentación del mensaje presidencial que modificó la Ley 18.892, conocida como Ley de Pesca:

“En conclusión el ex Presidente Sebastián Piñera no declaró todas sus inversiones en el extranjero, principalmente Bancard International Investment que poseía en paraíso fiscal. Así mismo no declaró ni incluyó en el fideicomiso las acciones que poseía en el FIP Mediterráneo, así como la empresa AntarChile controladora indirecta de Corpesca.

En este sentido, Sebastián Piñera no podía limitar su declaración de patrimonio e intereses a la constitución del fideicomiso. Ni mucho menos elegir qué sociedades declarar y cuáles no, por lo que el ex presidente burló la ley a su favor, cayendo en ilegalidad en lo que señala la normativa al respecto (declaración de todas sus empresas nacionales y extranjeras)

Aún más, la comisión investigadora considera que la omisión de la declaración de estas acciones en AntarChile y sociedad en el extranjero, Bancard International Investment, constituye una contravención grave a las normas sobre probidad y transparencia de la función pública:

“La declaración de patrimonio e intereses de 2010 omite declarar las sociedades constituidas en el extranjero en que el ex Presidente participaba a través de sus personas relacionadas, contraviniendo normas expresas sobre la materia. Particularmente grave es la omisión de las empresas constituidas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, como la sociedad Bancard Investment, a través de las cuales invirtió en la empresa pesquera peruana Exalmar. Tal omisión impidió conocer otro conflicto de intereses relacionado con la demanda interpuesta por Peru contra Chile en el Tribunal de La Haya, que pretendía y consiguió la modificació del límite marítimo”.

La comisión afirma que Piñera tenia pleno conocimiento, durante el diferendo marítimo entre Chile y Perú ante la Haya, que el fallo de dicha Corte podía irrogarle intereses por la compra de acciones en la empresa pesquera peruana Exalmar.

“Públicamente sus cercanos han argumentado que la existencia de varios mandatos de administración, conocido como fideicomisos ciegos, impedían el conocimiento de la compra de dichas acciones. Sin embargo, caben dos prevenciones al respecto.La primera de ellas es que en los referidos mandatos jamás se incluyó a la sociedad offshore Bancard International Investment. En segundo lugar, el mandato o fideicomiso ciego celebrado por el ex Presidente Piñera con algunas corredoras de bolsa, fue un contrato entre particulares, íntegramente sujeto a las normas del derecho privado, por lo que malamente se le podría atribuir algún efecto en el ámbito de la Administración del Estado, ni menos aún pretenderse que su celebración constituya una suerte de excusa legal que altere la obligatoriedad de la declaración de patrimonio, sujeta a normas de derecho público”.

El informe concluye con una condena lapidaria al uso de paraísos fiscales por parte de Piñera:

“En lo relativo a que el ex presidente Sebastián Piñera tuviese empresas constituidas en paraísos fiscales, se debe concluir que este acto es altamente reprochable, sobre todo para un Presidente de la República, como administrador de un Estado, este debe privilegiar la recaudación fiscal por cuanto esto significa la mayor fuente de recursos del Estado para el cumplimiento de las diversas necesidades sociales.

Además, los paraísos fiscales, han sido declarados por la OCDE como países en donde se carece de transparencia financiera y suelen ser usados para la evasión de impuestos, lavado de activos, tráfico de armas, drogas, entre otros ilícitos. Un Presidente de la República no puede estar vinculado a este tipo de países, en donde no se avance en materias de transparencia y cooperación económica e impositiva internacional”.

Fluyen varias conclusiones del informe de la comisión investigadora del caso Exalmar.

– Primero, Piñera perpetró acciones ilícitas, como ocultar información en sus declaraciones de patromonio; éticamente reprochables, como la utilización de paraísos fiscales para evadir impuestos, y enteramente inaceptables, como adquirir acciones de una compañía del país con el que se tenía un litigio e una corte internacional, mientras simultáneamente desempeñaba la presidencia de la República. .

– Segundo, el intento de bloquear el conocimiento público del informe de la comisión investigadora forma parte de una confabulación del máximo nivel para salvar a Piñera de la condena de la opinión pública, y también la del Poder Judicial; que por lo demás ya lo había salvado en el caso del Banco de Talca.

Tercero, y principalmente, el informe revela a Piñera como lo que es: un sujeto frívolo y ambicioso, oportunista y megalómano, que no trepida ante nada y no escatima recurso alguno cuando se trata de acumular más, siempre más.

– Cuarto, un personaje de semejantes características no puede, o no debiera, desempeñar el más alto cargo de la República. Y si por desgracia eso llegara a suceder, los chilenos no tendríamos excusa, porque fuimos cómplices, por acción u omisión, de semejante barbaridad.

Descargue el informe de la comisión

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