A 44 Años de Golpe de Estado: Similitudes y Diferencias entre Chile y Venezuela

La derecha chilena ha convertido la crisis política que transcurre en Venezuela en uno de los temas principales de su campaña electoral, inventando falsedades para justificar un golpe de estado en ese país

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por Oscar Azócar (*).

La derecha chilena ha convertido la crisis política que transcurre en Venezuela en uno de los temas principales de su campaña electoral, inventando falsedades para justificar un golpe de estado en ese país, lo mismo que hicieron en Chile hace 44 años para destruir el proceso de transformaciones estructurales.


No es algo nuevo. Cuando existía el campo socialista, siempre se intentó vincular la lucha del movimiento popular chileno con falsas historias “detrás de la Cortina de Hierro” o en Cuba.

En 1948 inventaron “conspiraciones y huelgas insurreccionales” dirigidas por la URSS, Checoslovaquia y Yugoslavia, para justificar la dictación de la “Ley de Defensa Permanente de la Democracia” contra los comunistas, que en las elecciones municipales de 1947 habían logrado un 16,5% de los votos, ubicando al PCCh en los primeros lugares del apoyo ciudadano. Fabulaciones como las del Plan Zeta en 1973, y las de la derecha hoy en Venezuela.

Durante el gobierno de Gabriel Gonzalez Videla, El Mercurio divulgó un Manifiesto que pedía colocar fuera de la ley al PCCh, y la Acción Chilena Anticomunista (ACHA) se encargó de la desinformación, la propaganda negra y las campañas de terror psicológico.

Hubo total respaldo del gobierno de Estados Unidos a la operación intervencionista, que era una adaptación de los métodos aplicados por Estados Unidos en Italia en el mismo periodo, primero para sacar a los comunistas del gobierno de unidad nacional que se constituyó después de la II Guerra, y después para ayudar al triunfo electoral del PDC italiano y prescindir de la participación de los comunistas en el gobierno.

En 1964 y 1970 nuevamente se puso en práctica la campaña del terror en ocasión de las elecciones presidenciales, mostrando fotos de tanques rusos en La Moneda y amenazando a las familias chilenas con enviar sus hijos a Cuba a ser adoctrinados.

El Informe Church del Senado de Estados Unidos dio a conocer los detalles y pruebas de la intervención del gobierno estadounidense, con acciones encubiertas, en las elecciones de 1964 y 1970, para evitar el triunfo de Salvador Allende como presidente, y después para derribar su gobierno constitucional.

Hoy en Venezuela proclaman la existencia de una dictadura aunque el sistema electoral ha sido calificado como el más confiable del mundo por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter.

Las elecciones cuentan con mecanismos de auditoría, y son observadas por el acompañamiento internacional, como sucedió también en las recientes elecciones de Asamblea Constituyente, en las que el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica constató la alta participación ciudadana, algo que no se puede decir del plebiscito convocado por la oposición contra la Asamblea Constituyente, realizado sin padrón electoral, sin mecanismos de seguridad, y quemando al final todo el material electoral tras ser contabilizado, eliminando cualquiera posibilidad de verificación.

Pese a todas las pruebas de confiabilidad, igualmente surgió la habitual acusación de fraude cuando la derecha pierde, pero fue el propio comando chavista el que solicitó al Consejo Nacional Electoral la auditoría del 100% de los votos.

Nada de eso importa para quienes despliegan la cruzada injerencista contra el gobierno de Maduro. En sus países los procesos electorales difícilmente pasan “la prueba de la blancura”; tampoco el sistema electoral norteamericano, con una enorme abstención y con un Presidente electo a pesar que la mayoría electoral la tuvo la otra candidata.

Son los que en Chile han avalado una Constitución antidemocrática, redactada por una docena de personas, aprobada por un plebiscito fraudulento y mantenida inexplicablemente por 37 años.

Pauteados por Washington, probablemente reconozcan las “particularidades” del sistema electoral norteamericano, pero no admiten las del venezolano, que ha dado origen a la actual Asamblea Constituyente.

La derecha y otros sectores prefieren cerrar los ojos, como antes en Chile, y no ver el mismo proceso de desestabilización que se aplicó acá para crear las condiciones para un golpe de estado: desabastecimiento, atentados terroristas, caos y guerra psicológica, manipulación mediática, injerencia estadounidense, etc.

Prefieren no ver las 137 víctimas mortales a consecuencia de la violencia impulsada por la oposición, entre ellas 2 quemadas vivas y 1 degollada, de la misma manera como en julio de 1986 quemaron vivos a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, y degollaron a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

44° aniversario del golpe en Chile

En Venezuela actúa la misma “derecha dura, pinochetista, con reminiscencias de la dictadura” -como dijo el senador Jorge Pizarro de la derecha chilena-, que recurre al entramado de poderes fácticos, a la criminalización de las movilizaciones sociales, a las operaciones de espionaje y los montajes comunicacionales.

Por ello, cuando nos acercamos a un nuevo aniversario del golpe militar en Chile, tener siempre presente la memoria histórica es un imperativo para avanzar en el desenlace democrático y progresista de la actual disputa política.

La victoria de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970, ratificada en el Congreso Pleno con los votos de la Democracia Cristiana, corroboró que existía en el país una mayoría social y política favorable a la realización de las transformaciones planteadas por la izquierda, y al mismo tiempo dejó de manifiesto que existían condiciones para los entendimientos entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana.

En la Junta Nacional del PDC realizada el 2 de mayo de 1969 ganó la tesis del camino propio solo después que el propio Frei se viera obligado a intervenir para derrotar la posición favorable a la alianza electoral con la izquierda.

“Se impuso la tesis de pronunciarse por un candidato propio y un programa netamente democratacristiano para la elección presidencial de 1970. En cambio, la posición de la mesa directiva que presidía Fuentealba, apoyada por rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad con los partidos de izquierda para ese comicio, con un abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer al partido”. (“Renán Fuentealba. En la génesis de la Concertación”. Ignacio Gonzalez Camus, Catalonia, 2007)

El 2013, en el Partido Demócrata Cristiano hubo quienes intentaron que la llamada “declaración de los 13” -que condenó el golpe de estado- se adoptara como la posición oficial de la DC, pero fue rechazado por los firmantes de la declaración.

Belisario Velasco, uno de los firmantes, dijo:

“Hubo un antes, un durante y un después. En el antes hubo una directiva que presidía Renán Fuentealba, el vicepresidente Bernardo Leighton y yo era secretario nacional. Esa directiva perdió la junta nacional y por ende la conducción del partido, en mayo de 1973, con un 45%. Entonces, éramos muchos más que los 13, representábamos a muchos (…) La historia no se puede reescribir: la posición mayoritaria de la DC fue la de apoyar el golpe. Ni con el acuerdo de las partes se puede cambiar la historia”.

Algunos convierten en verdad que el golpe de estado fue provocado por la Unidad Popular al atropellar supuestamente la legalidad, o simplemente por el solo hecho de impulsar transformaciones revolucionarias.

La verdad es que la Unidad Popular y las autoridades del gobierno respetaron la legalidad e institucionalidad existente, no hubo violaciones a los derechos humanos, detenidos desaparecidos, ni torturados o ejecutados.

Funcionaron sin cortapisas el Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría, las organizaciones sociales tuvieron plenos derechos. La prensa tampoco tuvo limitaciones; por el contrario, la mayoría de los medios de comunicación, de propiedad de los grandes monopolios, estuvieron comprometidos con la conspiración golpista y fueron financiados por el gobierno de Estados Unidos y otras entidades, en primer lugar el diario El Mercurio.

El Informe Church reveló que el desabastecimiento, los atentados terroristas, los sabotajes a la red eléctrica, vías ferroviarias, oleoductos, la guerra psicológica y la violencia, fueron realizados por organizaciones de derecha financiadas por multinacionales norteamericanas, entre ellas Patria y Libertad y los Comandos Rolando Matus.

Las mismas que con apoyo de la CIA asesinaron al general René Schneider, a Edmundo Perez Zujovic y el Comandante Arturo Araya. En agosto del 73 se contabilizaron en Santiago un promedio de 60 atentados diarios con bombas.

Entre el 23 de julio y el 5 de septiembre, se perpetraron 1.015 atentados, uno por hora, con un saldo de 10 muertos y 117 heridos.

Junto a ello, la oposición promovía el boicot, la especulación, el acaparamiento y el mercado negro de productos para provocar el desabastecimiento, siguiendo las indicaciones de Nixon y Kissinger de “hacer aullar la economía chilena”. Todo muy similar a lo que hoy acontece en Venezuela.

Pese a todo, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la Unidad Popular aumentó su votación al 44% en relación con el 36% obtenido en 1970, lo cual echó por tierra la posibilidad de un golpe “legal” o “blando” contra el gobierno popular, y aceleró el golpe militar.

Entonces vino el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. Con un carácter doblemente sedicioso: llamó explícitamente a las Fuerzas Armadas a derrocar el gobierno constitucional del presidente Allende, constituyéndose en el detonante del golpe de estado; pero además, para justificar el llamado sedicioso, montó un simulacro engañoso de acusación constitucional al presidente de la República, porque la derecha y la DC no disponían de los dos tercios del Senado para aprobar semejante acusación.

Tampoco es cierto que el golpe de estado se desencadenó debido a la supuesta “radicalización política” de los años 60, y a la existencia de una izquierda maximalista que no buscó acuerdos para empujar las transformaciones.

El programa antiimperialista y antioligárquico con vistas al socialismo de la Unidad Popular no era signo de maximalismo, sino una necesidad objetiva para el desarrollo del país, y correspondía al avance de las fuerzas progresistas y de izquierda en Chile y en el mundo.

En el Chile las luchas populares habían alcanzado un alto grado de organización y unidad, y la idea de cambios estructurales se había irradiado en la Iglesia Católica, en sectores medios, en un sector de las FF.AA., en la Democracia Cristiana.

El gobierno de la Revolución en Libertad de Eduardo Frei llevó a cabo la reforma agraria y la sindicalización campesina, la chilenización del cobre, avanzó en la organización poblacional, creó el impuesto patrimonial a las grandes fortunas, condenó la intervención militar norteamericana en Santo Domingo contra el movimiento patriótico encabezado por el coronel Caamaño.

La Juventud Demócrata Cristiana participó de conjunto con las juventudes de izquierda en la marcha en solidaridad con el pueblo de Vietnam, en la lucha por la reforma universitaria, y en otras iniciativas. Hubo una corriente democratacristiana que planteó cambios estructurales levantando la bandera del socialismo comunitario, la cual se expresó en 1970 en la candidatura presidencial de Radomiro Tomic, quien se pronunció por la nacionalización del cobre y afirmó que el capitalismo es incapaz de resolver los problemas de los pueblos latinoamericanos.

De otra parte, el gobierno de la Unidad Popular puso en práctica una estrategia permanente de entendimientos con la Democracia Cristiana, como lo prueban los acuerdos que hubo sobre diversas cuestiones antes y durante el gobierno de Allende.

Razones y protagonistas del golpe de estado

Lo que impulsó la intervención de Estados Unidos fue la significación e impacto internacional del gobierno de la Unidad Popular. La izquierda llegaba nuevamente al poder en América Latina -esta vez a través de elecciones-, con una coalición que integraba socialistas, comunistas, radicales, mapucistas, cristianos de izquierda, socialdemócratas y otros sectores, enarbolando un programa que se proponía avanzar al socialismo por una vía institucional, con pluripartidismo, distintas áreas de propiedad, respeto a los derechos humanos y a la oposición política.

Pueblos y gobiernos de todo el mundo simpatizaron con el proceso, y ello ponía en peligro el sistema de dominación mundial de Estados Unidos al constituirse en ejemplo para otros países.

De allí que el protagonista principal del golpe de estado fue el gobierno de Estados Unidos, cuya intervención fue determinante en el proceso de fascistización de la derecha. La creación de Patria y Libertad y las acciones que llevó a cabo, entre ellas el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, no hubieran sido posibles sin la dirección y apoyo operativo del gobierno norteamericano.

También fue decisivo el entramado de relaciones con las Fuerzas Armadas chilenas, los convenios de cooperación y formación de la oficialidad, y la Doctrina de Seguridad Nacional importada por los yanquis, que considera como enemigo interno a los sectores populares.

El gobierno de Estados Unidos siempre ha sido un actor político permanente en Chile y otros países, aunque su injerencia comúnmente no es reconocida. De allí que las revelaciones del Informe Church del Senado norteamericano fueron tan sorprendentes para muchos chilenos.

Tal como consigna Luis Corvalán Marquez, la historiografía local le presta escasa atención a los documentos desclasificados que revelan esa intervención, sobre los cuales “ha caído un sospechoso silencio”.

En América Latina, el gobierno estadounidense ha recurrido a anexiones, invasiones militares, golpes de estado, control sobre las FF.AA., operaciones de intoxicación comunicacional y guerra psicológica, dictaduras terroristas, mecanismos represivos continentales como la Operación Cóndor, el Plan Colombia, etc.

Todo en nombre del anticomunismo, aunque el intervencionismo norteamericano se desplegó también contra gobiernos y políticos que no eran de izquierda, como lo muestran el asesinato en 1948 del candidato liberal favorito a las elecciones presidenciales de Colombia, Jorge Eliecer Gaetán; el derrocamiento en 1954 del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala; el golpe de estado contra Joao Goulart en Brasil en 1964; el golpe de estado contra el gobierno constitucional de Juan Bosch en República Dominicana en 1963, y la posterior invasión militar norteamericana en 1965.

Habida cuenta de la injerencia estadounidense, en el golpe de 1973 fue decisiva la participación democratacristiana. Tal como afirma Renán Fuentealba, la incorporación de la DC fue la justificación definitiva.

Radomiro Tomic afirmó después del golpe:

“La DC no puede pedir para sí el papel de Poncio Pilatos en el desastre institucional. La gravitación de lo que se hace o deja de hacer cuando se controla el 40% del Congreso Nacional, el 30% del electorado nacional, el 32% de los trabajadores organizados en la CUT, el 40% del campesinado y las organizaciones juveniles chilenas, diarios, radios y TV, 5 de las 8 universidades del país, la gravitación –digo- de una fuerza de tal envergadura, tiene efectos positivos por sus acciones o por sus omisiones”.

La directiva y parte del Partido Demócrata Cristiano apoyaron el golpe de estado pensando que vendría una “restauración democrática cuasi inmediata” en la que retomarían el gobierno.

Son coherentes con esta idea la declaración oficial de la directiva democratacristiana y la carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, presidente de la Democracia Cristiana Internacional, que avalan el “Plan Zeta”, un “ejército paralelo” y la preparación de una “dictadura comunista”.

Ambos documentos señalaron además que la Unidad Popular fue un gobierno minoritario y estuvo cerrado al diálogo.

Lo cierto es que Allende buscó y logró en 1970 el acuerdo de la DC, que era encabezada en ese entonces por una directiva progresista y cuyo candidato presidencial, Radomiro Tomic, había coincidido con la izquierda en varias propuestas programáticas. Mientras la directiva progresista democratacristiana tuvo respaldo en su partido, se pudo conversar y llegar a acuerdos.

Hablando de ello, Bernardo Leighton recuerda la solución del conflicto del canal 9 de TV, el reintegro al trabajo de los empleados y obreros de El Teniente, el término del impasse entre la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de las designaciones del personal en las representaciones en el extranjero; la resolución de las dificultades en la distribución de alimentos, adelantado por conversaciones entre el Ministro de Economía y dirigentes DC; las concordancias entre los diputados de la DC y de la UP para despachar los proyectos de ley sobre creación del Ministerio de la Familia y de reajuste de las rentas del profesorado.

Leighton concluía:

“Todo podrá alegarse, en consecuencia, menos que el Presidente Allende permanecía cerrado al intento de procurar caminos pacíficos y parlamentarios para salvar la situación del país”.

Hubo grandes esfuerzos por llegar a un acuerdo en torno a las áreas de propiedad de la economía. A mediados de 1972 se había llegado a un acuerdo sobre el Area de Propiedad Social, incluyendo el traspaso al Area de Propiedad Social o al Area Mixta de 80 empresas nacionales y extranjeras, pero Frei y la Internacional DC lo desahuciaron, y el PDC se negó a proseguir las conversaciones.

Patricio Aylwin en sus memorias calificó la declaración de 1973 de la directiva DC como “pecado de ingenuidad”.  El 9 de septiembre de 2013, Andrés Aylwin, su hermano, manifestó: “Patricio equivocadamente aceptó el golpe”.

Renán Fuentealba señaló que “los militares no querían dar el golpe si la democracia cristiana no les daba luz verde y la luz verde fue el acuerdo de la Cámara de Diputados”.

Similitudes y diferencias entre Chile y Venezuela

Existen varias similitudes y también importantes diferencias entre lo que hoy acontece en Venezuela y la conspiración golpista en Chile.

La crisis política en Venezuela se generó al ganar la derecha la mayoría de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, colocándose esa instancia en desacato a la Constitución y en conflicto con el resto de los poderes del Estado: el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fuerza Armada Bolivariana.

La excepción fue la Fiscalía General de la República, encabezada por Luisa Ortega, quien no ejerció sus atribuciones para detener la violencia opositora y se sumó a su estrategia.

La Asamblea Nacional controlada por la derecha, apoyada por Estados Unidos y la OEA, se subordinó al objetivo del derrocamiento, cuestionando la legalidad vigente al hacer jurar a 3 diputados elegidos fraudulentamente y después al intentar realizar un juicio político al Presidente Nicolás Maduro.

También en Chile la derecha utilizó el Parlamento para su campaña desestabilizadora, y contó además con el Poder Judicial y la Contraloría. Pero el conflicto de poderes recién se manifestó como crisis política aguda cuando la DC se sumó a la oposición desestabilizadora, siendo la declaración sediciosa de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 la que dio “luz verde” a las FF.AA. para el golpe militar.

Teniendo ambos procesos como objetivo el socialismo y respetando la institucionalidad y legalidad vigentes, la diferencia es que en Venezuela surgió una nueva institucionalidad de la Asamblea Constituyente de 1999.

Elemento común en ambos procesos es el intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, que determina la conducta insurreccional de la oposición y la alinea en la guerra económica y la violencia terrorista.

Hay que recordar el intento de golpe de estado de 2002, la Orden Ejecutiva de Obama, la actual política de sanciones de Trump, cuyo Secretario de Estado, Rex Tillerson, declaró el 2 de agosto de 2017 que las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos están estudiando la forma de obligar al Presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder.

La desestabilización económica tiene consecuencias directas en la vida de la población, y tiende a horadar la base social de ambos procesos. En Venezuela hay problemas reales que surgen como producto de la transición desde un modelo extractivista que depende del petróleo, a un modelo de producción industrial y agrícola diversificado, pero necesita tiempo para desarrollar sus planes.

Hay de otra parte una secuela de problemas provocados como el desabastecimiento, el sabotaje y la destrucción de infraestructura.

Además del gobierno de Estados Unidos, en la escalada desestabilizadora internacional  contra el proceso bolivariano toman parte de manera destacada la OEA, los gobiernos de México y Colombia, y otros en Europa.

En la campaña de manipulación mediática juega un papel principal la cadena CNN. Sin embargo también aquí la existencia de la cadena noticiosa internacional Telesur marca una diferencia.

Así como el gobierno de Allende en su tiempo despertó las simpatías de pueblos y gobiernos, también hoy lo hace el proceso bolivariano, que tiene el apoyo del Alba y otros países de América Latina.

Recientemente 57 estados en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas suscribieron una declaración rechazando el injerencismo en Venezuela.

Otra ventaja del proceso bolivariano es que, a diferencia de la actitud más bien tibia de la URSS hacia la Unidad Popular, hoy Rusia –país distinto en un contexto internacional distinto- expresa una marcada y creciente actitud de independencia y no aceptación de los dictados hegemónicos de Estados Unidos y se alinea más activamente en la solidaridad y cooperación política, económica y militar con Venezuela, así como también China y otros países.

Un importante papel ha jugado en el último tiempo el variado espectro de países petroleros, miembros y no miembros de OPEP, al acordar medidas en defensa de la estabilidad del precio internacional del petróleo, también en respuesta a la deliberada e irresponsable política de producción de petróleo de esquisto.

Pero quizá la mayor diferencia a favor del proceso bolivariano es la Fuerza Armada Bolivariana, que tiene la impronta del líder máximo de la revolución bolivariana, Hugo Chavez, quien no solo fue parte de ellas, sino que se preocupó de manera especial de su modernización y de desarrollar su profunda vinculación con su pueblo, en cuya raíz está su carácter más popular y menos elitista, y menos contaminado con la ideología de la seguridad nacional inoculada por Estados Unidos.

Cualquier actor internacional interesado en superar el conflicto en Venezuela debe contribuir a la restitución del diálogo político. La lógica injerencista de sanciones que impulsa EE.UU, la OEA o MERCOSUR es injusta y solo contribuye a profundizar el conflicto.

Por tanto, el papel que debiera jugar Chile a través de su Gobierno no es, como lo ha hecho, tomar posición en el conflicto, sino impulsar la vía constructiva del diálogo político serio.

La cuestión del poder

La asunción de gobiernos de centroizquierda en América Latina desde fines de los 90 en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, El Salvador, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, tuvo como respuesta de Estados Unidos y la derecha latinoamericana una contraofensiva que logró echar abajo en 2009 a los gobiernos de Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay mediante “golpes blandos”, y luego, la derecha con Macri ganó el gobierno en Argentina en 2015, e instaló mediante otro “golpe blando” a Temer en Brasil, desplazando a Dilma Roussef.

Pero pese a sus esfuerzos, la derecha no logró ganar el gobierno de Ecuador y la Revolución Ciudadana continuó con Lenin Moreno como presidente. Además en Argentina y Brasil se vienen realizando multitudinarias movilizaciones populares en rechazo a las políticas neoliberales de Macri y Temer.

Hoy la Revolución Bolivariana ha alcanzado una importante victoria con la elección de la Asamblea Constituyente, cuyos primeros días de funcionamiento muestran que ha cesado la violencia política y que la oposición está golpeada y dividida.

En vistas a las próximas elecciones de gobernadores, algunos sectores ya han anunciado su participación, aunque no cabe duda que el imperio y los sectores más fascistas continuarán su escalada desestabilizadora y violentista.

Entre las lecciones que se desprenden del proceso venezolano, que al igual que en Chile cursa por una vía institucional, la principal es el fortalecimiento de la participación y del poder del pueblo venezolano, y de la alianza entre pueblo y Fuerza Armada Bolivariana.

Cuando las fuerzas progresistas llegan al gobierno a través de las elecciones, el éxito del proceso de transformaciones depende de seguir acumulando fuerzas y poder popular. Ello no significa relativizar la vía institucional, sino aclarar las condiciones mediante las cuales, a la luz de la experiencia de Venezuela, puede tener éxito.

Para derrotar la oposición desestabilizadora se requiere la unidad política y social de los partidarios de los cambios, su movilización activa y permanente y avanzar en la conquista del poder.

Como hemos concluído los comunistas chilenos después del golpe, “Las reformas que se puedan alcanzar serán siempre precarias. Triunfos provisorios con la reacción al acecho para liquidarlas. Nuestra experiencia demuestra que no basta con conquistar el gobierno. Se precisa que el pueblo conquiste y ejerza la totalidad del poder”.

Quienes se oponen a la realización de transformaciones estructurales presentan el objetivo de la conquista de todas las instituciones estatales por el pueblo como un propósito totalitario y antidemocrático.

Propaganda cínica pues los sectores dominantes controlan no solo el gobierno sino también el Parlamento, los órganos de justicia, las FF.AA., los medios de comunicación, a través de partidos y alianzas derechistas o en acuerdos con otros sectores, alternándose en el ejercicio del gobierno y de las mayorías parlamentarias.

Por tanto, para las fuerzas progresistas y de izquierda que han logrado articular una mayoría político-electoral y ganar el gobierno, avanzar en la conquista de todo el poder del Estado por el pueblo, que dirija no solo el gobierno, sino que sea también mayoría en el Parlamento y tenga presencia en la generación, composición y funcionamiento de todos los organismos e instituciones del Estado, comprendidos los tribunales de justicia y las fuerzas armadas y policiales, ello significa en rigor la consecución de un objetivo absolutamente democrático.

Hay sectores que creen en el gradualismo y el consenso con los sectores conservadores como criterio para llevar a cabo reformas y cambios estructurales, pero la experiencia de estos años en Chile muestra su fracaso.

Es una política que da tiempo y posibilidades a las fuerzas reaccionarias para llevar a cabo procesos de desestabilización, para lo que tienen todas las posibilidades y cuentan con todo el apoyo de los poderes fácticos.

En vísperas del 44° aniversario del golpe de estado, tiene sentido exigir cuentas a la derecha por las violaciones a los derechos humanos y la conculcación de todas las libertades democráticas y los derechos ciudadanos durante la dictadura de Pinochet de la cual formaron parte. Hasta ahora no se ha escuchado de su parte un reconocimiento de responsabilidad política en la organización y ejecución del golpe de estado y en la implementación del terrorismo de estado.

En la Junta Nacional de agosto de 2013, la llamada “declaración de los 13” fue incluida en el voto político, e inspirada en ella apareció públicamente la declaración “Lecciones de la historia y desafíos para un tiempo fecundo. La Democracia Cristiana a 40 años del golpe de estado en Chile”.

Entre sus ideas principales está la necesidad de una nueva Constitución que surja de una Asamblea Constituyente, “que es lo que la mayoría del país desea”; que se avance al reconocimiento pleno de los derechos ciudadanos y a una sociedad más justa e igualitaria priorizando la salud, la educación y la previsión social; que se redistribuya el ingreso mediante reformas tributarias progresivas, se restablezca la potestad de Chile sobre sus riquezas y recursos nacionales, se fortalezca la capacidad negociadora de los sindicatos y se impulse la participación ciudadana.

Para llevar a cabo estos desafíos se releva el papel del gobierno de Nueva Mayoría, “que debe trascender y prolongarse más allá del año 2020”.

Ojalá tal declaración siga teniendo sentido para los democratacristianos, sumidos hoy en una crisis de la que solo pueden salir ratificando el ideario transformador que los llevó a integrar la Nueva Mayoría.

(*) Sociólogo, autor del libro de reciente edición, El Nuevo Tiempo de la Izquierda.

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