¿Hasta Cuándo Aguantan los Chilenos?: Llegó la Hora de Desprivatizar el Agua

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Los recientes casos de Aguas Chañar, en la Tercera Región, Esval, en la Quinta y Aguas Andinas, Región Metropolitana, tienen un origen común: la privatización inconsulta; las mismas causas: la falta de inversión en razón de la rentabilidad de sus controladores, y una única solución: el retorno a una propiedad y administración con vocación de servicio público, sin fines de lucro y orientada a la maximización de la rentabilidad social.

Para hablar en lenguaje común, se entiende por privatizaciones el proceso mediante el cual, en el peor de los casos -para los neoliberales- se le impone al Estado una racionalidad de mercado en la provisión de servicios, y en el mejor, se lo reemplaza directamente por prestadores privados.

En ambos casos, el efecto neto es la desviación de cuantiosos recursos públicos a grupos económicos y conglomerados financieros.

El instrumento para lograrlo es el reemplazo de los subsidios a la oferta por los subsidios a la demanda, en virtud de dogmas y preceptos neoliberales que no ha elegido nadie, tales como “focalización de los subsidios”, “libertad de elección” y “subsidiariedad del Estado”.

La privatización de monopolios naturales en poder del Estado con inspiración de servicio social, para transformarlos en oligopolios privados orientados al lucro y la rentabilidad, tiene nombres.

En muchos casos las empresas privatizadas cuentan, o contaron, en sus directorios a los que decidieron las privatizaciones, casos emblemáticos de Hernán Büchi, José Yuraszcek, Roberto de Andraca y Julio Ponce Lerou, entre muchos otros.

La privatización de los servicios sanitarios se inició con el Código de Aguas de 1981, legislación única en el mundo, pues en ningún país existe una concesión gratuita y a perpetuidad sobre el agua, que convierte los derechos otorgados en propiedad absoluta de quien los solicita.

“Hoy,  el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA”, afirma Rodrigo Mundaca, Secretario del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente MODATIMA, por estos días amenazado de muerte por su labor en defensa de la recuperación del agua.

Por cierto, se trata de un espléndido negocio. Según un informe del año 2011 encargado por la Dirección General de Aguas al Banco Mundial, entre los años 2005 y 2008 se realizaron cerca de 25 mil transacciones de compra y venta de derechos de aprovechamiento de agua por un valor anual de casi 1.200 millones de dólares. .

Luego, el proceso de privatización de las empresas de obras sanitarias continuó con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que vendió paquetes accionarios de ESVAL, ESSBIO, ESSAL y Aguas Andinas, conservando el Estado una participación minoritaria, del 40% en el caso de  Aguas Andinas, la mayor de ellas.

A dos días de la navidad de 2010, cuando las preocupaciones de los chilenos eran absorbidas por la fiebre del consumo, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció la privatización del remanente accionario de las empresas sanitarias aún en poder del Estado, a través de la Corporación de Fomento a la Producción, CORFO: el 45,28% de ESSBIO, que atiende las regiones del Maule, Bío Bío y O’Higgins, el 35% de Aguas Andina, Región Metropolitana; el 46% de ESSAL, Región de los Lagos y de Los Ríos, y el 29% de ESVAL, Región de Valparaíso.

Piñera invocó distintos pretextos para justificar esta nueva privatización. Primero, señaló que serían recursos para la reconstrucción. Luego dijo que eran para financiar inversiones en CODELCO, estimadas en US$15 mil millones, ENAP, EFE y las líneas 3 y 6 del Metro, que tienen un costo estimado de US$2.400 millones. Más tarde, cambió a la colaboración con las PYMES, y el financiamiento de la seguridad y la educación, En rigor, el pretexto carecía de importancia, toda vez que la privatización de lo que se mueva integra el ADN de la ideología neoliberal.

El caso fue que CORFO remató el 29,98% de su participación en Aguas Andinas en la Bolsa de Comercio de Santiago, el 15 de junio de 2011, en US$ 984 millones.  Un mes más tarde, recaudó US$ 564 millones de dólares con la venta de su participación ESVAL y ESSBIO. En cambio, 16 de diciembre de 2012, suspendió el remate del 40,46% de las acciones de ESSAL, porque la oferta no alcanzó al precio de corte, pues CORFO esperaba recaudar unos US$100 millones.

Más allá de los argumentos invocados, el Fisco recaudó US$1.548 millones, a los que sumó US$100 cuando CORFO vendió las acciones de ESSAL.

El Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, doctor Edgardo Condeza, quién encabezó una infructuosa campaña contra estas privatizaciones, afirma que el país hizo un pésimo negocio, por las siguientes razones:

Primero, por innecesario, por cuanto a la sazón, el país tenía US$12.987,5 millones colocados en el extranjero, fundamentalmente en el Fondo de Estabilización Económico y Social, FEES, al tiempo que por el alto precio del cobre, el fisco recaudó más US$7.000 millones ese año, considerando los excedentes de CODELCO y la tributación de las transnacionales mineras.

Luego, argumenta que las cuatro empresas sanitarias vendidas aportaban anualmente al Fisco una utilidad de US$150 millones; o sea lo recaudado con la venta se hubiera amortizado en once años. Además, dice, “las utilidades de las sanitarias facilitaban, al Estado, otorgar subsidios para el pago de los servicios del agua potable a 600.000 familias en todo el país”.

En tercer lugar, por su condición de monopolios naturales, las empresas sanitarias son un negocio extraordinariamente rentable, con tasas de retorno aseguradas de un 7 a 8% anual. De hecho, utilizan un bien público por el que no pagan royalty ni derecho alguno. A título comparativo, agrega que el FEES rindió en 2009 sólo un 2,44% anual.

De otra parte, agrega, esta privatización aumentó la concentración de la propiedad y la inequidad de la economía chilena. A modo de ejemplo, señala que la privatización de las sanitarias se ha traducido en un sustantivo aumento de las tarifas:

“En 2007 el precio de los servicios sanitarios en Chile, era el más caro de Sudamérica. Las utilidades de ESSBIO en 2009 fueron el equivalente a 2.420 casas de 10 millones de pesos cada una. En los últimos cinco años, las tarifas han subido en 57%”.

Además, ese encarecimiento de las tarifas no ha tenido correlato en el mejoramiento del servicio. De hecho, agrega, sólo en 2007, en Chile, hubo 468.000 reclamos por malos servicios.

Por último, señala, la privatización de las empresas sanitarias se ha traducido en el despido de una tercera parte de la dotación de trabajadores.

Aguas Chañar: el portaestandarte del fracaso

El caso de Aguas Chañar es ilustrativo del fracaso inapelable e irrevocable del modelo de privatización de los servicios públicos.

Los frecuentes e intempestivos cortes en el suministro, la turbiedad del agua, incluso con presencia de petróleo, y su elevado costo en relación a la calidad del servicio, han desembocado en la inédita situación de que el Gobierno Regional, los seis parlamentarios de la zona involucrada, las gobernaciones de las tres provincias de la región, los alcaldes de seis comunas y las organizaciones sociales más representativas de las comunidades han solicitado al Gobierno, al Superintendente de Servicios Sanitarios y a la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios de Chile, Econssa, la revocación de la concesión a Aguas Chañar.

La empresa ha respondido sólo con explicaciones vagas e inverosímiles, al estilo de: “la turbiedad en el servicio de agua potable en distintos sectores de Copiapó es debido a la marcha blanca de la nueva Tercera Línea, que es el nuevo ducto que suministrará el recurso hídrico a Copiapó”, o en el caso de Huasco: “los asentamientos no regulados, que no necesariamente coinciden con el límite urbano, son de responsabilidad del municipio”, o esta, aún mas estrambótica: “eventos como los sismos, además del paso de camiones de alto tonelaje o trabajos de terceros, son las principales razones de roturas de matrices”.

Si bien el gerente general, Rodrigo Calcagni, ha reconocido “errores técnicos”, los atribuyó a empresas contratistas, a las que, aseguró, han desvinculado. En la típica maniobra distractiva a las que nos ha acostumbrado la elite neoliberal, su principal línea de defensa apunta a la inversión adicional de tres mil millones de pesos a la comprometida en el plan de desarrollo, lo que totalizaría “$9.545 millones solo en 2017”, lo cual le lleva a concluir:

“Somos la compañía sanitaria que más invierte por cliente en el país; estamos hablando de una razón entre tres y cinco veces del resto de la industria”.

Si es así, peor aún: constituye una prueba adicional de que el modelo no funciona, y que urge reemplazarlo.

Es improbable que en su último año, el Gobierno se compre un conflicto de marca mayor con los poderes fácticos y la ortodoxia neoliberal que ha permeado a la elite política, intelectual y empresarial del país. Por tanto, su respuesta ha ido en dirección a sanciones, pero dentro de los parámetros del modelo.

Así, el Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, manifestó:

““Cuando hablan de la triplicación de las redes, nosotros les pedimos que repusieran del orden de cuatro mil 500 metros, que eso es más de cuatro veces que lo que repusieron el año 2016, que fue del orden de mil metros”.

Agregó que la SISS, también estará encima de la sanitaria, al menos en los próximos años, en lo que denominó como tres ámbitos; inversión, gestión y protocolos de emergencia, además de  fiscalizaciones especiales y la implementación de un equipo de apoyo para “exigir más a Aguas Chañar”.

Y remachó:

“En el caso de Copiapó particularmente, lo que nosotros vemos acá es que la empresa puede arriesgar multas de hasta un millón de dólares”, a lo que Calcagni respondió desafiante:

“Toda administración tiene que defender los intereses de la compañía y por lo tanto ante la eventualidad de una notificación de un proceso, nosotros tenemos que recurrir a las instancias que también nos permite válidamente la legislación”.

Bruna se desentendió de fondo del problema, es decir, la revocación de la concesión a Aguas Chañar:

“Yo tengo que preocuparme de la solución de corto plazo, o sea, que le den agua a las personas. La salida de Aguas Chañar, que es la revisión del contrato de operación que tiene con Econssa es un tema distinto. En este minuto, la urgencia es lo que tiene que hacer la empresa para mejorar y que estos fenómenos que le han ocurrido en estos últimos días se resuelvan”.

Respecto de la revisión del contrato, que tanto autoridades regionales como parlamentarios han solicitado a la SISS y a Econssa, Bruna señaló:

“No hay ninguna empresa de las que se ha caducado la concesión que demore menos de dos años o tres años. De hecho, hasta el momento, Econssa no ha terminado ningún contrato, por lo que el tiempo que puede demorar eso es incierto”.

Aguas Chañar está controlada por Icafal Inversiones S.A., con un 40,97% de la propiedad accionaria, Hidrosan Ingeniería S.A., también con 40,97% y Vecta Inversiones Dos S.A., con 13,06%.

Todavía no publica el balance de 2016. En 2015, registra ingresos por $20.602 millones, con un incremento del 12,9% respecto al año anterior; una utilidad antes de impuestos de $4.544, 7 millones, una caída de -53,2%, y una utilidad neta de $340,5 millones.

ESVAL: La ineficiencia que paga Moya

El caso de Esval, en la Quinta Región no es menos emblemático del fracaso de la privatización de las empresas de obras sanitarias. .

Ante la turbiedad por más de 20 horas en los ríos Aconcagua y Maipo, por causas naturales y por tanto previsibles, la sanitaria programó una paralización del suministro en Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar y Litoral Sur.

En otras palabras, le endosó olímpicamente las consecuencias de su ineficiencia a los usuarios

El gerente de clientes de Esval, Cristian Vergara, esbozó una justificación tan inconsistente como el caso anterior.

“Hemos trabajado intensamente para evitar los cortes de suministro mediante el uso de nuestros sistemas productivos de respaldo. Sin embargo, la alta turbiedad persiste en los cauces, lo que nos obligó a detener nuestras plantas para evitar efectos mayores, por lo que suspenderemos el suministro en horario nocturno para disminuir el efecto en los hogares y quehaceres domésticos. Esto nos permitirá  recuperar nuestros estanques y estabilizar el servicio”.

A mayor abundamiento:

“Estamos haciendo este anuncio con tiempo, de forma que la comunidad pueda prepararse y reunir agua para cubrir las necesidades básicas durante este período. Queremos pedir especial cautela con este acopio. Si se reúne demasiada cantidad de agua, sólo se logrará adelantar el corte, que es lo queremos evitar”.

“Pese a nuestros esfuerzos para evitar un corte, y a que hemos logrado acotar los efectos de este episodio para nuestros clientes, la alta turbiedad que persiste en el Aconcagua nos obliga a esta medida de fuerza mayor. Hemos enfrentado más de dos días de alta turbiedad en el río, realizando diversas maniobras operacionales para disminuir el impacto en nuestro servicio. No obstante, en estos momentos, la planta que abastece a la zona está operando con restricciones debido a las condiciones del cauce, obligándonos a realizar este corte”, detalló el subgerente zonal (s) Alejandro Salas, el sábado 22 de abril.

Y no vaya a creerse que la empresa permanece de brazos cruzados.

“Nuestros equipos continúan en terreno monitoreando la evolución del río y nos mantenemos en coordinación con las autoridades. Llamamos a los sectores no afectados hacer un uso racional y solidario del recurso”, remachó Vergara.

En definitiva, a mejor comportamiento de los clientes, menores serían las consecuencias de la ineficia de la compañía. Notable aporte al arsenal teórico del neoliberalismo. .

¿Y las utilidades?

Muy bien, gracias.

En 2016, los  ingresos  de  la  Compañia  ascendieron  a  $169.495, millones, un aumento 5,4% respecto al año anterior; el Ebitda, es decir, la utilidad antes de impuestos alcanzó a $76.754, millones, un avance del 8,7%, y una utilidad neta de $20.602 millones, un 18,6% superior a la del año anterior.

El agua potable de la Quinta Región está controlada por el consorcio OTPPB, integrado por Ontario Teachers Pension Plan y MARECO, que detentan en conjunto el 99,16% de las acciones serie A, con el cual poseen el 94,20 % de los derechos políticos de la compañía, 30% en poder de la primera y 64,20% de la última.

Aguas Andina: El buque insignia de la privatización del agua

El caso más sensible de los últimos días, por la cantidad de afectados, literalmente millones de personas, es el corte masivo de suministro que afectó a 27 comunas de la Región Metropolitana, tercera suspensión generalizada en lo que va del año, y noveno corte masivo de agua desde el 2008, el que tiene como responsables a Aguas Andinas y Aguas Cordillera.

Al igual que en los casos anteriores, las empresas tienen explicación para todo.

En un comunicado, Aguas Andinas se refirió a un “evento de fuerza mayor que superó la capacidad de obras de seguridad para mitigar los efectos del cambio climático operativas desde 2014”.

O sea, el responsable es el cambio climático, por encima del cual sólo está Dios. Tan misterioso como eso son las inversiones que por razones inexplicadas, no logran mejorar la calidad del servicio:.

“Estas inversiones por 47.000 millones de pesos elevaron en un 25 por ciento las reservas de agua potable, duplicaron la seguridad del servicio, lograron mitigar 30 eventos de alta turbiedad y evitaron 15 cortes de agua desde que entraron en operación”.

El comunicado agregó:

“Aguas Andinas presentó a la autoridad una propuesta de obras complementarias que permitirían aumentar la autonomía de suministro hasta un 20 por ciento respecto a la situación actual, pasando de nueve horas a 11 horas, el que entrará en servicio durante 2018. Esta propuesta considera la construcción de ocho estanques de reserva de agua potable con una capacidad de 54 mil metros cúbicos, que se ubicarían en la zona precordillerana, en la construcción de nuevos pozos con una capacidad de 400 litros por segundo en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo  y la habilitación de 13 pozos de emergencia con una capacidad de producir 500 litros por segundo en las comunas de Conchalí, Independencia y Recoleta, todo lo cual implica una inversión de 15 mil millones de pesos”.

En paralelo, la empresa aduce que está tramitando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental un segundo plan de obras de seguridad con reservas de agua elevará a 32 horas la autonomía del sistema en estos eventos, obras que operarán en 2019 y con una inversión de 60 mil millones de pesos.

El gerente corporativo de la sanitaria, Eugenio Rodríguez, informó que la empresa no va a compensar a los usuarios, porque “la causa y el origen no es una falla en ninguna de nuestra plantas: el río Maipo pasa de tener agua a niveles de 40 unidades de turbiedad a tener hasta 100.000 en los puntos más desfavorables”.

No obstante, aseguró que los clientes pueden estar tranquilos:

“La empresa no está de brazos cruzados, pues está realizando las inversiones comprometidas y somos los más interesados que nadie en que el estanque Pirque, a la brevedad, pueda ser construido una vez que termine su proceso de evaluación ambiental, pero obras de esta magnitud requieren tiempo”.

Sin embargo, el Director del Servicio Nacional del Consumidor, Ernesto Muñoz, aseguró que los consumidores tienen derecho a recibir un servicio de calidad y a que no se interrumpa la entrega de suministro injustificadamente:

“Toda empresa debe actuar con estándares de profesionalidad, y por tanto, debe responder si se causan daños o inconvenientes a los consumidores”.

Explicó que, en el caso del agua potable, sólo se puede suspender la entrega de suministro por razones de fuerza mayor calificadas por la SISS, o por interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, los que deberán ser comunicados al usuario con a lo menos con 24 horas de anticipación.

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, aclaró que Aguas Andinas tiene la obligación de construir el tranque en Pirque para evitar cortes de agua masivos cada vez que haya turbiedad del río Maipo, que es obligación de la empresa dejarlo ambientalmente habilitado y que lo debe financiar ella misma:

“Aguas Andinas tiene una obligación, por su plan de desarrollo, de desarrollar ese tranque que permite tener agua cruda, como se llama, que es agua previa a ser potabilizada, que permite una autonomía mayor ante este tipo de eventos que cada vez son más frecuentes por el cambio climático. Aguas Andinas tiene la obligación no solo de aprobarlo ambientalmente, sino que tiene la obligación también de financiarlo. Tenemos que hacer compatible tanto la inversión y la solución del problema en la ciudad de Santiago con el respectivo cuidado del medio ambiente. Le he pedido al superintendente que le exija a Aguas Andinas ir más rápido en ese proyecto”.

Efectos colaterales

El noveno colapso masivo en el suministro de servicio desde de Aguas Andinas reemplazó a EMOS, en virtud de un encadenamiento de decisiones de política pública que empezaeon  en la dictadura de Pinochet, pasaron por los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y Lagos, y culminaron en el gobierno de Piñera, presenta efectos colaterales sumamente útiles para demostrar, primero, lo innecesario de la privatización de los servicios básicos; segundo, el interés perseguido, y tercero, su catastrófico fracaso.

Para comenzar, el deterioro en la calidad del servicio no tiene correlato con el incremento de las utilidades de las empresas monopólicas u oligopólicas, que por serlo, se benefician de mercados cautivos, cuyos usuarios o clientes no disponen de opciones alternativas. De hecho, Aguas Andinas abastece el 85% de la población de la región metropolitana.

De acuerdo a sus estados financieros de 2016, Aguas Andinas tuvo utilidades netas de 420 millones de euros, un alza de 3.1% respecto del ejercio anterior. En su memoria anual de sus controladores transnacionales aparece que su negocio en Chile fue el único que mostró un alza relevante, lo que se explica por el incremento del 4% en la tarifa regulada.

Eso no cambiará. El directorio y la administración del consorcio Agbar/Suez no fueron puestos ahí para velar por la calidad del servicio que una de sus filiales le brinda a clientes de un lejano y pequeño país esquina con vista al mar, sino para promover y garantizar las utilidades y beneficios de sus accionistas.

Enseguida, la práctica ha demostrado sin lugar a la menor duda, que los estados jibarizados por el modelo neoliberal, son incapaces de supervisar y regular a gigantescas empresas transnacionales, en muchos casos con patrimonios superiores al PIB de los países que colonizan; que incorporan a sus directorios locales a connotados exponentes de las elites yanaconas, y que disponen de suficientes recursos no sólo para reclutar a los mejores equipos juridicos, consultores y científicos sociales de la plaza, sino derechamente para comprar a políticos para que legislen en función de sus intereses.

Aguas Andina es un verdadero catálogo de esta característica. De hecho es una de las empresas que estuvo más involucrada en el financiamiento irregular de la política.

Si bien el código de ética que puede leerse en la página web de la multinacional, presente en 24 países, restringe expresamente las donaciones políticas, sólo a “determinadas condiciones”, en el caso de la filial chilena, claramente, como se dice aquí, “se fue al chancho”.

Según una investigación de Ciper, entre 2009 y 2014 los pagos con boletas por servicios no realizados o por asesorías de distinto tipo, alcanzaron treinta receptores de todos los sectores -exceptuando al Partido Comunista- con vínculos políticos directos.

A modo de ejemplo, se registran pagos pagos a diversas fundaciones de fachada del pensamiento conservador. Son los casos de la Fundación Jaime Guzmán con 52,3 millones , ligada a la UDI, igual que Libertad y Desarrollo que obtuvo  $72 millones, y el Instituto Libertad , vinculado a RN, que recibió $117,6 millones.

Otros $27 millones fueron pagados a una sociedad personal de Pablo Longueira; y $53,5 millones llegaron a Vox Comunicaciones, investigada en el caso Penta por los pagos asociados al ex ministro Laurence Golborne.

Otro de los casos llamativos fue el de los ex ejecutivos de Chilevisión Mario Conca y Jaime de Aguirre, que recibieron un total de $76 millones con boletas por servicios no prestados a Aguas Andinas. Declararon que la maniobra la hicieron a solicitud de Santiago Valdés, gerente de Bancard, la matriz de Sebastián Piñera cuando el ex Presidente era dueño de Chilevisión y pagó por esta vía los bonos comprometidos a ambos.

Aguas Andinas, reconoció todos estos pagos y en efecto, los rectificó ante el SII entre abril y junio de 2015, sometiéndose a la sanción tributaria contemplada para estos casos, que corresponde a una multa.

Pero no sólo ellos. La Fundación Chile 21, ligada a partidos de centro izquierda, como el PS, el PRO y el PPD, recibió $34,5 millones. El centro Proyect America que funcionó hasta 2013, recibió $66,3 millones.

El Centro de Gestión Ambiental para el Desarrollo, CEGADES, ligado al histórico dirigente de la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez, recibió $75,6 millones.

La contabilidad de la compañía en el período registrado, registra pagos a tres sociedades ligadas al abogado Pedro Yaconi, yerno del ex Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle, por un total de $430 millones. Yaconi integró el comité de finanzas de la campaña presidencial que Frei perdió en 2009.

De acuerdo al Ministerio Público, entre 2012 y 2013 Aguas Andinas totalizó pagos por más de $188 millones a la consultora C2P, de propiedad de Yaconi. Los pagos se hicieron en 11 cifras mensuales durante 2009, entre los $7,8 millones y los $8 millones. Fuentes cercanas a la sanitaria afirman que la consultora sigue facturando por asesorías a la empresa.

El dato no es menor, por cuanto la privatización de los servicios de obras sanitarias se inició durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle.

El déficit de inversión y la cooptación de políticos son tan evidentes, que hasta lo destaca el senador de derecha, Manuel José Ossandón:

“Ahora las goteras se convierten en catástrofes. Llo que pasa con Aguas Andinas y los cortes de agua es inaceptable. Acá claramente hay un tema de falta de inversión que es evidente y que no podemos aceptar”.

Agregó:

“En vez de que la empresa se hubiera dedicado a aportar en campañas políticas, cuyo objetivo todos sabemos, debió hacer inversiones a tiempo para evitar estos hechos que terminan afectando a todos los ámbitos de la vida y también a la productividad”.

El modelo no sirve, y hay que cambiarlo

La política de privatizaciones, iniciada por la dictadura y completada por los gobiernos de la Concertación representa un circuito nefasto para el interés nacional.

Activos que habían sido generados con fondos públicos y el esfuerzo de generaciones de profesionales y técnicos chilenos, fueron puestos en subasta por funcionarios de la dictadura, quienes, acto seguido, se los adjudicaron en tanto inversionistas particulares a precios de ocasión, en operaciones de dudosa transparencia si es que no de abierta ilegalidad.

Como guinda de la torta, los traspasaron al capital transnacional, obteniendo en la pasada estratosféricos beneficios, los que hoy, con mentalidad de rentistas, prefieren colocar en los paraísos financieros en lugar de restituirlos a la economía nacional, como no sea con el financiamiento de los partidos políticos de derecha.

Ejemplo emblemático de este tortuoso circuito es la privatización y transnacionalización de las empresas del sector de la energía eléctrica.

La tercera etapa del proceso de transnacionalización es de exclusiva responsabilidad de la Concertación. En ella concurren la privatización de las empresas sanitarias y los puertos, y la política de concesiones en grandes proyectos de infraestructura vial y aeropuertos, donde los costos de inversión se le transfieren a los usuarios.

Los propagandistas del modelo sostienen que ninguna importancia tiene el origen de los capitales, mientras financien las inversiones que necesita el país.

Se trata del típico argumento de la visión de corto alcance que ha caracterizado a las elites dirigentes de este país, más interesadas en sus privilegios de clase que en el desarrollo nacional.

En primer término, pasa por encima de la regla de oro del capital, que busca ante todo la maximización de la rentabilidad de su inversión.

En el caso de países periféricos como Chile, la encuentra en las denominadas ventajas comparativas, lo que quiere decir que se concentra en la explotación de recursos naturales de escaso o nulo valor agregado y que requieren de mano de obra barata, de baja calificación.

Esta selección natural en la asignación de recursos financieros profundiza el carácter primario-exportador de nuestra economía en la nueva división internacional del trabajo.

De hecho, según cifras de Prochile, alrededor del 60% de las exportaciones totales corresponde a recursos naturales, de las cuales el 37% era cobre y derivados.

Incluso, el propio Banco Interamericano de Desarrollo expresa sus dudas sobre la viabilidad del modelo:

“Aún cuando las exportaciones no tradicionales han aumentado su participación en el total exportado, y que el cobre ha reducido su participación durante la última década, existen dudas acerca de la posibilidad de que la estructura actual de exportaciones, muy concentrada en productos vinculados a recursos naturales permita sustentar altas tasas de expansión en el mediano y largo plazo. (…) La composición de las exportaciones chilenas es más cercana a la de países con bajos niveles de ingreso y tradicionalmente exportadores de productos primarios”.

Enseguida, las decisiones económicas estratégicas en áreas claves de nuestra economía son adoptadas por los consorcios transnacionales según criterios de rentabilidad de la inversión de los capitales de origen y no en función de los intereses del país. De hecho, ha sucedido con frecuencia que una de las primeras medidas de los consorcios transnacionales una vez que se apoderan de empresas públicas privatizadas, ha consistido en despidos masivos e incremento de los precios de los servicios.

Tampoco es cierto que el capital transnacional traiga crecimiento y desarrollo, como sostienen sus propagandistas a sueldo, pues sea a través de operaciones de conversión de deuda, de privatizaciones de dudosa transparencia, o de adquisición de activos de empresas previamente privatizadas, el capital transnacional se apodera a precios devaluados, de activos ya existentes que demandaron años de esfuerzo e inversión pública, de forma que lo único que se produce es simplemente una operación contable de cambio en la estructura de la propiedad, pero no la creación de nuevo valor.

La promesa de nuevas inversiones, si es que se materializan, no inyectan nuevos recursos sino proceden de préstamos de la banca local, de nuevas operaciones de reconversión de deuda o de la reinversión de utilidades.

Una práctica habitual del los monopolios extranjeros consiste en amenazar con limitar la inversión, si no se les garantizan las alzas de precios que preserven la rentabilidad de su inversión.

Las exportaciones de capital por la vía de amortización de inversiones o remisión de utilidades e intereses pueden representar en determinados contextos y según su magnitud, un significativo drenaje en la renta nacional, a menudo asociado a imprevisibles efectos en los sacrosantos equilibrios macroeconómicos.

En virtud de su poderío económico, el capital transnacional contiene la pulsión de constituirse en un Estado dentro de otro Estado. Su instalación en un país dependiente va frecuentemente precedida de una corrupción sin precedentes, donde la distribución de millones de dólares entre autoridades y políticos aquiescentes asegura óptimas condiciones de rentabilidad, remueve molestas regulaciones y crea compromisos recíprocos.

Una vez instalado, integra en sus directorios a connotados  personajes de la elite local, a objeto de reforzar su capacidad de lobby. Rara vez alguna de sus frecuentes infracciones a los contratos trae mayores consecuencias, a pesar de que se trata de monopolios naturales, en el papel fuertemente regulados.

Si el Estado anfitrión insiste en meterlo en cintura con incómodas regulaciones, y no menos molestas fijaciones de precio, simplemente emigrará a otro lugar donde encuentre mejores condiciones de rentabilidad, dejando a su retiro un panorama de tierra arrasada, con efectos catastróficos para las economías que financian sus cuentas nacionales con capitales golondrina, como bien saben hoy los argentinos.

En suma, el precio de esta abdicación de soberanía es el grado de extrema dependencia y vulnerabilidad de nuestra economía respecto de los ciclos de la economía mundial, la inestabilidad de los precios de los productos primarios y los desplazamientos del capital especulativo.

Poca o ninguna relevancia tienen las decisiones nacionales de política económica cuando los ciclos son recesivos, o cuando caen los precios de los productos primarios.

A título de ejemplo, he aquí lo que señala el Informe de Comercio Exterior, Cuarto Trimestre 2001, de la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, página 19:

“El valor de las exportaciones registró una disminución de 4% durante el 2001, no obstante que el volumen exportado aumentó en 8,6% en dicho año. Lo anterior está explicado básicamente por la caída en los precios de los bienes exportados, que disminuyeron en 11,6%”.

O sea, a mayor y más intensiva explotación de recursos naturales no renovables, se obtiene un menor retorno. Y lo llaman modelo de desarrollo.

En los hechos, en virtud del dichoso modelo neoliberal y las privatizacione, el país a ido de ajuste en ajuste.

El actual ciclo se inició en 1997, a consecuencia del desplome de las economías de países asiáticos. Luego, se dijo que la reactivación se vería postergada por la desaceleración de la economía norteamericana. El siguiente pretexto vino a propósito de los atentados del 11 de septiembre de Washington y Nueva York. Después le tocó el turno a las crisis de México, Argentina y Brasil.

En  julio de 2002, el Lagos volvió a correr la empalizada, con cargo a las “turbulencias internacionales”, como si se estuviese desayunando con la novedad. Inmediatamente después llegó la madre de todas las crisis, el bienio 2008-9, de la cual ni la economía mundial ni la chilena se han recuperado.

Esto no impide que los propagandiastas del modelo sigan afirmando, sin que se les mueva un músculo de la cara, que ya viene la reactivación, que Chile volverá a las tasas de crecimiento del 7% y que el desarrollo está a la vuelta de la esquina. Tal como se viene diciendo desde hace exactamente 40 años.

Se trata de una de las grandes mistificaciones del credo neoliberal, pues así como la concentración del ingreso nacional está determinada por las enormes transferencias de recursos desde el trabajo hacia el capital, el desarrollo de las economías de la órbita imperial se explica en función del gigantesco volumen de recursos que extraen de las economías dependientes, en una operación de suma cero donde las primeras ganan lo que pierden las segundas.

El fracaso del modelo neoliberal es a esta altura, inapelable. Si en su etapa inicial, cuando era capaz de generar crecimiento, no trajo desarrollo, menos lo va a hacer ahora, en su fase de estancamiento.

En Chile, salvo el litio, ya no quedan recursos naturales transables para sostener el crecimiento. Tampoco va a mejorar la distribución del producto, porque por definición y naturaleza, el modelo es concentrador.

Peor aún, la economía monopólica en que deviene el capitalismo desregulado se transforma en un lastre para el crecimiento, porque para la elite minoritaria que concentra la riqueza, la propiedad y los medios de producción es más ventajoso invertir sus cuantiosos recursos en el mercado financero que en proyectos productivos, que demandan tiempo de maduración y conllevan riesgos.

El caso de Sebatián Piñera es arquetípico de lo que sucede cuando la elite se transforma en rentista.

Esto no va ni puede cambiar, mientras no se cambie el paradigma de desarrollo. A lo sumo, el modelo neoliberal puede ofrecer más de lo mismo, mientras la economía mundial no entre en uno de sus recurrentes ciclos recesivos, caso en el cual la crisis se le endosa a los trabajadores, y al conjunto de la población, mientras los rentistas colocan sus capitales a buen recaudo, o compran activos a precios de ocasión, a partir de lo cual se inicia un nuevo ciclo.

En la actual confusión que impera en la república neoliberal, al menos hay dos certezas. La primera es que salvo para sus beneficiarios, el sistema neoliberal es un fracaso monumental. Es más, ni en su mejor momento, el rey dejó de ir desnudo por el mundo.

La segunda, es que el neoliberalismo no sólo no va a caer como una fruta madura en virtud de ese fracaso, sino que no se va a ir sin  agotar sus capacidades de lucha. Al neoliberalismo hay que echarlo, de la misma manera como las revoluciones plebeyas destronaron las monarquías.

El reemplazo no vendrá como consecuencia de su fracaso como modelo de desarrollo, sino por el producto de una lucha política. Mientras la izquierda no logre hacer comprender al pueblo chileno esta sencilla verdad, más tse prolongará el sufrimiento de los humillados y excluidos por el modelo.

El cambio de un modelo de desarrollo es una empresa política de magnitud mayor, más aún en este caso, tratándose de los intereses de una elite fuerte, compacta y sobreideologizada; una empresa que requiere, ante todo, de la más amplia unidad política y social.

En consecuencia, no es hora de divisiones. Todos aquellos que están por el fin del neoliberalismo, tienen un lugar en la lucha, y no hay excusa para no empezar desde ahora. En un año electoral, la mejor manera de comenzar es votando por aquellos candidatos que incluyen el fin del neoliberalismo en sus programas, y desde luego, aquellos que proponen revertir el proceso de privatización de la economía, empezando por los recursos naturales y los servicios básicos como la electricidad y el agua potable que consume la población.

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