El Fantasma del TC: Congreso Despachó Glosa de Gratuidad en Educación Superior

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Por 26 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala del Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias entre ambas Cámaras sobre el proyecto de ley de Presupuestos 2017, en especial el punto más polémico, qué duda cabe, acerca de la glosa de gratuidad en la educación superior.

 

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Las dos abstenciones fueron de los senadores Alfonso De Urresti (PS) y el PPD Guido Girardi.

Precedentemente, la Cámara de Diputados hizo lo propio ratificando la fórmula acordada que permitirá, entre otras materias, entregar 3.500 becas para planteles privados de educación superior siempre que esas instituciones tengan al menos 4 años de acreditación y un 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado superior a 450 puntos; así como aumentar en $3 mil millones el aporte basal para las universidades estatales.

Cabe recordar que el informe de la Comisión Mixta resolvió al menos 8 puntos de discrepancias surgidas entre ambas Cámaras, especialmente, los que tenían que ver con las glosas 29 y 30, relativas al fortalecimiento de la educación superior y la gratuidad.

Fueron precisamente estos temas los que concentraron el debate y donde la mayoría de los  senadores valoró que se haya producido un diálogo y una negociación para permitir el acceso a gratuidad a miles de familias, eliminando la distinción de si pertenecían a establecimientos privados o estatales.

Otra línea de argumentos fue el plan de fortalecimiento de los establecimientos estatales a través de la inyección de recursos frescos provenientes de créditos del Banco Mundial y la posibilidad de aumento de matrícula. Así como el compromiso de llevar adelante una profundización de estos principios en el debate del proyecto de ley sobre educación superior.

La sombra del TC

Sin embargo, en la discusión no estuvo ausente el rol que tuvo en la negociación lo que se denominó como “la amenaza del Tribunal Constitucional”.

Este elemento fue duramente criticado por senadores como Alfonso de Urresti, quien justificó su abstención debido a este elemento:   

“El principal problema de esta discusión es que nos vemos enfrentados a una situación de amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional. Ese es el problema, no importan la soberanía popular y la mayoría en las dos cámaras. Se instaló ese contrapoder que enarbola un fallo que le permitió el año pasado echar abajo la gratuidad”.

A su turno, el senador Alejandro Guillier, señaló:

“Esto no se debería estar discutiendo en una glosa, impide hacer el debate del Chile que queremos. No veo que se haya fortalecido la educación pública, ni el rol del Estado con las universidades, además se mantiene el CAE. Muchas carreras se alargan artificialmente en las universidades, sin darle futuro serio a los jóvenes con carreras técnicas, por ejemplo”.

Acuerdo con la derecha

La parte más conflictiva del trámite de la Ley de Presupuesto fue la glosa de gratuidad y por la cual el Gobierno debió realizar una serie de acuerdos con Chile Vamos para evitar que ellos la impugnaran por segundo año consecutivo ante el Tribunal Constitucional.

Así, y gracias a que se negoció con la extensión de becas hacia las universidades privadas, se logró reunir los votos que respaldaron la iniciativa.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el mismo que se mantuvo impertérrito ante los trabajadores fiscales, con el argumento de que no había recursos; de que hay que ser “responsables” y de que hay que hacer “esfuerzos”, reconoció:

“De de tener una mayoría distinta en el TC nos sentiríamos menos compelidos a llegar acuerdos. Hicimos algo que creo que fue muy bueno para el país, que es ponernos de acuerdo. No estábamos muy acostumbrados en estos procesos, discutir, pero finalmente acordar algo, que no es perfecto para nadie. Cuando uno acuerda con contra partes tiene que ceder, pero en eso hemos protegido cuestiones fundamentales, primero tener a alumnos vulnerables que estudian en centros de formación técnica e institutos profesionales con gratuidad, ese es el punto fundamental”.

Ante la acusación de “chantaje” realizada por el diputado Giorgio Jackson (RD) quien aseguró que lo que la oposición realizó fue actuar “con una pistola”, el jefe de la billetera fiscal declaró que recibió la instrucción de la Presidenta Michelle Bachelet de lograr avances en gratuidad:

“Olvidémonos del Tribunal Constitucional por un momento, el acuerdo final es bueno para la gente. Nosotros hemos defendido las cuestiones principales, doctrinarias que tenemos como pacto: que el lucro no se mezcla con gratuidad y segundo las universidades estatales pueden y deben tener un trato preferente”, concluyó  Valdés.

Con él coincidió la titular del Ministerio de Educación, Adriana Delpiano, quien resaltó que el acuerdo permitirá que 100 mil alumnos accederán a la gratuidad y anunció que insistirán para que la ley larga del proyecto que reforma la educación superior sea despachado durante este Gobierno:

“Nosotros lo queremos sacar durante el mandato de la Presidenta Bachelet, ese proyecto ha estado discutiéndose en la comisión de educación y nosotros hemos estado trabajando con los representantes de todos los consejos de rectores. Tenemos listas una gran parte de las indicaciones que vamos a enviar, lo que queremos es que se vote en la comisión en general. Vamos a hacer la petición el día de mañana y esperamos que el presidente de la comisión lo ponga en votación”.

Trámite en la Cámara de Diputados

Con 88 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó la propuesta de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de Presupuestos para 2017.

Junto con reponer los recursos que se habían rechazado para la Contraloría General de la República, y asegurar el pago de un bono para las manipuladoras de alimentos, proveyendo los recursos para que se financien los beneficios atrasados de 2016 y 2015, el debate se centró en el acuerdo alcanzado entre Gobierno y oposición respecto a los recursos para la educación superior.

La propuesta entrega 3.500 Becas Bicentenario a planteles privados, siempre que esas instituciones tengan al menos 4 años de acreditación y un 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado superior a 450 puntos.

Además, se redefinen los montos que se van a entregar a los 3 tipos de Beca Nuevo Milenio que son para los estudiantes del sector público y profesional: la primera para los planteles con dos años de acreditación, con un valor de $600 mil; la segunda para planteles con 3 años de acreditación ($860.000) y la tercera para 4 años o más, de $900.000.

Asimismo, se fortalece a las universidades estatales mediante un aporte financiado con un préstamo del Banco Mundial.

Adicionalmente, se incrementa el aporte basal a universidades estatales en $3.500 millones, que se suman a los originales $6 mil que establecía el presupuesto para el próximo año. A la vez, el límite de crecimiento de la matrícula de 2,7% se puede aumentar si hay una propuesta de cada plantel para su financiamiento antes del 31 de diciembre de este año, y si hay un convenio con el Estado para el programa de acceso.

El diputado Giorgio Jackson (RD) dijo que se si bien esta no es la peor de las soluciones, en cambio es una derrota de la democracia:

“Lo que ha sucedido en esta supuesta colaboración, no fue una negociación de colaboración, no fue que dos partes estuvieran de acuerdo con el resultado e intentaran poner los puntos en común sobre la mesa. Lo que hubo fue una amenaza de Chile Vamos, de que concurriría al Tribunal Constitucional.

El diputado Lautaro Carmona (PC), destacó el acuerdo alcanzado en la Mixta y el uso de todos los espacios legislativos para la negociación. “Me parece que es una buena señal, que representa correctamente, que al fin de cuentas el centro de lo que representa una Comisión Mixta en el debate de una ley de Presupuestos, se haya concentrado en el derecho a la educación”.

A pesar de que desde el Ejecutivo se solicitó a las bancadas llegar a votar en bloque, varios parlamentarios adelantaron su negativa ante la iniciativa. El diputado del PPD, Felipe Letelier advirtió que el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos puede profundizar el actual modelo del sistema de educación superior, “hay que cuidar que este pacto no sea la vía para que la privatización del sistema”, dijo en su intervención.

Por otra parte, otro parlamentario PPD, Rodrigo González, hizo presente un temor que algunas parlamentarias de la Nueva Mayoría evidenciaron ayer, antes de la sesión de la Comisión Mixta, que “no hay consecuencia entre lo que se plantea en esta glosa y lo que debiese ir en la Reforma a la Educación Superior”.

Cabe recordar que el Ejecutivo acordó con los parlamentarios de Chile Vamos ampliar la Beca Bicentenario -que cubre el arancel de referencia del 70% de los estudiantes más pobres del país- en 3.500 becas a las universidades privadas que cuenten con al menos 4 años de acreditación y que tengan un promedio de puntaje PSU de 450 puntos. Además se comprometió a llevar adelante el proceso de ingreso de los IP y CFT sin fines de lucro a la gratuidad y un aumento significativo en la beca Nuevo Milenio.

Para equiparar y lograr un acuerdo interno de la coalición el Mineduc, acompañado de la mano de Nicolás Eyzaguirre estableció la inyección de recursos frescos a las universidades estatales, por medio de la solicitud de un crédito al Banco Interamericano del Desarrollo , entre otras medidas.

Los diputados que anunciaron su posición contraria a la aprobación de los artículos 29 y 30 de la glosa presupuestaria apuntaron a la falta a de fiscalización que habrá en las nuevas instituciones que recibirán la Beca Bicentenario, ya que la Contraloría no puede investigarlas al igual como lo hace con las instituciones del Estado.

Pero quienes demostraron mayor molestia con el acuerdo del Gobierno fueron los diputados de la llamada “bancada joven”, Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson.

“Me parece populista financiar la gratuidad vía glosa. Es un chantaje decir que se ayuda a los estudiantes más pobres. No estoy disponible para el chantaje, ni para el populismo”, enfatizó el diputado del partido liberal.

Por su parte Jackson arremetió en contra de Chile Vamos, acusó a la oposición de levantar un “chantaje” en contra del Gobierno y comparó la acción de la coalición con “una violación armada”, en contra de la educación pública.

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Debate en sordina

La confrontación que ha intentado evitar el Gobierno con la oposición se trasladó a las filas del oficialismo.

La idea de entregar recursos frescos a universidades privadas sin aumentar el trato preferencial para las del Estado, causó molestia en parte de las bancadas del PS, de la DC, el Partido Comunista y algunos parlamentarios del PPD.

Es el caso de la diputada Cristina Girardi, quien señaló:

“Toda la negociación del Gobierno no es para que las estatales tengan más recursos, es para que las universidades privadas tengan más recursos (…) aquí las universidades privadas han lucrado con los recursos de todos los chilenos y qué hacemos, fingimos demencia y no ponemos ningún requisito para regular este sector”.

“Este 2016 se repite el error que cometimos el año pasado, cuando este Gobierno decidió profundizar la opción del subsidio a la demanda”.

A juicio de la diputada, la propuesta de consenso entre la oposición y el Gobierno mantiene la lógica del voucher:

“Son 3.500 becas que irán a un sector que no está regulado y que lucra. Nada de esto estaría pasando si tuviéramos una ley de Reforma a la Educación”.

A su turno, la diputada Camila Vallejo (PC) destacó el principio de que en la educación no puede haber negocio:

“En esa línea hemos avanzado, a pesar de no tener una reforma, a través de la Glosa de Presupuesto (…) la Ley de Presupuesto ha sido clave para avanzar en el objetivo de entender a la educación superior como un derecho”. Agregó que le preocupa que, por evitar ir al TC, “estemos aumentando recursos públicos a instituciones involucradas en casos de lucro”.

La diputada comunista criticó que, pese a que se aumentan recursos a las privadas, no se “avance en lo débil del fortalecimiento de las instituciones del Estado”.

El diputado PS Fidel Espinoza señaló que a los socialistas no les gustó la vía escogida por el ministro de Hacienda, junto a Eyzaguirre y Delpiano:

“Que la Comisión Mixta es el único camino, a nosotros como socialistas no nos gusta. Yo no hablo de acuerdo. Aquí hay chantaje de la derecha y, como están dadas las cosas hasta el momento, es el precio que hay que pagar con el propósito de que no derrumben la educación pública y estatal”.

La diputada Yasna Provoste (DC), señaló:

“Es muy arriesgado avanzar en una línea de gratuidad para los planteles privados, pues ello marca un precedente para la futura Reforma a la Educación Superior. La ampliación de la beca es un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) encubierto para universidades privadas que se sienten menoscabadas. Es un cómodo acuerdo para las universidades privadas que eventualmente lucran y tengan recursos públicos, a pesar de que el espíritu de la gratuidad tiene un objetivo contrario”.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó la propuesta de los parlamentarios de la oposición y señaló:

“Es absurdo pensar que el hecho de que el Estado apoye a sus universidades pueda ser considerado discriminatorio. No veo ninguna razón por la cual no haya las normas que se quiera para apoyar tanto o más a las universidades que no son estatales. La educación pública no le pertenece ni a un partido ni al gobierno, sino que a todos los chilenos”.

Según distintos actores del mundo educacional, el gallito que hoy se vivió en el Congreso es lo que puede definir el alma de una posible Reforma a la Educación Superior, que hoy se encuentra congelada en la Comisión de Educación de la Cámara.

La especialista de Educación Superior de Fundación Crea, Marjorie Cuello, adelantó la semana pasada:

“Lo que está haciendo el Gobierno, al apostar por Glosa Presupuestaria, es evitar el problema de disputar la Reforma a la Educación Superior en el Congreso, así la transforma en una política de Gobierno y no de Estado”.

El profesor de la Facultad de Derecho de la UDP, José Julio León, especialista en Educación Superior, respaldó esa línea:

“Las negociaciones del Ejecutivo con la oposición respecto a la Glosa Presupuestaria demuestran que el Gobierno tiene poca expectativa de que se apruebe la reforma. Esto lo ha llevado a aceptar la presión de la derecha, ya que no había ninguna seguridad de que el TC acogiera una solicitud tan general como la del senador Allamand, debido a que la Ley Corta de Educación del año 2015, más la última iniciativa que incluye a los CFT e IP, habrían subsanado el supuesto efecto “discriminatorio” de la gratuidad”.

Para el especialista la prioridad del Gobierno es:

“Seguir avanzando en la gratuidad vía glosa presupuestaria, ya que no tiene esperanzas de que la reforma sea aprobada en el Congreso. Esta lógica de negociación deja en evidencia que las becas y los créditos van a seguir siendo un complemento necesario para la gratuidad”.

El experto constitucionalista explica:

“El hecho de que una política pública como la gratuidad se sustente solo en Ley de Presupuesto hace que sea muy inestable. Aunque se aprobara por ley, eso no da ninguna seguridad hacia el futuro, porque este Gobierno ha utilizado la máxima de que la Ley de Presupuesto es la que define recursos”.

En su opinión, existe un problema de diseño de Reforma a la Educación Superior y la forma en la que el Mineduc decidió optar por la vía de Glosa Presupuestaria:

“La mano de la conducción del ex ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre ha sido fundamental, ya que a pesar de haber sido reemplazado por la ministra Adriana Delpiano, él ha estado a cargo de todo el proceso de negociación en el Congreso”.

“El fracaso de la Reforma a la Educación Superior, es el fracaso de Eyzaguirre”, fulminó el abogado.

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