Comisión de Hacienda Aprobó Reforma al Código de Aguas

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Infructuosos fueron los esfuerzos de la derecha para bloquear  en la Comisión de Hacienda la discusión sobre la reforma al Código de Aguas ya aprobada por las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura. En una nueva demostración de lo difícil que resulta modificar la legislación heredada de la dictadura, el empresariado empezó a agitar el fantasma de la “expropiación encubierta”, a través de su poderoso brazo mediático.

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Luego de más de un mes dilación, donde los diputados de derecha solicitaron oír a dirigentes y autoridades que ya habían expresado sus visiones en la tramitacion previa, el martes 11 de octubre se sancionaron los dos únicos artículos que implicaban gasto fiscal, competencia de dicha instancia.

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De esta forma, el proyecto quedó en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados, lo cual se espera ocurra a partir del 24 de octubre cuando los parlamentarios se reintegren al trabajo legislativo luego de la semana distrital.  Posterior a ello la iniciativa pasará al Senado para continuar su tramitación en segundo trámite constitucional.

Uno de los textos votados fue el artículo 2º transitorio que establece un plazo de 5 años para que pequeños productores agrícolas (Ley 18.910) puedan regularizar sus derechos de agua, quedando exentos de la eventual caducidad por no regularización las asociaciones de agua potable rural, las comunidades indígenas y agrícolas, los propietarios de áreas protegidas que no utilicen sus derechos de agua con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichos territorios.

En tanto, el 5º transitorio libera del pago de patentes por no uso todos aquellos derechos de agua (independiente de su fecha de constitución) que no sean extraídos ni utilizados por estar destinados a conservación, uso turístico o recreacional.

Los esfuerzos por abrir el debate a todo el articulado terminaron por desplomarse cuando el subdirector de Presupuestos, Gustavo Rivera, entregó la visión del organismo sobre los artículos que implicarían mayor gasto fiscal y, por tanto, eran de competencia de la Comisión de Hacienda.

“Las referidas indicaciones (artículos 2º y 5º transitorios) modifican dos artículos, generando un aumento del gasto fiscal. En relación con otros artículos, los cuales han sido presentados a través de indicaciones parlamentarias en las comisiones anteriores, se ha concluido después del análisis respectivo que no representan un mayor gasto no previsto” indicó.  Agregó que “lo anterior se sostiene debido a que las indicaciones cuestionadas son propias del giro de la Dirección General de Aguas por lo tanto las nuevas normas pueden ser ejecutadas con la capacidad instalada en la DGA y los respectivos órganos que puedan intervenir”.

Explicó además que en términos de impacto económico, las modificaciones propuestas “tienden a producir una agilización del proceso de regularización de los derechos de agua a la vez que disponen de un plazo definido para su vigencia a modo de incentivar el cierre definitivo de dichos procesos”.

En este sentido, en un plazo de 11 años se resolverían 50 mil solicitudes de regularización que serían ingresadas para el pronunciamiento de la DGA en un plazo de cinco años, con un costo fiscal de $ 2.700 millones los cuales serán propuestos en las consiguientes discusiones presupuestarias anuales.

Los dos artículos votados fueron aprobados por amplia mayoría: 8 contra 5.  A favor votaron los PS Manuel Monsalve (presidente de la comisión) y Marcelo Schilling, los DC Yasna Provoste, Fuad Chahin y José Miguel Ortiz, los PPD Enrique Jaramillo y Cristian Campos, y el PC Daniel Núñez.  Rechazaron los UDI Felipe De Mussy, Patricio Melero, Javier Macaya y Ernesto Silva, y el RN Leopoldo Pérez.

Sobre la forma en que fue abordada la discusión por los parlamentarios de Chile Vamos, el diputado Núñez expresó:

“Tengo la impresión que lo de fondo es que la derecha no comparte esta reforma, no comparte sus principios ni sus criterios y está buscando torpedear o poner excusas simplemente para dilatar la discusión o simplemente no hacerla, y en ese sentido vale la pena sincerar los puntos de vista”.

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Campaña del terror por anticipado

La reforma a la Ley General de Aguas, que será revisada por la Cámara Baja, genera inquietud y preocupación entre los empresarios y agricultores que acusan una “expropiación encubierta”.

La ley, que fue creada en 1981, entregaba los derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad a los privados de forma gratuita e incluso con la posibilidad de ser heredados.

Con esta reforma, la ley que mantiene atentos a al menos cuatros sectores importantes para la economía: la minería, industria, energía y agricultura; se pretende establecer al agua como un bien nacional de uso público, otorgando a los privados posesiones con un máximo de 30 años, siendo prolongables cumpliendo dos requisitos: que las aguas sean efectivamente usadas y que el uso sea el mismo desde que se entregó la concesión.

Desde el empresariado hablan de una expropiación encubierta, la que podría costar al Estado unos 27 mil millones de dólares solo en compensación a agricultores, los que sostienen que un 67 por ciento de proyectos del sector están paralizados actualmente por la inquietud que genera la reforma. Para montar una campaña del terror, no vacilan en mentir.

“Tal como ya se hizo con la reforma agraria, donde expropiaron cuatro millones y medio de hectáreas y no se pagaron, se robaron. El Estado de Chile hizo un robo legal a más de 5 mil agricultores y esa mala costumbre quedó”, tronó Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

En tanto el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbroc, agregó:

“En general el derecho de propiedad pasa a ser bastante precario, lo que tiene influencia sobre los crédito de los bancos, los derechos de agua están muchas veces en las garantías de los créditos. Tiene un impacto mucho más allá de lo económico, además de vulnerar un derecho fundamental como es el derecho de propiedad privada de un bien que las personas y las empresas tienen”.

El senador PPD Guido Girardi, uno de los parlamentarios de la Nueva Mayoría que ya en 2011 impulsaban una reforma al respecto, señaló:

“Enn Chile los que expropiaron el derecho, a todos, son ellos. Les quitaron el derecho a las personas en una reforma constitucional absolutamente inmoral en los años 80, donde Pinochet hizo el peor atentado a la soberanía nacional, que fue privatizar los derechos del agua. El agua es la vida, no se puede vivir sin agua. El cambio climático va a hacer que las guerras en el futuro sean por agua”.

El cambio normativo establece prioridades para el uso del agua, que actualmente más del 90 por ciento pertenece privados, donde en primer lugar se posiciona el consumo humano, luego sigue la producción de alimentos y en tercer lugar, la actividad productiva.

La directoria ejecutiva del Centro de Derecho y Gestión de aguas de la UC, Paula Reyes, señaló que “esta priorización de uso que establece la reforma del código es uno de los cambios súper importantes y lo que hace es tratar de consolidar una especie de tratamiento especial para el agua del abastecimiento humano”.

“A pesar de que los niveles de cobertura a nivel urbano en nuestro país son súper altos, tanto de agua potable como de alcantarillado, lo que pretende la reforma es dejarlo por escrito”, concluyó.

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