Investigarán Sobreprecios en Compra de Servicios de Fonasa a Clínicas Privadas

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Una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados indagará «el eventual perjuicio fiscal» y «el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud», concentrándose en la compra de insumos y prestaciones de salud de Fonasa a clínicas privadas, desde el 2012 a la fecha.

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La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 50 votos a favor y 2 abstenciones, la petición de 49 diputados de todas las bancadas, quienes solicitan la creación de una Comisión Investigadora encargada de «recabar información sobre las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud efectuadas por Fonasa a prestadores privados, desde el año 2012 hasta la fecha, considerando las diversas modalidades de compra o adjudicación de contratos, licitaciones y posibles conductas de colusión.

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La instancia deberá determinar además el «eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas registradas en los ejercicios financieros, a partir del año 2010, y el posible lucro con que esta situación beneficiaría a prestadores privados de salud».

La Comisión Investigadora tendrá un plazo de 120 días y para entregar su informe y podrá sesionar en cualquier lugar del territorio nacional.

En los fundamentos de la petición, los legisladores consignan que se ha verificado un alza de 131% en los últimos siete años en las compras de servicios a privados por parte de Fonasa. En 2015, pagó $213.829 millones por camas críticas a clínicas y terapias de diálisis a centros privados, entre otros tratamientos.

Mandato

El grupo parlamentario abordará en concreto cinco puntos:

1. Conocer los fundamentos de hecho y de derecho de los actos ejecutados desde 2012 a la fecha, relativos a las adquisiciones de insumos y prestaciones de salud o médicas desde FONASA a prestadores privados, modalidades de compra o adjudicación de contratos, licitaciones y posibles conductas de colusión.

2. Conocer el eventual perjuicio fiscal sufrido como consecuencia de las pérdidas arrojadas en los últimos ejercicios financieros desde 2010, el eventual lucro que existía por parte de los prestadores privados de salud y los laboratorios farmacéuticos o clínicos, así como de sus directores o altos ejecutivos.

3. Evaluar otras acciones de fiscalización que puedan emprender los órganos competentes de la Administración del Estado, tales como el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional Económica y otros organismos, en relación con los hechos denunciados y en particular el perjuicio fiscal causado.

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4. Estudiar y analizar el marco normativo de las adquisiciones o compras de prestaciones de salud o médicas o insumos o medicamentos de FONASA a privados.

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5. incorporar en el informe sugerencias de modificación normativa, en cuanto a las facultades y atribuciones de los órganos competentes; y tomar toda otra acción o resolución que conduzca al esclarecimiento de estos hechos.

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