Vuelco en el Milicogate: Detenidos Tres Generales

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El ministro en visita Omar Astudillo, que investiga el millonario fraude al Fisco cometido con fondos de la Ley Reservada del Cobre -conocido como Milicogate-, dictó en las últimas horas el procesamiento y ordenó la detención de tres ex altos oficiales del Ejército.

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Se trata de los generales en retiro Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías, quienes, entre 2011 y 2014, tuvieron bajo su cargo el Comando de Apoyo a la Fuerza, CAF, donde se concentra el millonario fraude.

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Cordero Kehr fue jefe de las escoltas de Augusto Pinochet y de su viuda, Lucía Hiriart.

En 2011 era el comandante de CAF. Salas lo sucedió en 2012 y Muñoz al año siguiente.

Los tres habrían cometido el delito de incumplimiento de deberes militares.

La indagatoria del ministro Astudillo sitúa a los militares en la órbita de licitaciones y pagos irregulares.

Los hechos investigados remiten a adquisiciones irregulares y emisión de facturas ideológicamente falsas desde el año 2011 hasta 2014, en perjuicio de  dineros de la Ley Reservada del Cobre, por sumas que superarían los $5.000 millones.

En 2011, cuando comienzan a ocurrir los ilícitos investigados por Astudillo, el general Cordero era el jefe del CAF. Salas, en tanto, fue comandante de esa repartición en 2012 y Muñoz al año siguiente.

Cordero Kehr

Obviamente, los motivos del ministro Astudillo para procesar al general Cordero Kehr son secretos, pero su defensa en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, fue patética:

” En general, se actuaba de acuerdo con la normativa vigente, haciendo fe de los documentos, de los timbres, de las firmas, de las conciliaciones de saldo y de todos los procedimientos administrativos que estaban operando en ese momento.Si una factura consignaba una compra de 40 baterías, se verificaba en terreno su existencia. Nunca se tuvo evidencia de una factura falsa, adulterada o con sobreprecio”.

Agregó:

“Aunque cada jefe de proyecto llevaba sus saldos al día, pudo haber gente maliciosa que se aprovechara de esa brecha o interregno, e hiciera uso ilícito de esa información para cometer el fraude, amparada en la falta de visibilidad que proveían las herramientas informáticas existentes”.

En su opinión, el problema se reducía a que el Ejército “había avanzado mucho en las áreas propias de su core business, en el ámbito de la defensa y las capacidades militares, pero en materia de control de documentación se había quedado rezagado”.

No contento con ello, recomendó:

“Es necesario legislar en el ámbito de las compras públicas para expulsar del sistema a los malos proveedores, lo que hoy no es posible de no mediar una sentencia judicial a firme, que puede demorar muchos años”.

Salas Kurte

En su testimonio ante la Comisión Investigadora de la Cámara, el general Jorge Salas Kurte agregó un antecedente poco conocido: la existencia del escalón Ley Reservada del Cobre, con una dotación de   nueve o diez hombres efectivos.

Agregó:

“La cantidad de decretos supremos que existían se había ido generando, en forma paulatina, un punto de congestión en ese escalón y dado que existía recurso humano disponible, se dispuso una reasignación de tareas y capacitaciones”.

La siguiente respuesta, del responsable del control de una de las principales cuentas del presupuesto de defensa, es de antología:

“Producto de esa redistribución y reasignación de tareas nos vimos obligados a optimizar el sistema de registro y de administración en línea: la planilla Excel. Opino que, a pesar de ser un sistema precario, se podía hacer algo relativamente confiable asignando los atributos pertinentes”.

Por menos, otros servicios de inteligencia de otros países, en zonas más calientes, hubieran recomendado el ataque. Sin perjucio de ello, consideró “curioso” que legalmente la delegación la tenga el Comandante de Apoyo a la Fuerza.

Luego, describió el funcionamiento de “escalón” Ley Reservada del Cobre

“Los ejecutivos de cuentas eran controlados por cada jefe de sección, un suboficial, y el jefe de departamento, un oficial.

Prosiguió su lata disertación en la Comisión Investigadora, con una serie de medidas de control:

 “Todas ellas constituyen medidas concretas y comprobables, que dan cuenta de una gestión que estuvo realmente orientada a hacer más eficiente los sistemas de control y fiscalización que correspondían al CAF”.

O sea, en su opinión, aquí no ha pasado nada. Es más, dijo que había sido aludido en la prensa, “porque existe la necesidad de encontrar un general esté involucrado”.

La catadura moral de este “comandante” queda retratada en otra respuesta que dió a la comisión:

“En este ilícito el delincuente era el ejecutivo de cuentas, quien debía revisar que la documentación contable de las unidades viniera conforme y debía ingresarla al SIFIE y al sistema de planillas Excel. Por eso, no se puede hacer cargo a ningún comandante de unidad”.

En otras palabras: ¡¡toda la culpa a los suboficiales!!

Muñoz Farías

La comparecencia del general Miguel Muñoz Farías no fue menos patética. Dijo, por ejemplo:

“Si un grupo de personas están hoy detenidas y procesadas, es justamente porque los detectó el Ejército. Tal vez, no se descubrió en el momento oportuno, pero todo el sistema es resultado de un proceso de mejoramiento de controles”.

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Agregó con tono marcial:

“Por haber estado a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y posteriormente del Estado Mayor del Ejército, puedo afirmar con absoluta convicción y honestidad profesional que no era efectivo que en el Ejército no existiera ningún tipo de control en la materia analizada, que permitiera la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre.

Para darse, inmediatamente, la vuelta de carnero:

“Reconozco que, efectivamente, se podría criticar que esos mecanismos de control fueron poco eficientes y tal vez deficitarios”.

Conforme al precepto estratégico de que soldado que huye, sirve para otra batalla, concluyó:

“Es un acto delictual extremadamente malicioso, cometido en el contexto de un proceso normado, el que no es justo prejuiciar antes de que las investigaciones administrativas y judiciales en curso entreguen algunas conclusiones preliminares”.

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Estimados chilenos y chilenas:

En manos de estos personajes, que oscilan entre lo patético y lo ridículo, está nuestra defensa.

Dios nos pille confesados.

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