Derogación de la Ley Reservada del Cobre: El Momento es Ahora

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El debate en curso sobre la Ley Reservada del Cobre muestra con una precisión radiográfica el raquitismo del sistema político chileno ocasionado por la institucionalización de la lógica binominal, el cogobierno de las dos coaliciones mayoritarias, la política de los consensos y el pavor casi patológico a todo lo que signifique un cambio.

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La evidencia muestra que el insólito impuesto equivalente del  diez por ciento de sus ventas, para que las Fuerzas Armadas derrochen vitales recursos en armamento innecesario, boato y corrupción, en conjunto con la reducción de las leyes de mineral, tienen a Codelco literalmente en la ruina.

Las consecuencias para la economía chilena pueden ser catastróficas toda vez que desde la nacionalización del cobre, en 1971, los excedentes de Codelco han financiado, en promedio, cerca del 30 por ciento del gasto público; aporte tanto más relevante cuanto que, en virtud del mismo modelo que le impone esa irracional carga a nuestra principal fuente de recursos, el sector de la Gran Empresa y las mayores fortunas del país, están virtualmente exentas de impuestos.

La confluencia de ambos factores obliga a replantear el actual modelo de desarrollo.

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Sin embargo, en lugar de una profundización diagnástica, o de un intercambio de propuestas que apunten a una solución, tenemos un debate chato, estéril y pusilánome, que lo único que asegura es el rumbo de colisión. Así, en vez de claridad diagnóstica, nos entragan frases hechas y lugares comunes; en lugar de debate constructivo, polémicas pequeñas e inconducentes; las soluciones son precedidas por el temor a los cambios que pueden acarrear.

Con su habitual hipocrecía y oportunismo, el ex presidente y actual pretendiente, Sebastián Piñera, quiso sacar ventajas en la pelea corta, de forma que abrió los fuegos, al recordar que su gobierno envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley Reservada del Cobre, lo que en rigor es cierto, pero «desgraciadamente cuando hubo cambio de gobierno se congeló».

En el paroxismo de la hipocrecía, agregó:

«Codelco nos pertenece a todos los chilenos. Cada vez que alguien se aprovecha se está aprovechando de todos los chilenos. En el pasado estuvo capturada por intereses políticos».

Cuando se trata de Piñera, la mentira es una concurrente habitual:

«Nuestro gobierno fue el que más capitalizó Codelco. De hecho capitalizamos en Codelco más de 3 mil millones de dólares, y se emprendieron grandes proyectos de inversión».

Respecto al proyecto de derogación de la Ley Reservada del Cobre, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, le respondió:

«Uno lo que tiene que preguntarle al ex Presidente Piñera no es lo que haría, sino por qué no lo hizo, ¿qué pasó? Lo que yo digo es que si en cuatro años no fuiste capaz de sacar una ley, hazte cargo».

Díaz recordó que él era diputado durante la tramitación de dicha iniciativa, y entonces el Gobierno de Piñera tenía la capacidad de alcanzar las mayorías necesarias para sacarlo adelante:

«Por eso me extraña que a pesar de la convicción que tenían no lo impulsaron con mayor fuerza. No digo que fuera por mala voluntad ni por negligencia, esto no tiene que ver solo con Codelco, esto tiene que ver con cómo financiamos la defensa nacional. Aquí hay que analizar las cosas detenidamente, sería bueno preguntarse por qué el proyecto anterior no avanzó, porque efectivamente tenía problema con todas estas dimensiones».

Y sobre la «capitalización» de Codelco, el que lo desmintió fue el entonces Presidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández:

«Esos tres mil millones de dólares solo fueron un efecto contable como parte de la operación entre Codelco y Anglo American. Es una utilidad que se refleja en el balance, pero no es plata que le entró a Codelco y eso se contabiliza como un aumento del valor de los activos. No es capitalización, no es caja, no es plata. Entonces, el Gobierno de Piñera no puso plata en Codelco, no recapitalizó Codelco con plata».

Para verdades, el tiempo.

Sin embargo, el punto no es la discusión de lo que no se hizo en el pasado, sino el futuro de Codelco. Lamentablemente, las señales disponibles, a partir de las declaraciones en días recientes, demuestran que las elites no comprenden el problema, o no están a la altura del mismo, o las aterra la reacción de las Fuerzas Armadas; o más bien, una combinación de todas las posibilidades anteriores.

Las Fuerzas Armadas, hipotéticas depositarias del concepto de patriotismo, hacen exactamente lo contrario, al poner a la nación como rehén de sus intereses corporativos. Así, el Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, se permitió sostener que la Lay Reservada del Cobre es un tema sensible para la institución, «ya que son ingresos que van para la defensa del país».

Dijo que que están abiertos a la discusión, pero que «lo más importante es garantizar recursos para las Fuerzas Armadas y evitar que la contingencia marque el debate».

Sólo la desviación militarista puede poner el armamentismo, o para decirlo en la jerga oficial «las necesidades de la defensa», sobre otras necesidades sociales prioritarias, como la educación, la salud o la previsión, hoy todas en cirsis en virtud de las «modernizaciones» neoliberales de los años 80.

En cambio, Oviedo no dijo una sola palabra sobre el milicogate, un fraude con recursos de la Ley Reservada del Cobre, que según el sumario del propio Ejército ascendió a más de cinco mil millones de pesos, y que con toda seguridad, en realidad supera varias veces esa cantidad.

No mejor puntería ha mostrado el ministro de Hacienda con su insistencia de que la derogación o modificación de la Ley Reservada del Cobre «no es una prioridad de corto plazo».

Pero ¡cómo no va a serlo, tratándose de la principal fuente de ingresos públicos del país!. ¡Qué empresa pública o privada puede resistir un impuesto del diez por ciento, no de sus utilidades, sino de sus ventas!

No es que Rodrigo Valdés, en tanto economista, lo ignore. Sólo que, aparentemente, lo obnubila su ideologismo neoliberal. Palabras más o menos, así se lo dijo el diputado socialista Daniel Melo:

«Valdés prefiere comprar armas de guerra que destinar recursos a salud y educación. Codelco dejó de ser el sueldo de Chile y pasó a ser el sueldo único y exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es urgente cambiar la estructura de financiamiento de la defensa nacional y terminar con esta camisa de fuerza que, como vemos, está llevando a la minera estatal a la debacle.

Valdés ha perdido total sintonía con el sentimiento ciudadano, tanto en lo referido a la derogación de la ley reservada del cobre como en lo concerniente a la demanda por mejores pensiones. Valdés, no piensa en el Chile de la mayoría, sino que en el Chile de unos pocos, el de los poderosos. .

Valdés y todos los ministros de Hacienda han sido irresponsables con los recursos del cobre y han dejado que las mineras privadas saqueen pagando impuestos insultantes, mientras se endeudaba a Codelco y se destinaban sus excedentes a las Fuerzas Armadas. Es hora de hacer un cambio en esto y revisar tanto los privilegios de la minería privada, como la política hacia Codelco, fortaleciéndola y saneándola financieramente».

Las palabras del diputado Melo demuestran que al menos un sector de la clase política está consciente del problema; pero desgraciadamente no es mayoritario. Más bien prevalece el estilo hay pero no queda, las instituciones funcionan, o cambiemos para que nada cambie, ejemplo de lo cual es el siguiente galimatías del ministro de Defensa, José Antonio Gómez:  

“La Ley Reservada del Cobre ha cumplido un objetivo importante en materia de Defensa, por lo tanto es relevante su modificación o derogación. Pero siempre hay que tener presente que la Defensa requiere de un financiamiento que sea importante y seguro».

O sea, hay pero no queda

«Cualquiera sea la fórmula, ésta debe asegurar un financiamiento, sea a través de Codelco o través de los fondos generales de la nación. Pero hay que asegurarlo. El financiamiento de las Fuerzas Armadas no puede estar entregado a los vaivenes del momento. Estamos trabajando en ese proceso de cambio y esperamos que tenga resultado una vez que nos pongamos de acuerdo».

O sea, dejemos que las instituciones funcionen.

«Nadie se cierra u opone a una modificación, ni dentro de las Fuerzas Armadas ni en el Ministerio de Defensa, Al contrario. Si logramos llegar a un buen acuerdo, se explicita lo que esperamos hacer con los recursos, definimos hacia dónde vamos en materia de Defensa y aseguramos transparencia, nos va a ayudar a que este tipo de financiamiento sea mucho más reconocido por la opinión pública. Además del financiamiento a las Fuerzas Armadas se debe cumplir otro objetivo, que es la transparencia total en aquellos temas que es posible ser transparente. Esto no significa respecto armas o mecanismos que compramos en función de la Defensa”.

O sea, cambiemos para que todo quede donde mismo.

Lo mismo se puede decir de la siguiente declaración del ministro del Interior, Mario Fernández:

«El gobierno no ha tomado una decisión sobre esa materia, entonces no quiero adelantar juicio. Se trata -junto con Codelco- de una situación demasiado importante. Él ministro Valdés señaló bien que no está en la agenda, y cuando una materia no está en la agenda, hay que estudiarla bastante bien para llegar a alguna conclusión. No hay duda alguna de que la Ley Reservada del Cobre merece, como toda ley, especialmente un mejoramiento en el control de cómo funciona»,

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Si fuera por las declaraciones de los políticos, es el momento de derogar la Ley Reservada del Cobre.

Jaime Pilowsky, jefe de la bancada de diputados de la DC:

«El Gobierno se comprometió a enviar durante el primer semestre de este año una indicación sustitutiva al proyecto que busca modificar la norma. Llamamos al Ministro del Interior a releer el Programa de Gobierno y apoyarlo sin ningún doblez».

Manuel Monsalves, diputado del PS:

«Es un tema económico, pero requiere de decisiones políticas. La derogación es esencial, y hoy no vemos una decisión nítida».

Guido Girardi, senador del PPD:

«Soy partidario que se capitalice  Codelco con los recursos que se han traspasado a las FFAA y que no están utilizando, pues no se puede hacer capitalización con una hemorragia permanente del 10% de sus ventas. La Ley Reservada del Cobre es una herencia de la dictadura anacrónica y antidemocrática que ya no tiene ningún sentido”.

Sebastián Piñera, ex Presidente de la República:

«Yo creo que no es lógico que el financiamiento de las Fuerzas Armadas dependa del precio del cobre. Ni tan poco es lógico que a Codelco le pongamos un impuesto del 10% de sus ventas. Por eso, durante nuestro gobierno enviamos un proyecto de ley que le quitaba a Codelco esa carga y al mismo tiempo le daba a nuestras Fuerzas Armadas, un financiamiento estable y adecuado como Chile lo necesita».

Andrés Allamand, senador de RN y ex ministro de Defensa del gobierno de Piñera:

“La Concertación durante 20 años habló que había que derogar la Ley Reservada del Cobre. Nunca hicieron absolutamente nada. El presidente Piñera, en el gobierno anterior, me dijo que había que impulsar una doble iniciativa. Lo que hicimos fue presentar un proyecto que la derogaba y que establecía un sistema nuevo de financiamiento para las FFAA. Acá hay un proyecto que tiene un amplio consenso, es un consenso transversal y que el gobierno diga que no lo quiere empujar, francamente no lo entiendo. A esta altura, lo único que se me ocurre es pequeñez política, en el sentido de no reconocer que tiene su origen en el proyecto anterior”.

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Pero, claro, hablar es gratis. Además, habría que analizar qué cambio se propone.

Un cambio al estilo del proyecto de Piñera, que si bien sustituía el 10 por ciento de las ventas de Codelco por un financiamiento basal asegurado, con cargo al gasto público pero dejando la misma proporción, sólo significa modificar los factores para dejar inalterado el producto.

Un cambio real implicaría reordenar las prioridades del gasto social, y reducir el presupuesto de la defensa como proporción del gasto público, el que no sólo está dado por la adquisición de armamento, y ni siquiera por las remuneraciones de las instituciones armadas, sino fundamentalmente por el gasto previsional y de salud de las Fuerzas Armadas, establecido en su Ley Orgánica, heredada de la dictadura.

Sin embargo, la composición y comportamiento de la capa política, que no se ha sacudido de su naturaleza binominal, no invita al optimismo. 

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