Para el Gobierno Ilegítimo: Juegos Olímpicos son de Temer

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Con toda la prensa internacional en Río de Janeiro y millones de personas atentas a lo que sucede en Brasil, este domingo los movimientos sociales en el país suramericano lanzaron una ofensiva de protestas contra de las políticas neoliberales del presidente interino, Michel Temer. Entretanto, el resultado del juicio político contra la Presidenta, en el senado, se postergó para septiembre,

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Acusado de golpista y de montar un “Gobierno ilégitimo”, luego de armar toda una tramoya que dio inicio a un proceso judicial que apartó a la mandataria constitucional Dilma Rousseff de sus funciones el pasado 12 de mayo; Temer en tan solo dos meses y medio en el poder ha dejado claro que sus políticas en el plano económico están marcadas por las privatizaciones y los recortes.

Por ello, movimientos como Frente Pueblo Sin Miedo y Movimienos de los Tabajadores Sin Techo (MTST) han convocado para este domingo a nuevas manifestaciones bajo la consigna “Fuera Temer”.

En este contexto, el presidente interino se ha limitado a pedir a los manifestantes de este domingo que “sean civilizados” y que “dejen a los senadores pensar qué voto es el más conveniente”.

Sus palabras fueron emitidas luego de que este sábado finalmente se diera a conocer que la decisión final sobre el juicio político a Rousseff se iniciará el 29 de agosto y tendrá una duración de alrededor de una semana.

A este respecto, Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) ya están pensando, en caso de que la mandataria recupere su cargo luego del impeachment, en convocar un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre una posible repetición de elecciones presidenciales en octubre de este año, aprovechando los comicios municipales que tendrán lugar en esa fecha.

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Mientras tanto, aunque Temer tiene el rechazo del 82 por ciento de la población, el apoyo del Legislativo siempre ha sido su mejor carta. Las reuniones de los últimos días con diversos senadores han dejado entrever que Temer tiene al cuerpo de colegiados bastante controlado.

Esta crisis política ha provocado que la imagen de los Juegos Olímpicos 2016 esté todavía más ensombrecida.

A poco para la apertura de los juegos, la Policía de Brasil ha detenido a 13 adultos y a un menor de 17 años por tener vínculos con simpatizantes del autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe), quienes según pretenden realizar un atentando terrorista durante la jornada deportiva.

A esto se le agrega el estigma de que la ceremonia inaugural en el estadio de Maracaná, el próximo 5 de agosto, será una de las que tenga menor número de jefes de Estado. De los 206 países que participan en los Juegos, solo 45 delegaciones han confirmado la presencia de sus primeros ministros. Las restantes asistirán con sus ministros de Deportes o de Exteriores.

En Londres 2012, asistieron 95, mientras que en Pequín 2008, lo hicieron 86.

Las ausencias también se sentirán en el plano nacional porque ni el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ni la mandataria apartada Dilma Rousseff asistirán a la inauguración.

Michel Temer, por su parte, se limitará a decir una frase durante la apertura: “Declaro abiertos los Juegos de Rio, celebrando la 31 Olimpiada de la era moderna”.

El ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, se reunió el pasado mes de junio con todos los ministros para que analizaran sus recursos e hicieran una lista de “todo lo que podría ser privatizado”.
También anunció que los gastos en áreas primarias como Educación o Sanidad sólo podrían ser reajustados en relación a la inflación del año anterior.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Ricardo Barros, declaró que el acceso a la salud pública no debía ser universal y que haría recortes en la Seguridad Social. El de Educación, Mendonça Filho, anunció que empezará a privatizar las universidades públicas y cobrará una mensualidad a sus alumnos. Los recortes se extenderán hacia el área de vivienda con el fin del programa “Mi casa, mi vida”, que construyó más de tres millones de vivendas populares.

Pero la medida más aterradora para los sindicatos es la promesa del ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, de flexibilizar las leyes laborales y poner en marcha el proyecto de “terciarización laboral” a partir del cual las empresas podrán terciarizar sus servicios incluso para su actividad principal. Para ellos, al ser subcontrados, los empleados no tendrán quién les defienda.

Juicio político contra Rousseff podría terminar en septiembre

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La votación final sobre el juicio político contra la presidenta de Brasil suspendida temporalmente, Dilma Rousseff, podría darse en septiembre, según el cronograma publicado este sábado por la Corte Suprema de este país.

Será el lunes 29 de agosto cuando el Senado brasileño comience el juicio, que podría extenderse una semana, precisó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.

Añadió que podrían haber “eventuales dilaciones temporales” del juicio que determinará si la mandataria es apartada definitivamente de su cargo o no.

De haber retraso se dificultarían los planes del presidente interino Michel Temer, que espera la resolución del juicio para saber si acudirá o no a la cumbre del G20.

“Estamos esperando que la resolución del impeachment se dé entre el 25 y el 26 de agosto, porque si se verifica el 4, el 5, o el 6 de septiembre, Brasil no podrá estar en la cumbre del G20 (en China). El mundo necesita saber quién es el presidente” de Brasil, dijo Temer el viernes.

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El cronista mexicano Darío Pignotti ha señalado que esta es la crisis política “más grave desde el fin de la dictadura militar en 1985” que enfrenta Brasil. En toda la nación, en especial en Río (a propósito de los Juegos Olimpícos Río de Janerio 2016) “se respira un aire político contaminado”.

Con un presidente interino en ejercicio, Michel Temer, quien es rechazado por el 87 por ciento de los brasileños, según una encuesta publicada en junio, por un lado, las favelas están alertas, listas para luchar cuando haga falta, y por el otro, la policía y decenas de miles de efectivos militares están convocados a impedir cualquier revuelta popular.

Algunos ministros advierten que habrá mano dura contra los inconformes, a quienes compara con guerrilleros urbanos. Con esta estrategia pretenden amilanar a los activistas del PT y de los campesinos sin tierra, quienes ha convocado movilizaciones en defensa de la democracia.

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