Hermano de Víctima de Caravana de la Muerte Acusa a Cheyre de Torturarlo Personalmente

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Nicolás Barrantes, hermano de una de las víctimas de la Caravana de la Muerte, aseguró haber sido torturado en 1973 por el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. Los argumentos del Programa de DDHH para pedir a la justicia que procese a Cheyre en el caso Caravana de la Muerte.

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Hermano de Marco Enrique Barrantes, una de las 15 víctimas del paso de la caravana dirigida por Sergio Arellano Stark en octubre de 1973 en La Serena, apuntó a Cheyre como quien lo torturó al ser detenido cuando tenía 17 años, en una entrevista con “Informe Especial” de TVN.

Barrantes recordó una conversación que tuvo al ser detenido, cuando uno de sus compañeros le preguntó: “¿Cómo te trató Cheyre?”, a lo que añadió “es el que le pega a todos”.

Barrantes respondió:

“Entonces él fue el que me golpeó, me torturó, me pateó, me preguntaba”.

“Ahí fui asociando y después con el tiempo vi fotos de él, la boca es inconfundible, después escuché su voz por la televisión. Es la misma persona que a mí me torturó en el Regimiento de La Serena”, aseguró.

Por su parte, la simpatizante del MIR Cecilia Marchant también dijo que al momento de su detención en 1973 “entró Cheyre y fue el que yo recuerdo que empezó a llamar a la gente que después fueron fusilados. Cuando a mí me detuvieron, una de las primeras declaraciones que me hicieron en el regimiento me la tomó él, por lo tanto yo ya lo ubicaba”.

“Cuando me fueron a detener a la estación de ferrocarriles de La Serena, Cheyre también iba en el grupo”, agregó.

Cabe recordar que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitó procesar a Cheyre por estos hechos, a pesar de que en su declaración en abril ante el juez Mario Carroza el ex comandante en jefe sostuvo que solo desempeñó “roles administrativos”.

Jorge Bofill, el defensor de Cheyre, sostuvo que “los argumentos del Ministerio del Interior o el programa de Derechos Humanos, que es un programa autónomo, son extrañamente coincidentes con los argumentos del abogado querellante, Cristián Cruz”.

“De hecho, se compran las mismas tesis que están completamente desmentidas en el expediente respecto de qué hizo, que no hizo el teniente Cheyre durante su estadía en el Regimiento de La Serena, más allá de los hechos vinculados a la Caravana de la Muerte”, precisó.

“Don Juan Emilio Cheyre es un objetivo político, aquí se va tras el general del ‘nunca más’, el general que entregó de nuevo a Chile el Ejército en una república democrática”, recalcó el abogado.

Los argumentos del Programa de DDHH para pedir a la justicia que procese a Cheyre en el caso Caravana de la Muerte

Jorge Molina Sanhueza

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El escrito presentado ante el ministro Mario Carroza tiene 92 páginas. En él se detallan los antecedentes que constan en la investigación que permitirían, a juicio de Programa, acreditar la participación de Cheyre, en calidad de encubridor, en la muerte de 15 personas en el regimiento Arica de La Serena.

En síntesis, se sostiene que Cheyre, al trabajar como ayudante del comandante de la unidad, estar a cargo de la sección de inteligencia, participar de los consejos de guerra, como también de interrogatorios y torturas, “no podía menos que saber” de los crímenes de quince personas, toda vez que habría proporcionado los medios para la ejecución de los ilícitos. La decisión del magistrado, aún está pendiente.

“Demuestra dominio del temor y actúa con lucidez y entereza, lealtad a toda prueba”.

La oración es parta de la calificación que recibió en 1974, el entonces teniente y ahora excomandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por su desempeño en los días anteriores y posteriores al golpe de Estado de 1973.

La información consta en la solicitud de auto de procesamiento en contra del exmilitar, presentada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ante el ministro Mario Carroza, para que lo encause como encubridor de secuestros y homicidios, en el caso Caravana de la Muerte.

El escrito de 92 páginas al que accedió The Clinic Online, revela la teoría del caso sobre la presunta responsabilidad penal de Cheyre cuando se desempeñaba en el Regimiento Arica de La Serena, donde fueron torturadas, asesinadas y en algunos casos desaparecidas, personas que apoyaban a la Unidad Popular.

En el caso en particular, se le imputa participación en el fallecimiento de las siguientes personas:

Óscar Gastón Aedo Herrera (23); Carlos Enrique Alcayaga Varela (38); José Eduardo Araya González (23); Marcos Enrique Barrantes Alcayaga (26); Jorge Abel Contreras Godoy (31); Hipólito Pedro Cortes Alvarez (43); Óscar Armando Cortes Cortes, (48); Víctor Fernando Escobar Astudillo (22); Jorge Mario Jordan Domic (29); Manuel Jachadur Marcarian Jamett (31); Jorge Ovidio Osorio Zamora (35); Jorge Washington Peña Hen (45); Mario Alberto Ramirez Sepulveda (44); Roberto Guzman Santa Cruz (35) y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz (22).

El mejor

El exjefe del área jurídica del programa de Derechos Humanos, Rodrigo Lledó, quien firmó la querella, recuerda también que el superior de Cheyre ese 1973, el coronel y jefe del regimiento, Ariosto Lapostol, también tuvo palabras elogiosas:

“Es una garantía para el mando, eficiente, serio, leal”.

Pero fue el general Sergio Arellano Stark, el delegado de Pinochet y jefe de la comitiva que recorrió Chile arriba de un helicóptero Puma “acelerando” los consejos de guerra, quien enalteció a Cheyre.

“Se ha destacado como uno de los mejores capitanes de la División”, escribió Arellano Stark.

En ese tiempo, la Segunda División del Ejército, comprendía desde la IV a la VII región, incluyendo Santiago.

Básicamente, el escrito va hilando el comportamiento que tuvo Cheyre en regimiento y cómo “no podía menos que saber” de los crímenes cometidos, toda vez que también proporcionó los medios para que se cometieran los delitos antes mencionados, señala presentación.

“Llama la atención que todos los testigos, mientras estuvieron detenidos en el regimiento, en forma transitoria, todos narran un episodio con el teniente Juan Emilio Cheyre, dejando establecido que el oficial tenía injerencia y mando sobre los detenidos”, señala el escrito.

De esta manera, el documento va revelando que Cheyre desempeñó dos cargos que fueron claves para determinar su participación en los ilícitos: ayudante de Lapostol y jefe subrogante del Departamento II (Inteligencia).

Aquí o allá

Al respecto, la presentación citó punto a punto la defensa que ha sostenido Cheyre en sus declaraciones, en donde asegura que a contar del 11 de septiembre de 1973 fue relevado de funciones operativas y pasó a cumplir otras de carácter administrativo en la intendencia regional.

Citando declaraciones de víctimas y expedientes de los consejos de guerra de la época, el PDH sostiene que las cosas son un tanto distintas.

Uno de ellos es el militante del MIR Óscar Olivares, quien declaró en abril de 2015, recordando un episodio con Cheyre: “Uno de los miembros de este consejo (de guerra) era Juan Emilio Cheyre, quien una vez terminado el Consejo y habiendo sido nosotros condenados y puestos en fila a la salida de la fiscalía, pasó por detrás de nosotros y gritó muy alterado ‘a estos conchasumadres hay que matarlos a todos’. Estoy seguro que dijo esto dado que estaba muy molesto porque durante el consejo ninguno de nosotros se quebró y siempre estuvimos con la frente en alto”.

Para determinar que Cheyre estuvo a cargo de inteligencia en el recinto militar hasta finales de octubre de 1973, se cita un careo realizado en julio de 2003.

En la diligencia participan a Fernando Polanco, quien hasta días antes del golpe estaba a cargo de dicha sección, pero que al viajar a Santiago para apoyar a las tropas de Pinochet, debió dejar un subrogante. Su contradictor es el suboficial de la misma arma, Héctor Vallejos Birtiola.

Polanco intentó desligar la responsabilidad de mando, señalando de Vallejos había quedado al mando de la llamada “sección segunda” y no Cheyre. Sin embargo, fue desmentido.

“Entre el 11 de septiembre de 1973 y a fines de noviembre del mismo año, los oficiales que quedaron a cargo de la sección segunda fueron el entonces teniente Juan Emilio Cheyre y el subteniente Mario Larenas”, declaró.

Y agregó:

“Por mi grado de sargento primero yo no tenía la jerarquía para hacerme cargo de una sección tan específica como era la segunda de inteligencia”.

“El señor Cheyre”

La presentación también apunta a que existen pruebas que “permiten presumir fundadamente que Cheyre participó activa y habitualmente en el proceso de retiro de prisioneros desde la cárcel pública de La Serena para ser trasladadas al regimiento (…) en donde eran interrogados generalmente bajo aplicación de tormentos, lo cual incluyó el retiro de las víctimas que posteriormente fueron ejecutadas el 16 de septiembre de 1973 al interior del fortín militar serenense”.

En este acápite, el PDH cita a una serie de víctimas que reconocen a Cheyre como interrogador. Entre ellas María Marchant: “El señor Cheyre no puede decir que no participó en interrogatorios ni en sesiones de torturas en el regimiento, menos al punto de decir que no estuvo ahí todo el tiempo, pues que siempre él estaba ahí dando vueltas y eran constantes los comentarios respecto a su persona que había entre los mismos militares o conscriptos, la gente de Gendarmería, los distintos detenidos y detenidas, los presos políticos, etc. era una persona bastante conocida por la dureza de su carácter y su constante participación en eventos que tenían que ver con contenidos políticos”.

Nicolás Fuentes Rivera, otra víctima, relató: (…) el teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo, glúteo, espalda que duró cerca de 20 minutos”.

En otro punto de la solicitud, el PDH explica cómo Cheyre habría facilitado los medios, para el secuestro de las víctimas, que eran sacadas desde la cárcel pública de La Serena.

Además, se agregan “existen algunas probanzas que sindican que Cheyre Espinosa como uno de los oficiales como uno de los oficiales del regimiento que habría dado el tiro de gracia a las víctimas”.

Esta versión, corresponde al ex oficial del Ejército, Pedro Rodríguez Bustos, quien posteriormente matizó sus dichos, señalando que manejaba la información por comentarios de terceras personas.

El ministro Mario Carroza no sólo debe resolver la petición respecto de Cheyre, sino también de Ariosto Lapostol, a quien el PDH acusa de ser autor de los crímenes, en su calidad de jefe del regimiento Arica de La Serena.

Fuente: The Clinic

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