Hay que Ser Frescos de la Raya: Salmoneros Recurren contra el Gobierno por No Reprimir a Pescadores

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La Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisible el recurso de protección presentado por SalmonChile en contra del Sernapesca y los gobernadores de Llanquihue y Chiloé. Los perlas pretenden que el Gobierno los compense por pérdidas generadas por no reprimir a los pescadores movilizados.

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La acción legal pretende responsabilizar al Gobierno de las pérdidas que pueda tener la industria por los cortes de rutas, ocurridos luego de manifestaciones en medio de la crisis por la marea roja en la región de Los Lagos.

El recurso fue interpuesto por el gerente general de la asociación, Felipe Manterola, en representación de SalmónChile y de las empresas Sur Procesos, Cultivos Yadrán, Exportadora Los Fiordos, Salmones Pacific Star y Río Dulce, con centros de acopio en Quellón.

De acuerdo a lo que señala el documento presentado por SalmonChile “desde que se inició la toma de carreteras y accesos marítimos a la Isla de Chiloé, el 3 de mayo de 2016, ha sido imposible acceder a los viveros ubicados en el litoral de Quellón, ya que -por la fuerza- los pescadores impiden el acceso (…) de los trabajadores (…) para atender a los peces”.

Y agregan “por mientras, nuestros peces se encuentran abandonados, en ayuno y con altas mortalidades”.

Asimismo aseguran que Sernapesca ha vulnerado su “garantía constitucional a la propiedad” sobre los peces, detallando que han perdido más de 115.000 salmones, lo que se traduce en pérdidas por más de 2 millones de dólares.

Además recurren contra los gobernadores de Chiloé y Llanquihue, señalando que “teniendo las facultades legales, han omitido mantener las calles y puertos de Chiloé y de Pargua libres al tránsito”, lo que aseguran atenta contra la libertad de trabajo.

A través de la acción judicial solicitan que las autoridades tomen las medidas pertinentes para que los trabajadores de la industria salmonera puedan acceder a sus fuentes laborales.

Investigadora: El vertimiento de salmones muertos fue un acto violento para los chilotes

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La académica de la Universidad de Chile Beatriz Bustos afirmó este jueves en Cooperativa que las protestas de las últimas semanas en la Isla de Chiloé debido a la crisis de la marea roja deben entenderse también desde el punto de vista «cultural», considerando la indignación que provocó en los habitantes de la zona el vertimiento de miles de toneladas de salmones podridos al mar.

«Desde un punto de vista cultural el mar ha tenido una importancia fundamental en la Región de Los Lagos y en Chiloé; el mar es parte de la vida de los chilotes. Cuando uno conversa con ellos se da cuenta de que el mar es parte fundamental de ellos; entonces, el vertimiento de estos salmones muertos es un acto violento», dijo Bustos a radio Cooperativa.

«Desde un punto en vista de tomar en cuenta la cultura de la comunidad chilota, imagínate lo que es verter basura, un material tóxico, en algo que para ti es importante y que tiene un valor simbólico fundamental. Yo creo que esa dimensión no se ha conversado… Es un acto violento que a lo mejor era necesario, en el sentido de que en alguna parte había que disponerlos (los peces muertos), pero que no consideró informar de manera adecuada a la comunidad sobre dónde, por qué, y las posibles implicancias que podía tener, y no consideró qué significa el mar para la comunidad chilota», remarcó.

Para la experta -doctora en Geografía y máster en antropología y en administración pública, que ha realizado investigaciones en terreno en las zonas rurales de la Región de Los Lagos- de esta crisis «hay aprendizajes importantes que deben tener la autoridad y también la industria».

Agotamiento de un modelo

En una mirada general, Beatriz Bustos opinó que «lo que está ocurriendo en Chiloé también es muestra de un agotamiento de un modelo, de una estrategia económica basada en la explotación de recursos naturales con poco control y protección sobre el medioambiente», además de «un sistema de Gobierno que no tiene capacidad de absorber, de lidiar con las crisis sociales».

«Es el resultado de un modelo de 30 años de explotación de recursos naturales en los cuales el Estado ha tenido cierto rol al permitir y facilitar la llegada de industrias, como la salmonera, pero también (la manera de regular) lo que está ocurriendo con la pesca industrial, o cómo se ha regulado a la pesca artesanal y las actividades de orilla», explicó.

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