Desde que el caso colusión en el papel tissue entre CMPC y SCA estalló, a fines de octubre de 2015, CMPC se ha mostrado dispuesta a buscar una fórmula para compensar a los consumidores que fueron perjudicados.Claro que de dientes para afuera. Resulta que ahora se les ocurrió la brillante idea de «compensar» a los usuarios a través de «obras sociales».

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Antes de que termine el primer semestre, la papelera del Grupo Matte pretende entregar al Sernac y a las organizaciones de consumidores con las que participa en una mediación colectiva, una propuesta para realizar indemnizaciones por la colusión del papel. Para ello contrató a dos expertos en libre competencia: uno chileno y otro extranjero.

En este marco, al interior de la compañía ha cobrado fuerza la idea de compensar con obras sociales, dijeron fuentes que saben del tema. En particular, la construcción de colegios es la iniciativa que hasta el momento llevaría la delantera.

La preocupación para CMPC, de acuerdo a fuentes del sector, sería definir dónde se construirían estos colegios o cualquier tipo de obra social. La idea es que tales establecimientos se emplacen lejos de los centros productivos de la firma, y en distintas regiones del país.

Organizaciones de consumidores se oponen

Pero, esta opción no es bien recibida entre las organizaciones que defienden a los consumidores.

Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), rechazó de plano la idea de la obra social:

“No estamos de acuerdo con que se compense haciendo obras sociales, tiene que ser compensación económica exclusivamente. La obra social no tiene relación con los consumidores y acá lo que se busca es que se compense a los consumidores que fueron perjudicados por la colusión entre CMPC y SCA”. La obra social no tiene relación con los consumidores y acá lo que se busca es que se compense a los consumidores perjudicados”.

En ese sentido, el diputado DC Gabriel Silber, quien ha estado siguiendo el caso, sostuvo que esta propuesta no soluciona ni genera una real reparación.

“Yo estoy muy de acuerdo con las organizaciones. Aquí hubo un daño patrimonial efectivo a los bolsillos de cada uno de los chilenos. Estas obras de beneficencia no son la bala de plata que va a saldar la deuda que existe con los millones de chilenos afectados”, afirmó el diputado quien llamó al Sernac a cambiar su política.

“El Sernac debe entender que trabaja para los Chilenos y no para cubrir la imagen de las grandes empresas que negocian”, sostuvo el parlamentario, y solicitó que esta negociación proponga como condición la compensación directa a cada uno de los afectados.

“Cualquier compensación que tenga impacto en las personas o la sociedad es importante. Si es una obra social, debe tener impacto en todo el país, lo que es complicado de lograr”, dijo a su turno Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu).

Agregó:

“Si se repara a través de una obra social tiene demasiados límites ya que no todos van a ser beneficiados como fueron defraudados. Por ejemplo, si hago una obra social el Santiago, o un hospital en Antofagasta, qué pasa con el resto de los chilenos que fueron estafados en su patrimonio”.

Por esta razón, añadió, “lo más viable es entregar una compensación económica, pero ésta debe tener un corte, ya sea jefes de familia, mayores de 18 años o todos, pero hoy es difícil decirlo considerando que se desconocen los montos ganados por la empresa en el período”.

Adelantó algunos cálculos reiterando que al cruzar la información que existe, tanto los datos de prensa como el requerimiento de la Fiscalía, se concluye que habría que compensar entre 20 a 25 mil pesos a todos los habitantes del país.

Tarea de expertos

Desde que CMPC anunció que iba a compensar a los usuarios afectados por el período de colusión, el tema del mecanismo a utilizar se convirtió en un elemento central. A partir de ello, contrató a dos expertos en materia de libre competencia: uno en Chile, y otro en el extranjero, que estuviera empapado de la experiencia internacional frente a la resolución de este tipo de casos.

Los expertos deberán entregar informes recomendando la cantidad y la modalidad en la que la papelera compensará a sus clientes. Como la firma planteó al Sernac que entregaría su propuesta antes de fines del primer semestre, estos informes deberían estar previamente.

Así, el equipo de la firma definirá su propuesta final en base a estos insumos y la reflexión interna.

Opciones cuestionadas

Una alternativa de compensación que tuvo breve existencia, de acuerdo a fuentes, fue la de agregar mayor cantidad de metros a los productos de CMPC, o reducir el valor de estos como método compensatorio. La idea se descartó al poco tiempo de que surgiera, por las dificultades que podría acarrearles en materia de libre competencia.

Una solución basada en una compensación monetaria, tal como han propuesto Odecu y Conadecus, no causa mayores simpatías en la papelera. Las mismas fuentes señalan que incluso el tema no se ha propuesto en los comités internos de CMPC. Además, el monto de compensación propuesto por Conadecus (US$ 510 millones), por el período en que la firma participó en la colusión (2000-2011), es considerado un tanto exagerado por la firma, considerando las ganancias anuales de CMPC Tissue.

Las organizaciones han evidenciado varias veces los problemas que existen para generar demandas colectivas. En ese sentido, este tipo de mediaciones podrían ser una alternativa para lograr avances mientras no exista un fortalecimiento de las leyes que deje las reglas claras en procesos masivos.

Así lo indicó también el abogado de la Universidad de Chile, Jaime Lorenzini:

“Un juicio colectivo es el camino más largo y es muy costoso siempre para todas las partes, para la autoridad, los consumidores, son juicios largos que le implican gastos al poder judicial y al Estado en definitiva, y entonces parece muy razonable, conveniente la opción que se está llevando en esta instancia de mediación colectiva”.

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El especialista en derechos del consumidor sostuvo que, hasta ahora, el problema pasa por contar con una tercera parte en la mediación que sea cien por ciento independiente y advirtió que el proyecto de ley en trámite en el Congreso tampoco se hace cargo de esto y añadió:

“Sigue siendo una ley débil, coja, que necesita una nueva mirada”.

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