El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, aceptó la invitación de la actual mandataria Dilma Rousseff para incorporarse al ejecutivo como Ministro. Como ministro, Lula tan sólo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo (STF). Los ex presidentes no gozan de inmunidad en Brasil.

Según informó O Globo, el ex mandatario resolvió asumir como jefe de la Casa Civil, un asesor directo de la Presidencia con rango ministerial, lo que le permite acceder a un «fuero privilegiado» en medio de los problemas judiciales que enfrenta; que deberán ser resueltos en la Corte Suprema, dilatando los procesos.

«Tendremos un ministro con larga experiencia para ayudar al país», dijo ante la prensa el jefe de los diputados del Partido de los Trabajadores, Afonso Florence, quien aseguró que la decisión busca «única y exclusivamente el objetivo de poner fin a la crisis» política y económica.

El parlamentario negó que Lula, como ministro, pueda obstaculizar las investigaciones judiciales que lo afectan a él o a parlamentarios del PT, y recordó que fue bajo su Gobierno que «se fortalecieron el combate a la corrupción e instituciones como la Procuraduría General, que obtuvo la autonomía que tiene hoy para investigar».

Fuentes oficiales citadas porla agencia EFE señalaron que una de las principales tareas de Lula en el Gobierno será aglutinar a la fragmentada base parlamentaria del oficialismo de cara al eventual juicio político que el Congreso puede retomar contra la mandataria en los próximos días.

El ex presidente asumirá un ministerio desde el cual se controlan todos los resortes del poder, lo que le permitirá influir en cada una de las decisiones de su sucesora y también en las de su base parlamentaria.

La confirmación de la noticia se produce sólo un día después de que, ante los trascendidos de prensa sobre la posible jugada de Lula, la oposición recurriera a la Justicia para impedir el nombramiento.

Representantes de los partidos Popular Socialista (PPS), de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM) denunciaron ante un tribunal en Brasilia que la eventual designación de Lula como ministro era una «afrenta al Estado Democrático de Derecho», y acusaron a Rousseff de «usar su prerrogativa de escoger libremente a los miembros de su Gobierno para privilegiar con la prerrogativa de fuero».

Lula da Silva, presidente de Brasil entre 2003 y 2010 y antecesor de Dilma Rousseff, es investigado en diversos procesos por sospechas que van desde enriquecimiento ilícito y lavado de dinero hasta falsificación de documentos.

La presidenta discutió el eventual nombramiento de Lula el martes en una reunión de Gobierno que se prolongó durante cinco horas y que terminó casi a la medianoche sin ningún tipo de información oficial. Las discusiones fueron retomadas a primera hora de esta mañana, cuando el propio Lula y varios de los miembros del gabinete fueron recibidos por la mandataria en su residencial oficial de Brasilia.

El nombramiento se da en un complejo momento para el oficialismo brasileño, a días de que más de tres millones de ciudadanos salieran a las calles a protestar contra Dilma Rousseff y a menos de dos semanas de que el domicilio de Lula, principal referente del Partido de los Trabajadores, fuera allanado por una orden judicial relacionada con el escándalo Petrobras.

Lo anterior se suma a las declaraciones del ex jefe del oficialismo en el Senado, Delcidio Amaral, quien, en el marco de un acuerdo de cooperación judicial, implicó directamente a Lula y Rousseff en presiones y «chantajes» a testigos de actos de corrupción, él mismo incluido.

Con una recesión del 3,8% en 2015 debido en gran parte al escándalo de corrupción, Brasil afronta su peor crisis económica de los últimos 25 años y también una delicadísima situación política. Rousseff, investigada por dos frentes que podrían derivar en su cese, no consigue apoyos en el legislativo para gobernar con solvencia y revertir la crisis.

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