Permisos Fraudulentos Comprometen Patrimonio Pesquero de Chile

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Una fuerte crisis laboral, económica, social y sicológica viven los pescadores artesanales debido a las diversas leyes que han permitido la depredación de los recursos biológicos marinos de nuestras costas por parte de grandes empresas pesqueras. Esta situación se agrava a partir del año 2000, cuando se dictan las leyes N°s 18.892, 19. 713, 19.079 19.080 que son las de pesca y acuicultura, marcos legales que hicieron que los trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial se vieran fuertemente afectados.

 Con la aprobación de la Ley de Pesca el 2012 (ley Longueira, ley N° 20.657), se agravó la crisis porque siete familias se beneficiaron directamente con ella. Estas controlan el 76% de la industria pesquera nacional y se reparten las utilidades a partir de la extracción gratuita y de manera delictual de los recursos de la biomasa de nuestro mar.

Esta ley olvidó que las pequeñas embarcaciones constituyen los pilares de la pesca artesanal, pues son los aportantes del pescado fresco a los mercados populares y restaurantes que difunden la gastronomía nacional.

Entonces, la invasión de las primeras cinco millas marinas por embarcaciones industriales permite que una zona natural de reproducción masiva de especies para consumo humano directo y que está reservada para pescas sencillas y selectivas como la artesanal, se destruya sin que hasta ahora se pueda hacer algo para evitarlo.

Además no hay un registro pesquero artesanal e industrial que lleve a un ordenamiento pesquero que realmente se haga cumplir. También se debería continuar mediante pescas de investigación, realizadas por las naves artesanales y no por naves industriales de gran tonelaje, hasta que se cuente con un marco normativo adecuado y en consenso con la pesca artesanal evitando fraudes que restrinjan aún más esta labor pesquera.

En ese sentido, documentos prueban la existencia de una serie de permisos fraudulentos de pesca que podrían comprometer el patrimonio marítimo de los chilenos si se comprueba, en definitiva, su falsa adjudicación por parte de grandes empresas pesqueras que, al amparo de esta ley, estarían aprovechando vacíos legales y malas fiscalizaciones para actuar impunemente.

Uno de estos casos habría comenzado el año 1998, cuando se entregó a la empresa Iquique Guanaye S.A. (hoy Orizon S A) la adjudicación de permisos de pesca para las naves Colomba III, Colomba IV y Malleco.

Con el paso del tiempo se comprobó que las dos primeras naves nunca existieron. A pesar de lo anterior, sus permisos o autorizaciones de pesca continúan vigentes hasta el día de hoy a pesar de que los mismos permisos establecen que quedarían sin efecto de no estar operativas dichas naves desde el 8 de diciembre de 1998.

En agosto de 2013, la Subsecretaría de Pesca a través de un oficio enviado al 17° Juzgado Civil de Santiago, entregó un listado de todos los armadores industriales pesqueros que tienen licencias transables de pesca a naves de diferentes armadores. En esta lista, en que está incluida la Empresa Pesquera Orizon S.A., se advierte un grupo de licencias que solo están nombradas con una serie de números y letras (claves alfanuméricas) de los cuales se desconoce si estas naves existen o solo son de papel.

En enero del año 2015 el subdirector de la Dirección General del Territorio Marítimo extendió un documento ordinario N° 12600/19 para la juez del 17º juzgado civil de Santiago en el cual se le informaba que“revisado el Registro de naves mayores de esta Dirección General, no existe inscripción de las naves mayores Colomba III y Colomba IV.”

Además, en la resolución N° 2090, de la misma repartición marítima, queda constancia que la nave MALLECO tiene cinco permisos de pesca y los permisos de naves  “COLOMBA III” y “ COLOMBA IV” no han sido dejados sin efectos hasta el día de hoy. Sin embargo, están siendo utilizados por la empresa ORIZON S.A.

Actualmente esta causa está siendo vista por la Corte Suprema, quien deberá dirimir la situación.

Cabe señalar que cada permiso de pesca otorgado por la subsecretaría de pesca del Ministerio de Economía tiene un valor aproximado de US$ 4.5 millones.

Esta situación podría ser la punta de una madeja que se comenzaría a soltar en los próximos meses, si se comprueba la existencia de otros permisos de pesca falsos entregados de manera ilegal por el Estado a empresas privadas.

Actualmente, el 70% de las pesquerías chilenas están sobre explotadas y el otorgamiento de estos permisos falsos impediría que existan cuotas de pesca sustentables, no permitiendo que las especies se recuperen e impidiendo que la industria no sea destructiva con el medio ambiente acuícola.

Estos permisos fraudulentos, estarían hablando de una regulación insuficiente que agudizaría aún más la actual sobreexplotación de la biomasa marina.

Manuel Rojas, abogado que lleva la causa civil, expresa que “una consecuencia de esta situación sería la gran cesantía de los trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial,  donde la promesa del apoyo de la reconversión social, según ley de pesca 19.713 con un fondo aproximado 155 millones de dólares al año (2000-2012) o Ley Corta,  no se materializó, dejando el sustento de miles de familias de pescadores a la deriva y al naufragio económico, llevando a muchos de ellos a un estado de shock sicológico”.

“Al mismo tiempo de que los chilenos son dueños, en teoría, de un extenso litoral, no pueden gozar ni degustar de sus productos porque estos son depredados por la gran industria pesquera para enriquecerse aún más, autorizados por leyes de pesca redactadas por ellos mismos y aprobadas por sus servidores congresales pagados por el empresariado pesquero”, y aparentemente fiscalizadas por órganos del Estado, añade Rojas.

Finalmente, el abogado Rojas expresa que “son miles las personas que dependen directa e indirectamente de la pesca en Chile, ya que es el motor del desarrollo de muchas de las zonas costeras del país y esta situación como otras, pone en riesgo la recuperación de la pesca y el empleo de uno de los sectores económicos más importantes del país, convirtiéndose en una bomba de tiempo que debería ser desactivada por las autoridades competentes, antes de que sea demasiado tarde y nuevamente el estado se vea involucrado en otro escándalo  de corrupción vergonzoso para nuestro país”.

Fuente: Clarín
 

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