Aunque en rigor no es ninguna novedad, el doble estándar del discurso de la derecha e torno a los escándalos que han jalonado la turbia vinculación entre la política y el dinero está sobrepasando el límites de lo aceptable. Al parecer sin que la informaran de que Sebastián Dávalos no es imputado el el caso Caval, la desconocida «vocera» de Chile Vamos, una tal Alejandra Bravo, perpetó derechamente un delito de opinión cuando, probablemente en busca de sus cinco minutos de fama, literalmente defecó delante de cámaras y micrófonos: «Presidenta no llore tanto, mejor pídale a su hijo que devuelva el dinero».

El contraste es más brutal cuando se compara declaraciones desorbitadas como esa, con las que esos  mismos personajes insultan la inteligencia de los chilenos con los retorcidos argumentos y alambicadas interpretaciónes en la defensa corporativa de sus correligionarios imputados o investigados de verdad, por delitos graves, como Jovino Novoa, Jaime Orpis y, más recientemente, Pablo Longueira.


Las burdas excusas de Pablo Longueira y las preguntas que evita responder

Por Mario López Moya

Los graves antecedentes que vinculan al ex senador UDI y ex ministro de Piñera con cohecho por parte de Soquimich, echa por tierra la justificación de «diálogos ciudadanos».

Acuciantes interrogantes nacen a partir de una explicación que agrava la falta, en este caso el dolo, de acuerdo a querellas y documentos que obran en poder de la fiscalía. No es coincidencia que al mismo tiempo también era sobornado en el caso «litio», otro funcionario del gobierno anterior, Pablo Wagner, del mismo partido y por la misma empresa.

 Al mismo tiempo que se conocen una serie de espurios e-mail entre una autoridad del Estado y el gerente de una empresa, en el marco de la tramitación de una norma jurídica que le atañe a esta última, sale a la luz pública un informe -encargado por la propia compañía y ejecutado por una firma de abogados norteamericanos-, que da cuenta que dicha autoridad percibió, bajo cuerda y de manera ilegal de la sociedad interesada en la norma tramitada, más de un millón de dólares.

Parece, pero no es

La autoridad, en este caso Pablo Longueira, durante el tiempo en que se pagaron dichos dineros de manera secreta por la empresa Soquimich,  desempeñó los cargos de senador y ministro de Estado. La norma tramitada y sobre la cual la empresa tenía interés incumbente era el royalti que regulaba la gran minería, área en la cual Soquimich es la empresa minera no metálica más grande del mundo.

Longueira, con desparpajo, usó una columna de El Mercurio para intentar justificar su actuación, aduciendo que él entendía un deber propio de la democracia, promover diálogos con las partes interesadas en las normas que se tramitaban.

Pareciera razonable que un parlamentario reciba a empresarios, trabajadores, profesores, estudiantes etcétera, mientras se estudia una ley que les toca. Pero el parlamentario dispone para ello de las comisiones respectivas y en el Congreso, pues es allí donde se debe dar el único diálogo válido. Un ministro de Estado también debe dialogar con las fuerzas vivas del país, entre ellas empresarios. Pero recibe en su ministerio a quienes deseen recurrir a plantearle sus intereses. Además lo hace en audiencias públicas y con agendas transparentes.

Por último, en los diálogos con los diversos sectores sociales, la autoridad, la que sea, actuando dentro del ámbito de sus atribuciones, no requiere ni menos puede solicitar, que los que se reúnen con ella le paguen por tales servicios y, tratándose de leyes y normas jurídicas, le paguen «por ver» o influir sobre lo que se resolverá.

¿Preguntas sin respuestas, o sí?

Pablo Longueira, siendo autoridad (senador y luego ministro), recibió más de 730 millones de pesos de Soquimich, cuyo gerente de la época era Patricio Contesse, formalizado por cohecho en otras «aristas» que afectan a la empresa. El «coronel» Longueira en sus e-mail revelados recientemente, le pide a Contesse -a quien llama general»-, que mantenga «reserva» acerca de lo conversado. Si el diálogo era «transparente y normal», como lo califica, ¿por qué pedir que sea secreto? Solo porque sabía que eran espurios e ilegales.

Si él cumplía con su «deber» de autoridad, ¿por qué recibió más de 730 millones de pesos de manos de SQM, sin decirlo a nadie y es más, usó a su familia, empresas y empleados para entregar facturas y boletas falsas ideológicamente en respaldo? Lo hizo a sabiendas que era ilegal ese proceder, tapó un ilícito con otro. ¿Por qué decide guardar silencio frente a los fiscales, si nada tiene que ocultar? Porque sabe que lo que diga lo inculpa, porque sus actos no constituyen errores involuntarios, sino que ilícitos, puros y simples.

La actitud errática, poco transparente y sobre la cual los tribunales son los llamados a pronunciarse, deberán determinar si además le entregó información sensible y privilegiada a un actor del mercado, SQM, empresa que se vio directamente beneficiada del royalti minero.  Según los dichos de Longueira, solo ejercía “su vocación de diálogo”. Vaya  diálogo  aquel que le reportó una jugosa e impropia recompensa, la que se mantuvo en secreto por años.

No era el único ni en lo único

¿Será coincidencia que, en el mismo tiempo en que Longueira, siendo ministro de Sebastián Piñera recibía dineros de Soquimich, otro funcionario de ese gobierno, el subsecretario de minería, Pablo Wagner, también de la UDI, era sobornado por la misma empresa por la licitación del litio?

¿SQM es solo un «accidente» o mal entendido en materia de financiamiento ilegal respecto de Longueira? No, porque también se encuentra imputado en la arista Penta, donde se le giraron al menos 100 millones de pesos -en efectivo-, según los dichos del exgerente del holding, Hugo Bravo, lo que fue más tarde ratificado por los mismos controladores de la empresa, Carlos Délano y Carlos Lavín.

Naturalmente estos hechos resultan fundamento más que plausible para investigar su rol en la dictación de la ley que lleva su nombre, la Ley de Pesca. Allí está acreditado por la Fiscalía, que otra empresa, Corpesca, sobornó a los otrora parlamentarios de la UDI, la ex diputada Marta Isasi y el senador desaforado Jaime Orpis.

Fuente: Cambio 21

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