Por Fusión Trucha de AFP: Justicia Acogió Acción Civil contra Superintendencia de Pensiones

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Un tribunal civil acogió la medida prejudicial preparatoria ingresada por el senador Alejandro Navarro contra la Superintendencia de Pensiones (SP), que busca declarar la nulidad de derecho público de la fusión de las AFP Cuprum y Argentum.

“Con el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 273 N° 3, 277, 283 y 287 y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal concede la medida prejudicial preparatoria del artículo 273 N° 3 del Código de Procedimiento Civil”, señaló en su fallo el juzgado civil en el que está radicada la acción.

La sala ordenó, además, la presencia de las partes a un comparendo de exhibición de documentos.

“La parte requerida deberá acompañar documentos originales y copias respectivas para que sean agregadas a los autos, o guardadas en custodia según fuese procedente”, complementó.

En concreto, la medida prejudicial busca, en primera instancia, acceder a 32 oficios, resoluciones, cartas y otros escritos evacuados por la SP, la AFP Cuprum y la controladora de ésta, Principal Financial Group.

Esta arista civil se suma a una investigación penal en el Ministerio Público y a otra en la Cámara de Diputados, que indagan la fusión de Cuprum con Argentum, también de Principal, y que resultó en el uso de un beneficio tributario -goodwill- que permite diferir en 10 años el pago de unos US$ 130 millones en impuestos.

Entre los documentos que deberá presentar la SP destacan las copias de todas las comunicaciones efectuadas, desde el 14 de noviembre al 19 de diciembre de 2014, entre dicha Superintendencia, Cuprum y Principal. También, las actas de juntas de accionistas de esas compañías, además de las resoluciones que autorizaron la creación de Argentum y su fusión con Cuprum y de un informe con los nombres de las personas que participaron en la operación.

En última instancia, y si procede tras el análisis de los documentos, la medida prejudicial constituye el paso previo a la solicitud de nulidad de derecho público de la operación.

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